Después de muchas semanas discutiendo si la situación
económica actual era una crisis o simplemente una desaceleración, el Gobierno
ya está empezando a admitir que la situación es muy grave. Y no sólo eso. El
ministro de Industria, Miguel Sebastián, ha señalado que España podría
encontrarse en situación de “casi recesión”, con lo que el término más temido
ya se ha puesto encima de la mesa. La última vez que España entró en recesión
fue en 1993, y supuso un punto y aparte para nuestro país por la cantidad de
reformas que se abordaron para reimpulsar el crecimiento. La inestabilidad
provocada por la Guerra del Golfo, con el consiguiente aumento del precio del
petróleo, y un agotamiento general de los sectores dieron lugar a unas tasas de
paro elevadísimas que terminaron por dar la puntilla a Felipe González. Y está
por ver las consecuencias que la crisis actual tendrá en el presidente del
Gobierno más optimista que ha tenido España. Para comprender qué escenarios se
abrirán en los próximos meses, El Siglo analiza lo que sucede y lo compara con
lo sucedido en los 90.
Así las cosas, de la boca del presidente del Gobierno, José
Luis Rodríguez Zapatero, no sale una palabra que reconozca la gravedad de la
situación, a pesar de que sus ministros empiezan a llamar a las cosas por su
nombre. Solbes ya no duda en emplear la palabra “crisis” para definir la
situación de la economía española. Y va más allá. En una entrevista concedida a
Punto Radio la semana pasada señaló que la coyuntura actual es “la más compleja
que nunca hemos vivido, por la cantidad de factores que están encima de la
mesa”. Entre éstos, las ya conocidas subidas del petróleo y de las materias
primas, además de la crisis financiera mundial. Tras este análisis de realidad,
Solbes señaló que “hay solución” para curar los males actuales y recordó que
el FMI prevé que la actividad en España retome el buen camino a finales del año
que viene.
Pero Zapatero continúa resistiéndose a mirar a la crisis a
la cara. Insiste con eslóganes prácticamente electorales, como cuando afirmaba
hace una semana en la celebración del 120 aniversario de UGT que “el futuro de
España es progreso, más derechos sociales, y más fortaleza económica”.
Eslóganes electorales y más o menos poéticos porque el presidente no contempla
otra opción que retornar a la buena salud económica y justifica su afirmación
en que él sólo navegaría en “un barco en el que el capitán diga que tiene plena
confianza”.
El analista independiente Antonio Iruzubieta es muy duro con
lo que está sucediendo. En su opinión, España “se encuentra en una situación
más crítica si cabe que la experimentada por la economía en la desaceleración
de principios de los años 90”. Y es que los datos que reflejan las estadísticas
hoy por hoy “son extremos en diversas lecturas, preocupantes y demuestran que
nos enfrentamos a una crisis de nuevo cuño. No existe precedente porque los
niveles de deuda están en máximos históricos, la balanza comercial sufre un
déficit de proporciones históricas, el endeudamiento de las familias se
encuentra en máximos históricos, los precios inmobiliarios en máximos
históricos, cayendo, los precios del crudo y de otros alimentos de primera
necesidad en máximos históricos”. Además, está la cuestión del mercado
inmobiliario que “está en el inicio de un ajuste muy severo. Ya hay hipotecados
con renta negativa (el coste de la hipoteca es superior al de su inmueble) y el
efecto riqueza no regresará en años para favorecer nuestro bienestar económico
ni para mejorar la predisposición a aumentar el consumo”.
Para David Cano, analista de AFI, la situación no es tan
negativa porque existen sobre todo tres factores positivos en la economía
española actual que no existían en la de principios de los 90. Para empezar,
por aquellos años “el déficit público rondaba el 6 por ciento y, aunque
seguramente desaparecerá pronto, ahora hay superávit. Así que, todavía queda
margen”. Además, existe “más dinamismo en la industria que hace 15 años. En la
recesión de 1993 la industria y la construcción se estancaron a la vez,
provocando que la tasa de paro llegara al 25 por ciento”. Por último, se
encuentra la “gran internacionalización de las empresas españolas. Antes, éstas
sólo vendían aquí, y ahora BBVA y Santander gana más dinero fuera de España que
en nuestro país y existen potentísimas multinacionales en sus sectores como
Inditex o Indra”. Sin embargo, David Cano aprecia dos factores que perjudican
seriamente a la crisis actual y es que “la crisis en la construcción es más
intensa que entonces” y “existe una deuda mayor en las familias”.
