Las fuentes de ingresos de las entidades locales y un sistema permanente que garantice un suministro suficiente de fondos, ha sido uno de los temas pendientes desde el retorno de la democracia, en 1978. La famosa “segunda descentralización”, sobre la que casi todos los partidos políticos han teorizado durante muchos años, nunca ha llegado a sustanciarse. Ahora, aprovechando que ya está abierta la espita de las negociaciones para el nuevo modelo de financiación autonómica, los ayuntamientos, a través de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), han forzado la máquina para que también se revise el cómo y el cuándo de sus ingresos. A mediados de la pasada semana, el Senado aprobaba, por gran mayoría, una moción que, literalmente, vincula ambas financiaciones, lo que no ha dejado muy satisfechas a buena parte de las formaciones nacionalistas. En lo que todas las partes sí se han mostrado de acuerdo es en que los servicios prestados por los ayuntamientos equivalen al 30 por ciento de la inversión pública, y sólo reciben el 13 por ciento de los presupuestos, lo que aboca a una situación inviable.

Por Antonio Sarrión

No podemos dejar pasar esta oportunidad”, afirma la alcaldesa de Córdoba, Rosa Aguilar, de Izquierda Unida. “El Estado no puede mirar hacia otro lado”, sostiene el concejal de Hacienda del Ayuntamiento de Madrid, el popular Juan Bravo. “Hemos despertado un caudal de ilusiones en el municipalismo, y no vamos a defraudar”, proclama Pedro Castro, alcalde socialista de Getafe (Madrid) y presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).

Todos ellos coincidían el pasado 4 de junio en la presentación del libro auspiciado por la FEMP, La financiación local en España: radiografía del presente y propuestas de futuro, elaborado por un grupo de profesores universitarios, en el que se establecen las líneas maestras de la histórica reivindicación de los municipios españoles, especialmente, en materia de financiación. El texto plantea la posibilidad de incrementar los márgenes para la subida de los impuestos exclusivamente municipales, la participación en la fiscalidad estatal y la creación de un fondo de nivelación para paliar las diferencias entre distintos municipios con diferente capacidad recaudatoria. Todos a la búsqueda de una solución que acabe con la dependencia de la gestión del suelo como principal fuente ingresos de los consistorios españoles.

En esa fecha ya se conocía la intención del Partido Socialista de presentar pocos días más tarde –el 10 de junio– una moción en el Senado en la que se daba satisfacción a una de las principales reivindicaciones de la FEMP: la vinculación teórica y práctica del nuevo modelo de financiación de las comunidades autónomas con la financiación de los entes locales. También se conocía la posición favorable de la principal fuerza de oposición, el Partido Popular y, por tanto, que el texto saldría aprobado por amplia mayoría.

Y es que, mientras que los partidos sostienen grandes diferencias en determinados asuntos, la financiación autonómica ya nos ha mostrado estos meses pasados que los acuerdos entre comunidades gobernadas por partidos de distinto signo son posibles, y también el enfrentamiento entre otras a cuya cabeza se encuentran políticos del mismo partido, pero en diferentes zonas geográficas.

En el caso de los municipios, esta paradoja es aún mucho más evidente. Como se comprobaba al principio, destacados dirigentes de las tres grandes formaciones nacionales compartían posición ante la financiación de los ayuntamientos que se avecina. Lo que sucede, es que este interés choca con el de algunas comunidades autónomas, como la catalana, la gallega o la andaluza, que se encontraban inmersas ya en una negociación para hablar de sus dineros, y con una fecha límite de compromiso para alcanzar los acuerdos pertinentes, el próximo 9 de agosto. En estas comunidades no se ve con buenos ojos que la moción triunfante en el Senado mandate al Gobierno para que la negociación de las cuentas públicas de las comunidades y de los entes locales sea mutuamente vinculante, puesto que creen que las conversaciones pueden complicarse –lo que llevaría a inevitables retrasos, no deseados- y, sobre todo que, a mayor dotación para los municipios, menor reparto para las autonomías.

