El sistema electoral español, vigente prácticamente desde 1977 –aunque se producía una mínima modificación en 1986 con la promulgación de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (Loreg)– está considerado como uno de los menos proporcionales de los vigentes en países democráticos. En su momento, en plena Transición, se argumentaba que era necesario para garantizar la estabilidad y la gobernabilidad –puesto que prima a los grandes partidos–, aunque también se han producido recientes confesiones de sus impulsores –como la de Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón, su principal creador, y uno de los siete ponentes de la Constitución–, que reconocían que el sistema se había diseñado para perjudicar al Partido Comunista. Pese a que es una de sus viejas aspiraciones, la situación de Izquierda Unida, con un millón de votos y sólo dos escaños, y la de UPyD, más de 300.000 sufragios y una sola diputada, ha vuelto a abrir la herida y a desatar el debate. Por lo pronto, el Gobierno se ha comprometido a promover, de inmediato, una subcomisión en el Parlamento para estudiar la reforma de la Ley Electoral.

Por Pedro Antonio Navarro

Las pasadas elecciones generales, celebradas el pasado 9 de marzo, además de refrendar en el Gobierno al Partido Socialista, y al presidente, José Luis Rodríguez Zapatero, de confirmar el altísimo suelo electoral de la principal formación de la derecha y de aclarar algunas cuestiones pendientes en ciertas comunidades autónomas, también dejaban una víctima principal, casi sin resuello.

Izquierda Unida, la tercera fuerza política del país, casi se quedaba sin representación en la Cámara Legislativa. Pese a experimentar una constante caída desde 1996, todavía continuaba siendo el tercer partido nacional –y con gran diferencia sobre el siguiente–, con casi un millón de votos. Sin embargo, sus réditos en el Congreso eran bien escasos y tacaños con su presencia en la política nacional: dos exiguos escaños.

A esto se sumaba la irrupción de una formación de nuevo cuño que, en su primera comparecencia ante las urnas, se situaba como el quinto partido más votado en todo el Estado español, con más de 300.000 votos –algunos más que el PNV–, y que también veía con incredulidad que tan elevado número de papeletas con su anagrama sólo le reportaba un escuálido escaño a la vera de la madrileña Carrera de San Jerónimo.

Esta descompensación acusaba con el dedo a una única responsable de tamaña desproporción, y que ponía en entredicho el fundamental principio democrático de “una persona, un voto”: la Ley Orgánica del régimen Electoral General (LOREG). Desde 1986, su reforma se había convertido en una de las principales reivindicaciones de quien más estaba siendo perjudicada por esta norma, IU. Pero ha sido la gran repercusión del caso en la sociedad tras esta última cita con las urnas la que ha impuesto a los partidos la necesidad de plantearse una reforma. La coalición de izquierdas perdía su grupo parlamentario propio –lo que no sucedía desde su fundación, en 1986–, teniendo que coaligarse, a efectos parlamentarios, con Esquerra Republicana de Catalunya, para poder mantener una voz propia en las Cortes y no verse condenada al ostracismo del Grupo Mixto.

En la calle, con independencia de las simpatías políticas de los ciudadanos, se ha empezado percibir con preocupación, o como un fallo en el sistema, esta diferencia entre votos y actas que afecta mucho más a unos que a otros. Los partidos son conscientes de ello, y ya ninguno oculta la necesidad de un cambio corrector, pese a que algunos saben que con la reforma dejarán de ser directamente beneficiados.

La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, aseguraba a comienzos de este mes, ante la Comisión Constitucional del Congreso, que el Ejecutivo, de modo casi inmediato, iba a promover una subcomisión parlamentaria para estudiar la reforma de la LOREG. Era, además, un compromiso que había adquirido el propio presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ante el entonces coordinador general de Izquierda Unida, Gaspar Llamazares, durante el transcurso del Debate de Investidura.