Para el analista de AFI, en España y en todo el mundo “se
han cometido excesos”, creciendo “por encima del potencial” gracias a unos
tipos de interés muy bajos y una amplia liquidez. Pero también señala que no
hay que olvidar que “los ciclos, al final, existen” y cada cierto tiempo se
produce una curva descendente en la economía.
A estas oscilaciones naturales de la economía, Toni Ferrer,
secretario de acción sindical confederal de UGT añade un factor muy importante
que ha aparecido en los últimos años: “el capitalismo de casino”. Con la
transformación de la economía “de productiva a financiera” el sistema queda en
buena parte a merced de los capitales especulativos que, acumulados durante los
últimos años en el sistema hipotecario, ahora han encontrado otros nichos de
negocio. En concreto, se han asentado en el mercado de materias primas en
general y de los alimentos en particular, tocando así muy directamente los ya
perjudicados bolsillos de los consumidores en los países del Norte y abocando a
la hambruna a millones de personas en los del Sur. Todo esto, según Ferrer, no
hace sino corroborar “el fracaso del sistema financiero sin regulación”
impuesto por las doctrinas liberales predominantes desde la década pasada.
La grave situación de España se explica por “asentar el
patrón económico en la construcción en vez de reforzar la educación y la
industria”, según Ferrer y señala como principal diferencia con la crisis de
1992 la moneda. Recuerda que lo que se hizo entonces fue proceder a devaluar la
peseta, algo que no habría servido en la actualidad porque existe “una
inflación de oferta sobre demanda” y no al revés.
Julio Rodríguez, economista y vocal del CES, considera que
la pertenencia de España al euro, aunque impide realizar “devaluaciones
competitivas”, es un asunto en el que “las ventajas superan a los
inconvenientes”. Con la peseta “los déficits exteriores añadían presión”, mientras
que ahora el euro impide “la salida de capitales”. Por su parte, Antonio
Iruzubieta señala que España “se ha beneficiado de una política de tipos de
interés bajos orientada al conjunto de países de Europa”, aunque las decisiones
tomadas por el BCE “han provocado un sobrecalentamiento en nuestra economía”.
En lo que están de acuerdo casi todos los analistas
consultados es que el clima de crisis mundial recuerda más a los sucedido a
mediados de los 70, la ‘crisis del petróleo’, que a los acontecimientos de
1992. Y según la opinión Nobuo Tanaka, director de la Agencia Internacional de
la Energía, el mundo se enfrenta a la “tercera crisis del petróleo” a causa del
rápido incremento en la proporción de crudo necesario para el crecimiento
económico, muy por encima de lo sucedido a raíz de la invasión de Kuwait por
parte de Sadam Hussein.
En declaraciones a la agencia japonesa Kyodo, Tanaka ha
afirmado que el incremento en la proporción del gasto en petróleo necesario por
cada punto de crecimiento del Producto Interior Bruto mundial será del 6 por
ciento en 2008. Hay que tener en cuenta que en 1974, tras la primera crisis del
petróleo, este indicador fue del 3,7 por ciento y en 1980, durante la segunda,
se elevó hasta el 7,3 por ciento.
No obstante, Tanaka ha apuntado que la razón principal de
esta crisis es diferente a las dos anteriores, en las que el problema estribó
en un recorte de la oferta. A su juicio, la causa de la crisis actual se
encuentra en que la oferta no alcanza a satisfacer “la creciente demanda” de
países como China, la India y otras economías emergentes. Además, estima que el
encarecimiento del petróleo hoy en día se debe a “problemas estructurales”, es
decir, que entre 1980 y 2000 no se invirtió lo suficiente en la industria del
petróleo. Y es que según su opinión, durante muchos años, la economía creció a
un ritmo más rápido que los precios del crudo, pero desde finales de los 90 se
invirtió esta ecuación a pesar de que el mundo fue incrementando su eficiencia
en el consumo de petróleo.
En cualquier caso, Tanaka concede que parte del incremento
del precio del petróleo se debe a la inversión de ‘hedge funds’, los ya famosos
fondos de alto riesgo, pero señala que es “difícil” explicar la implicación de
esos agentes en el precio del crudo.