Sin embargo, incluso dentro de una misma comunidad y de un mismo partido, las posiciones están encontradas. Un ejemplo está en el seno del Partit Socialista de Catalunya (PSC), cuya posición oficial –y así se plasmaba en su programa electoral- era contraria a la vinculación de ambos procesos, pero que tiene en su seno un buen número de alcaldes que sí han apoyado con firmeza lo aprobado por la Cámara Alta la pasada semana.

Algunas comunidades autónomas ya habían expresado abiertamente su apoyo a la reivindicación de vinculación hecha por la FEMP. La primera de todas había sido Asturias, pero después han sumado su respaldo Castilla-La Mancha, Canarias y Extremadura, aunque esta última, con matices, ya que su presidente, Guillermo Fernández Vara, a pesar de prestar su apoyo, consideraba a finales de mayo que ahora “no es buen momento”, debido a la situación económica general.

El Partido Popular, que ha propuesto un gran pacto de Estado para la normalización de la situación en los municipios, ha apoyado la exigencia de la FEMP de formar parte del Consejo de Política Fiscal y Financiera, con voz y con voto.

Otras formaciones han ido más lejos. Izquierda Unida ha realizado una propuesta para que los municipios perciban el 33 por ciento del gasto público, frente al 13 por ciento que perciben actualmente en su conjunto.

La Federación Española de Municipios y Provincias viene denunciando desde hace varios años una situación que consideran injusta. Los ayuntamientos vienen haciéndose cargo de multitud de servicios que no entran entre sus competencias; colegios, atención a dependientes, seguridad, protección a las víctimas de violencia de género. Según sus cálculos –admitidos como válidos por todos los interlocutores–, dedican una media del 27 por ciento de los presupuestos municipales a atender estos servicios que, en teoría, correspondería prestar a otras administraciones –estatal o autonómica–. Han tasado esta diferencia en unos 7.000 millones de euros al año.

El presidente de la FEMP, Pedro Castro, en alguna ocasión ha llegado a amenazar con plante de los consistorios a la hora de prestar estos servicios impropios, y asegura que esto supondría que los ciudadanos se quedarían sin un 40 por ciento de estas prestaciones. Castro, entre otras muchas responsabilidades por la situación de máximo endeudamiento de los ayuntamientos, culpa a las comunidades autónomas que “están cogiendo recursos económicos para servicios que no prestan y que los hacemos nosotros, y encima, no nos lo dan”. La solución para ellos es la creación de un instrumento público con el que, desde la Administración Central se dirija el dinero directamente a la Administración que preste los servicios. Acumulados en los años, los alcaldes españoles también advierten de la existencia de otra deuda histórica –por las diferencias entre los servicios prestados y las dotaciones económicas para ello– de unos 70.000 millones de euros.

La FEMP ha elegido para la negociación con el Estado a una comisión política integrada por dos alcaldes del PSOE, dos del PP y uno de Izquierda Unida, que ya han mantenido varias reuniones previas con el secretario de Estado de Hacienda, Carlos Ocaña. En un primer encuentro, los municipios acudían con una propuesta de máximos. La FEMP consideraba necesario que se garantice que los ayuntamientos reciban “automáticamente” sus ingresos cuando el Estado los transfiera a las comunidades autónomas, sin esperar a que sea el Gobierno de la comunidad quien les realice los pagos. Al igual que el planteamiento de IU, reivindicaban un 33 por ciento del gasto público.

Ignacio ropero, portavoz socialista en la Comisión Ejecutiva de la FEMP apunta a que “lo lógico es que la cesión de tributos –a los municipios– se repartiera en un 50 por ciento entre el Estado y las comunidades autónomas”. El secretario de Estado de Hacienda, tras la primera reunión, a finales del pasado mes de mayo, apuntaba a un acuerdo en un plazo relativamente corto de tiempo “si todos somos razonables”.