La portavoz gubernamental no ha aclarado cuáles son las posiciones del Gabinete ni del Partido Socialista, aunque sí se ha apresurado a asegurar que todas las reformas que deban emprenderse, habrán de contar con el máximo consenso posible. Sin embargo, este amplio consenso reclamado por de la Vega, obedece más a una intencionalidad política que a una necesidad legal, puesto que la Ley Orgánica que regula los procesos electorales, mientras no requiera de una reforma constitucional, no tiene más requisito que una mayoría absoluta del Congreso. En este caso no son necesarios los famosos tres quintos para proceder a su modificación.

En las filas de Izquierda Unida se recibía “con cautela” el anuncio de la vicepresidenta, recordando que en ocasiones anteriores, intentos similares habían terminado en el limbo. Así sucedía el 24 de mayo de 2006, cuando terminaba, sin conclusión alguna, sus trabajos la comisión parlamentaria que estudiaba la reforma de la Ley Electoral en la pasada legislatura. Los argumentos entonces eran que no se había conseguido establecer el amplio consenso deseado. Por ello, en IU insisten en que, en esta ocasión, van a exigir “plazos concretos” al Gobierno, y que tras el paso por la nueva subcomisión anunciada, sus conclusiones han de estar preparadas en seis meses, y la nueva ley redactada y aprobada en menos de un año.

Por el momento aparecen muchas discrepancias entre los grupos de la Cámara –también existen muchos intereses contrapuestos-, y pese a que lo injusto del actual sistema (sobre todo, para algunos) es de un clamor evidente, a día de hoy no parece sencillo concitar ese “amplísimo consenso” al que se apela desde el Ejecutivo para dar un paso legislativo definitivo que corrija la situación. Mientras, nos encontramos con que el millón de votos de IU le otorga dos diputados, mientras que los 775.000 de CiU le dan diez, o hace cuatro años, sus 650.000 sufragios, le concedían ocho actas a ERC. Hoy, el novísimo partido de Rosa Díez paga 303.000 votos por un escaño, mientras que el Partido Nacionalista Vasco, con 300 votos menos, cuenta con seis actas en el Congreso. Con el vigente sistema, los dos grandes partidos, PSOE y PP, han abonado 65.000 votos por escaño, mientras que la hipoteca de IU se ha disparado a los 481.500, o la UPyD a 303.500 votos. En las últimas elecciones, el ciudadano soriano puede sentirse democráticamente superior: el último escaño en su provincia se obtuvo con 18.000 votos; el último de Madrid, con 90.000.

Queda la cuestión del voto en blanco. La ley lo computa como voto válido, pero no es considerado para el reparto de escaños. Un no partido, según su propia definición, “Ciudadanos en Blanco”, consta en el registro de partidos del Ministerio del Interior. Su propuesta de reforma de la Ley Electoral insta a que estos votos en blanco tengan reflejo en la composición de las Cámaras, lo que denominan una “ley de escaños vacíos”, para que quedara constancia en los órganos de representación popular que también existe un porcentaje de desencantados entre la población española.

Las propuestas de reforma

Izquierda Unida, tradicionalmente la formación más perjudicada por los criterios de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG), es la fuerza política que lleva más tiempo planteando abiertamente la necesidad de una reforma en profundidad de las normas que regulan los procedimientos democráticos en nuestro país. Desde los comicios de 1986 lleva incorporado este punto a todos y cada uno de los programas electorales con los que concurre a las elecciones.

Pero en los últimos tiempos, otros partidos se han sumado a esta exigencia, aunque cada uno, desde distintas perspectivas que, en líneas generales, se corresponden con sus intereses particulares, ya sea en términos de aritmética parlamentaria o, incluso, como es el caso de Unión, Progreso y Democracia, desde una clara intencionalidad política de debilitar la representación de los partidos nacionalistas periféricos para restarles peso en las eventuales tomas de decisiones en cuestiones de ámbito estatal.

