Hacerse lenguas

por Joaquín Leguina

Cualquiera que viva en Cataluña o, simplemente, la visite percibe inmediatamente que en la calle, y, en general, dentro de la sociedad catalana, conviven el castellano y el catalán sin ningún problema digno de reseñar y, si eso es así, ¿por qué las lenguas se han convertido en un contencioso político? Pues porque los nacionalistas de cualquier obediencia consideran a su lengua como un elemento determinante de la identidad colectiva y tratan al castellano como si fuera una lengua impuesta por la fuerza, pese a que más de la mitad de los catalanes, es decir, de los ciudadanos que viven y trabajan en Cataluña, tengan hoy como lengua materna precisamente el castellano.

No estamos ante una guerra entre lenguas, estamos ante una manipulación identitaria que conduce a una discriminación contra las personas a causa de su lengua materna. Y eso es lo que viene pasando y se va a incrementar con el nuevo Estatuto.

Y viene pasando, entre otras razones, porque la última Ley de Política Lingüística del Parlamento catalán (1997) no fue recurrida ante el Tribunal Constitucional ni por el Gobierno de Aznar, que necesitaba los votos de CiU, ni por el Defensor del Pueblo (Álvarez de Miranda), sobre quien se ejerció todo tipo de presiones para que no presentara recurso de inconstitucionalidad.

El Estatuto aprobado en referéndum el 18 de junio de 2006 (por cierto, con una participación bajísima en las urnas) echa un par de paletadas más sobre el asunto: 1) "Todas las personas en Cataluña tienen el derecho de utilizar y el deber de conocer las dos lenguas oficiales". Se establece así la obligatoriedad dedominar el catalán para todas las personas que vivan en Cataluña y 2) "La lengua propia de Cataluña es el catalán. Como tal, el catalán es la lengua de uso normal y preferente de todas las administraciones públicas y de los medios de comunicación públicos en Cataluña, y es también la lengua normalmente utilizada como vehicular y de aprendizaje en la enseñanza".

Si esto no es una discriminación contra los castellanohablantes, que venga Dios y lo vea. Y por serlo es también una discriminación para los menos dotados económica y socialmente, los inmigrantes del resto de España y sus descendientes. Estamos ante una política que pretende tratarlos y los trata como extranjeros en su propio país. "Si un español emigra a Inglaterra, lo que ha de hacer es aprender el inglés" es un argumento que los catalanistas suelen exhibir para exigir a todo el mundo en Cataluña el uso del catalán. Se olvidan —y no por casualidad— que un andaluz en Inglaterra es un extranjero, pero cuando se desplaza a Cataluña no sale de su propia nación.

Las normas internacionales, por ejemplo, las de la Unesco, respecto a la enseñanza recomiendan una obviedad: los niños deben ser escolarizados siempre en su lengua materna. Es tan paradigmático como penoso anotar cómo notables pedagogos catalanes han sacrificado estas elementales normas en el altar de su catalanismo.

Pero no han sido sólo los pedagogos quienes han teorizado, practicado y ejecutado el ombliguismo catalanista. Muy representativos escritores también se han pronunciado en la misma dirección en lo tocante a la creación literaria. Veámoslo.

En el número de julio y agosto de 1977 —inmediatamente después de las primeras elecciones democráticas y en vísperas del debate constitucional- la revista Taula de Canvi, catalanista de izquierdas, planteaba una pregunta a una serie de intelectuales de indudable valía (Salvador Espriu, Manuel de Pedrolo, Joaquín Molas, Antoni Comas...).

El asunto se las traía desde la propia formulación de la pregunta, que era ésta:
"¿A los catalanes (de origen o radicación) que se expresen literariamente en lengua castellana hay que considerarlos como un fenómeno de conjunto que hay que liquidar a medida que Cataluña asuma sus propios órganos de gestión política y cultural?" (las negritas son mías).

