Política y negocios en el 'caso Aguas de Fuensanta'

RATO, BOTÍN Y ASUNTOS DE FAMILIA

Los negocios de la familia le persiguen. Apenas ha pasado página como ministro de Economía y después de que se haya levantado la inmunidad que pesaba sobre él, a raíz de su dimisión como director gerente del FMI, Rodrigo Rato se ve salpicado de nuevo por las actividades que acompañan a las empresas del grupo Rato.

Por Maite Nieva

Esta vez los escándalos familiares vienen acompañados con acusaciones de favores políticos a cambio de favores económicos. La trama, el presunto pago sobrevalorado por parte de Banesto, filial del Santander, de una empresa vinculada a la familia Rato, Aguas de Fuensanta, en "quiebra técnica por la que la entidad pagó unos mil millones de pesetas (6 millones de euros), el doble de su precio real, según la acusación. La historia, cuenta con un reparto de primera línea. Junto a sus protagonistas, Rodrigo Rato y el presidente del Santander, Emilio Botín, salen a la luz otros nombres de las altas esferas de la economía y la política. En el guión de la historia tampoco faltan actores secundarios como Teresa Fernández de la Vega, por entonces, secretaria de Estado de Justicia y actual vicepresidenta del gobierno.

La transacción tenía el objetivo de "ganarse el favor político de Rodrigo Rato", según sostienen la querella criminal, para que paralizara el caso de las cesiones de crédito en el que se investigaba al Santander. Botín estaba imputado y sobre él pesaba la sospecha de haber defraudado a Hacienda por medio de una refinada ingeniería financiera. El precio que pagó Banesto, actual filial del Santander, unos 1.000 millones de pesetas (6 millones de euros), en 1999 es "desorbitado, para una sociedad en quiebra técnica", recoge el informe presentado por la acusación.

En la venta de Aguas de Fuensanta están imputados también los máximos responsables del Santander y del Banesto en el momento de la operación, por los delitos de apropiación indebida, administración desleal, falsedad en documento mercantil y cohecho en el caso de la compra-venta de su empresa familiar. "¿Cual fue el verdadero motivo de tan alto peaje?", es la pregunta que se hacen los abogados que han presentado la querella, el abogado Francisco Franco Otegui, en 2004, y Antonio Panea, en 2004 y 2005 respectivamente. La respuesta, responden, está en los supuestos favores que había recibido Botín en "el caso de las cesiones de crédito", con la "especial benevolencia" mostrada tanto por el ministerio público como por el abogado del Estado.

El ex ministro y su hermano, Ramón Rato, han reconocido en su declaración ante el Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid, que investiga la operación, que su familia atravesaba por dificultades económicas a finales de la década de 1990, lo que les impedía pagar unos créditos contraídos con Banesto, entidad con quien había operado durante casi medio siglo. Ante la imposibilidad de que la familia hiciera frente a sus obligaciones, Banesto, aceptó hacerse con el 35% de Aguas de Fuensanta puesto como garantía del pago del préstamo y el 10% restante en manos de otra sociedad se vendió para evitar una ejecución de garantías que permitiera pagar los créditos y evitara la ejecución de garantías que hubiera podido dilatarse en el tiempo, perjudicando a ambas partes. De esta forma Banesto liquidaba una deuda incobrable en los tiempos de Mario Conde.

Rodrigo Rato, que asegura que desconocía la venta del 45,3% de Aguas de Fuensanta a Banesto, ya que era su hermano quien gestionaba la venta, niega los tratos de favor a Emilio Botín. También que el grupo Santander hubiera hecho un favor económico" a su familia al comprar el 45,3% de Aguas de Fuensanta en 1999, ya que el precio pagado fue la mitad que el del mercado y la operación trató de evitar una ejecución judicial nociva para ambas partes. Rato poseía un tercio del capital del grupo.

Los abogados de los hermanos Rato sostienen que el precio pagado por Banesto era muy inferior a las ofertas que les hicieron entre 1997 y 1999 y que valoraban la empresa el doble que la filial del Santander. Según la defensa entre 1996 y 1997 Aguas de Fuensanta valía entre 15 y 18 millones de euros y que en 1999 la valoración por el 100% de la empresa bajó a 9 millones de euros.