Al día siguiente se reunía la comisión Ejecutiva de la Federación Española de Municipios y Provincias, que volvía a quejarse: “La parte más importante de los gastos recae en los ayuntamientos, mientras que los recursos para financiarlos se quedan en las comunidades autónomas”, pero decidía rebajar el nivel de sus reivindicaciones en busca de un acuerdo posible. El acuerdo de la Comisión incluía efectuar la propuesta de que los 7.000 millones de euros que los ayuntamientos contabilizan como gastos impropios – los servicios ciudadanos que prestan sin tener competencias ni presupuesto asignado- sean asumidos en un tercio por cada una de las tres administraciones, la central, la autonómica y la municipal. De este modo, los entes locales harían frente cada año a 2.300 millones de euros por este concepto, en lugar de los 7.000 actuales. Es lo que Pedro Castro calificaba como “corresponsabilidad fiscal” de los ayuntamientos españoles.

La contrapartida que la FEMP solicita es el incremento de la participación de los municipios en los ingresos fiscales del Estado y en el de las tasas cedidas a cada una de las comunidades autónomas, y se mantiene la petición de la creación de ese instrumento estatal que permita la transferencia directa de fondos desde el Estado hacia los consistorios sin tener que pasar necesariamente por la mediación de las comunidades autónomas.

Una de sus máximas reivindicaciones, también llevada a la segunda reunión, que la negociación para la reforma de la financiación local fuera “simultánea y vinculante” con la autonómica, ya la han conseguido el pasado 10 de junio, al quedar certificada en el Pleno del Senado.

Tras estos encuentros, el secretario de Estado de Hacienda, Carlos Ocaña, mostraba su optimismo ante un acuerdo definitivo: “Las expectativas son las mismas que para la reforma de la financiación autonómica”.

Y así será, porque por mandato del Legislativo, a partir de ahora, ambas son vinculantes.

EL PROTAGONISMO DEL SENADO

El Senado insta al Gobierno a impulsar un gran acuerdo político que, dirigido al fortalecimiento de los servicios públicos locales, avance en una reforma más estructurada del sistema de financiación local. Reforma que, vinculada a la del sistema general de financiación autonómica, y dirigida a profundizar en la consecución de una financiación suficiente de tales servicios públicos, sirva de base para la aprobación de una nueva ley de financiación en este ámbito”. De este modo, con la moción que la Cámara Alta aprobaba el pasado 10 de junio, se han sentado las bases para una nueva ley que determine los modos de financiación de los ayuntamientos españoles, en un proceso de negociación que habrá de darse de modo simultáneo y directamente relacionado con la financiación autonómica, que ya lleva tratándose entre el Estado y las comunidades autónomas desde hace varios meses. Este tipo de mociones resultan de imperativo cumplimiento para el Ejecutivo.

La decisión tomada por el Senado apenas encontraba oposición. Recibía 231 votos favorables por sólo siete en contra, y dos abstenciones. La iniciativa había sido presentada por el Partido Socialista, aunque existían pocas dudas acerca de su éxito en la tramitación parlamentaria, ya que la posición favorable del principal grupo de la oposición, el Partido Popular, era conocida desde hace mucho tiempo. De hecho, resultaba más llamativa la postura de los socialistas, porque, en cierto modo, contradecía el contenido de su programa electoral, en el que planteaba que la reforma de la financiación local, aunque habría de ser abordada con la mayor prontitud posible, quedaba desvinculada de la otra reforma de financiación, la de las comunidades autónomas.

De hecho, pese al apoyo sin fisuras al texto socialista, los representantes del PP no desperdiciaron ninguna ocasión para recordar al partido del Gobierno que el sentido de esa iniciativa sí estaba recogido en su programa electoral, y que ya habían intentado presentar mociones similares durante la pasada legislatura, sin haber obtenido el respaldo de los que, en este asunto, se han convertido en sus inesperados socios.