Antonio Iruzubieta señala otro elemento relacionado con la
crisis de los 70: la ‘estanflación’. Este es quizá el término más temido por
los economistas que se encontraron en esa década con la combinación excepcional
de estancamiento en el crecimiento y altas tasas de inflación. Una dinámica que
es muy difícil romper. Iruzubieta asegura que “actualmente, la economía
española se acerca peligrosamente a la estanflación, la situación más
difícilmente gobernable por parte de las autoridades”. Recuerda que “en los años
70 las consecuencias fueron devastadoras. La tasa de paro subió hasta el 24 por
ciento, se sucedieron varios años consecutivos de recesión, se perdió de
competitividad exterior y se destruyó riqueza”. El ministro Solbes ha insistido
en que la economía española no va a atravesar un periodo de ‘estanflación'.
Como se ha visto la gran cuestión que los analistas
consultados colocan como factor diferenciador entre 2008 y 1992 es la grave
situación del sector de la construcción. La evolución de este sector se ha
visto afectada por las subidas continuas del Euribor, la salida al mercado de
viviendas iniciadas en años anteriores, el endurecimiento de las condiciones de
los préstamos y la incertidumbre generada por la crisis de liquidez de las
hipotecas de alto riesgo en Estados Unidos.
Los datos del sector son tremendos. La suma de lo que
adeudaban las familias y los promotores inmobiliarios en 2007 supera el billón
de euros e iguala aproximadamente el crecimiento económico anual español. Y a
pesar de que el Banco de España ya había alertado que al menos 50 entidades
españolas habían contraído un excesivo riesgo crediticio con promotores y había
advertido sobre un posible sobreendeudamiento de la sociedad española, los
préstamos concedidos a las inmobiliarias superaron en el primer semestre de
2007 los 282.000 millones de euros, un tercio del total destinado por cajas y
bancos a todas las actividades productivas. Los analistas consideran que se
pasará de iniciar 850.000 viviendas anuales al medio millón a corto plazo
debido a que no hay suficiente demanda para absorber todos los pisos que se
encuentran en fase de edificación.
Así las cosas, si era difícil prever la evolución de los
acontecimientos hace un año, todavía es muy difícil precisar si los efectos de
la crisis serán más duros que en 1993. Lo que sí parece claro, según las
previsiones, es que la senda descendente de la economía española continuará
durante lo que queda de año y el próximo. Pero elementos como los desbocados
precios del petróleo, el hundimiento del sector de la construcción y la falta
de liquidez en los mercados internacionales no auguran un buen panorama.
Lo que se hizo contra la crisis de los 90
Tras haber entrado en recesión en 1993, es en junio del año
siguiente cuando entra en vigor la reforma laboral ideada por el entonces, como
ahora ministro de Economía, Pedro Solbes. Las nuevas medidas promovidas por el
Gobierno socialista sin la participación de los sindicatos suponen una
flexibilización de la normativa de contratación y negociación colectiva, además
de modificar la normativa electoral sindical, consolidando el reparto de
representación entre UGT y CCOO en todo el Estado, y ELA-STV en el País Vasco.
Entre las innovaciones introducidas, son dos los puntos
clave. En primer lugar, el acuerdo entre empleados y empresa sustituye muchos
aspectos regulados anteriormente por ley en el Estatuto de los Trabajadores. El
segundo aspecto es la ampliación del despido por causas tecnológicas o
económicas de fuerza mayor y recoge la movilidad funcional y geográfica por
razones técnicas, organizativas y económicas.
Con la reforma ya no es necesaria la autorización
administrativa para el despido del 10 por ciento de la plantilla en empresas de
menos de 100 empleados, en un periodo de noventa días. Y tampoco se considerará
despido colectivo la ejecución de esta medida en las empresas que tengan entre
100 y 300 trabajadores.
Todas estas iniciativas pusieron los cimientos de la
profunda liberalización que llevaría a cabo el gobierno de José María Aznar a
partir de 1996 en una economía todavía débil. Aznar volvió a tender puentes con
los agentes sociales, reconstruyendo una situación que se había vuelto
insostenible. Así, se reunió poco después de las elecciones con los líderes de
CEOE, UGT y CCOO, para iniciar el proceso de diálogo social. En octubre el
Gobierno y los sindicatos firmaron un acuerdo en la Moncloa por el que el
Ejecutivo se comprometía a garantizar el sistema de protección social público y
el poder adquisitivo de las pensiones hasta el 2001.
