Ajuria Enea se resiste al adelanto electoral que reclaman los socialistas

IBARRETXE NO PODRÁ 'CONSULTAR' EN OCTUBRE

El Gobierno de España ya ha anunciado su intención de interponer un recurso ante el Tribunal Constitucional en contra de la consulta popular aprobada, el pasado 27 de junio, por el Parlamento Vasco. La iniciativa del Ejecutivo de Zapatero implica que el TC suspenderá automáticamente, por un periodo de cinco meses —prorrogable—, la aplicación de la decisión del Legislativo de Vitoria. De ese modo, resulta imposible que se cumplan los plazos establecidos —la consulta está prevista para el 25 de octubre—. El adelanto de las elecciones autonómicas para antes del fin de 2008 que reclama el PSE dependerá de cómo administre el lehendakari la
imposibilidad de la consulta y el desgaste que le suponga tras el verano.

Por Antonio Sarrión

No tengan duda, el mismo día en el que se publique oficialmente la decisión hoy adoptada, tal y como establece la Ley, el Gobierno iniciara los trámites para la impugnación mediante la interposición del recurso correspondiente de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional". Con esta contundencia se expresaba la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, el pasado 27 de junio, nada más tener conocimiento de que el Paramento Vasco había aprobado el proyecto de ley presentado por el lehendakari, Juan José lbarretxe, para efectuar una consulta popular en el territorio del País Vasco.

La determinación del Gobierno español de tratar de impedir por todos los medios la celebración de este plebiscito no ofrece la menor duda. El pasado 2 de julio, la ministra de Administraciones Públicas, Elena Salgado, solicitaba "con carácter urgente" al Consejo de Estado que remita el informe necesario para recurrir ante el Tribunal Constitucional la consulta aprobada en la Cámara de Vitoria. Este dictamen del Consejo de Estado es legalmente preceptivo para que el Ejecutivo pueda elevar este recurso anunciado.

Las prisas parecen evidentes, puesto queSalgado ni siquiera ha esperado a que el proyecto de ley autonómico fuera publicado en el Boletín Oficial del País Vasco. La normativa establece que el recurso de inconstitucionalidad no podrá presentarse hasta que se cumpla esa formalidad. Parece que con esta iniciativa de la ministra de Administraciones Públicas el Gabinete de Zapatero quiere desactivar los ataques que estaba recibiendo por parte del Partido Popular, que, por boca de su portavoz en la Comisión de Justicia del Congreso, Federico Trillo, instaba al Gobierno a expresar "sin vacilaciones" su intención de iniciar el recurso. Estas dudas populares eran consideradas maliciosas por parte de los socialistas, y su portavoz parlamentario, José Antonio Alonso, acusaba a la intervención de Trillo de contener "cierta deslealtad institucional".

En Moncloa quieren que todas las acciones a emprender resulten escrupulosamente ajustadas a la legalidad, y por eso recuerdan que el Tribunal Constitucional rechazó en 2004 un recurso presentado por el Gobierno de José María Aznar contra la tramitación del Plan lbarretxe en el Parlamento Vasco. Los magistrados basaron su decisión en que el recurso no se había presentado contra una ley, sino contra su anteproyecto, por lo que no podían oponerse a que fuera debatida.

De todos modos, el propio PP también ha manifestado su intención de presentar su propio recurso contra la consulta popular de lbarretxe ante el Tribunal Constitucional, ajustándose a la normativa que permite hacerlo a un grupo de 50 ó más diputados, iniciativa a la que el pasado 1 de julio se sumaba la diputada de Unión, Progreso y Democracia, Rosa Díez.