Juan Pablo Sánchez, portavoz de la formación conservadora en la comisión de Entidades Locales, además de manifestar su optimismo, también confesaba su “perplejidad” ante el posicionamiento del Partido Socialista. Al respecto, recordaba Sánchez diversas iniciativas de contenido cercano a ésta que su grupo había impulsado durante la pasada legislatura, muy especialmente la que defendían en 2004 para instar al Gobierno a informar a la comisión de Entidades Locales acerca de las intenciones sobre un pacto de Estado para la financiación municipal y la promoción de una negociación multilateral en la que participaran el Ejecutivo, las comunidades autónomas y la Federación Española de Municipios y Provincias.

A pesar del amplio nivel de acuerdo en esa ocasión, el parlamentario del Partido Popular insistía en su “desconfianza” hacia el presidente, José Luis Rodríguez Zapatero, a quien acusó de incumplimiento de un compromiso anterior. Recordaba Juan Pablo Sánchez que en 2005, durante una sesión de control al Gobierno en la Cámara Alta, Zapatero había asegurado que llevaría al Ministerio de Administraciones Públicas la propuesta de establecer un calendario de negociaciones para lograr un nuevo modelo de financiación local, y que no llevó a cabo.

En la argumentación de esta moción, la portavoz socialista, Carmela  Silva, indicaba que después del proceso de descentralización experimentado por nuestro país en las dos últimas décadas, especialmente en lo referente a las comunidades autónomas, ahora nos encontramos ante otro escenario “un escenario novedoso en el que las reformas estatutarias y la inminente reforma del sistema de financiación autonómica atraen también a primer plano las necesidades locales de financiación a fin de que los ayuntamientos puedan seguir garantizando su capacidad de atender a todos los ciudadanos y acentuando la calidad de los servicios prestados”.

Recordaba la senadora socialista las mejoras en este campo que se habían producido durante los cuatro años anteriores, en los que las transferencias derivadas del  modelo de financiación local alcanzaban un incremento acumulado, respecto de 2004, de un 33,9 por ciento, aunque reconocía que quedaba un margen razonable de mejora. En alusión a lo expresado por Juan Pablo Sánchez, recordaba Carmela Silva que la Ponencia de estudio sobre financiación local se había constituido en noviembre de 2005, y que su informe no había sido aprobado hasta diciembre de 2007, pero, eso sí, conteniendo “la exigencia de un pacto de Estado en el que sean parte el Gobierno de la Nación, las comunidades autónomas, los entes locales y todas las fuerzas con representación parlamentaria”.

Del mismo modo, la portavoz socialista hacía hincapié en el papel del Senado en esta cuestión, ya que se trata de la Cámara de Representación Territorial, una cámara “que siempre se ha mostrado sensible a la realidad local de nuestro país y a sus necesidades de financiación”.

Al final de la exposición aparecía la razón por la que la mayoría de las formaciones nacionalistas periféricas se acaban oponiendo a la aprobación del texto. Se recordaba que la reforma que ahora comenzaba a dar sus primeros pasos se requería, de modo especial, de una coordinación especialmente intensa, de lo que en la moción se denomina “vinculación”, cuando se proceda al debate de la financiación de las comunidades autónomas, lo que implica que aún respetando escrupulosamente la distribución de competencias y el espacio de negociación que corresponde a las autonomías, siempre se han de tener en cuenta los intereses de las haciendas locales, contemplando en qué medida un sistema de financiación (el autonómico) puede afectar al otro (el municipal).

