El Gobierno de Cristina Fernández le gana la partida a Marsans

AEROLÍNEAS ARGENTINAS VUELA A MANOS DEL ESTADO


En enero pasado EL SIGLO escribió sobre la diplomacia del Gobierno de Zapatero y las gestiones de sus funcionarios ante sus pares del Gobierno de Cristina
Fernández a favor de las inversiones en Argentina. Se dijo que los temas principales serían la venta de Repsol-YPF y las relaciones entre Aerolíneas Argentinas, Marsans y el Estado argentino. Ahora ese momento ha llegado, y con fuerte impacto. Si en principio se intentó una argentinización similar a la operación hecha entre los hombres de Antonio Brufau y el grupo argentino de Enrique Esquenazi por la petrolera, esta vez se ha llegado a una resolución que va mucho más allá. Finalmente, Aerolíneas no pasará a manos de un empresario cercano al Gobierno de los Kirchner, sino que se tratará de una nacionalización "a la antigua".

Por Felipe Ramírez (Buenos Aires)

Hace dos semanas, en la Quinta Presidencial de Olivos, Cristina Fernández recibió un informe que revelaba que desde que Marsans se hizo cargo de la firma en 2001 se ha generado una deuda de 700 millones de pesos (146 millones de euros) y en lo que va del año han acumulado otros 200 millones de pesos de pasivo financiero. Con estos datos en la mano, la presidenta evaluó la drástica solución de pedir a la Justicia la quiebra de la compañía. Pero tras dos llamadas telefónicas entre Fernández y Zapatero, ésta optó por seguir el camino de una intervención judicial conducente a la nacionalización. Sin embargo, el jueves 10 de julio la empresa informó que no estaba en condiciones de pagar los salarios de junio, lo que llevó a un punto de máxima tensión las relaciones entre los casi 9.000 empleados de Aerolíneas Argentinas y Austral, y Marsans. Tras llegar a un acuerdo con los tres mayores sindicatos de la aerolínea, quienes se comprometieron a no movilizarse ni iniciar huelgas durante 60 días, se acordó que el Estado pondría 50 millones de pesos (unos 11 millones de euros) para combustibles, el pago de sueldos de junio y alquileres atrasados de aviones.

La jugada precipitó los planes del gobierno de Cristina Fernández, donde se apunta a que sea el Estado quien se haga cargo de la firma, a la que considera de valor estratégico. A los pocos días el Gobierno anunció el giro de otros 54 millones de pesos (12 millones de euros), para hacer frente a gastos de mantenimiento de aeronaves de las flotas de Aerolíneas Argentinas y Austral, a imputarse en forma progresiva. La idea es mantener operativas ambas flotas, que actualmente tienen en tierra a cerca del 50 por ciento de los aviones.

El Gobierno de Buenos Aires no había decidido si ese dinero sería computado como un préstamo o si sería a cuenta de capitalizaciones futuras. Pero con haberlo aceptado, la firma quedó en una suspensión de pagos de facto debido a que Marsans, controlador con el 94 por ciento de las acciones, debió aceptar un aporte extraordinario de uno de sus socios minoritarios –el Estado argentino–, para el pago de gastos corrientes.

En la maratoniana audiencia judicial del pasado martes, que se extendió por más de cinco horas, estuvieron presentes los representantes de Marsans, el secretario de Transportes Ricardo Jaime, representantes de cuatro sindicatos aeronáuticos y la Sindicaturadel concurso de Aerolíneas. Allí se habló de todo aquello que crispa los ánimos en el conflicto. Desde las demoras gubernamentales para subsidiar o desgravar la actividad –planteadas por el presidente español del directorio de Aerolíneas, Horacio Fargosi, como una táctica para dificultar su manejo operativo–, a la sospecha del sindicato de pilotos sobre el presunto vaciamiento de Aerolíneas en favor de Austral, una firma más pequeña y mejor administrada, y donde el Estado no tiene participación. Fargosi también admitió que el pasivo de la compañía es de 890 millones de dólares (562 millones de euros), de los cuales unos 220 millones (139 millones de euros) es deuda exigible en los próximos 90 días.

