Fundación Atenea presenta un informe sobre jóvenes, delincuencia e inmigración

LAS NUEVAS MAFIAS Y LOS MENORES


Las relaciones entre grupos mafiosos e inmigración ilegal, la presencia de menores, la amenaza de nuevas formas delictivas, las respuestas a estos fenómenos y no sólo desde el punto de vista de la represión policial sino desde el social y el cultural, son temas que forman parte de la agenda de "Mafia Minors", un grupo de trabajo patrocinado por la UE en el que vienen participando entidades de Italia, Alemania, Bélgica, Rumanía, Albania y España, y de la que en los pasados días se celebró en la isla de Nisida, en la bahía de Nápoles y unida al continente por un puente, la última de sus sesiones. Naturalmente, los avatares de la política interior italiana, y particularmente de sus medidas contra la inmigración ilegal, comunes por otra parte a otros países europeos, adquirieron carta de protagonismo.

Por Manuel Espín y Alfonso R. de Arellano (Nápoles)

E scenario: un centro de estudios en mitad de un paisaje de acantilados sobre el Mediterráneo, con una doble presencia. Por un lado, la de las entidades nacionales que han elaborado los informes correspondientes a cada país. Por el otro, un numeroso grupo de expertos aportados por la representación italiana. Y, testimonio de la situación de las fronteras europeas, el anuncio del consul albanés en Nápoles de que los representantes albaneses no habían conseguido la autorización para entrar en el país. A la vez, una constatación de una preocupación mostrada plenamente por los italianos: una realidad en la que a la existencia de unas mafias ya conocidas (calabresa, siciliana, napolitana, Cosa Nostra, Camorra, etc.) se produce la llegada de otras (del Este, de América del Sur, del continente africano o de Asia). En ese escenario las nuevas organizaciones delictivas tratan de hacerse un hueco desplazando de su terreno a las asentadas. El objetivo de la reunión era analizar la presencia de menores y de jóvenes en esas formas de delito organizado.

En Italia, el concepto de organización criminal como la mafia o la camorra ha de serligada a un concepto como el de "familia" entendida en un sentido cultural, de adscripción a un grupo. Dentro de ese modelo se describe el caso de los denominados "babycamorristas",que recurren al control de un territorio, un barrio o una calle, principalmente ligados al tráfico de drogas, y que a su vez controlan una pequeña red de menores o jóvenes a los que pagan en especie (motocicletas, aparatos de electrónica, ropa, etc.) y/o un "salario" que puede oscilar entre los 200 o los 300 euros como "dinero de bolsillo". Frente a ese modelo renovado de la estructura mafiosa pero "tradicional" en la procedencia aparecen los grupos que vienen de la inmigración ilegal, en muchos casos con una gran agresividad y un uso de la violencia especialmente en los grupos que se han formado en los conflictos bélicos de los Balcanes. Para Italia la mayor aportación de menores en la inmigración ilegal era la procedente de Rumanía en 2005(estado entonces no integrado en la UE), Marruecos y Albania. La condena a una extrema marginación de menores entre los 15-17 años, así como la falta de recursos que faciliten su inserción social y el desarrollo de sus capacidades educativas, es un factor que sirve de caldo de cultivo para el fomento de las actuaciones delictivas.

Dentro de ese concepto de "familias" ligadas a formas delictivas con presencia de menores podrían mencionarse los procedentes de Rumanía; sin olvidar que en este momento el colectivo rumano ha pasado a ser el más numeroso de los contingentes de inmigración en España y que en su inmensa mayoría sus formas de convivencia con la población española no generan problema alguno.

Legalización. Un fenómeno contemplado con mucha atención desde otros países es el de legalización de antiguas "bandas latinas" como los Lating Kings en Cataluña y reconvertidas en asociaciones culturales sometidas al imperio de la legalidad. De la misma manera que son bien valoradas las distintas posibilidades que según la Ley del Menor tienen los jueces para dar respuestas casi "a la carta" a cada situación concreta en la que puede verse involucrado un menor, aunque se echen en falta mayores recursos materiales para poner en práctica las medidas que permite la ley.