No todas las formaciones nacionalistas se oponían a la moción presentada por el Partido Socialista. El Partido Nacionalista Vasco otorgaba su voto favorable, pese a que, debido al concierto económico entre el Estado y esta Comunidad Histórica –situación excepcional que sólo afecta al País Vasco y a Navarra-, lo debatido en la Cámara Alta apenas afecta a Euskadi, aunque argumentaban razones de “solidaridad” con los municipios en la explicación de su posicionamiento. La portavoz del PNV en este debate, la senadora Miren Lore Leanizbarrutia explicaba que el apoyo de su formación estaba basado en el “principio de subsidiariedad” y en su convicción de “promover un gobierno local más participativo y transparente”, aunque tampoco se olvidaba de señalar el favor hecho al Ejecutivo, recordando que su partido esperaba ser correspondido por el Grupo Socialista en el Parlamento Vasco a la hora de aprobar su Ley autonómica de Municipalidad.

Quienes se mostraban más satisfechos por la moción aprobada en el Senado eran los representantes de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), que habían conseguido que su reivindicación de ligar de modo vinculante la negociación del nuevo modelo de financiación autonómica con la financiación local, se cumpliera por completo. El presidente de la FEMP, el alcalde socialista de Getafe, Pedro Castro, juzgaba lo aprobado en la Cámara Alta como “un paso determinante, sin vuelta atrás”.

De todos modos, el actual equilibrio de fuerzas en el Senado permite augurar ciertos apuros más adelante para el partido en el Gobierno. A falta de pactos estables, por el momento, la alianza entre los escaños del Partido Popular y los de Convergencia i Uniò pueden representar mayoría, a menos que sumaran sus fuerzas el resto de los grupos. Como ejemplo de esta situación inestable, en el mismo pleno en que resultaba aprobada por aplastante mayoría la moción socialista sobre financiación local, también se daba luz verde a otras dos mociones. Una impedirá que la tarifa eléctrica suba por encima del Índice de Precios al Consumo (IPC), mientras que la otra incluye una serie de medidas propuestas por el PP en materia de política de empleo. En ambos casos, estas mociones también resultan de obligado cumplimiento para el Gobierno.

RAZONES PARA OPONERSE AL CAMBIO

La moción presentada por el Partido Socialista ante el Senado, el pasado 10 de junio, por la que el Gobierno de la Nación queda comprometido a llegar a un acuerdo político en materia de financiación autonómica y local, quedando ambas vinculadas, pese a obtener un respaldo masivo, podría ocasionar más problemas internos al propio PSOE que al resto de los grupos representados en la Cámara Alta.

Mediante un acuerdo que ya tiene muchos años, los candidatos a senadores del Partido Socialista Catalán, de Esquerra Republicana de Catalunya, y de Iniciativa per Catalunya-Els Verds, concurren juntos a las elecciones bajo la denominación de Entesa Catalana de Progrès. Se da la circunstancia de que en el propio programa electoral del PSC, al igual que en el del PSOE, la financiación local aparecía desligada de la autonómica, al igual que sucede con los casos de ERC y de IC-V. En esta ocasión, los senadores del PSC resistían el envite –también producto de la presión de numerosos alcaldes de esta formación, firmes partidarios de la fórmula ahora acordada-, pero no así los adscritos a Esquerra o a Iniciativa, que abandonaban el Hemiciclo antes de la votación para no tener que pronunciarse y evitar un conflicto en la otra negociación que ya se está llevando a cabo, la de la reforma de la financiación autonómica.

Con todo, no era ésta la oposición más visible a la moción vinculante. En un intento de conseguir un acuerdo unánime, Convergencia i Uniò presentaba una enmienda a la moción, en la que intentaba desligar la mutua influencia entre ambas financiaciones que quedaba certificada en el texto socialista; incluso concediendo que ese punto era el único de discrepancia seria con todo lo planteado. El senador Joan Maria Roig i Grau exponía: “No estamos de acuerdo con vincular la financiación autonómica, la de Cataluña, vinculada a un Estatut que es ley, y a la de los municipios”.