La diferencia entre un tipo de recurso y otro es muy importante, sobre todo en lo relativo a los efectos jurídicos que cada una provoca. 50 ó más diputados, o el Defensor del Pueblo tienen la potestad legal de elevar este tipo solicitudes ante el TC, pero sólo la que se realiza en nombre del Gobierno comporta la inmediata suspensión de la disposición o resolución recurrida. La ley establece que "el Tribunal Constitucional, en su caso, deberá ratificarla o levantarla en un plazo no superior a cinco meses". Si las deliberaciones de la alta instancia jurídica Ilevasen más tiempo, el propio TC podría decidir la prolongación del plazo hasta que tomase una resolución definitiva, y contra la que no cabe ningún tipo de recurso.

La Abogacía del Estado lleva ya tiempo trabajando en la argumentación del recurso. Partirán del Artículo 92 de la Carta Magna, en el que se regula la convocatoria de referendos consultivos: "Las decisiones políticas de especial trascendencia podrán ser sometidas a referéndum consultivo de todos los ciudadanos". El mencionado artículo establece que el referéndum ha de ser convocado por el rey, como jefe del Estado, y a propuesta del presidente del Gobierno, previa autorización del Congreso de los Diputados.

También trabajan los servicios jurídicos del Estado en la línea del Artículo 149.1 del texto constitucional, que determina que las consultas populares "por la vía de referéndum" son competencia exclusiva del Estado. El Artículo 161.2 otorga al Gobierno dela Nación la potestad de impugnar las disposiciones y resoluciones adoptadas por los órganos de las comunidades autónomas.

La respuesta legal que ya se ha anunciado desde el Gobierno vasco se basa en demostrar que la consulta aprobada en su parlamento autonómico no es un referéndum, y que, además, no es vinculante. El lehendakari, Juan José lbarretxe, aseguraba que no se trataba de "un referéndum para modificar el estatus jurídico" del País Vasco. "Una consulta popular no vinculante, como la que se recoge en el proyecto de ley, no es referéndum y, por tanto, no está sujeta a los requisitos que plantea el Artículo 149 de la Constitución", aseguraba lbarretxe el pasado 27 de junio.

Pero también se plantea una batalla de contenidos políticos desde Ajuria Enea, teniendo en cuenta las altas probabilidades de que el TC acabe pronunciándose en contra de lo aprobado en el Parlamento Vasco. Los argumentos del lehendakari tratan de poner contra las cuerdas a Zapatero: "El presidente español se negó a dialogar conmigo, representante democrático de este pueblo, de lo mismo que habló y negoció con ETA, e incluso estuvo dispuesto a firmar con Batasuna el 25 de octubre de 2006".

La propuesta sometida a debate y votación en el Parlamento de Vitoria salía adelante por 34 votos a favor y 33 en contra. Los diputados del tripartito –PNV, Eusko Alkartasuna y Ezker Batúa– lo apoyaron con sus 33 escaños. A ellos se sumaba un solo diputado de EHAK, quien prestaba el voto necesario, mientras que los otros siete representantes de la formación abertzale se abstenían, mostrando un apoyo crítico que pretendía "no impedir" la realización de la consulta, aunque su portavoz en Vitoria, Nekane Erauskin, consideraba que la fórmula elegida por lbarretxe "responde a los intereses electorales del PNV y nace y muere en este marco". A su juicio, bajo todo esto subyace un objetivo común de PSOE y PNV de, posteriormente, "pactar un acuerdo para acometer una reforma del Estatuto dentro de los límites constitucionales".

"¿Está usted de acuerdo en apoyar un proceso de final dialogado de la violencia si previamente ETA manifiesta de forma inequívoca su voluntad de poner fin a la misma de una vez y para siempre? ¿Está usted de acuerdo en que los partidos vascos, sin exclusiones, inicien un proceso de negociación para alcanzar un acuerdo democrático sobre el ejercicio del derecho a decidir del pueblo vasco, y que dicho acuerdo sea sometido a referéndum antes de que finalice el año 2010?" Probablemente, estas dos preguntas se queden sin respuesta. Desde luego, será muy difícil que la obtengan el próximo 25 de octubre, fecha establecida por el proyecto de ley para la consulta.

La última palabra la tiene el Tribunal Constitucional. •