Dentro de esas medidas que los jueces pueden imponer a los menores figuran: el internamiento en régimen cerrado, semiabiertoo abierto, las medidas terapeúticas de internamiento con especial atención a quienes sufren anomalías psíquicas o alteraciones de la conducta o dependencia de sustancias, el tratamiento ambulatorio, la atención domicilaria, el régimen de arresto de fin de semana, o los programas que implican un tratamiento educativo especial, la prohibición de acudir a determinados lugares o espectáculos así cómo la de ausentarse de su lugar de residencia sin autorización judicial, y cualquier otra que el juez pueda considerar adecuada para favorecer la reinserción social. Quizás en este abanico de amplias posibilidades se diferencia el sistema español de otros europeos, por las muchas pobilidades de dar respuesta a casos de muy variado perfil.

Aparece un elemento casi común a muchos de los hechos delictivos en los que participan menores en España como es la presencia de las drogas en un 80% de los casos. Sin embargo, en España la presencia de menores en mafias organizadas al modo de las existentes en Italia no va más allá de lo testimonial. A pesar del incremento de la relación menores-delitos. En el año 2006 el número de menores implicados en causas era de 22.353 en total, con una clara mayoría del sexo masculino frente al femenino en proporción de casi diez a uno, con predominio de los relacionados con los delitos contra la propiedad. A pesar de todo hay hechos que no pueden ser ignorados. Como el de los delitos protagonizados por menores de gran impacto y escándalo social en los que, con frecuencia, se ha transmitido una imagen de impunidad. Habría por lo tanto un debate abierto sobre ciertos aspectos a revisar de la Ley del Menor.

Parece necesario, sin embargo, superar ciertos tópicos sobre la inmigración creados sobre imágenes influenciadas por el impacto de contenidos transmitidos desde los medios. Especialmente en el caso de sucesos violentos en los que las víctimas o los agresores proceden de grupos de inmigrantes, como está ocurriendo en varias de las sucesivas muertes violentas producidas en los últimos meses en la capital de España y que generan una alarma y un debate social. Sería por lo tanto necesario analizar sus redes sociales de apoyo, la existencia o no de elementos familiares de dependencia, el tipo de hábitat o las formas de ocio.

Las preocupación principalmente italiana y ampliada hacia otros estados de la UE por la presencia de nuevas formas de criminalidad asociadas a menores y jóvenes que proceden en su mayoría de la inmigración ilegal, llamala atención sobre la presencia de grupos procedentes de América Latina, como las "maras" de origen centroamericano, cuya huella en España es por ahora irrelevante, pero que podría no serlo en el futuro.

Seis ciudades que representan una cuarta parte aproximada de la población española concentraban la mayor parte de esos delitos cometidos por menores en 2003: Madrid (20%), Barcelona (11%), Valencia (9 %), Alicante (7 %), Sevilla (5 %) y Málaga (5 %) frente a un casi 75% restante de población incluyendo grandes áreas urbanas como las de Bilbao, Zaragoza, Las Palmas de Gran Canaria, Murcia o Palma de Mallorca. La presencia de menores desvinculados de cualquier red familiar, como ha ocurrido con adolescentes procedentes de Marruecos, ha sido un clarísimo factor de riesgo.
Más allá de las apariencias y de la visibilidad de determinados colectivos en su mayoría procedentes de la inmigración hay que huir de un lugar común presente en ciertos discursos del imaginario colectivo como el de identificar inmigración con delito. Al contrario, las medidas que favorezcan la inserción social de la población inmigrante, y especialmente las que tienen que ver con los ámbitos educativos, culturales o de ocio, así como la búsqueda de interlocutores en las propias comunidades de origen que sean capaces de servir de nexos de intermediación puede ser un elemento preventivo.

Parece cierto que en España no se produce el fenómeno aparentemente italiano de presencia de menores en grupos mafiosos, –en ese país diferenciados de los grupos del crimen organizado por las características de una subcultura propia–, aunque se han visibilizado presencias grupales de menores y de jóvenes en contextos delictivos (y en aplicación del concepto subcultural estricto el término podría ser en España aplicado a alguna organización criminal con motivaciones que trascienden los objetivos de la delincuencia común). Por algo en Italia se considera un agravante la pertenencia a un grupo mafioso.
A esta segunda fase de "Mafia Minors" concluida en los pasados días en Nápoles seguirán en el futuro nuevos contenidos de análisis dentro de un escenario en el que las disputas entre familias "tradicionales" y "nuevas" en el delito plantea, cuando menos, escenarios inquietantes. •