En CiU reconocen sin ambages la necesidad de aumentar la dotación económica de los ayuntamientos de todo el Estado, ya que no se discute la razón argumentada por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) de que los entes locales acaban haciéndose cargo de multitud de tareas, que no están recogidas entre sus competencias, y por las que no obtienen financiación alguna de ninguna fuente, pero están seguros de que la vinculación entre ambos procesos negociadores (financiación autonómica y financiación local) perjudicará claramente la posibilidad de acuerdos con las comunidades autónomas, cuyos primeros pasos negociadores ya se han iniciado.

El senador Joan Maria Roig i Grau aseguraba que “hay un argumento de verdadero peso en la presentación de esta enmienda que deseamos que prospere, y es la ley, es el Estatut de Catalunya que otorga competencias a la Generalitat, a partir de los artículos 218.2 y 219.2. Queremos que el Govern de la Generalitat tenga capacidad para negociar una buena financiación, y defendemos que lo haga a partir de la bilateralidad que propone el Estatut. ¿Creen ustedes que el día 9 de agosto, como es obligatorio, habrá una propuesta de financiación de Cataluña que se ajusta al Estatut, si además introducimos el debate sobre financiación local? Lo dudamos. No quiero pensar que precisamente se pretenda introducir el debate sobre financiación local para retrasar el acuerdo de financiación que prevé el Estatut”.

Los nacionalistas catalanes, pese a recordar que estaban de acuerdo “con la música, pero no con la letra” de la moción socialista, avisaban de que no podrían votarla a favor si no se admitía su enmienda desvinculante. Y así lo hacían. Incluso en el posterior turno de Portavoces, una vez concluida la votación y conocidos sus resultados, el senador de CiU llegaba a realizar la propuesta de que el IVA fuera recaudado directamente por los ayuntamientos, así como la participación directa de los entes locales en otro tipo de impuestos.

Algo similar se producía con los nacionalistas gallegos. El senador Xose Manuel Pérez Bouza, del Bloque Nacionalista Galego, exigía la desvinculación de las negociaciones para la reforma de la financiación local de las de la autonómica y, además, planteaba abiertamente varios de los términos que, a su criterio, debían contemplarse a la hora de abordar los cambios que van a afectar a los municipios.

Según el BNG, la financiación local debería abordar, entre otras, las siguientes cuestiones: modificar el actual sistema de participación en los ingresos del Estado, propiciando la integración plena de la transferencia de la Participación de Ingresos del Estado (PIE) en los presupuestos de las comunidades autónomas e incrementando su cuantía, teniendo en cuenta el mayor coste de los servicios derivado de la superficie territorial de la dispersión de los núcleos y del envejecimiento de la población –esta es una reivindicación que afecta muy directamente a las características poblacionales de la Comunidad gallega-; creación en cada comunidad autónoma de un fondo de financiamiento local que aglutine tanto la transferencia de los PIE, como la participación en los ingresos de las comunidades autónomas; mantenimiento del Fondo de Compensación Interterritorial en cada comunidad autónoma destinado a los ayuntamientos con menos recursos, para paliar los desequilibrios que puedan surgir entre éstos y aquellos que tienen mayor capacidad presupuestaria; reconocimiento del principio de que toda nueva atribución de competencias a los entes locales deberá ir acompañada de la correspondiente asignación de recursos que cubra su coste efectivo; y, por último, fortalecer la capacidad y la eficacia recaudatoria de los ayuntamientos.

Aunque el elemento de máxima coincidencia con los planteamientos de los nacionalistas catalanes se encontraba en su oposición a la vinculación entre la financiación de entes locales y autonómicos. Pérez Bouza afirmaba ante el plenario del Senado: “Pero en ningún caso, a juicio del BNG, este acuerdo debe vincularse con el pacto de financiación autonómica; bastante complejo y laborioso va a resultar conseguir un acuerdo que satisfaga a todas las partes, con respeto a la modificación del sistema de financiamiento económico para vincular este proceso - que, por cierto, significa hacer que una cosa dependa de la otra- a la necesaria negociación de la mejora del financiamiento de la Administración Local”.