Éstas son las líneas generales de los planteamientos de las distintas formaciones:

Izquierda Unida

Sus propuestas son las que pretenden unos de los cambios más radicales de la LOREG. Abogan por una ampliación del Congreso de los Diputados hasta 400 escaños –circunstancia que permite la Constitución- y la reducción del número de escaños mínimo por provincia (dos en la actualidad, con la excepción de Ceuta y Melilla, que tienen uno). Esta reducción se argumenta en la necesidad de que “voten las personas, no las hectáreas”, evitando que se produzcan situaciones como en Soria, donde el último escaño en liza se conseguía con 18.000 votos, marcando una espectacular desproporción con el coste de un diputado en grandes circunscripciones, como Madrid, Barcelona o Valencia. IU también justifica el aumento de escaños por el considerable aumento de la población en los últimos años.

En el planteamiento de IU se contempla que los primeros 350 diputados sean elegidos de modo muy similar al actual, mientras que los 50 restantes constituirían una “bolsa” general, una especie de circunscripción electoral única estatal desde la que serían adjudicadas actas de diputados a las formaciones políticas. Esta bolsa de diputados estaría relacionada con la bolsa de votos que no hubiera servido para obtener escaño en cada una de las circunscripciones electorales clásicas. Una vez adjudicada la última acta en cada provincia, esos votos sobrantes serían aplicados para el reparto de los 50 diputados reservados en esa circunscripción “única”. Si se hubiera aplicado este criterio en los pasados comicios, Izquierda Unida habría conseguido 12 escaños en el Congreso, un poco menos de los casi 14 que le corresponderían aplicando la proporcionalidad pura.

En la coalición insisten en que su reforma no pretende ir contra nadie y que “ninguna formación política, ni de ámbito estatal ni nacionalista resulta particularmente perjudicada por los cambios planteados”, en palabras de Gaspar Llamazares, sino que sólo se trata de recuperar el principio de “una persona, un voto”, aunque se han apresurado a ajustar el discurso ante quienes pueden plantear más reticencias a su plan, precisamente, las formaciones nacionalistas. Por eso, Llamazares ha tratado de explicarles que no quieren disminuir la representación de CiU o PNV, pero “sí restar peso a PP y PSOE”, los más beneficiados por el actual sistema.

IU también se muestra abierta a otras alternativas –aunque no las ha planteado abiertamente-, como el cambio de las circunscripciones electorales provinciales por las comunidades autónomas, o la sustitución del criterio de reparto por restos que rige por la actual Ley D’Hont, por la que se aplica en los países nórdicos y Nueva Zelanda, denominado Sainte-Laguë (por su inventor) y que, básicamente, tras la adjudicación directa del primer escaño por cada circunscripción a la lista más votada –al igual que el D’Hont-, después utiliza divisiones por 1, 3, 5, 7 …, en lugar del actual por 1, 2, 3, 4 …

Unión, Progreso y Democracia

Partido de nueva creación, pero que ha sufrido en sus carnes, casi tanto como IU, los efectos de la desproporción de la Ley Electoral. Los cambios que pretenden introducir, no sólo tratan de asegurarse una mayor representatividad que, en lógica les corresponde, sino, también, disminuir la presencia en las cámaras nacionales de los partidos nacionalistas periféricos, con la intención de que no puedan ejercer de bisagra en el futuro.

El modelo planteado por UPyD ha tomado ejemplo del sistema electoral alemán. Su proposición entra en conflicto con lo establecido en la Constitución, por lo que su planteamiento exigiría una reforma de la Carta Magna. En líneas generales pretenden una ampliación del Congreso a 400 diputados, como IU, pero aquí se acaban las coincidencias entre unos y otros. La propuesta de UPyD sí establece claramente el paso de la circunscripción provincial a la autonómica, y además, su modelo conlleva la división del congreso en dos colegios electorales diferenciados. En uno, se distribuirían 200 actas por criterios de población; las otros 200 dependerían de una circunscripción nacional, entre listas de partidos que obtengan votos en comunidades autónomas que representen en total, al menos al 65 por ciento de la población española.

