La subida de los precios de los  alimentos experimentada en los últimos dos años está extendiendo la amenaza del hambre en amplias áreas del planeta. Si, hasta este momento, las diferentes organizaciones internacionales calculaban que el hambre afectaba a 850 millones de seres humanos, las previsiones actuales temen que otros 150 millones se vean afectados. La especulación en los mercados internacionales, los costes disparatados del petróleo y la incidencia de los biocombustibles se presentan como algunos de los factores determinantes de esta situación. La reciente Cumbre sobre Seguridad Alimentaria, celebrada en Roma, no ha aportado soluciones, posponiendo la toma de decisiones a una próxima reunión que tendrá lugar en nuestro país el próximo otoño, pero sí ha servido para escenificar las diferencias de planteamiento, una vez más, entre Norte y Sur, y también ha permitido observar ciertas grietas en el bloque de las naciones ricas, protagonizadas, fundamentalmente, por Francia y España, más dispuestas a colaborar en el desarrollo y a implicarse con más fuerza en la resolución de esta gravísima crisis.

Por Pedro Antonio Navarro

No hay nada más degradante que el hambre, especialmente cuando es obra del hombre, puesto que alimenta el odio, la desintegración social, provoca la mala salud y un retroceso económico”. Palabra de Ban-Ki-Moon. El secretario general de Naciones Unidas se dirigía en estos términos al plenario de la Cumbre sobre Seguridad Alimentaria, Cambio Climático y Bioenergía, que se celebró la pasada semana en Roma, con la presencia de numerosos jefes de Estado y presidentes de Gobierno de numerosas naciones, tanto del Primer Mundo, como de países en desarrollo, y en la que se volvió a escenificar la diferencia de intereses entre unos y otros, pese a la coincidencia en el diagnóstico de extrema gravedad de la actual situación.

El espectacular incremento en los precios de los alimentos que se ha venido produciendo a lo largo despasado 2007 y en lo que llevamos del presente 2008, ha generado una crisis de grandes consecuencias que amenaza, como siempre, a los más desfavorecidos del planeta. Los cálculos efectuados por diversas agencias de Naciones Unidas establecían que, hasta el momento, 850 millones de personas en todo el planeta sufren la brutal agresión del hambre. Estas mismas fuentes consideran que el radical encarecimiento de los productos alimenticios básicos podría arrastrar a otros 150 millones de personas a esa situación. Mil millones amenazados por el hambre en pleno siglo XXI.

En menos de un año, el precio de los alimentos, considerado de modo global, se ha encarecido en más de un 50 por ciento. Atendiendo a los productos básicos, el precio de los cereales se ha incrementado un 45 por ciento –el trigo más de un 135 por ciento, el arroz, un 80-, los aceites vegetales más del 60 y los productos lácteos prácticamente se han duplicado –el alza roza el 90 por ciento-.

El Instituto Internacional de Investigación de Política Alimentaria (IFPRI, en sus siglas inglesas) ha realizado un estudio en el que se establece que por cada punto porcentual que se incrementa el índice mundial de los precios de los alimentos, 16 millones de personas más caen bajo la amenaza de la desnutrición.

Las áreas más afectadas, como es la lamentable costumbre, son África, Asia y América Latina. El ex secretario general de Naciones Unidas, y en la actualidad presidente de la Fundación Alianza para una Revolución Verde en África, Kofi Annan, asegura que “en África 250 millones de personas están desnutridas; 33 millones son niños. El mundo hace frente a una crisis sin precedentes, y en ningún lugar como en África esta crisis será más grave y aguda”.

El secretario ejecutivo de la Comisión Económica para América Latina y Caribe (CEPAL), José Luis Machinea, recuerda que el alza de los precios internacionales de los alimentos “está castigando con especial dureza a los sectores más pobres de América Latina y Caribe”. El alto funcionario recuerda que según los datos que maneja su organización habrá casi 16 millones de nuevos indigentes en América Latina como consecuencia de esta descabellada subida, pasando de los actuales 68,5 millones a más de 84 millones.