Otra oposición, tal vez más rotunda, en la que la vinculación o no entre ambas financiaciones no parecía ser el objeto de la disputa era la del senador del Partido Socialista Mallorquín, Pere Sampol i Mas. El representante en el Senado de esta formación política cuestionaba el modelo en sí y planteaba una estructura federal que evitase la duplicidad de las competencias y, por tanto, de los gastos. Según su criterio,  “que las comunidades autónomas crezcan económica y competencialmente y que el Gobierno central reduzca sus competencias y su presupuesto no supone una desmembración del Estado, sino una organización más federal, la cual se ha mostrado más eficaz que un sistema centralizado. Lo que es ineficaz es la coexistencia de dos modelos, lo que solo lleva al despilfarro, a la arbitrariedad a la confusión y al enfrentamiento”.

Pese a las diferencias expresadas por algunos grupos, en las intervenciones de todos los portavoces ante la Cámara Alta resaltaba la coincidencia en que el actual modelo de financiación de las entidades locales resulta completamente insuficiente para que los ayuntamientos puedan hacer frente a los nuevos retos, como la aplicación de la Ley de Dependencia o el crecimiento masivo de las poblaciones debido al incremento de la inmigración, tanto de fuera, como del interior de la Unión Europea, como es el caso de numerosos pueblos y ciudades en las comunidades balear y canaria.

LOS NÚMEROS DE LOS MUNICIPIOS

Déficit anual por prestación de servicios sin competencias        7.000 millones euros

Deuda histórica acumulada por este concepto                       70.000 millones euros

Gasto público a cargode los ayuntamientos                                           30 %

Gasto público destinado a los ayuntamientos                                        13 %

 

Y ELENA SALGADO CUMPLIÓ SU PALABRA

Corrían tiempos preelectorales, a comienzos de febrero de este año. La que en esos momentos era ministra en funciones de Administraciones Públicas y candidata al Congreso por Cantabria, hacía la promesa de poner en marcha un nuevo sistema de financiación de los entes locales al mismo tiempo que el de las comunidades autónomas y, además, aseguraba que se haría al comienzo de la siguiente legislatura, en caso de repetirse una victoria del Partido Socialista.

Era el 3 de febrero de este año, y comunicaba esta intención durante un acto en Potes (Cantabria) ante una nutrida representación de alcaldes del PSOE y del Partido Regionalista de Cantabria de las comarcas de Saja-Nansa y Liébana. Manifestaba entonces la ministra que “es difícil hablar de un nuevo sistema de financiación autonómica si al mismo tiempo no se aborda la financiación local”, por lo que prometía que esa “actuación conjunta” sería desarrollada “en el menor tiempo posible”, en el “comienzo de la próxima legislatura”.

Argumentaba esta necesidad aludiendo a los cambios profundos que se habían producido en el país durante los últimos años, tanto en lo que hace referencia a las modificaciones en la distribución e incremento de la población, como a las nuevas necesidades de esa población, haciendo referencia no explícita al desarrollo de la Ley de Dependencia, cuyos efectos se producen, precisamente, en los municipios.

La moción aprobada el pasado 10 de junio en el Senado, no se corresponde exactamente con lo que, al respecto proclamaba el Partido socialista en su programa electoral, en el que dejaba claro que las negociaciones para la nueva financiación autonómica no deberían estar necesariamente relacionadas con las que habrían de llevarse a cabo para conseguir también una nueva forma de aportar ingresos a los municipios españoles. Pese a ello, la celeridad con la que ha sucedido, de alguna manera ha permitido a Elena Salgado cumplir con la palabra dada.

Ahora sólo es necesario que el “gran acuerdo político” que debe impulsar el Gobierno cuente con los apoyos necesarios para sacar adelante la propuesta.