En pocas semanas se llegaron a otros dos acuerdos. En
octubre, se llegó a un acuerdo para acercar las bases de cotización a la
Seguridad Social al salario real en siete años, y en noviembre el Gobierno
firmó con los sindicatos el Acuerdo para el Empleo y la Protección Social
Agrarios, que sustituía al PER.
Antes, el Partido Popular ya había aprobado el Plan de
Empleo y Modernización de la Economía, un conjunto de medidas que pretendían
reactivar la economía española mediante la liberalización de ciertos aspectos
de las telecomunicaciones, el suelo, la vivienda, energía y los combustibles.
Entre otras cosas, se suprimió el sistema de precios máximos de los gasóleos y
se creó la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) para fomentar la
libertad de competencia en el sector, anulando el monopolio de Telefónica en
telefonía básica o tradicional.
En febrero de 1997, el Consejo de Ministros da el visto
bueno al segundo plan de liberalización e impulso de la actividad económica,
denominado Plan de Liberalización y Reformas Estructurales, con el fin de
luchar contra la inflación, aumentar la capacidad competitiva de la economía
española y responder al desafío de la integración en el euro. Según el ministro
de Economía, Rodrigo Rato, el plan continúa el proceso “imprescindible” de
liberalización y desregulación de los mercados que es “la verdadera política de
convergencia” con los países de la UE. En el texto, se preveía la elaboración
de un gran paquete legislativo que entroncaba con lo aprobado en febrero, en el
que destacaban tres pilares: una nueva ley del suelo que aumentara la oferta de
suelo urbanizable, abaratara el precio final de la vivienda y favoreciera la
competencia entre los propietarios de suelo; una Ley General de las Telecomunicaciones
que modificara el régimen de concesión administrativa por otro de autorización
con condiciones transparentes y objetivas; y una Ley de Ordenación del Sistema
Eléctrico y liberalización de la actividad de generación.
Sin embargo, la inflación era la gran asignatura pendiente,
y un día después de conocerse que el IPC del mes de marzo superó en cuatro
décimas la previsión anual hecha por el Gobierno, el ejecutivo aprobaba un
nuevo paquete de medidas encaminadas a incrementar la competencia y liberalizar
los bienes y servicios más inflacionistas. Por ejemplo, se redujo el precio de
las llamadas telefónicas, de la tarifa eléctrica, de la bombona de butano y del
gas natural para uso comercial y doméstico.
El alto riesgo de las hipotecas de saldo
Los bajos tipos de interés predominantes en los últimos
ejercicios, o más bien el dinero barato que éstos proporcionan, han hecho
posible una crisis financiera en EEUU y en todo el mundo desconocida hasta la
fecha, y han dado lugar a un nivel de endeudamiento familiar totalmente
desconocido. Lo cual supone el otro gran factor agravante de la coyuntura
actual, junto a la crisis de la construcción, en relación a la crisis de los
90. En ese momento, los tipos de interés eran tan altos que imposibilitaban
cualquier tipo de burbuja especulativa.
Fue a principios de agosto de 2007 cuando el nerviosismo se
adueñó de los mercados. En esas fechas, varios bancos estadounidenses como
Wells Fargo y Wachovia aumentaron las tasas de interés e impusieron requisitos
más estrictos para los préstamos, tras comprobar que al menos 70 firmas de
hipotecas habían cesado sus operaciones, entrado en bancarrota o buscado
compradores. Además, American Home Mortgage, el décimo banco hipotecario de
Estados Unidos con unos préstamos anuales de 40.000 millones de euros, declaró
la suspensión de pagos.
Tan sólo cinco meses antes, el presidente de la Fed, Ben
Bernanke, señalaba en el Congreso de EEUU, muy en la línea de lo que el
Gobierno de Zapatero ha venido afirmando hasta hace unos días, que no creía que
el aumento de la ejecución de hipotecas impagadas fuera a tener un impacto en
la economía en general, a pesar de que era una opinión rebatida por algunos
analistas. Sin embargo, los hechos empezaron a contradecirle. En abril se conoció
que los precios de las viviendas en Estados Unidos habían registrado su primera
caída interanual desde 1996.
Pero además, y como no podía ser de otro modo por la
globalización económica, la crisis se extendió a Europa. Hasta tal punto que el
BCE decide inyectar en el sistema una cifra récord de 95.000 millones de euros
en colaboración con la reserva Federal que aporta al mercado otros 20.000
millones. Un gesto que repetirían dos veces más a lo largo de esa quincena,
dando lugar a una inyección de liquidez de las autoridades monetarias cercana a
los 290.000 millones de euros.