Aerolíneas, "en coma". Por su parte, la Asociación Argentina de Aeronavegantes denunció que existe una "caída en la calidad de los servicios en la seguridad aérea" que "podría llegar a comprometer la seguridad en vuelo". De los 56 aviones que tiene la compañía, sólo 21 se encuentran en servicio por falta de repuestos y sin ir más lejos, el pasado lunes hubo demoras y se cancelaron once vuelos por falta de aviones. El líder sindical de los pilotos, Jorge Pérez Ta-mayo, denunció en declaraciones radiofónicas que Aerolíneas "está en coma cuatro", y que "si le quitan el respirador se muere en una hora".

A pesar de todo, las gestiones reservadas entre el Gobierno y Marsans buscando una retirada consensuada de los españoles siguieron adelante. Poco antes de la audiencia judicial de la semana pasada, Jaime recibió en su despacho a la delegación de la compañía que aterrizó el viernes en Buenos Aires el viernes 10, compuesta por el director financiero Vicente Muñoz, y el director de Relaciones Institucionales Jorge Molina. Para los españoles ya está claro que quieren irse de la firma, pero la negociación con Jaime estaba trabada en la designación del gerente general de Aerolíneas para el período de transición, ya que tanto el Gobierno como Marsans quieren colocar a un hombre de sus huestes.

Lo que sí se ha acordado es una nacionalización pactada a ejecutarse en etapas. La primera será ceder a este gerente general designado por el Estado el manejo de la compañía, abriendo una transición de dos o tres meses para definir cuestiones clave, como el valor del paquete accionarial que quedará enmanos públicas. Según aspiran los negociadores oficiales, esto debería incluir una transferencia parcial de acciones para que el control estatal esté respaldado por la posesión mayoritaria de títulos. Aquí es donde aparece la gran pregunta: ¿cuánto vale el paquete de Aerolíneas Argentinas y Austral? Según quien lo diga, los valores van de 170 a mil millones de dólares (de 107 a 630 millones de euros). Un portavoz de la firma señaló que una evaluación encargada a un trío de consultoras privadas con miras al abortado acuerdo con el dueño de Buquebus, Juan Carlos López Mena –cuando aún se hablaba de una "argentinización" al estilo Repsol-YPF- habría cotizado sólo a Austral en 500 millones de dólares (315 millones de euros), lo que sería el piso para el monto global.

En la Secretaría de Transporte, en cambio, sostienen que también habría que preguntarse cuál es el precio de una dupla de líneas aéreas con menguada operatividad y en condiciones técnico-contables de quebrar. Con la nacionalización, el Estado debería hacerse cargo de este lastre, disminuyendo las posibilidades de que los españoles se retiren con dinero para el viaje de regreso. Estas cuestiones se resolverían durante la transición, pero antes es necesario firmar un acta que la habilite y ese documento da lugar a otras discrepancias.

En cuanto a las implicaciones políticas de la operación, en el plano local sirve al Gobierno para azuzar su retórica de izquierda, pero queda la duda de por qué el Estado busca hacerse con una compañía con tantos problemas. Además, incurre en los mismos vicios del gobierno de Kirchner en sus relaciones diplomáticas. En el acto del pasado martes apoyando a la aprobación de la ley de retenciones móviles que tiene en conflicto al gobierno con los productores agropecuarios desde hace más de 120 días, Néstor Kirchner dijo que "la presidenta está trabajando fuertemente para que la empresa vuelva a servir a todos los argentinos, como corresponde, y termine con la ignominia a que fuimos sometidos", aunque no esclarece de qué se trata esa ignominia. El ministro de Planificación Federal, Julio de Vido, reclama que Marsans no cumplió con ninguno de los compromisos pactados antes de la venta. Pero Gonzalo Pascual y Gerardo Díaz Ferrán, presidente de la poderosa CEOE, acusan de una operación encubierta. Según el matutino Clarín, Pascual habría dicho que se llegó a este punto "por las trabas que nos impuso Ricardo Jaime y el continuo complot de los gremios aeronáuticos".

También circula el rumor de que existe la sospecha de que lo ocurrido en Aerolíneas forma parte de un plan del Gobierno argentino para nacionalizar en una primera etapa la compañía y después traspasarla a un grupo económico local. Por lo pronto, el Gobierno de Cristina Fernández lo único que quiere es resolver el tema lo más rápido posible. Entre 2002 y 2004 el Estado español, a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, giró un total de 758 millones de dólares a Marsans para que pagara la deuda de Aerolíneas, y los argentinos no quieren desconocer "actos de buena voluntad" como aquél. •