Diego López Garrido, secretario de Estado para las Comunidades Europeas

"EL TRATADO DE LISBOA NO SE VA A RENEGOCIAR"

Tras dejar su puesto como portavoz en el Congreso del Partido Socialista en la pasada legislatura, el ahora secretario de Estado para las Comunidades Europeas nos comenta las prioridades del Gobierno en materia de política exterior, muestra su convencimiento de que el Tratado de Lisboa será finalmente ratificado, y considera que las críticas contra la Directiva de Retorno —también conocida como Directiva de la Vergüenza—, recientemente aprobada en el Parlamento Europeo, son injustas.

Por Pedro Antonio Navarro

Qué tal ha resultado el cambio de la Portavocía socialista en el Congreso a la Secretaría de Estado?
—Ha sido un cambio de verdad, y como tal, muy saludable, muy estimulante, y de una actividad trepidante.

—Y nada más llegar, nos encontramos con problemas para el Tratado de Lisboa.
—Sí. Y puede que España quede situada como el país que tenga que poner en marcha ese Tratado, porque yo espero que el año que viene quede ratificado por los Veintisiete.

—De momento, los resultados de Irlanda impiden que el Tratado se ratifique.
—Si no hay 27 no puede entrar en vigor. Por tanto, lo que hay que conseguir es que Irlanda, digamos, tranquilice sus recelos sobre algunas de las cosas que se dijeron en la campaña electoral, que se explique bien el Tratado, porque la mayor parte de los que se opusieron alegaban que no lo entendían, que no lo conocían. Habrá que hacer una recomposición del asunto, y eso le corresponde, esencialmente, hacerlo a Francia, que preside la Unión en este momento, y a Sarkozy. Yo espero que en el Consejo Europeo del 15 de octubre tengamos ya una hoja de ruta clara sobre el calendario de aprobación del Tratado.

—¿Implicará un nuevo referéndum en Irlanda?
—Eso es algo que corresponde a los irlandeses plantear. Lo que hemos hecho ha sido respetar su posición, y pedirles que ellos nos digan cómo pueden unirse otra vez a la corriente principal. Lo que está muy claro es que el Tratado sigue adelante en las ratificaciones, y que no vamos a renegociar su contenido, que obligaría a nuevas ratificaciones.

—A la posición de Irlanda se ha sumado ahora el presidente de Polonia, que se niega a firmar la ratificación.
—Creo que es una posición muy coyuntural, porque él dice que lo hace mientras que Irlanda no lo ratifique. No creo que sea muy sostenible la posición, porque él firmó el Tratado. No tiene sentido que lo hiciera y que ahora diga que no. Lo importante es conseguir que Irlanda vuelva otra vez a la dinámica de los Veintisiete.

—Más confusión se ha añadido con los recursos ante los tribunales constitucionales de Alemania y la República Checa.
—Espero que quede claro por parte del Tribunal Constitucional alemán, y del checo, que las Constituciones de ambos países no están en contradicción con el Tratado.

—También, a poco de tomar posesión, se ha topado con el gran lío provocado por la aprobación de la Directiva de Retorno.
—Creo que este asunto se ha desenfocado. Me parece que muchas de las críticas que se han hecho a esa directiva provienen de no habérsela leído. Es una Directiva de garantías para aquellos países donde los inmigrantes no tienen garantías; para los Estados en los que las ofrecemos ya, no necesitamos modificar nuestra legislación. Es una Directiva que no se aplica a situaciones más favorables, sino a las menos favorables. Es una Directiva de garantías mínimas, no de garantías, máximas y, por tanto, son unos derechos que van a tener los inmigrantes que no tenían antes -dentro de dos años, cuando entre en vigor-. Creo muy positivo que haya derecho ala tutela judicial en los procedimientos de expulsión, que haya derecho a ser tratado dignamente, a un recurso suspensivo, a ser asistido gratuitamente por un abogado, a la protección a los menores no acompañados, de tal forma que no puedan ser expulsados si el menor no va a la tutela de su familia o de una institución adecuada de su país. Son avances incontestables; y lo que ha causado más alarma, lo de los famosos seis meses más 12 meses de posible internamiento, eso solamente se va a aplicar a aquellos países –un total de nueve en la Unión– en los que no existen límites temporales, y se les ponen unos máximos. Pero las naciones que tienen unas posiciones más favorables en cuanto a los inmigrantes –el caso de España, Francia o Chipre, los tres más garantistas– no experimentan ninguna variación. La Directiva no se puede utilizar para quitar derechos y garantías; eso está clarísimo.

