El clan de los negocios de la camarilla del móvil de Zapatero, un grupúsculo de creciente influencia con el presidente, va a lo que va por lo que, siendo fea la singladura de David Taguas, no es su conducta lo más relevante. Digámoslo claramente: el responsable directo de este grave asunto es José Luis Rodríguez Zapatero. Sólo su visto bueno puede explicar la increíble resolución de la Comisión de Conflictos de Intereses del Ministerio de Administraciones Públicas que dio luz verde al salto de Taguas desde la Oficina Económica del Presidente a SEOPAN, el lobby del ladrillo, el de las grandes empresas de Obras Públicas.

Si de verdad Zapatero estaba disgustado, como han filtrado desde Moncloa, no tenía más que levantar el teléfono y decirle a la ministra Salgado: “Oye Elena, esto de Taguas que no salga”.  Ya sabemos cómo funcionan estas cosas. Por otro lado, resulta inverosímil que la ministra no haya consultado con el presidete antes de emitir su dictamen. Después de este despropósito no sé a qué esperan los integrantes de la Oficina de Conflictos de Intereses dirigida por Flor María López Laguna para dimitir por vergüenza torera. Más vale suprimirla pues su credibilidad ha quedado por los suelos.

Sólo Zapatero es el responsable de que el Grupo Socialista apoyara a Taguas, forzando la opinión de los diputados del PSOE y expedientando a uno de ellos, Juan Antonio Barrio, vicepresidente de la Comisión de Presupuestos. Yo creo en el valor de lo testimonial y por ello aplaudo a los diputados del PSOE Juan Antonio Barrio de Penagos y Manuel de la Rocha, que plantearon abiertamente su oposición a lo que se tramaba en la reunión del Grupo Socialista, horas antes del Pleno del Congreso, y de forma especial al primero, que llevó la oposición hasta sus últimas consecuencias: el expediente.

Naturalmente, el Gobierno ganó la votación con el forzado apoyo de Convergencia y Unión, que tendrá un precio. Siempre es posible pactar con la coalición catalana en estos asuntos de confusión entre lo privado de lo público y lo público de lo privado. Hay veces, sin embargo, en que una victoria política representa una derrota moral con un coste seguro aunque aplazado.

El caso Taguas representa un precedente inquietante. No es procedente compararlo con episodios similares perpetrados por el Partido Popular en tiempos de José María Aznar. No me parece convincente el recurso al “peor lo hacen ellos”, pues se supone que la izquierda debe conducirse de otra forma. Más pertinente sería la comparación con lo ocurrido en tiempos del primer gobierno socialista. Son evidentes las similitudes entre la beautiful people de entonces con la camarilla del móvil de ahora. Ambos grupúsculos funcionan con la misma filosofía de auxilios mutuos y de la utilización privada de lo público. En aquella época González cometió un gran error que contrasta con una gestión por lo demás brillante: no reaccionar a tiempo cuando se vieron los primeros síntomas degenerativos, lo que dio pie a una cadena de corrupciones deleznables.

El primer síntoma de la epidemia del todo vale fue la ocupación de la Delegación del Gobierno en Andalucía por Juan Guerra, el hermano del vicepresidente y número dos en el partido, que generaba una sospecha de intermediación ilícita en el mundo de los negocios. Recuerden la célebre frase de Felipe González echando la culpa a la persecución de los medios: “Conseguirán dos por el precio de uno”, dijo entonces, pero poco después cesaba Guerra y González iniciaba su vía crucis.

Zapatero ha apoyado a tumba abierta al que fuera director de su Oficina Económica, donde llegó de la mano de Miguel Sebastián, aprovechando la trampa que se deja abierta en cada ley. Que David Taguas sea contratado por un lobby de tal envergadura no parece producto de la casualidad, sino del aprovechamiento de las buenas relaciones del personaje con el presidente y su camarilla del móvil. Iniciativa per Catalunya, que presentó la moción anti-Taguas, tacha de “burla a la voluntad del legislador” semejante fichaje, lamenta el informe favorable de Administraciones Públicas y pide la reforma de Ley de Incompatibilidades. La clave del informe Salgado, la ministra del ramo, es que Taguas no ha sido fichado por una empresa, sino por una agrupación de empresas, lo que no puede ser más farisaico.

Probablemente sea preciso cambiar la Ley de Incompatibilidades pero la cuestión no es fundamentalmente legislativa –siempre se encontraran brechas para burlar una ley–, sino de voluntad política. Estoy convencido de que Zapatero, que, insisto, es en el terreno personal tan honrado como los presidentes que le precedieron, no ha calibrado los efectos corruptores de dejar pasar un caso simbólico que huele a tráfico de influencias. En política hay que ser honrado y parecerlo.

José García Abad