Así las cosas, el pánico en los parqués no podía tardar en
aparecer, y el 16 de agosto se produjeron fortísimas pérdidas en las bolsas
mundiales. El Ibex-35 protagoniza la mayor caída desde 2004 y pierde el nivel
de los 14.000 puntos.
Con la crisis aupando el Euribor al 4,661 por ciento, el
mayor nivel en siete años, los problemas serios comienzan a aparecer en
compañías importantes. Por ejemplo, el banco británico Northern Rock, quinto
banco del país por hipotecas concedidas, se desploma en la Bolsa de Londres. El
valor en Bolsa del banco es algo menos de 500 millones de libras (700 millones
de euros) frente a los 3.000 millones que costaba en el mercado dos meses
antes. Su presidente dimite, y el Gobierno británico lo nacionaliza en febrero.
Citigroup, el primer banco estadounidense y tercero del mundo por activos,
cierra 2007 con la peor cuenta trimestral de sus 196 años de historia tras
anunciar que en sólo tres meses ha perdido casi 10.000 millones de dólares por
efecto de la crisis hipotecaria.
Y mientras las intervenciones conjuntas de la Fed, el BCE,
el Banco de Inglaterra, el de Canadá, el de Suiza y el de Japón se suceden, el
presidente de Estados Unidos, George W. Bush, intenta capear el temporal sin
mucho éxito. Anuncia un plan para aliviar la crisis hipotecaria al que podrán
acogerse 1,2 millones de personas en apuros y propone un plan de medidas para
reactivar la economía dotado con unos 145.000 millones de dólares. ¿Su efecto?
Otra caída espectacular de las Bolsas mundiales que cierran con grandes
pérdidas ante el temor a una posible recesión de la economía estadounidense. El
Ibex 35 sufre la mayor caída de su historia y pierde un 7,5 por ciento.
Al igual que en el sector del ladrillo, la crisis financiera
tampoco parece que se haya tocado fondo. El FMI estima las pérdidas potenciales
por la crisis en casi 600.000 millones de euros y alerta de que el
empeoramiento de las condiciones económicas en Estados Unidos hará la vida aún
más difícil para los bancos. En este mes, el IndyMac Bank, el segundo banco
hipotecario estadounidense, pasa a ser controlado por las autoridades
federales. El último capítulo, el anuncio de la Reserva Federal y el
Departamento del Tesoro de EEUU de medidas para salvar de la insolvencia a las
firmas hipotecarias estadounidenses Fannie Mae y Freddie Mac.
La explosión de la burbuja inmobiliaria
Lo sucedido la semana pasada con Martinsa-Fadesa, ha sido el
punto álgido de un proceso que arrancó en 2007 y que diferencia enormemente lo
que está sucediendo actualmente con la crisis de principios de los 90,
dibujando un panorama más negativo. Y es que sólo durante el año pasado, 165
empresas de construcción se acogieron al procedimiento concursal, la antigua
suspensión de pagos y declaración de quiebra hasta la Ley de 2004, de un total
de 976. Estas cifras colocan al sector de la construcción como el segundo
sector más afectado, tras el de Industria y Energía. En el primer trimestre de
2008 ha continuado la tendencia con un porcentaje de compañías del ramo próximo
al 40 por ciento, según las estimaciones de algunos de los principales bufetes
y consultoras especializadas en procesos por impagos.
La inmobiliaria valenciana Llanera fue de la primera significativa
en acogerse en 2007 a esta medida por la que también han optado otras compañías
como Expofincas, Cosmani, Grupo Sánchez, Lábaro, Seop o Grupo Jale. Y la
próxima en seguir este camino puede ser Colonial. Todavía se encuentra con
grandes dificultades tras finalizar el año con problemas y pocas perspectivas
para vender parte de sus activos y renegociar la deuda con los bancos
acreedores, aunque desde la compañía se insiste todavía en llegar a buen puerto
con esta opción. Pero lo cierto es que su desplome en bolsa no parece tener
fin. En 2007 cayó en Bolsa el 62,32 por ciento, provocando la salida de Luis
Portillo como presidente. Y en lo que va de año ha perdido el 50 por ciento de
su capitalización bursátil y en abril salió del Ibex.