¿Y cuáles son las causas objetivas para este aumento desorbitado de los precios? Los reunidos en Roma no parecen haberse puesto de acuerdo en esta cuestión capital. Las naciones en desarrollo acusan a los mercados especulativos y al proteccionismo del que hacen gala los países desarrollados con su propia agricultura. Desde Occidente se esgrime más el argumento del encarecimiento del petróleo –en cuyo origen sí se encuentra, sin duda la especulación-, aunque también se acepta la presencia de jugadores de un trágico Monopoly que se están enriqueciendo a costa de las subidas exponenciales de los costes de productos básicos.

También, de un modo más transversal –ya que aquí pobres y ricos no se diferencian especialmente- han surgido voces que culpan a la irrupción de los biocombustibles, lo que, a su criterio, elimina tierras para cultivo de alimentos y encarece los cereales, ahora reconvertidos en alimento de motores de explosión.

La gran demanda de alimentos proveniente de los denominados países emergentes (China, India, Indonesia, Malasia, Brasil) también entra en las consideraciones factoriales de la nueva situación.

Lo cierto es que la cada vez más insalvable distancia entre naciones ricas y naciones pobres constituye un elemento de primera magnitud en la determinación de la actual crisis. Los países desarrollados, y muy especialmente Estados Unidos y la Unión Europea –que emplea la mitad del presupuesto comunitario a este menester- dedicaron el año pasado 80.000 millones de euros en subsidios a sus propios agricultores y ganaderos (amén de una batería de leyes, medidas proteccionistas y aranceles que hacen prácticamente impenetrables sus mercados para los productos agrícolas del resto del mundo), mientras que el conjunto de toda la ayuda internacional a la agricultura del resto del planeta apenas alcanzó los 2.600 millones de euros, 30 veces menos.

Por otro lado, los mercados internacionales de alimentos comenzaban hace algo más de un año a recibir la visita de numerosos inversores que llevaban su dinero, huyendo del ahora inseguro sector inmobiliario, hacia zonas más plácidas y cobijadas, como los mercados del oro, materias primas y cereales y otros alimentos básicos. Eso sí, siempre –al igual que sucede con el petróleo- efectuando compraventas de lo que se denominan “opciones de futuro”, en las que jamás se produce una transacción de productos físicamente reales, sino las propiedades de derechos de compra, por ejemplo, a seis meses vista, y que en un mismo día pueden cambiar varias veces de manos.

En cuanto a la incidencia de los biocombustibles, en la cumbre de Roma se ha asistido a un interesante debate. El principal defensor de este nuevo tipo de energía, el presidente brasileño, Luiz Inacio Lula da Silva, negaba la incidencia de estos cultivos destinados a la producción de energía en el alza de los precios. Argumentaba que, como sucede con el colesterol, hay un etanol bueno y un etanol malo. Bueno, naturalmente, el que produce Brasil, con caña de azúcar, por lo que defienden que no va en detrimento de la producción alimentaria y, por tanto, no provoca encarecimiento, mientras que “el malo” es el estadounidense y el europeo, producidos a base de cereales. A esta teoría se sumaba en la conferencia México, que anunciaba su intención de iniciar también su producción.

Lula, además, contestaba con dureza a estas acusaciones efectuadas por algunos países europeos –no España- y por los estadounidenses, de quienes aseguraba que “desde hace décadas mantienen políticas proteccionistas, en perjuicio de los agricultores de los países más pobres y de los consumidores de todo el mundo”.

De una Cumbre en la que no se han suscrito acuerdos relevantes ni de aplicación práctica, quedan los datos y las informaciones que ayudan a tomar conciencia de la tremenda gravedad de la situación por la que estamos atravesando. El secretario general de Naciones Unidas explicaba en el primer plenario que para conseguir el aumento de producción necesario, hace falta una inversión de 20.000 millones de euros. En el año 2030 el planeta contará con 7.200 millones de habitantes, por lo que la FAO ha calculado que será necesario incrementar la actual producción agrícola y ganadera en más de un 50 por ciento. El director de esta agencia, el senegalés Jacques Diouf explicaba que este reto no será alcanzable si no se cuenta con una inversión anual de 19.000 millones de euros.