—Ha habido una dura reacción por parte de la mayoría de los países de América Latina.
—Para tranquilizar a los países latinoamericanos, donde se produjo más alarma, nos hemos reunido en diversas ocasiones el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, la secretaria de Estado para Iberoamérica, Trinidad Jiménez, y yo mismo con los embajadores para explicarles la Directiva y que no va a haber ningún cambio en la política de inmigración española. Estamos convencidos de que los embajadores se quedaron muy tranquilos. Pero no es éste el tema. El tema lo constituyen los derechos de los inmigrantes, pero no el de los que están en situación irregular y que puedan estar sometidos a un proceso de expulsión, sino los que residen legalmente y que trabajan en los países de la Unión, que son la inmensa mayoría. Lo que Europa tiene por delante es dar derechos, incluyendo los derechos políticos –y ahí está el punto difícil–; dar derechos a todas las personas que, aún no siendo de nacionalidad comunitaria, están trabajando –y son muchísimos millones– en los países europeos.

—¿Cuáles van a ser las prioridades del Gobierno español en política exterior durante ésta legislatura?
—Tenemos una política exterior que tiene un eje primero que es que estamos en la Unión Europea y, por tanto, nuestra política exterior está mediada por la UE; somos un país europeísta, entendemos que lo mejor es que exista una política exterior unitaria de la UE –lo que es un principio esencial de nuestra política–, y nunca haremos, como otros gobiernos han hecho, romper Europa y optar, en este caso, por posiciones de la Administración Bush en materia exterior. Nunca lo hará este Gobierno, que ha cambiado ese eje por el europeísta. Eso se consolidará, además, en un momento en el que España va a presidir la Unión Europea, el primer semestre de 2010. En ese momento España representará a los Veintisiete. Estamos preparando muy concienzudamente esa presidencia, junto con los demás países que forman el equipo de tres –tendremos presidencia durante 18 meses-, que son Bélgica y Hungría. En segundo lugar, tenemos una política especial respecto de Iberoamérica, tenemos una vocación especial. Nuestra política exterior está orientada a las mejores relaciones y, de hecho, tenemos un foro específico, que son las cumbres iberoamericanas –la próxima será en San Salvador–. Para nuestra presidencia de la UE querríamos que se pudieran aprobar algunos acuerdos de asociación de la Unión Europea con organizaciones regionales de América Latina, ya sea Centroamérica, Comunidad Andina o Mercosur. El tercer elemento fundamental: vamos a desarrollar una política muy intensa orientada a África, que ha tenido su desencadenadte en esta legislatura pasada, como consecuencia de las oleadas migratorias, que ha hecho que España haya potenciado sus relaciones diplomáticas con estos países, y que se mejore muchísimo esa situación, es decir, que los flujos migratorios sean legales, no flujos ilegales. Otra línea importante está relacionado con la realidad de que España es una potencia inversora mundial –es el tercer inversor del mundo–. Vamos a tener muy en cuenta esos intereses, y nuestra política exterior tendrá una dimensión inversora fundamental. Otro elemento muy importante va a ser la política euromediterránea. Para países como Francia o España, el área mediterránea es de vital importancia, no sólo porque es una zona de la que depende la estabilidad mundial -tenemos ahí enquistado el conflicto palestino-israelí, probablemente, el mayor foco de inestabilidad que hay en el planeta-, sino porque todos los intereses que hay alrededor, las relaciones económicas y comerciales con estos países, hace que a Francia, España y otros países les interese que toda la UE (no sólo los países mediterráneos) adopte como una de sus grandes líneas políticas, la mediterránea. Un objetivo de España será -colaborando con Francia en este momento- que la política mediterránea se constituya como una política central (no periférica) de la UE. Otro elemento es nuestra apuesta por una política de paz y, por eso, patrocinamos junto a Turquía la llamada Alianza de Civilizaciones.

—No ha mencionado a Estados Unidos.
—La relación trasatlántica con Estados Unidos, creo que tiene que ser objeto de un estudio conjunto de la Unión Europea. España, con independencia de algunas situaciones que todo el mundo conoce, ha mantenido unas relaciones magníficas con EE UU en todos los ámbitos. España va a tener una especial responsabilidad, sobre todo, de cara al nuevo presidente de Estados Unidos. Tenemos que ver cómo plantea su política exterior el nuevo inquilino de la Casa Blanca. Además, España presidirá la Unión cuando el nuevo presidente norteamericano venga a Europa, por vez primera, a una cumbre con la UE; ya sea Obama o McCain. Habrá una cumbre con Presidencia Española en 2010, y se celebrará en Europa -en EE UU toca el año que viene-. Creo que hay que intentar converger lo más posible con Estados Unidos, lo mismo que la otra gran potencia, que es Rusia, con la que habrá que tener una política de toda la UE. El otro día, hablando con el embajador ruso en Madrid, le comentaba que la UE habrá de tener dos grandes acuerdos con dos grandes países, específicos. En el caso de Rusia ya se ha iniciado el mandato de negociación, que va a ser difícil, y que va a tener una parte esencial -que para España es decisiva-, la parte energética. Ese mandato de negociación también podría caer en lo aledaños de la Presidencia Española en 2010. •