El Govern de Montilla, apoyado expresamente por el PSOE

LOS SOCIALISTAS RESPONDEN EN LA 'BATALLA DE LA

LENGUA'

El Manifiesto por la Lengua Común, iniciativa impulsada por un grupo de 18 intelectuales —en su mayoría vinculados a Unión, Progreso y Democracia (el partido de Rosa Díez)—, pretende denunciar una supuesta discriminación del castellano en las comunidades autónomas con idioma propio. El PP, así como los medios de la derecha —especialmente, el diario El Mundo y la cadena radiofónica COPE—
suscribían casi de inmediato el texto, que ha recibido nuevas adhesiones, y también importantes bajas entre sus firmantes iniciales, que han denunciado la politización que se ha hecho del documento. El Gobierno ha salido al paso de modo tajante, y el presidente ha mostrado su total apoyo a la política lingüística en Cataluña.

Por P.A.N.

Es necesario velar para que la existencia de la diversidad lingüística no se transforme en enfrentamiento y recelo, sino, al contrario, en actor de cohesión y de unión en la diferencia. (...) Estas otras lenguas, también españolas y, por lo tanto, patrimonio de todos, necesitan en paralelo una proyección y una protección. No tiene sentido pensar que el castellano debe defenderse de ellas". Es un extracto de la resolución aprobada en el transcurso del 37° Congreso del PSOE, celebrado los pasados 4, 5 y 6 de julio, en la que se contesta, con contundencia, al denominado Manifiesto por la Lengua Común, que hace tres semanas (el 23 de junio) se presentaba en sociedad por parte de algunos de sus 18 suscriptores iniciales –buena parte de ellos, vinculados al partido liderado por Rosa Díez, Unión, Progreso y Democracia (UPyD)–, y en el que se denuncia una supuesta discriminación de la lengua castellana en las comunidades autónomas que poseen otra lengua vernácula, como Cataluña, Comunidad Valenciana, Comunidad Balear, País Vasco y Galicia.

La resolución del congreso socialista no se quedaba en una crítica a quienes pretenden presentar la imagen de una batalla por el idioma en determinadas comunidades del Estado, sino que constituía un apoyo en toda regla y sin fisuras al modelo lingüístico desarrollado por el tripartito que gobierna la Generalitat de Cataluña y, especialmente, a sus políticas educativas. El documento califica el sistema catalán como "ejemplo paradigmático" de una línea educativa única que ha conseguido la protección y preservación de la lengua catalana. Consideran, además, que se trata de un modelo "de cohesión social y no de segregación. (...) Pero, lo que no es menos importante, en ningún caso se ha dejado de garantizar el conocimiento del castellano. Ningún niño o niña de Cataluña desconoce la lengua común".

El pasado 23 de junio, un grupo inicial de 18 intelectuales presentaba en sociedad su manifiesto, en el que se hace hincapié en que "todos los ciudadanos que lo deseen tienen derecho a ser educados en lengua castellana", o que "en las autonomías bilingües, cualquier ciudadano español tiene derecho a ser atendido institucionalmente en las dos lenguas oficiales". En el acto de presentación se mostraba una "creciente" preocupación por la "situación institucional" del castellano en ciertas comunidades autónomas. Buena parte de sus impulsores mantienen una vinculación directa con UPyD y con Ciutadans, como el filósofo Fernando Saya-ter, Mario Vargas Liosa, Álvaro Pombo, Aurelio Arteta, Carlos Martínez Gorriarán, Arcadi Espada o Albert Boadella. Curiosamente, se encontraban firmas habituales de los diarios El Mundo y El País.

El Partido Popular no tardaba en sumarse a la iniciativa, mientras que los medios de comunicación de la derecha aplaudían la propuesta. El diario El Mundo y la cadena radiofónica de la Conferencia Episcopal, la COPE, iniciaban paralelamente una campaña de recogida de firmas de apoyo –hasta el momento, entre ambas han conseguido algo más de 100.000–.