Según la querella criminal, el precio pagado, equivale a valorar el cien por cien en 2.207,5 millones de pesetas, "lo que no puede justificarse en modo alguno si se tiene en cuenta que en 1998 registraba deudas por casi 1.600 millones de pesetas, cantidad que superaba con creces los fondos propios fijados en la cuentas de ese ejercicio en 1.153 millones. En su informe se explica que "si en 1998 el beneficio neto de la empresa fue de 20,35 millones de pesetas", una valoración de la sociedad en 2.207,5 millones implicaría que Banesto tardaría 108 años en recuperar la cantidad invertida en Aguas de Fuensanta". La compra "fue justificada por la actual presidenta del Banesto, Ana Patricia Botín, como una forma de liquidar los créditos que la familia Rato mantenía con Banesto, señalan que de otro modo "hubieran sido difíciles de cobrar".

Los favores de la banca. No es este el único caso en los que los Rato contaron con el respaldo de la banca. Ahí quedan préstamos polémicos de 500 millones de pesetas que HSBC, el banco implicado en el caso Gescartera, concediera a "Muinmo SL" la sociedad que explotaba la antigua "Rueda de Emisoras Rato". La sociedad con 5 millones de pesetas de capital y endeudada en 545 millones presentó pérdidas en 1999 junto a escasas posibilidades de generar ingresos para pagar intereses y devolver el préstamo. No menos sospechoso fue el préstamo de 656 millones de pesetas concedido a la empresa "Ciuvas" a finales de 1997 por Argentaria de Francisco González y controlada por entonces por el ministerio del que era titular Rato. Los diputados socialistas interpelaron al vicepresidente sobre esta operación en el Congreso de los diputados pero la iniciativa no prosperó. La presidenta del Congreso, Luisa Fernanda Rudí vetó la formulación de la pregunta.

El juez mantiene la imputación contra 15 personas. Desde el pasado 8 de mayo ha tomado declaración a 11 de ellos. Junto al ex ministro y su hermano Ramón Rato, han pasado por los juzgados a declarar Emilio Botín, el consejero delegado del Santander y ex presidente de Banesto, Alfredo Sáenz, el hermano de Botín. A todos ellos el juez les imputa presuntos delitos de apropiación indebida, administración desleal, falsedad de documento mercantil, cohecho y negativa a socio del derecho de información en el proceso de compra de la participación de esta sociedad.

Los directivos del banco Santander y de Banesto han mantenido en sus declaraciones ante el juez que Banesto adquirió la participación para cubrir un "crédito impagado" concedido a la familia Rato bajo la presidencia de Mario Conde. La compra, aseguran, formó parte del plan de "recuperación de activos por impagos de créditos", emprendido por Banesto tras su adquisición por el banco Santander en 1994.

La querella denuncia también que los máximos responsables del Santander son culpables de pagar un precio injustificado por la adquisición de Aguas de Fuensanta, perjudicando a los intereses de los accionistas. Según la denuncia, Banesto se negó a dar datos de la transacción en diversas juntas de accionistas con el "verdadero propósito de ocultar dolosamente que se trataba de una operación fraudulenta en perjuicio de los accionistas del banco". Algo que queda por aclarar.

La vicepresidenta, último testigo . En el desenlace de la historia hay tamabién un testigo de excepción. Para desmontar la tesis de la acusación de realizar "favores políticos" al Santander, la defensa de Rato aportó una prueba de última hora. Se trata de una carta firmada el 25 de abril de 1996 por Maria Teresa Fernández de la Vega, entonces secretaria de Estado de Justicia con Felipe González que ordenaba al abogado del Estado no emprender acciones penales y pedir el sobreseimiento contra el Banco Santander.. En la carta, la entonces secretaria de Estado de Justicia pedía que no se dirigiera "acción penal alguna por presunto delito contra la hacienda Pública, contra la entidad bancaria o sus representantes" por las retenciones "no practicadas o no ingresadas" por el banco, basándose en un informe de la Agencia Tributaria. Fernández de la Vega, exigía al abogado del Estado que solicitara la remisión a los Juzgados de Instrucción que en cada caso correspondieran las actuaciones contra los clientes que se hubieran beneficiado de la fiscalidad opaca de las cesiones de crédito" sin exigencia de responsabilidad en las presentes diligencias al Banco Santander o a sus representantes. El caso de las cesiones de crédito fue archivado por el Tribunal Supremo el pasado mes de" diciembre.

La carta "demuestra que no hubo favor político por favor económico", sostiene la defensa, ya que fue enviada un mes antes de que Rato fuera nombrado ministro de Economía, tras el triunfo de José Maria Aznar en las elecciones de 1996. Los defensores de ex ministro aseguran que "no se trata de politizar este caso. Simplemente se demuestra que el trato de favor para con el señor Botín por el asunto de las cesiones de crédito sugeridos por la acusación no pueden atribuirse a Rato". En todo caso, señalan, "se haría antes de que fuera nombrado ministro de Economía y vicepresidente del primer gobierno del Partido Popular". •