Antes de considerar las respuestas ha de tenerse en cuenta que a ese fenómeno de conjunto pertenecían -y pertenecen- los hermanos Juan, José Agustín y Luis Goytisolo, Vázquez Montalbán, Carlos Barral, Juan Marsé, Eduardo Mendoza y un largo etcétera, amigos y compadres de quienes respondían así:

Salvador Espriu: "Espero y deseo que sí".

Manuel de Pedrolo: "No hemos de discutir a nadie el derecho a escribir en la lengua que quiera, pero nadie tiene derecho a convertir una lengua forastera en un arma de destrucción de la identidad del pueblo al cual pertenece o en el cual se inserta".

Antoni Comas: "Como hecho colectivo, como fenómeno de conjunto, hay que liquidarlo a medida que Cataluña recupere su autonomía".

Joaquín Molas: "Si las soluciones son las que deberían ser, los que utilizan la lengua castellana tenderían a desaparecer".
Entre tanto ardor guerrero y exterminador destaca, por extraña, una propuesta razonable:

Francesc Vallverdú: "La cultura catalana se puede manifestar y de hecho se manifiesta en diversas lenguas".

Tan tempranas y amenazadoras manifestaciones de catalanismo identitario y arrasador deberían haber puesto en guardia, al menos, a dos entes políticos: 1) a los inmigrantes llegados a Cataluña y, en general, a los castellanohablantes y a sus representantes políticos y 2) a los partidos de ámbito nacional. Pero todos prefirieron mirar para otro lado, pensando, quizá, que la sangre no llegaría al río, que tales posiciones radicales, como otras muchas de entonces, se atemperarían en el marco constitucional que ya se estaba elaborando. Mas, fuera como fuera, el hecho es que nadie -excepto algunas voces aisladas u otras pertenecientes al declinante franquismo- quiso señalar unos límites, al menos intelectuales, a semejante desbarre. Luego vino un largo periodo de ambigüedad manejado magistralmente por un político todoterreno como Jordi Pujol. Político de habilidades indudables y de temple moderado en todo menos en lo tocante a la cultura catalana, y muy especialmente en aquello que se refiere a la lengua catalana como principio y fin de la etnia, de la identidad nacional.

Dado que los artículos del nuevoEstatuto referidos a la obligatoriedad de la lengua catalana están recurridos ante el Tribunal Constitucional, conviene recordar aquí una sentencia de este Alto Tribunal; la del 26 de junio de 1986, cuando lo presidía Francisco Tomás y Valiente. En esa sentencia, contraria a la obligatoriedad de la lengua gallega, se lee lo siguiente: "Pues el citado artículo (el 3 de la Constitución) no establece para las lenguas co-oficiales ese deber (el de ser conocidas), sin que ello pueda considerarse discriminatorio". Será interesante comprobar si el actual TC -politizado hasta la náusea y escorado a favor del Gobierno- es capaz de sostener su propia jurisprudencia o si, por el contrario, nos suelta (como tememos todos) una de sus sentencias interpretativas que no son sin ni carne ni pescado, pero que siempre salvan la cara de quien manda. Una sentencia que bendiga la persecución de los castellanohablantes en Cataluña. Eso sí, con el aplauso de los charnegos redimidos: la señora Chacón y el señor Montilla a la cabeza.

La tan alabada -y no sin razones-Constitución de 1978 ha servido para muchas cosas y consiguió embridar unos cuantos caballos desbocados que habían galopado sin freno, como el de Atila, por las tierras de España en el próximo pasado. La Constitución, por ejemplo, enterró el guerracivilismo de ambos bandos, pero no consiguió meter a todos los equinos en el corral y algunos de quienes la aprobaron (como los nacionalistas catalanes) o se abstuvieron (como los nacionalistas vascos) -ya se ha comprobado-, no estaban dispuestos a ceder nada de su programa máximo. El propio texto constitucional se resiente de ello. Basta leer el Título VIII para darse cuenta. Un Título VIII que, por lo que se ha visto, vale lo mismo para un roto que para un descosido... y eso tratan de hacer los nacionalistas y sus imitadores: un descosido. •