Todo parece haber quedado en un brindis al sol. Naciones Unidas ha presentado un borrador para conseguir aumentar la producción alimentaria y conseguir mejores estándares de calidad. Sus propuestas pasan por una mejora en el control de plagas en las cosechas y sobre las distintas enfermedades que afectan a la ganadería. Consideran que se debe profundizar en la investigación en materia pesquera y acerca de cultivos, algunos tropicales, como el mijo o el sorgo. No faltan entre las recomendaciones la extensión de las zonas de riego con técnicas mejoradas y sostenibles, la extensión de la electricidad a las zonas más desfavorecidas, y la construcción de carreteras para facilitar el transporte de los productos agropecuarios.

Sólo propuestas que hacían compañía a una desesperada apelación final por parte del secretario general de Naciones Unidas: Llamo a todos los países a resistirse a ciertas medidas –limitación de las importaciones, imposición de precios, que distorsionan los mercados y fuerzan una mayor subida de los precios- y a liberar inmediatamente las exportaciones destinadas a fines humanitarios”.

AMÉRICA LATINA TOMA LA INICIATIVA

La Cumbre sobre Seguridad Alimentaria, Cambio Climático y Bioenergía que culminaba sus sesiones al final de la pasada semana en Roma terminaba como la gran mayoría de esta clase de eventos: sin adoptar decisiones efectivas, aunque aderezada de grandilocuentes intervenciones cargadas de buenas intenciones. Algo ya muy visto, y de lo que empiezan a escarmentar muchos de los Estados más profundamente afectados por los problemas que, supuestamente, se van a afrontar en estas grandes reuniones, y que suelen salir igual que entraron de estos encuentros internacionales, sin ninguna respuesta y sin una solución real.

Algo está cambiando en América Latina, y uno de los síntomas más evidentes de esa transformación es que muchos de los países de la Región comienzan a tomar sus propias decisiones en asuntos económicos al margen de las directrices de la Organización Mundial de Comercio, del Banco Mundial o del Fondo Monetario Internacional, las tres macroestructuras creadas para garantizar la supremacía del modelo económico liberal en el mundo y, para tratar de impedir en la práctica la adopción de medidas económicas por parte de los gobiernos de los Estados, anteponiendo los mecanismos de un mercado sacralizado a las necesidades reales de la población.

Ante la amenaza de la crisis alimentaria, que ya comenzaba a enseñar los dientes a lo largo del pasado 2007, han sido muchas las naciones latinoamericanas que han puesto en marcha determinadas estrategias con el fin de paliar sus efectos en una zona del mundo especialmente sensible a este problema. Aunque cada país ha implementado su propia política, se detectan elementos comunes, especialmente en varias medidas en las que la coincidencia parece evidente, como el incremento de los subsidios a la producción agrícola y ganadera, la rebaja o desaparición de los aranceles para los productos agroalimentarios, el fomento de la productividad, la creación de reservas de productos y las restricciones a la exportación de los productos básicos, especialmente, los granos.

México decidía eliminar los aranceles que pesaban sobre la importación de arroz, maíz y trigo, así como establecía una cuota libre para el frijol y determinados incentivos a la importación de leche en polvo y de insumos agrícolas. Panamá hacía algo similar para la importación de lentejas, frijoles y pescado congelado. En ese país, el Gobierno ha decidido comprar toda la producción nacional de arroz y la distribuye por sus propios mecanismos a precios más bajos.

Costa Rica, Guatemala y Nicaragua han acordado la creación de un sistema de seguros para las cosechas, aumentar la financiación pública del sector agrícola y ganadero, así como la entrega de ayudas directas a la población que se encuentra en situación más precaria. Nicaragua, además, eliminaba transitoriamente los aranceles que pesaban sobre la importación de frijoles, cebada, avena y aceite.

República Dominicana y Haití han creado una reserva pública de granos y subsidian los productos de mayor consumo: arroz, frijoles, leche, huevos o pollo, mientras que en Cuba se han desarrollado planes para elevar la producción de arroz y se han comprometido 2.000 millones de dólares para la compra de este producto para la próxima campaña.

Venezuela invertía el año pasado más de 2.000 millones de dólares en la importación de diversos productos agrícolas y suscribía diversos acuerdos bilaterales con Cuba, Argentina, Ecuador, China e Irán con el objetivo de mejorar la producción nacional de muchos de los productos que actualmente han de ser adquiridos en el exterior.

