La crisis no tienen que pagarla los de siempre

Por Joan Tardà i Coma*

Si hace un par de años no se hubiera aprobado la actual Ley de Estabilidad Presupuestaria para acabar con el principio rector del déficit cero del PP, ahora no hubiéramos estado en condiciones de afirmar que la actual crisis económica no la iban a pagar los sectores más desfavorecidos. Pero se hicieron los deberes a tiempo y, gracias a la ley, con un crecimiento inferior al 2 por ciento se permite el endeudamiento del conjunto de las administraciones públicas. Pero como quiera que el Gobierno español –¡nunca lo van a reconocer!– ha convertido dicha posibilidad en un absurdo sinónimo de debilidad política, no le ha quedado otro remedio que, hecha la ley, hacer la trampa. Y a ello ha dedicado esfuerzos y publicidad. En consecuencia, ha enfatizado sus previsiones en cuanto al crecimiento fijándolo por encima del 2 por ciento, aun cuando a lo largo de las últimas semanas se haya ido comprobando que las estimaciones mejor colocadas del ministro Solbes se iban alejando de las de Bruselas o de la OCDE. Realidades más pesimistas, que fijan el crecimiento del PIB en un 1,6 por ciento para el presente año y en 1,3 por ciento para el próximo.

Uno no deja de preguntarse de qué nos vale ahora el camino andado si, llegado el momento de hacer uso del texto legislativo, la mayoría socialista, con tan sólo el apoyo de Coalición Canaria, lo impide con una estimación de crecimiento foul como coartada. Que se nos condene a un objetivo de déficit cero por la puerta de atrás, más propio de la ya lejana reforma del PP, es un sin- sentido que más bien nos induce alcreer en una cierta improvisación de un Gobierno que hace tan sólo unos meses decidió despedir la legislatura con actuaciones tan criticadas anteriormente por derechistas y propias de partidos conservadores como el cheque bebé o el despilfarro de los 6.000 millones que han representado los 400 euros de descuento del IRPF. Un aquelarre final de legislatura que hizo oídos sordos y arrinconó a una izquierda que durante la legislatura había hecho posible las políticas sociales progresistas y un conjunto de leyes de las cuales todos andábamos orgullosos.

Pero es evidente que el verdadero reto es su aplicación. Así, textos legislativos icono como los relativos a la violencia de género, la autonomía personal, la educación, etc., sin duda, se verán afectados en cuanto a su despliegue. Dicho en otras palabras, si a pesar de los presupuestosexpansivos socialmente de los años anteriores se ha constatado una creciente divergencia entre el crecimiento económico y la inversión social, según claman los datos europeos, qué ocurrirá con unos presupuestos netamente restrictivos. El Gobierno socialista no debería engañarse. A pesar de las riquezas aparentes, se nos va configurando una sociedad dual. Véase si no el creciente índice de pobres en España.

Todo ello, sin entrar en la gran incógnita no despejada de la resolución de la ecuación de la financiación autonómica. Que el ministro Solbes la despache proclamando que, si acaso, su montante ya se incluirá en los presupuestos como enmienda, es inaudito.

Alguna altivez muy cercana en el tiempo empieza a resquebrajarse. •

*Portavoz del Grupo Parlamentario Esquerra Republicana de Catalunya en el Congreso