En este partido argumentan que esta última medida, especialmente, está encaminada a disminuir la representatividad de las formaciones nacionalistas que sólo se presentan a los comicios nacionales en las circunscripciones de sus comunidades autónomas. De aplicarse, obligaría a estos partidos a presentar listas en la práctica totalidad del territorio nacional y, además, a superar un porcentaje mínimo en cada una. También aseguran que su sistema garantiza casi una proporcionalidad exacta entre el número de sufragios y el número de escaños.

Bloque Nacionalista Galego

En el BNG no están de acuerdo con la ampliación a 400 diputados en el Congreso propuesta por IU y por UPyD, y en todo caso, podrían aceptarla si no se crease la bolsa nacional de 50 que propugna Izquierda Unida, es decir, que todas las actas fueran repartidas como hasta ahora. Con una importante salvedad, los nacionalistas gallegos abogan por un cambio de circunscripciones electorales; pasar de la provincia a la comunidad autónoma.

Según sus cálculos, este nuevo sistema no les reportaría mayor representación en el congreso, pero lo defienden “por coherencia política” con sus planteamientos nacionalistas. También proponen mayores restricciones al voto emigrante –sobre el que, en el caso gallego, sistemáticamente han recaído muchas sospechas en cada elección-, y que se garantice el secreto y la libertad de este voto en urnas de embajadas y consulados (no por correo, como hasta ahora). Hay que tener en cuenta que el voto emigrante gallego es el más numeroso de cuantos proceden del exterior, y representa el 12 por ciento del total en esta comunidad autónoma.

Partido Socialista Obrero Español

En el PSOE se muestran abiertos a la negociación con otras fuerzas, aunque no han presentado aún sus iniciativas. Lo único que ha trascendido es el deseo del Gobierno de que el voto emigrante sea tratado como otra circunscripción electoral aparte, y que los sufragios del exterior no sean contabilizados en cada provincia de origen. En la Fundación Alternativas, próxima al Partido Socialista, se están desarrollando algunos estudios y se han presentado dos informes. Consideran en ellos aceptable la propuesta de ampliación del Congreso a 400 diputados.

Partido Popular

Durante la pasada precampaña electoral, los líderes de esta formación argumentaban en determinados actos públicos que su partido se veía perjudicado por la vigente Ley Electoral –argumento que desmienten los hechos-, y el propio Mariano Rajoy llegaba a amagar con incluir una reforma de la LOREG en su programa electoral, aunque finalmente, no terminó de ser precisada. En sus intervenciones públicas, el líder del principal partido de la derecha dejó caer su intención de promover cambios en el sentido de que el Gobierno recayese en manos de la lista más votada, también de establecer la necesidad de un mínimo del 30 por ciento de los sufragios para poder recibir ese encargo de formación de Gabinete, de instaurar un sistema con segunda vuelta, y hasta dejaba entrever la posibilidad de su apuesta por un sistema de listas abiertas. Nada de eso se ha concretado, aunque para la posibilidad de cualquier cambio, y dada la proclama de los socialistas de que no se llegarán a producir si no se cuenta con un amplio consenso, la posición de los populares resultará determinante para lograr cualquier modificación.

Los demás

No se conocen más propuestas que las relatadas hasta aquí, aunque sí ha ido quedando más o menos clara la posición del resto de grupos en el Parlamento. Convergencia i Uniò no está de acuerdo con la sustitución de las circunscripciones provinciales por las autonómicas que proponen sus compañeros del BNG en GALEUSCAT y que también suscribe UPyD.