Colombia ha puesto en marcha un programa para el almacenamiento de arroz y el fomento de este cultivo. Perú, suscriptor del Tratado de Libre Comercio (TLC), ha anunciado que destinará 1.200 millones de dólares al sector agrícola a lo largo de los próximos cinco años.

En Uruguay el Gobierno ha suscrito un acuerdo con los productores de arroz para que sea vendido a un precio muy bajo a la población; el ejecutivo chileno ha decidido la concesión de subsidios a la producción agrícola y aportar ayudas directas a los sectores más deprimidos de la población para la adquisición de alimentos.

Brasil y Ecuador decidían restringir las exportaciones de arroz y otros cereales, mientras que en Bolivia se prohibía la exportación de arroz, maíz y pollo, aunque posteriormente se volvían a autorizar. Sin embargo, se mantienen las restricciones a la exportación del aceite de soja.

Muchas medidas concretas tomadas, en muchos casos, empujadas por las necesidades nacionales concretas, aunque las naciones de América Latina también expresaban recientemente su deseo de impulsar políticas alimentarias de modo común. El pasado 7 de mayo se reunía en Managua la Cumbre Presidencial sobre Soberanía Alimentaria, auspiciada por la Oficina Regional para América Latina y el Caribe de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO). Allí acudían los Jefes de Estado y de Gobierno de las Repúblicas de Nicaragua, Bolivia, Ecuador, Honduras, Venezuela, Saint Vincent y las Grenadinas, Haití, Guatemala, México, Belice y República Dominicana. Tras la reunión se alcanzaban importantes acuerdos, la mayoría de los cuáles cuestiona el actual sistema de comercio mundial sobre productos agrícolas. Así, por ejemplo, los participantes en la reunión acordaban “rechazar las prácticas de subsidios agrícolas y ayudas internas ejercidas por los países industrializados del mundo, que impactan la agricultura de los países empobrecidos y distorsionan el comercio; y priorizar el uso de productos agropecuarios para la obtención de alimentos frente a la producción de combustible”.

Los presidentes de estos Estados de América Latina también decidían “aunar esfuerzos para incrementar la producción y productividad sostenible de alimentos, con respeto a nuestras tradiciones productivas, y de consumo, cuidando nuestros recursos, plantas y semillas; reconociendo el deber de restaurar y preservar la Naturaleza y el Medio Ambiente; utilizando recursos locales, creando mejores condiciones financieras, tecnológicas, de mercado, de abastecimiento de insumos, de organización y de asociación, amplia e incluyente, de acuerdo a las formas culturales propias, de los países de América Latina y El Caribe”.

La idea de cooperación regional estuvo muy presente en esta cita, resaltando la concreción de medidas aplicables a todos los países del área, y su puesta en marcha con la mayor brevedad posible: “Coordinar las respectivas potencialidades para lograr la seguridad alimentaria garantizando un abastecimiento de alimentos sanos y nutricionalmente adecuados, tanto en el ámbito nacional como regional, así como en el acceso físico, social y económico a alimentos suficientes para todos, reafirmando al mismo tiempo que los alimentos no deben emplearse como instrumentos de presión política. Instruir a los Ministros de Agricultura, Economía y Comercio, para elaborar un Programa de Soberanía Solidaria y Seguridad Alimentaria, que contenga un Plan de Acción Inmediato, a presentarse en 30 días, identificando la potencialidad productiva y los recursos indispensables para lograr un aumento sustancial de la producción, tomando en cuenta los aportes de los organismos internacionales”.

Para conseguir la implementación de estas propuestas han planteado los mecanismos para proporcionar la dotación económica suficiente mediante la creación de “un Fondo que destine los recursos necesarios para desarrollar la Producción de Alimentos, haciendo llegar a las y los productores: financiamiento, tecnología, implementos, maquinarias agrícolas, e insumos, a precios justos, e igualmente, garantizando precios justos en la comercialización de esos productos alimentarios, tanto para productores como para consumidores”.