Aunque la estrella del ‘crack’ bursátil, parecido al
sucedido con las ‘puntocom’ en 2000 y 2001, ha sido sin duda Astroc, cuya
debacle fue el punto de inflexión que terminó de arrastrar a todas las empresas
del sector. El 18 de abril de 2007 fue la fecha del principio de su fin. Ese
día la inmobiliaria valenciana se desplomó en el parqué el 43 por ciento de su
valor y para acumular cuatro jornadas consecutivas de pérdidas que llegan al 61
por ciento.
Pero por grave que sea todo esto, todo apunta a que es sólo
el principio. Las previsiones de organismos privados y gubernamentales
nacionales han venido indicando durante los primeros meses de 2008 que la
crisis aún no ha tocado fondo y que hasta 2009 se destruirán 600.000 empleos
relacionados de forma directa o indirecta con el sector. Por ejemplo, el FMI
hacía público a principios de abril de 2008 su informe ‘Perspectivas Económicas
Mundiales’, en el que recogía que la vivienda en España estaba sobrevalorada
entre un 15 y un 20 por ciento de su valor, lo que supondrá una contracción de
la inversión residencial que afectará negativamente al crecimiento del PIB
español de ese año y el siguiente.
Similitudes y diferencias de la actual crisis con la de los
noventa
Similitudes:
—Fuerte descenso del consumo.
—Retroceso de todos los sectores.
—Caída de la recaudación tributaria.
Diferencias:
2008:
—Hundimiento mucho más pronunciado del mercado de la
vivienda.
—Precios del petróleo disparados.
—Cuentas públicas en superávit.
1993:
—Tipos de interés mucho más altos.
—Tasas de paro 13 puntos superiores. |
|
Cifras récord de las últimas semanas CUADRO 2
España ha destruido empleo en junio por primera vez desde
1993.
La inflación alcanzó en junio una tasa interanual del 5,1%.
Esta cifra, calculada sobre una base armonizada con las estadísticas europeas,
supone el nivel más alto desde hace once años y medio, cuando comenzaron a
aplicarse estas estadísticas, en enero de 1997.
El precio del petróleo ha llegado a cotizar por encima de
los 147 dólares, una cifra nunca registrada y que se ha duplicado en el plazo
de un año.
Los pisos se han abaratado un 0,3 por ciento en el segundo
trimestre del año, el primer descenso de los precios de la vivienda en diez
años.
En junio, las ventas de automóviles se desplomaron un 30,8%
interanual, con una bajada del 17,6% en el primer semestre, la mayor desde
1993. |
Evolución de la inflación (Fuente: INE) CUADRO 3
Año Variación (En porcentaje)
1991 5,5
1992 5,3
1993 4,9
1994 4,3
1995 4,3
1996 3,2
1997 2,0
1998 1,4
1999 2,9
2000 4,0
2001 2,7
2002 4,0
2003 2,6
2004 3,2
2005 3,7
2006 2,7
2007 4,2
2008 5 (abril) |
|
Evolución del PIB (Fuente: INE) CUADRO 4
Año Variación (En porcentaje)
1991 2,6
1992 1,0
1993 -1,0
1994 2,4
1995 2,7
1996 2,4
1997 3,9
1998 4,5
1999 4,8
2000 5,0
2001 3,6
2002 2,7
2003 3,1
2004 3,3
2005 3,6
2006 3,9
2007 3,8
2008 2,7 (I trimestre) |
Número de viviendas libres y protegidas iniciadas (Fuente:
Ministerio de Vivienda) CUADRO 5
Año Libres Protegidas
1991 161.066 44.394
1992 160.958 47.655
1993 143.158 55.986
1994 179.572 54.814
1995 234.583 67.874
1996 224.252 63.782
1997 258.337 66.262
1998 351.377 56.273
1999 453.114 58.740
2000 487.810 46.200
2001 475.059 48.780
2002 499.046 44.059
2003 550.465 72.619
2004 621.257 70.619
2005 635.608 80.427
2006 664.924 95.255
2007 532.117 83.859 |
|
Variación del precio medio de la vivienda (Fuente:
Ministerio de Vivienda) CUADRO 6
Año* Variación (En porcentaje)
1997 1,2
1998 7,7
1999 9,6
2000 7,7
2001 11,1
2002 17,3
2003 18,5
2004 17,2
2005 12,8
2006 9,1
2007 4,8
2008 2 (I semestre) |