Los catalanes invocaron a la Virgen de Montserrat, La Moreneta, que hizo su trabajo demasiado bien, y las lluvias conseguidas con su notable influencia en los cielos han aplazado una solución de fondo. Nadie se opuso al trasvase de urgencia, pues con el abastecimiento de agua potable a los ciudadanos no se juega. Sin embargo, va a resultar muy difícil, si no imposible, el acuerdo de todas las comarcas, provincias, regiones y comunidades autónomas para encontrar una solución definitiva.

Si se tratara de una cuestión estrictamente racional no habría problema, pues hablando se entiende la gente, pero el escollo está en el territorio no del todo racional, pero que puede estar apoyado en la experiencia de algunos, donde anidan miedos, obsesiones y desconfianzas. Lo que hace casi irresoluble el problema es lo que tiene de visceral, lo que sale del alma y de ciertos órganos del cuerpo. Es el “no porque no” a los trasvases, el “no, porque no nos da la gana”, el grito de “este río no se mueve de aquí” por mucho que se ofrezcan garantías de que sólo se utilizarán las aguas que irían a parar al mar que es el morir. Es la negativa del escaldado, del que no se fía, una actitud que pude entenderse en razón de viejos incumplimientos de promesas, de atropellos sin cuento y de abandonos seculares.

El asunto no parece que tenga solución si ésta depende del acuerdo entre las comunidades autónomas. La solución sólo puede venir del Gobierno de la nación y ello exige un fuerte liderazgo que significa ir un paso por delante, arriesgarse a tomar decisiones difíciles y convencer acertando. Los grandes ríos son de todos y, por tanto, la competencia es del Estado tal como dispone la Constitución en el Artículo 149, referente a las competencias exclusivas del Estado cuando un río discurre por más de una Comunidad. La máxima responsabilidad en el abastecimiento a todos los españoles y el único que puede garantizarlo es el Estado.

No veo cuál es la objeción a que se comuniquen las grandes cuencas entre sí, tal como proyectara José Borrell cuando era ministro en el gabinete de Felipe González. Los ríos deberían enlazarse como ocurre con la red de alta tensión eléctrica; garantizado el suministro, a nadie interesa de dónde viene el kilovatio o quién le lleva el agua a casa.

Lo que ha ocurrido en Barcelona es tercermundista o propio de una España premoderna. La seguridad de abastecimiento en la capital catalana o en cualquier población española no puede estar al albur  de que la Virgen de Monserrat, la de Guadalupe o la Macarena se apiaden de nosotros. Más vale reservar la protección de la madre de Dios para otros asuntos que no dependan de la organización humana.

Las aguas de mayo han aliviado el apuro de los barceloneses, de Montilla, de Marcelino Iglesias y de Zapatero pero ha aplazado la distribución eficiente de los recursos hídricos. Para una explotación racional de un bien tan vital es preciso abordar el asunto en su conjunto procurando ahorrar donde es razonable, que no es en el lavado de dientes. No hay que olvidar que la agricultura  usa entre el 75 y el 80 por ciento del agua y que la que sale por el grifo, la que los periódicos han bautizado como “agua de boca” aunque también se aplique a la higiene del cuerpo, apenas alcanza el 5 por ciento. Habrá, pues, que poner mayor énfasis en ciertos derroches agrarios como el riego a manta o la inundación de campos de girasol. 

Ello nos lleva al problema del precio. El agua es un bien escaso que admite usos alternativos, o sea, un bien económico y, por tanto, debe tener un precio ajustado a la realidad, a diferencia del aire, que por el momento es ilimitado y gratuito aunque el medio ambiente empieza a ser también un bien económico. Ahora la mayor parte de los agricultores puede regar pagando un céntimo por metro cúbico mientras el agua doméstica vale dos euros. Por la destinada a embotellar se paga entre 300 y 1.000 euros el metro cúbico, pero ésa es otra historia.

Sólo cuando el agua tenga un precio sensato sabremos no sólo lo que cuesta, sino también si en realidad falta, un hecho que todos damos por obvio y que pudiera ser falso. Sólo entonces tendremos la seguridad de que se acabarán los derroches. Sólo entonces podremos calibrar cuántas desalinizadoras hay que construir y hasta dónde se puede llegar en la explotación de las aguas subterráneas, donde se estima la existencia de medio millón de pozos ilegales. Los expertos aseguran que en España hay agua de sobra. Lo que pasa es que llueve de manera irregular en el tiempo y por regiones. El problema es, pues, de almacenamiento, de distribución… y quizás de ideología.

Me apunto a la conclusión a la que llegaron los expertos del semanario El Nuevo Lunes: hay que desideologizar este asunto dejando de tachar los trasvases como si fueran de derechas y las desalinizadoras de izquierdistas. 

José García Abad