Finalmente, las naciones representadas en este encuentro regional manifiestan su “preocupación por la dependencia y desigualdad que provoca la imposición de tecnologías foráneas, cuando estas tienen un control monopólico”. Además, son conscientes de que en cada negociación comercial con los países del Primer Mundo, en especial, con Estados Unidos y la Unión Europea, estas potencias exigen sustanciales reducciones de tarifas arancelarias para sus productos agrícolas, unos productos que gozan de una cuantiosa subvención, y que se venden a los países en desarrollo a unos precios con los que los agricultores y ganaderos locales no pueden competir.  Esto provoca “pérdidas sin precedentes del sustento, desplazamientos de trabajadores y trabajo esclavo, en una espiral de degradación de los derechos humanos y del medio ambiente en los países en vías de desarrollo”, tal y como sostienen afirman en la Red de Acción frente al Libre Comercio y el ALCA.

En sus conclusiones finales, los presidentes y jefes de Estado presentes en la cumbre hacen hincapié en la sostenibilidad cuando instan a “incrementar la producción y productividad sostenible explicitando el decidido impulso y promoción de la agricultura e industria ecológica–orgánica y su acceso a los sectores populares”.

FRANCIA Y ESPAÑA LIDERAN EL COMBATE CONTRA EL HAMBRE

Estamos en el siglo XXI. Sabemos que podemos alimentar el planeta. Y, en cambio, cada 30 segundos un niño muere de hambre. Y, en cambio, cada día 25.000 personas pierden la vida por desnutrición. Nos hemos equivocado”. Con esta contundencia comenzaba el presidente francés, Nicolas Sarkozy, su intervención en la Cumbre sobre Seguridad Alimentaria, Cambio Climático y Bioenergía, que arrancaba en Roma, el pasado 3 de junio.

En esta ocasión daba la sensación de que, además de las buenas palabras habituales en ocasiones similares a ésta, detrás del discurso de Sarkozy aparecía una voluntad política de intervenir en el problema, respaldada con medidas concretas y, sobre todo, con un presupuesto. El mandatario galo efectuaba la propuesta de crear un organismo internacional para coordinar toda la política agrícola a escala planetaria; una organización con la participación de los Estados, de ONG y con la presencia y la asesoría de comités de científicos y expertos para orientar las inversiones en este sentido hacia actuaciones compatibles con la sostenibilidad y respetuosas con el cambio climático.

Junto a la propuesta política, el presidente francés comprometía la inversión de mil millones de euros por parte su país para ser dedicados íntegramente al continente africano, y que serán empleados durante los próximos cinco años.

Siguiendo esta estela novedosa, la intervención –una de las más esperadas- en el foro del presidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, también incluía un sustancioso presupuesto, además de las buenas intenciones que ya se le suponían. Zapatero ofrecía por parte del Ejecutivo de Madrid la entrega de otros 500 millones de euros a las Naciones Unidas para ser utilizados en los proyectos puestos en marcha para paliar la crisis alimentaria en aquellas naciones que la están padeciendo con mayor fuerza.

De esta cantidad, 70 millones ya estaban comprometidos en proyectos anteriores. Los otros 430 millones serán aportados a lo largo de los próximos cuatro años, y su destino preferente va a estar ligado a la protección y cobertura de pequeños agricultores y ganaderos y, especialmente, a proyectos para garantizar la nutrición de niños menores de cinco años en países en situación crítica.

España parece dispuesta a jugar un papel relevante y de claro liderazgo en esta batalla contra la crisis alimentaria y la amenaza real que se cierne sobre cientos de millones de personas en todo el planeta. Nuestro país será la sede de una reunión internacional de alto nivel, el próximo otoño, a la que acudirán numerosos jefes de Estado, presidentes y altos representantes de numerosas organizaciones internacionales, pero con la intención de convertirse en un foro que ponga en marcha, y con urgencia, una completa batería de actuaciones y planes concretos, lejos de la retórica que se ha podido escuchar en la reciente Cumbre de Roma. De hecho, el encargo para los asistentes a esta nueva reunión es el de supervisar e impulsar el Plan Global de Acción de Naciones Unidas, así como la redacción y aprobación de una Carta de Derechos de la Seguridad Alimentaria.

España ya había respondido a la llamada de auxilio efectuada por la Organización para la Agricultura y la Alimentación de Naciones Unidas (FAO) el pasado mes de diciembre, cuando la escalada de los precios de los alimentos ya comenzaba a alcanzar unas cotas que disparaban la crisis. En ese momento, y como ayuda de urgencia, el Gobierno español realizó una aportación de 50 millones de euros.