A lo que se oponen sin matices, tanto CiU como el PNV es a la reforma que pretende UPyD, percibida como una clara amenaza a sus posibilidades de representatividad, mientras que matizan su posición ante la ampliación hasta 400 escaños en el Congreso, dejando claro que no asumen el sistema de reparto de los nuevos 50 propuesto por Izquierda Unida.

La posición más ambigua es la de Coalición Canaria, que acepta que son necesarios ciertos cambios, siempre que no se perjudique la representatividad de los partidos nacionalistas.

Historia de una desproporción Cuando en los primeros momentos de la democracia española, en plena transición, los partidos sacrifican muchas de sus pretensiones en aras de un consenso que permitiera plena viabilidad a la superación del régimen dictatorial, la mayor parte de los acuerdos políticos se sustentan sobre frágiles premisas. La primera Ley Electoral, de 1977, recibe una gran contestación por parte de las formaciones de izquierda, aunque no tanta desde las filas de los partidos nacionalistas. Sin embargo, pese a no dejar contento a casi nadie, termina siendo aceptada, con el compromiso de un cambio posterior en un momento más favorable. En 1985 llega una tibia reforma, la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) que introduce cambios para permitir que las comunidades autónomas establezcan criterios propios en sus convocatorias ante las urnas, pero que, en términos generales, deja como estaba la situación en el caso de las elecciones generales. Como ejemplo, basten los resultados y la desproporción, especialmente para algunas fuerzas políticas, que encontramos en las cuatro últimas convocatorias a elecciones legislativas.
1996    votos %  diputados % desviación %* PP 38,79   44,57  + 5,78 PSOE 37,63 40,28 +2,65 IU  10,54  6,00  - 4,54 CiU  4,60 4,57 - 0,03 PNV 1,27 1,42 + 0,15 CC 0,88 1,14 + 0,26 BNG 0,88 0,57 - 0,26 HB 0,72 0,57 - 0,15 ERC 0,67 0,28 - 0,39 PA  0,54 0 - 0,54 EA 0,46  0,28  - 0,18 UV   0,37 0,28 - 0,09	2000    votos %    diputados % desviación %* PP 44,52 52,28 + 7,76 PSOE 34,16 35,71 + 1,55 IU  5,45 2,28 - 3,17 CiU  4,19 4,28 + 0,09 PNV 1,53 2,00 + 0,47 BNG 1,32 0,85 - 0,47 CC 1,07 1,14 + 0,07 PA  0,89 0,28 - 0,61 ERC 0,84 0,28 - 0,56 ICV 0,51 0,28 - 0,23 EA 0,43  0,28 - 0,15 CHA  0,33 0,28 - 0,05
2004   votos %    diputados % desviación %* PSOE 42,59     46,85 + 4,26 PP 37,71     42,28 + 4,57 IU    4,96         1,42 - 3,54 CiU  3,23     2,85   - 0,38 ERC 2,52        2,28  - 0,24 PNV 1,63        2,00  + 0,37 CC 0,91        0,85  - 0,06 BNG 0,81        0,57  - 0,24 CHA  0,36         0,28 - 0,08 EA 0,31        0,28  - 0,03 Nai Bai 0,24        0,28  + 0,04	2008    votos %    diputados % desviación %* PSOE 43,64 48,28 + 4, 64 PP   40,11  44,00 + 3,89 IU  3,80 0,57 - 3,23 CiU  3,05 2,85 - 0,20 UPyD 1,20 0,28  - 0,92 PNV 1,20 1,71 + 0,51 ERC 1,17 0,86 - 0,31 BNG 0,82 0,57 - 0,25 CC 0,65  0,57 - 0,08 Nai Bai 0,24 0,28  + 0,04

      

Izquierda Unida, los más perjudicados

A mediados del mes de junio de 2007, durante un debate radiofónico en la Cadena SER, dos de sus habituales contertulios, Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón, y Santiago Carrillo Solares, a raíz de una sorprendente revelación hecha por el primero, se enzarzaban en una sosegada, pero, en el fondo, dura discusión. Herrero, que había sido uno de los siete padres de la Constitución, confesaba haber sido el autor, “en un 90 por ciento”, de la primera Ley Electoral de la democracia, cuyo objetivo fundamental, declarado por su propio impulsor, había sido el de impedir que el Partido Comunista de España hubiera conseguido un buen resultado en las primeras elecciones, en 1977. El ex militante de AP –y, posteriormente, de UCD- confiaba a la audiencia que se sentía “orgulloso” de haber tomado aquella decisión.

