La sospecha y el escándalo han acompañado a Fernando Martín Álvarez, un ambicioso inmobiliario de Valladolid. Todo empezó cuando diera su gran salto o huida hacia adelante con la compra de Fadesa, una promotora mayor que Martinsa, al empresario gallego Manuel Jove ahora va a hacer dos años. El astuto gallego se llevó un pastón –más de 2.000 millones de euros– en el momento en que empezaba a vislumbrarse el pinchazo de la burbuja inmobiliaria, pero los Martín diseñaban una gigantesca burbuja que les convertía en los reyes del mambo. 

El principio del fin se inició cuando el pasado 7 de julio, San Fermín, Martinsa-Fadesa no hizo frente al primer pago de la negociación de su formidable deuda. Es la historia de la irresistible ascensión de un proyecto inmobiliario que ha degenerado en la mayor suspensión de pagos de la historia y que ha pillado a Caja Madrid, La Caixa, el Banco Popular y medio centenar de entidades crediticias de España y del mundo. Todo iba bien hasta que llegó el primer vencimiento.

Cuando Fernando Martín lanzó la OPA sobre la gallega, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) olió a podrido y abrió una investigación por presunta información privilegiada. Después Manolo Conthe, a la sazón presidente del órgano supervisor, se vio obligado a disculparse porque no es fácil probar la información privilegiada. Dos años después se ha producido otro escándalo: la rocambolesca operación de Carlos Vela, el hombre que, ocupando un alto puesto en Caja Madrid, proporcionó a Martinsa-Fadesa un crédito de 1.000 millones de euros y que, tras cobrar una generosa indemnización por los impagables servicios desplegados en la caja, se marchó de consejero delegado a la receptora del crédito, Martinsa, que sí estaba dispuesta a pagarlos. Cuando ésta tiró la toalla, una vez que la CNMV decidió suspender la cotización ante una caída de las acciones del 50 por ciento en dos días, Vela volvería a la caja donde fue recibido como el hijo pródigo de la Biblia.

Éste es el culebrón al que dedicamos la portada de esta semana, en la que nuestros lectores encontrarán sabrosas historias de política y negocios. Hay que destacar las maniobras de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, para sustituir al presidente de la caja, Miguel Blesa, por Manuel Pizarro, un hombre de su cuerda. Probablemente habría logrado sus propósitos mucho antes si no se diera la amistad y comunión política de Aguirre con José María Aznar. Sin embargo, a pesar de la consistencia de esta amistad, que queda avalada por el hecho de que es el único político que fue invitado a la boda de su hijo, Aguirre se muestra ahora menos obediente al líder carismático al comprender, también ella, que aquél sólo promete para el pasado.

En segundo lugar, la batalla de Caja Madrid ha calentado la pelea entre dos bandos, por lo menos, del socialismo madrileño que se verán las caras en el congreso de septiembre. Es un anticipo de la batalla de Madrid que siempre es ruidosa y que, en la edición de 2008, enfrenta, en primera escaramuza, a Tomás Gómez, presidente del Partido Socialista de Madrid, con  los consejeros del PSOE en la entidad, que en su mayoría son simanquistas.

Fernando Martín Álvarez encarna una historia típica de la fiebre del ladrillo. Natural de Trigueros del Valle, fue secretario provincial de la UCD de  Valladolid hasta 1982. Fue apadrinado por Florentino Pérez, presidente de la gran constructora ACS, en los negocios y a quien sucedió como presidente del Real Madrid, de donde los socios le echaron en menos de dos meses. No consiguió alcanzar a su mentor pero logró amasar una deuda de 5.200 millones de euros, casi un billón de pesetas, lo que le hizo suponer que sería invulnerable.

Fernando Martín (Martinsa-Fadesa) como en su día José María Ruiz-Mateos (Rumasa)  y en el antiguo régimen Juan Vila-Reyes (Matesa) no cejaron hasta conseguir una masa critica que convirtiera su caída en un problema nacional. En Rumasa, el Gobierno de Felipe González no cedió al chantaje pero procedió a la peor de las soluciones: la expropiación, teniendo que asumir el Estado los estropicios de Ruiz-Mateos. El Gobierno Zapatero, gracias a la firmeza de Solbes, ha tomado la decisión correcta respecto a Martinsa: dejarla caer, pues la quiebra es un derecho constitucional. Ya veremos si ahora no se introducen algunas peoras que se insinúan en el horizonte en apoyos gubernamentales indirectos.

Miguel Ángel Fernández Ordóñez, gobernador del Banco de España –MAFO– descartaba la semana pasada cualquier ayuda pública a las constructoras apoyando así al vicepresidente económico. Lo dijo de forma clara, casi con brusquedad: “Más vale quitárselo de la cabeza cuanto antes y ponerse a trabajar. Hay problemas que no debe ni puede resolver el Gobierno”.

José García Abad