Pero los promotores ya han cosechado algunos serios reveses. El filósofo José Antonio Marina, cuya firma figuraba entre las 18 iniciales, anunciaba la pasada semana que se desvinculaba por completo del proyecto,
porque observaba la politización y la instrumentalización del texto por parte de la derecha. Aseguraba que "al haber sido aceptada la iniciativa rápidamente por algunas fuerzas políticas (UPyD y PP), se ha convertido en un elemento más de la lucha partidista, y me temo que estará condenada a ser utilizada dentro de estrategias políticas con las que muchos firmantes no estarán de acuerdo. (...) Algunos lectores han pensado que el Manifiesto por la Lengua Común es una defensa del nacionalismo español. No es eso o, al menos, no es eso en mi caso. La defensa de los derechos individuales obliga a repensar todos los nacionalismos".

No ha sido la única baja importante. Otro de los suscriptores iniciales, el poeta Antonio Gamoneda (Premio Cervantes 2006) ha seguido los pasos de Marina. Para el que había sido calificado como "poeta de cabecera del presidente Zapatero" en las páginas del diario dirigido por Pedro J. Ramírez, el manifiesto "ya no es razonable; lo ha desconcertado la política enmascarada".

Además, parece que la estrategia de consecución de adhesiones se le ha ido un poco de las manos a sus impulsores. Un cartelpromocional, con la firma de Nuevas Generaciones –la rama juvenil del Partido Popular–, incluía fotografías de destacadas figuras del deporte español, como las de Pau Gasol, Fernando Alonso, Rafael Nadal, Alberto contador o Iker Casillas. Al parecer, solamente el portero del Real Madrid y de la Selección Nacional de fútbol habría mostrado cierto grado de acuerdo con la iniciativa del manifiesto, y los demás no habían sido consultados para la inclusión de su imagen en la campaña promocional.

Algo parecido ha ocurrido con el cantante y destacado defensor de la aplicación del canon digital, Ramoncín. El pionero de la música punk en España se mostraba "indignado, sorprendido, escandalizado y cabreado" al descubrir su nombre entre los apoyos al texto, ya que ha negado que en ningún momento se haya adherido a la iniciativa. "Si han hecho con todo el mundo lo que han hecho conmigo, vamos mal, porque no me han dejado tomar la decisión".

Desde los medios de la derecha le caían toda clase de críticas al director de la Real Academia Española (RAE), Víctor García de la Concha, quien, desde el primer momento, se había negado a suscribir el manifiesto. Considera que no se da ninguna clase de disputas entre la RAE y las academias de las lenguas catalana, vasca y gallega. De la Concha opina que son los "políticos los que causan problemas, y son ellos quienes deben resolverlos".
Curiosamente, en comunidades autónomas bilingües gobernadas por el Partido Popular, o que lo han sido durante mucho tiempo, los decretos en materia educativa suscritos por administraciones populares establecen currículos en los que se establecen cuotas y asignaturas que han de ser obligatoriamente impartidas en las lenguas propias de cada comunidad. Esto sucede así, actualmente, en la Comunidad Valenciana, donde el PP gobierna desde hace más de diez años. Muy similar es la situación en Galicia –donde el nuevo Gobierno PSOE-BNG no ha modificado las condiciones establecidas durante los mandatos de Manuel Fraga–, y otro tanto, en la Comunidad Balear. Incluso existen decretos y leyes que establecen que el idioma de la autonomía en cuestión es considerado como el vehículo de comunicación en los centros escolares.
Esta batalla impulsada por UPyD, y secundada de muy buen grado por el PP, ya había quedado anunciada en el Debate de Investidura de José Luis Rodríguez Zapatero. Entonces, el pasado 10 de abril, Rosa Díez ya había solicitado el regreso al Estado de ciertas competencias que ahora están en manos de las comunidades autónomas, y había realizado un duro ataque a la política lingüística en Cataluña. También en ese momento quedaba clara la posición del Gobierno de la Nación. Zapatero calificaba "éxito colectivo" al modelo lingüístico catalán, y recordaba a Díez que "el centralismo ha sido una de las fábricas más notables de la desigualdad social". •