Su contertulio, que en esos años era el secretario general de los comunistas españoles, entre la sorpresa –relativa- y la ofensa, interpelaba: “Miguel, ¿y tú te sientes bien por esta planificación electoral, por este diseño que no aspiraba a un mapa representativo, sino, sobre todo, a marginar u orillar al Partido Comunista de España?”. La respuesta, una especie de “volvería a hacerlo”, justificado en la perspectiva actual, dejaba bastante decepcionado al veterano político de izquierdas, hoy ya alejado de la órbita del PCE.

El asunto había saltado a esta tertulia radiofónica –en la que ambos son habituales- por los ecos que había producido una entrevista que, días antes, se le había realizado al ex presidente del Gobierno, recientemente fallecido, Leopoldo Calvo Sotelo, en el diario ABC. En ella, el inmediato sucesor de Adolfo Suárez, ante la pregunta de cómo eran las relaciones de Unión de Centro Democrático con la izquierda nacional en aquellos años, hacía públicas una serie de maniobras políticas impulsadas desde su formación, con el fin de restar fuerza a un PCE al que se tenía por hegemónico en el campo de la izquierda: “Los que andábamos arreglando UCD entonces no hablábamos con la izquierda. Y estábamos todos profundamente equivocados, pues creíamos que el Partido Comunista podría arrasar en votos. Nos equivocamos completamente, y ése fue un error que se mantuvo en los gobiernos de UCD de Suárez, en los míos, y hasta en los de Felipe (González). Tal era nuestra impresión, que ayudamos con dinero para sus campañas al PSOE de Felipe, sobre todo. Nos dijimos: ‘Vamos a dar dinero a éstos, que están muy débiles, para que no se los coma el PCE’”.

En las primeras elecciones democráticas, los comunistas, con más de un 11 por ciento de los votos, obtenían 23 escaños, el 6,57 por ciento de los 350 diputados con que contaba el Parlamento.

En 1985 llegaba la reforma de aquel primer sistema, en forma de Ley Orgánica de Régimen Electoral General (LOPREG), pero que, en su filosofía, y en casi todas sus normas, conservaba el espíritu y la intención de la primera Ley Electoral de 1977.

Izquierda Unida nacía en 1986, fundamentalmente impulsada por el Partido Comunista de España, que había vivido su gran batacazo en las urnas en 1982, cuando el PSOE había concentrado con nitidez el voto útil de la izquierda, obteniendo su primera mayoría absoluta, mientras que el PCE pasaba de 17 –obtenidos en 1979- a cuatro diputados en el Congreso.

IU heredaba de los comunistas sus sedes y buena parte de su patrimonio, pero también el diseño electoral dibujado para evitar su representación parlamentaria proporcional a su presencia real en la política española. En cada cita con las urnas desde entonces ha resultado la formación más perjudicada y a la que más número de votos le ha costado conseguir, no sólo un acta de diputado, sino también de senador, de diputado autonómico, de concejal y cualquier asiento en las diputaciones provinciales.

En 1996, con el 10,54 por ciento de los votos –acercándose al máximo histórico del PCE en 1977- conseguía el seis por ciento de las actas del Congreso; en 2000, su porcentaje de votos, casi caía a la mitad, el 5,45, pero más aún el de escaños, que se quedaba en el 2,28 por ciento. En 2004 casi conseguía mantener sus votos, rozando el cinco por ciento (4,96), pero no sucedía lo mismo con sus diputados, que descendían hasta el 1,42 por ciento del Parlamento.

