Por José María Benegas

Entre los textos seleccionados en el temario que debían estudiar los alumnos para las recientes pruebas de acceso al departamento de Historia de la Universidad Pública Vasca se ha introducido la siguiente perla: "Euskadi, la nación vasca, por derecho natural, por derecho histórico, por conveniencia suprema y por su propia voluntad debe ser dueña absoluta de sus propios destinos para regirse a sí misma, dentro de la Ley natural (...) para conservar y robustecer la raza vasca, para restablecer los buenos usos y costumbres tradicionales". Este texto forma parte del documento de reunificación del PNV en 1930.

Como se puede observar, obedece al nacionalismo más rancio y recalcitrante. Euskadi es una nación por derecho natural. Adquiere la categoría de lo intangible, convirtiéndose en algo superior por encima de las contingencias humanas. Y ello es así por "conveniencia suprema", es decir, divina se entiende. Faltaría añadir que Dios era vasco y Adán y Eva nacieron en Arrigorriaga. La finalidad de la nación divina se concreta en fortalecer la "raza y el idioma". La ciudadanía no existe, la suerte de las personas y su grado de bienestar es irrelevante. Lo importante es la raza. ¿Cómo es posible que un texto de esta naturaleza forme parte del temario de acceso a la universidad en pleno siglo XXI?. Alguna finalidad tiene que tener su inclusión. ¿Qué se persigue con la misma?. Sin duda, fundamentar el derecho a decidir en el derecho natural.

****

En Cataluña, la cooficialidad cuesta dinero en al ámbito de la administración de Justicia, a los castellanoparlantes. Una vez planteada una demanda en castellano, contestada ésta en catalán por el Departamento de Salud de la Generalitat de Cataluña, y solicitada su traducción al castellano, en el supuesto de condena en costas, se incluye la minuta de los traductores. Es decir, en determinados supuestos el derecho a relacionarse con la Administración en cualquiera de los dos idiomas oficiales, en el ámbito de la justicia, los castellanoparlantes, si pierden el pleito, tienen que pagar la traducción que hace posible la efectividad de sus derechos. No sé qué es lo que ocurre en el supuesto de obtener la razón de los tribunales de justicia, pero en el caso de no alcanzarla, la minuta de los traductores se incluye en las costas.

Desde mi punto de vista, tal planteamiento es inconstitucional porque la cooficialidad en las comunidades que disponen de lengua propia diferente del castellano debe garantizarla y costearla la Administración, independientemente de que se gane o se pierda un pleito.

****

Supongamos por un momento que la consulta planteada por lbarretxe pudiera realizarse. Pues bien, en tal caso, el planteamiento seguiría siendo, desde mi punto de vista, aberrante, innecesario e inútil. Una de las preguntas que se quiere someter a consulta es: "¿Está usted de acuerdo con un final dialogado de la violencia si ETA manifiesta su voluntad inequívoca de poner fin a la misma de una vez y para siempre?". ¿Qué va a decir la inmensa mayoría de los ciudadanos?. Obviamente que sí. Esto lo sabemos antes de hacer la consulta. La segunda pregunta pretende consultar a los ciudadanos si están de acuerdo en que los partidos se pongan de acuerdo sobre el derecho a decidir del pueblo vasco. Obviamente, los ciudadanos siempre mostrarán su conformidad sobre un gran acuerdo de los partidos vascos sobre cualquier cosa. El problema no son los ciudadanos, la cuestión es que el lehendakari ni siquiera lo ha intentado durante estos cuatro últimos años y ahora quiere que se pronuncien los ciudadanos. En esta cuestión todos sabemos dónde estamos: Un acuerdo sobre el derecho a decidir sin ninguna limitación es imposible porque los partidos que defendemos la Constitución estamos vinculados por la misma. Un acuerdo sobre el derecho a decidir en el ámbito de nuestras competencias es innecesario porque ya lo tenemos y lo ejercitamos todos los días. El lehendakari vasco no quiere aceptar que vivimos en un mundo de soberanías limitadas y que la norma que marca hasta dónde puede llegar cada cual está en el imperio de la Ley. Lamentamos que el PNV no le haya pedido y explicado al lehendakari que un marco jurídico–político nuevo para el País Vasco sólo se puede alcanzar reformando el Estatuto de Gernika a través de los procedimientos legales establecidos. Todo lo demás conduciría a una sociedad, que tiene otro tipo de problemas, a un callejón sin salida. •

*Diputado del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso.