Los otros tres precedentes tuvieron como protagonistas al electorado holandés, al francés y, curiosamente y de nuevo, al irlandés. El 29 de mayo de 2005, el no se alzaba con el triunfo en el referéndum celebrado en Francia para la aprobación del Tratado para una Constitución europea. Otro tanto sucedía en Holanda, el 1 de junio de ese mismo año. La primera ocasión tenía como protagonistas a los votantes de Irlanda, que echaban por tierra el Tratado de Niza en 2001 –el vigente-. Sin embargo, un año después era ratificado.

Es posible que ésa sea la esperanza de muchos de los jefes de Estado y de Gobierno que acudían a Bruselas a celebrar la Cumbre Comunitaria el pasado 19 de junio. En ese sentido se habían expresado varios de los ministros de Asuntos Exteriores de varios países de la Unión en el encuentro preparatorio de la Cumbre que habían mantenido en Luxemburgo el 16 de junio, pero, sobre todo, lo que una gran parte de los cancilleres expresaba tras los resultados en Irlanda, era su decepción por lo sucedido, un cierto hartazgo de una normativa comunitaria que impone la necesaria unanimidad de todos los Estados integrantes de la UE a la hora de poder aplicar un nuevo tratado.

La predisposición de los encargados de las cuestiones foráneas en sus respectivos gobiernos, mayoritariamente apostaban por continuar con el proceso de ratificación previsto. El Reino Unido lo hacía el 18 de junio, tras pasar el preceptivo trámite en la Cámara de los Lores, no sin antes solventar una moción presentada por el grupo de euroescépticos del Partido Conservador, que pretendía retrasar la decisión cuatro meses. No lo conseguía. Sin embargo, aún queda el trámite judicial de dos reclamaciones, una, reclamando la celebración de un referéndum, y otra, recurriendo una ratificación después de que un país miembro haya votado en sentido negativo, lo que podría ser interpretado como ilegítimo, ya que la normativa comunitaria es clara al respecto.

No ha sido la última dificultad jurídica. El Parlamento checo enviaba semanas atrás el texto del Tratado de Lisboa a su Tribunal constitucional, que no está previsto que se pronuncie hasta el próximo mes de septiembre. Además, el presidente de la República Checa, Válclav Klaus, da por muerto el tratado: “Irlanda dijo claramente que no, y yo creo que los enfermos pueden resucitar, pero no los tratados”. Él mismo se ha ofrecido a redactar un nuevo texto para superar esta crisis, y someterlo a la ratificación.

También se esperan serios problemas en Polonia. Pese a que su Parlamento ya ha dado su aprobación, el presidente de la República, Lech Kaczynsky aún no ha estampado su preceptiva firma. De todos es conocida su feroz oposición al Tratado, aunque tendrá muy difícil negar su rúbrica, puesto que, de ese modo, caería de lleno en un supuesto de inconstitucionalidad.

Tras la reciente adhesión británica, todavía quedan siete Estados por ratificar el texto, en todos los casos, en sede parlamentaria. Se trata de Bélgica, República Checa, Chipre, España –se llevará al Congreso el próximo 26 de junio-, Holanda, Italia y Suecia.

Ante el problema presentado por Irlanda, la teoría de la Europa de dos velocidades ha vuelto a flotar en el ambiente, eso sí, sin que nadie se haya atrevido a plantearlo de modo abierto. Por si acaso, la canciller alemana, Angela Merkel, ha salido al paso poniéndose la venda antes de la herida: “Hoy por hoy carecen de sentido las especulaciones sobre escenarios alternativos de países que cooperan más estrechamente entre sí que otros”, aseguraba.

El presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durao Barroso, ha tratado de presionar al Gobierno irlandés en el sentido de la convocatoria de un segundo referéndum, una de las soluciones que casi todos manejan como única posibilidad de salvar los muebles. Nada más conocer los resultados, el pasado 13 de junio, Durao declaraba: “Aquí ha 19 países, incluyendo Irlanda, que se han expresado sobre el Tratado, y sólo ellos han dicho que no, por lo que si el resto de países lo ve necesario, creo que Irlanda debería llevar a cabo una segunda votación”.

Otras soluciones que se han ido mencionando han sido la de cambiar sobre la marcha la normativa de la unanimidad y sustituirla por otra que limite la necesidad sólo a dos tercios de los países, aunque esto provocaría ciertos problemas jurídicos. También se ha manejado la posibilidad de ofrecer a Irlanda la posibilidad de que el Tratado no afecte a algunos aspectos sensibles, como su neutralidad, o que pueda mantener el veto fiscal. Esta fórmula también les ha sido aplicada a Polonia y a Reino Unido.

En todo caso, los países de la UE llevan demostrando las enormes dificultades que encuentran para llegara a un nuevo acuerdo que siente las beses de las relaciones en una Unión muy ampliada –y que todavía crecerá más-. También se observa un creciente escepticismo entre la población, sobre todo, cuando se acaban de aprobar medidas tan radicales y alejadas de las tradicionales legislaciones garantistas de Europa, como la Normativa para el Retorno de los Emigrantes, también conocida como “Normativa de la Vergüenza”, que permite detener durante 18 meses a personas extranjeras indocumentadas y se eliminan muchos trámites para su expulsión; o como la norma que permitirá jornadas laborales de 65 horas semanales, leyes que permitirán a las compañías telefónicas cobrar al que recibe llamadas, o la persistencia de un Banco Central Europeo, cuyos gestores no han sido elegidos democráticamente, y que tienen la potestad exclusiva sobre la política de cambios y monetaria.

Puede que Europa se encuentre, de nuevo, ante otra oportunidad perdida.

E Irlanda dijo ‘no’

La vieja canción, el mismo cuento, la historia se repite, deja vù. El caso es que, una vez más, otro gran tratado europeo puede quedar aparcado por la oposición mayoritaria en algún Estado miembro de la Unión.

Cuando el pasado 19 de octubre de 2007 los jefes de Estado y de Gobierno de los 27 países miembros de la UE suscribían el Tratado de Lisboa, pensaban que esta vez sí podría ser. Se había puesto mucho cuidado en que los procesos de ratificación en cada nación se llevasen a cabo por vía parlamentaria, donde todo está mucho más controlado, todavía con el miedo en el cuerpo que dejaron las consultas sobre el Tratado para una Constitución en Europa en Francia y Holanda en la primavera de 2005.

Aparentemente, sólo quedaba un pequeño escollo, que se pensaba sería fácil de solventar: la Constitución de la República de Irlanda obliga a que este tipo de decisiones que implican tratados internacionales han de ser sometidas a referéndum. Curiosamente, el único Estado que tenía, imperativamente, que realizar una consulta popular, se ha convertido en el primer y grave inconveniente para que lo, en principio, acordado en Lisboa pueda ser finalmente aplicado.

El pasado 13 de junio, el 53,75 por ciento de los electores que participaron en la consulta introducían la papeleta del no en las urnas. 109.964 votos de diferencia que pueden, al final, resultar determinantes. La participación ha sido del 51,26 por ciento de un total aproximado de tres millones de electores.

La campaña electoral había sido especialmente dura. El Gobierno dirigido por Brian Cowen había solicitado insistentemente el sí de sus conciudadanos, con el apoyo de los partidos gubernamentales, el nacionalista Fine Gael, y el Laborista, pero los opositores, organizados en torno al grupo denominado Libertas, utilizaron una propaganda muy eficaz y agresiva, con eslóganes del tenor de “si no conoces el contenido, vota no”. Los detractores del Tratado de Lisboa –y lo son por razones bien distintas-, se ubican en la derecha y en la izquierda ideológica.

Al primer grupo pertenece el multimillonario Decían Ganley. Tras conocerse los resultados se mostraba muy satisfecho: “Es la tercera vez que los europeos rechazan la misma fórmula antidemocrática constitucional y emiten un claro mensaje de que no quieren transferir más poder a Bruselas”.

En el otro extremo, también en contra, aunque por motivos muy diferentes, se sitúa el Sinn Fein. Su carismático líder, Ferry Adams, consideraba que “Europa no ha muerto, pero el Tratado sí está muerto. La gente quiere una Europa social y democrática”. Algo parecido opinan en el Partido Socialista irlandés. El ex diputado Joe Higgings opina que “el resultado no es desastrosos, como nos quieren hacer creer. De hecho, podría servir para unir a los trabajadores europeos que sufren las políticas neoliberales de la Unión europea en términos de privatización de servicios, ataques a sus pensiones y al concepto de un trabajo y un salario digno”.

El primer ministro; Brian Cowen, no ha contenido su decepción durante todos los días que han transcurrido desde un revés en las urnas que, además, compromete su posición en un cargo al que ha accedido hace poco tiempo. No duda en reconocer que “es un resultado decepcionante para mí, y supone un retroceso tras muchos años de esfuerzos por parte de nuestros socios”, aunque se muestra absolutamente respetuoso con la decisión mayoritaria que ha arrojado la consulta. Por eso admite que “el pueblo ha hablado y respetamos su decisión”. Esta posición también la ha sostenido ante sus colegas en la Unión Europea, defendiendo la legalidad vigente. Cowen ha manifestado al resto de los dirigentes europeos que “está claro que si las cosas se quedan como están, el Tratado de Lisboa no puede ser ratificado. Ésa es la posición constitucional irlandesa”.

Del mismo modo, el Gobierno de Dublín se muestra abierto a recibir cualquier tipo de ayuda por parte de los Estados integrados en la Unión para poder desbloquear la situación. Cowen pedía: “Quiero que Europa contribuya a proporcionar algunas de las soluciones, en vez de que esto sea un problema exclusivo de Irlanda”.

El triunfo del no se ha fraguado, especialmente, en áreas agrícolas del país, también en las zonas que concentran los puertos pesqueros y en los barrios más pobres de las ciudades. Los agricultores irlandeses han intuido que las nuevas condiciones recogidas en el Tratado de Lisboa podrían dar lugar al inicio del desmantelamiento de la Política Agraria Común, y a la paulatina desaparición de las fuertes subvenciones que otorga la UE a sus productores agrícolas y ganaderos –no hay que olvidar que el 50 por ciento de todo el presupuesto comunitario, actualmente se dedica a este cometido-.

En cuanto al sector pesquero, su desencanto, tanto con las políticas nacionales, como con las de la Unión, viene de lejos. La crisis económica ha golpeado duramente a este sector de la población, y la disminución de las actuaciones proteccionistas que se adivina en el texto sometido a referéndum, podría haber constituido la causa del rechazo mayoritario expresado por este segmento productivo.

En cuanto a los grupos con menor poder adquisitivo de la clase obrera industrial, el no se ha hecho fuerte por el cambio en la correlación de fuerzas en el seno de la UE, que actualmente presenta una mayoría de gobiernos conservadores y de la derecha, que no apuestan por la aplicación de políticas sociales, y sí apuntan a la privatización de servicios básicos y al desarrollo de políticas inspiradas en el diseño neoliberal de la economía. Además, existe un temor extendido a que una de las principales consecuencias de la presente crisis económica mundial será la pérdida de muchos puestos de trabajo y la deslocalización de empresas que llevarían su capacidad de producción a los recién incorporados Estados del Este de Europa, donde los salarios son mucho más bajos.

La participación en este referéndum -51,26 por ciento- no ha sido especialmente baja, en comparación con otras citas similares anteriores. Desde los impulsores del sí al Tratado se ha considerado que si hubiese sido más alta, habrían tenido más posibilidades, pero los hechos no les dan la razón. Ha sido precisamente en las circunscripciones en las que la participación ha sido superior a la media nacional en donde los resultados han sido más adversos a la ratificación. La coalición gubernamental, perdedora en esta ocasión, también busca explicaciones en los miedos y en la falta de explicación suficiente de los contenidos del texto, que han podido ser interpretados como una amenaza al estatus de neutralidad en los conflictos que, tradicionalmente ha mantenido Irlanda, o a su particular sistema fiscal, que ha permitido la instalación de numerosas empresas en su territorio, y que ha resultado determinante para su notable desarrollo económico de los últimos años.

No es la primera vez que los ciudadanos de la República de Irlanda tumban con su voto la ratificación de un Tratado europeo. La consulta popular efectuada en 2001 para la ratificación del Tratado de Niza arrojó un resultado negativo, aunque sólo un año después, la misma pregunta fue realizada a los electores irlandeses, logrando una ajustada victoria en esa ocasión. En muchas cancillerías europeas se está pensando en repetir esa misma operación en este caso para poder desembarrancar la situación creada. La cuestión es que se puede convertir en un arma de doble filo. Un segundo referéndum, con el mismo resultado que éste –cosa nada improbable-, significaría la sentencia de muerte para el Tratado de Lisboa.

España y Francia, al rescate

Pese a que la orientación ideológica es distinta, de partida, en los sillones del Elíseo y de La Moncloa, las coincidencias en materia comunitaria entre el presidente francés, Nicolas Sarkozy, y el presidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, resultan más evidentes cada día. Tras la negativa cosechada en Irlanda a comienzos de la pasada semana, Sarkozy y Zapatero se han convertido en los principales defensores e impulsores de la continuación de los procesos de ratificación en los siete países en los que todavía no se ha producido.

Desde los gobiernos español y francés llegan las declaraciones más optimistas, que niegan a existencia de la crisis abierta por los electores irlandeses, y que siguen apostando por continuar con el guión previsto. “El Tratado de Lisboa no ha muerto”, proclamaba el ministro español de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, tras conocer las noticias que llegaban de Dublín. La decisión española de pelear hasta el último momento por la ratificación de Lisboa pasa por ejercer toda la presión posible sobre Irlanda. Moratinos daba su versión sobre lo que está sucediendo, el pasado 16 de junio, en cinco pasos: “Uno, el Tratado de Lisboa no está muerto; dos, no hay periodo de reflexión –en alusión al que sí se abrió entre los integrantes de la UE cuando se produjo el rechazo de los votantes franceses y holandeses al Tratado para una Constitución en Europa-; tres, hace falta expresar respeto y solidaridad con Irlanda; cuatro, los procesos de ratificación continúan, y cinco, los irlandeses nos ayudarán a encontrar la mejor vía para resolver esta cuestión lo más rápidamente posible”.

El presidente español, pese a mostrar su “respeto” por la decisión soberana de los ciudadanos irlandeses, tampoco ha ahorrado pressing sobre Dublín cuando se confesaba partidario, a pesar de lo sucedido, de “seguir avanzando” en el proceso de ratificaciones en los Estados que quedan, dando más importancia a que “la inmensa mayoría de los Estados lo hayan aprobado”, que a la negativa irlandesa. Zapatero era tajante cuando argumentaba que “tiene que respetarse la decisión de la mayoría de los europeos”.

Mucho menos sutil ha sido el presidente de la delegación socialista española en el Parlamento europeo, Enrique Barón. Nada más conocerse los resultados del referéndum en Irlanda, declaraba al diario Público: “Ya pasó con el Tratado de Niza en su momento, que Irlanda no aprobó y luego sí ratificó, pero lo que no se puede hacer es cambiarlo todo porque uno diga que no. Nadie debería excusarse en el no irlandés, y lo que debería hacerse es buscar las reglas adecuadas. (…) Cuando hay dos tercios de los Estados que ya han ratificado el Tratado, a estas alturas no podemos depender de lo que decida uno. Quizá, lo que debería hacer es replantearse su relación con la Unión Europea el que no quiera el Tratado”.

A esta posición también se suman desde las filas del Partido Popular. El portavoz del Grupo Popular en la Comisión Constitucional, Iñigo Méndez de Vigo, asegura que es “inconcebible que 500 millones de europeos estén dependiendo de la decisión de cuatro”, mientras que apuesta por acabar con el actual sistema que opera en la UE por el que es necesaria la unanimidad de todos sus miembros para la toma de grandes decisiones, que, para él está “obsoleto y es un anacronismo”.

Miguel Ángel Moratinos está dando la medida verbal de las intenciones del Gobierno español, dejando muy claro que, pese a que la actual normativa comunitaria exige la unanimidad de todos sus miembros para la aplicación de un Tratado, no se va a cejar en el empeño de que, en esta ocasión, tras el fracaso del intento de una Constitución en 2005, el Tratado de Lisboa se termine aplicando en su totalidad. El ministro de Exteriores asegura que “no estamos en una hecatombe, no hay crisis europea, no hay sensación de colapso de las instituciones ni del alma europea”.

El Gobierno de Sarkozy parece profesar el mismo entusiasmo europeísta que el español. A partir del próximo 1 de julio, Francia da el relevo a Eslovenia al frente de la presidencia semestral de turno de la Unión Europea. Antes del revés propinado por Irlanda, la presidencia francesa parecía predestinada a haber servido de preparadora de los ajustes necesarios para la aplicación del Tratado de Lisboa, cuya entrada en vigor estaba prevista, inicialmente, para el 1 de enero de 2009. Ahora nadie apuesta por el mantenimiento de esa fecha y Sarkozy sabe que su presidencia será menos lucida de lo esperado. Sin embargo, también ha decidido apostar fuerte por la continuación del proceso.

“No podemos condenar a Europa al inmovilismo; llevamos diez años de retraso”, aseguraba el inquilino del Elíseo a mediados de la semana pasada. En ese momento se ofrecía a visitar Irlanda “para ver qué condiciones son necesarias para apoyar el Tratado. En una reunión a la que había sido invitado por el Grupo de Visegrado (República Checa, Eslovaquia, Hungría y Polonia), sarkozy invitaba a “afrontar las consecuencias del no irlandés, sin dramatizar, pero sin minimizar tampoco”.

El ministro francés de Asuntos Exteriores, Bernard Kouchner, consideraba, en la línea de Moratinos, que lo sucedido “no es un drama ni un terremoto”.

El presidente francés también está desplegando sus estrategias en otros Estados de la Unión Europea sospechosos de remolonear a la hora de ratificar el Tratado, como la República Checa. El primer ministro, Mirek Topolanek, reconocido euroescéptico, al conocerse los resultados de las urnas en Irlanda había planteado abiertamente la interrupción del proceso de ratificaciones –la República Checa está entre quienes todavía no lo han hecho-, “la cuestión aquí es si, tras el no irlandés, es posible o legítimo seguir adelante con las ratificaciones”, se preguntaba Topolanek. Además, en su país, el Parlamento ha decidido enviar el texto del Tratado a su Tribunal Constitucional, para que se pronuncie acerca de posibles incompatibilidades con su propia Carta Magna, lo que obligaría, en caso de que existiese una voluntad mayoritaria de suscribirlo, a realizar las modificaciones pertinentes en el texto constitucional checo.

Nicolas Sarkozy ha ejercido toda la presión posible recordando que si no se termina aplicando el Tratado de Lisboa, no será posible realizar la ampliación de la Unión Europea que desea la República Checa, especialmente, con la inclusión de Croacia y del resto de los Estados balcánicos.

En un momento complicado, en el que, con las normas comunitarias en la mano, la aplicación del texto de Lisboa no puede realizarse, a menos que se produzca una ratificación unánime por todos y cada uno de los Estados integrantes de la UE –incluida Irlanda-, tanto Madrid como París están poniendo en marcha una estrategia que conduce a respetar los plazos previstos, obviando lo acontecido en la República irlandesa, a la espera de que, entre tanto, se pueda hallar una solución de compromiso que permita minimizar los retrasos y evitar un nuevo fracaso de un tratado, en principio, suscrito en otoño pasado por todos los jefes de Estado y de Gobierno de los 27 países miembros de la Unión.

La estrategia puede dar resultado o fracasar, porque para conseguir la aplicación de los acuerdos de Lisboa es imprescindible la ratificación de Irlanda. Desde ya, todos los gobiernos comunitarios están buscando la fórmula. l

 

LOS HITOS DE LA UNIÓN EUROPEA

18 de abril de 1951. La República Federal de Alemania, Bélgica, Italia, Francia, Holanda y Luxemburgo firman el tratado para la creación de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero (EFTA, en sus siglas en inglés)

25 de marzo de 1957. Nace la Comunidad Económica Europea (CEE) y la Comunidad Europea para la energía Atómica (EURATOM), suscritas ambas por los seis países anteriores.

1 de enero de 1973. Ingresan en la Comunidad Económica Europea Dinamarca, Irlanda y Reino Unido.

Julio de 1978. Se crea el Sistema Monetario Europeo y se da luz verde al ECU como futura moneda común a todos los países miembros.

1 de enero de 1981. Grecia se incorpora a la CEE.

1 de enero de 1986. España y Portugal, nuevos miembros de la Comunidad Económica Europea.

17 de febrero de 1986. Los países miembros suscriben el Acta Única Europea, que reforma el original Tratado de Roma. La CEE cambia de nombre y se denomina Comunidad europea.

7 de febrero de 1992. Los doce miembros suscriben el Tratado de Maastricht que coordina criterios sobre política exterior, Justicia e Interior y unión económica y monetaria.

1 de enero de 1993. Se establece la libre circulación por todo el territorio comunitario de mercancías y capitales, mediante el denominado Mercado Único Europeo.

1 de enero de 1995. Austria, Finlandia y suecia ingresan en la Unión Europea.

2 de octubre de 1997. Los Quince firman el Tratado de Amsterdam, por el que se modifica el de Maastritch. Entra en vigor el 1 de mayo de 1999.

26 de febrero de 2001. Los socios comunitarios suscriben el Tratado de Niza, que modifica la distribución y la adjudicación de diputados en el Parlamento Europeo para cada Estado.

1 de enero de 2002. La moneda única, el euro, entra en circulación en 12 de los 15 países de la Unión.

Junio de 2003. La Convención Europea presenta públicamente el proyecto de Constitución Europea.

Diciembre de 2003. España y Polonia vetan el sistema de doble mayoría incluido en el proyecto de Constitución, exigiendo que se mantenga lo establecido en el Tratado de Niza.

1 de mayo de 2004. Se incorporan diez nuevos Estados a la Unión Europea: República Checa, Chipre, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Malta y Polonia.

Junio de 2004. La Unión europea adopta formalmente el sistema de Doble Mayoría, en el que se tienen en cuenta a los países –el 55 por ciento-, y a la población -65 por ciento-.

29 de octubre de 2004. Los jefes de Estado y de Gobierno de los Veinticinco suscriben en Roma el Tratado para una Constitución en Europa.

29 de mayo de 2005. La mayoría de los electores franceses vota no a la ratificación del Tratado constitucional en un referéndum.

1 de junio de 2005. La mayoría de los ciudadanos holandeses rechaza en referéndum el Tratado para una Constitución en Europa.

1 de enero de 2007. Bulgaria y Rumanía ingresan en la Unión Europea.

25 de marzo de 2007. Los 27 países miembros suscriben la Declaración de Berlín, en la que se reafirman en los principios de la Unión, coincidiendo con el 50 aniversario de su creación.

22 de junio de 2007. La Cumbre de la UE en Bruselas da luz verde a la negociación de un nuevo tratado de menor alcance que el proyecto de Constitución.

19 de octubre de 2007. Los jefes de Estado y de Gobierno de los 27 países miembros suscriben el Tratado de Lisboa.

13 de junio de 2008. Irlanda rechaza en referéndum el Tratado de Lisboa.

 

LOS PRINCIPALES CAMBIOS DEL TRATADO DE LISBOA

La Unión Europea contará con personalidad jurídica propia.

Se reconoce la capacidad de las naciones de abandonar la UE

Se instaura la figura del presidente de la UE, elegido por un periodo de dos años y medio, con la posibilidad de una sola renovación.

Se instaura la figura del Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, con rango de vicepresidente de la Comisión Europea.

Desaparición de la posibilidad de veto de los Estados sobre 40 ámbitos, entre los que se encuentran las políticas de inmigración y asilo, y la cooperación policial y judicial.

Desaparición de la Carta europea de Derechos Fundamentales.

Iniciativa legislativa popular con un mínimo de un millón de firmas.

Creación de un mecanismo de cooperación policial y judicial.

Reducción del número de miembros de la Comisión Europea. Se pasará de los 27 actuales (uno por país miembro) a un máximo de dos tercios del número de Estados miembros, a partir de 2014.

Incremento de la capacidad legislativa del Parlamento Europeo.

Nuevo sistema para establece una mayoría cualificada para la toma de decisiones. Aplicación de la Doble Mayoría (55 por ciento de los Estados y 65 por ciento de la población) a partir de noviembre de 2014.