El último batacazo –que podría resultar definitivo para la coalición- ha llegado el pasado 9 de marzo. Con el 3,80 por ciento de los sufragios, Izquierda Unida sólo ha conseguido el 0,57 por ciento de las actas de diputado en el Congreso. Sus casi un millón de papeletas (963.040) tan sólo le han proporcionado dos escaños. Cada uno de ellos ha costado 481.520 votos, mientras que al triunfante Partido Socialista le han salido por 65.470 votos cada uno; al PP, por 66.039.

La formación más beneficiada ha sido el Partido Nacionalista Vasco, que ha necesitado 50.541 sufragios por cada escaño, pero tampoco parece evidente, en contra del criterio general, que los partidos nacionalistas sean los más beneficiados por el sistema electoral. A Convergencia i Uniò le ha salido más cara cada una de sus actas que a los dos grandes partidos nacionales; concretamente, 77.431 votos. Peor lo han tenido en Esquerra Republicana de Catalunya, que ha necesitado 98.824 papeletas por escaño. Nafarroa Bai está en medias similares a las del PP y PSOE, obteniendo un diputado con el total de sus 62.073 votos. La segunda fuerza más perjudicada es el nuevo partido de Rosa Díez, Unión, Progreso y Democracia, a quien su único asiento en el Congreso le ha costado 303.535 sufragios.

En Izquierda Unida existe el convencimiento de que su trayectoria electoral durante la democracia –y, anteriormente, la del PCE- ha venido marcada desde sus inicios por el grave perjuicio que les ha ocasionado la ley, que no les ha permitido participar en igualdad de condiciones con el resto de las formaciones. “No hubiera sido lo mismo, desde el principio, que el PCE, con el 11,50 por ciento de los votos, en vez de presentarse ante la sociedad con un grupo parlamentario de 23 diputados, lo hubiera hecho con los 40 que le correspondían proporcionalmente. Eso hubiera dado una imagen de partido fuerte, con muchas opciones de crecimiento. Además, también condicionaría nuestro peso a la hora de establecer alianzas de Gobierno, lo que nos hubiera permitido ejercer mucha más influencia en la política española todos estos años. Con esa ley, era precisamente eso lo que pretendían evitar”, nos comentan desde la Comisión Gestora que actualmente rige los destinos de IU hasta su próxima Asamblea Federal.

Los últimos resultados han colocado a la coalición ante su más difícil coyuntura histórica. Políticamente son la tercera fuerza en todo el Estado (sobrepasan la barrera del tres por ciento fijada por la ley para obtener representación parlamentaria en 31 de las 52 circunscripciones electorales) y, sin embargo, sólo han conseguido diputado en dos provincias. Ellos lo tienen claro, “muchos votantes potenciales de Izquierda Unida, sobre todo en provincias donde se dilucidan pocos escaños, acaban votando al Partido Socialista como mal menor, porque saben que su voto, si se dirige a nosotros, terminará en la más absoluta esterilidad. Estamos convencidos de que si cada ciudadano tuviera el convencimiento de que su voto cuenta igual que otro, nuestros porcentajes serían mucho más altos, porque la izquierda en este país es plural. Eso lo saben muy bien en el PSOE, y por eso, estamos convencidos de que, a la hora de la verdad, pese a las buenas palabras de la vicepresidenta de la Vega, ni el Gobierno ni el Partido Socialista van a suscribir una reforma electoral que les pueda privar de los beneficios del voto útil. Todos sabemos que este sistema no sólo es injusto porque no nos otorga un número de escaños proporcional a nuestros votos. Es que con un sistema verdaderamente proporcional, conseguiríamos muchos más votos”. Así, al menos, lo creen en la dirección de la coalición.