Durante las sesiones de la Cumbre de Roma, Zapatero se ha mostrado muy crítico con la situación y con la actuación de determinados Estados. Así, mostraba su extrañeza por el hecho de que en medio de una situación crítica de grandes proporciones, como la actual, algunos Ejecutivos, como el británico o el italiano, hubieran decidido reducir sus aportaciones para la ayuda al desarrollo. Curiosamente, en sus intervenciones, el presidente español coincidía en buena medida con los diagnósticos efectuados por las naciones más afectadas y por las organizaciones no gubernamentales. Para él, en el origen de esta crisis se encontraban determinados factores, como la crisis financiera de las hipotecas en Estados Unidos, los precios del petróleo, que encarecen enormemente el transporte de los alimentos y, por supuesto, la especulación a cargo de inversores que han decidido invertir en la compra-venta de productos básicos ante la caída de los mercados inmobiliarios. Sin embargo, rehuyó de responsabilizar a los biocombustibles del aumento de los precios agrícolas, alineándose con las posiciones sostenidas por el presidente brasileño, Luiz Inacio Lula da Silva.

Zapatero se reunía en Roma con el secretariogeneral de Naciones Unidas, Ban-Ki-Moon, a quien propuso, entre otras medidas, la confección de una lista negra de ámbito mundial, en la que se incluyeran a las empresas, Estados o particulares que estuvieran especulando con los productos básicos alimentarios.

En cuanto a uno de las cuestiones que mayores críticas han concitado en esta Cumbre por parte de los países más perjudicados por la subida de los precios de los alimentos, la protección arancelaria de la agricultura del Primer Mundo, y de las subvenciones estatales a estos productos, especialmente en el seno de la Unión Europea, tanto el presidente francés como el español, aunque sin haberse atrevido a concretar más, han manifestado su disposición a una regulación distinta a la actual y a debatir en profundidad sobre la cuestión.

LAS ONG, DE NUEVO IGNORADAS

La organización no gubernamental OXFAM, coincidiendo con el inicio de la Cumbre sobre Seguridad Alimentaria, Cambio Climático y Bioenergía, que se celebró la pasada semana en Roma, presentaba su informe titulado “La hora de la verdad”. Entre otros muchos datos, incluía uno demoledor: los países ricos se han gastado el pasado año en subvenciones a sus propios agricultores más de 80.000 millones de euros, mientras que lo que han destinado en ayuda anual a la agricultura del mundo apenas alcanzaba los 2.600 millones de euros. Para los autores del informe, “la falta de inversión” es una de las principales “causas de la inseguridad alimentaria, cuando la ayuda global para agricultura se ha reducido a la mitad entre 1980 y 2005”.

Desde otra perspectiva, también se han dejado escuchar las quejas de la organización Médicos sin Fronteras. Ellos han fijado más la atención en los programas nutricionales que se aplican con dinero destinado por los Gobiernos a ayuda al desarrollo. Según su portavoz, Carlos Ugarte, “se aplica un peligroso doble rasero en los programas nutricionales, que dependen más de consideraciones económicas que de las necesidades nutricionales de la primera infancia”.

Las subvenciones a la agricultura de los países en desarrollo ha estado en el punto de mira de la práctica totalidad de ONG que han estado estos días en la capital italiana., pero no sólo del suyo. También apuntaba en esa dirección la representación de Suecia. Su ministro de Agricultura, Eskil Erlandsson, recordaba que si no se abre el acceso de todos a los mercados de una forma “generosa”, los países en desarrollo no podrán aumentar su producción agrícola. Erlandsson aboga por la conclusión de los debates de la ronda de Doha.

Algo similar ha defendido Noruega, mientras que la campaña “Derecho a la Alimentación. Urgente” sostiene que la única solución plausible en estos momentos es “la vuelta a una agricultura sostenible social, económica, política y medioambientalmente, destinada a la alimentación en lugar del comercio”.

Tras la, a juicio de las ONG, decepcionante convocatoria de roma, muchos de sus portavoces han criticado la “falta de voluntad política” de los países desarrollados a la hora de adquirir compromisos”. Los más duros no dudaban en asegurar que con la actitud mantenida durante la cumbre, los gobiernos de las naciones ricas se estaban convirtiendo en “cómplices de un crimen contra la Humanidad”