Premio Cervantes: lotería de vanidades

Por Mauro Armiño

Que la tradición quiera justificar los valores españoles en lo universal de las corridas de toros no supone que no sea un espectáculo sangriento y necio, reflejo según Cernuda de lo que es España; tampoco varias décadas de premios literarios y artísticos tiene por qué justificar la manía del Estado de meterse en camisas de once varas, barriendo para casa, principal acusación que suele hacerse a premios como el Cervantes, los nacionales, etc., por no meternos en los miles de premios, premiuchos y premillos que aquí da todo el mundo, autonomías, ayuntamientos y hasta patios de vecindad. No hay escritor, pintor, cineasta, comediógrafo, cantante o cantamonas, que no tenga en la pared algo colgando.

Vayamos con el Cervantes, que el ya ministro de Cultura –con diez meses en el cargo ha dejado de ser ochomesino y nonato– quiere cambiar, alterando la forma en que antes se componían los jurados, que según se dice era la fuente de todos los males; que hay premios Cervantes que claman al cielo, es cierto; pero no algunos por los que se desgañitan otros, siendo el caso más virulento el premio Cervantes dado a Francisco Umbral. Como no hay nadie más ciego que el que no quiere oír, el diario El País sigue empeñado desde entonces en que hubo trampa con el único fin de atacar a Jesús de Polanco y a Juan Luis Cebrián; en ese momento, El Mundo protagonizaba, día y noche, una operación de acoso contra ambos, con la ambición de verlos entrar esposados en alguna cárcel. Y Umbral había secundado la apuesta de su periódico y atacado a ambos.

Umbral: el premio más discutido. A ver si contando lo que pasó, se enteran de una vez: los dos finalistas eran el citado Umbral y Carlos Bousoño; aprecio a mi antiguo profesor, pero su obra poética es perfectamente prescindible, mientras que esa cosa tan difusa que es el estilo, el lenguaje vivo, la energía y brillantez de aforismos y paradojas estaba y está de parte de Umbral. Transcribo mis notas de salida del jurado: presidía Cela, amigo de Umbral y académico como Bousoño. Había fallado un miembro del jurado y el número de votantes era par. El empate se repetía sin que nadie se apease; Cela se vuelve a Alonso Zamora Vicente, que votaba “lo que me ha dicho la Academia” y le responde textualmente: “Ésos son unos imbéciles. Bousoño es un poeta malísimo y Umbral es un escritor”; otro miembro del jurado, el marqués de Tamarón, partidario de Bousoño, se confiesa cansado de tanto votar. Se propone que el voto sea secreto, y entonces sí, sale Umbral: Zamora y Tamarón fueron el fiel de la balanza.

Al crítico de entonces de El País, Miguel García-Posada, editor literario de varios libros de Umbral y miembro de ese jurado, le costó la cabeza en el periódico por no haber sabido interpretar in pectore los deseos de la casa; y pese a transcribir telefónicamente lo sucedido a la redactora jefe de Cultura, Ángeles García, ésta debió pensar que la verdad no tiene por qué alterar la noticia de sus deseos o de los deseos de la casa. Así se enzarzó todo, y todavía el periódico sigue con la espina clavada; comprendo que ver exaltado a uno que ha querido meterte en la cárcel no es miel sobre hojuelas, pero aceptar, en materias tan inanes como la vanidad literaria, el dicho “al enemigo ni agua” supone una irracionalidad a la que le vendría bien un poco de sentido común para zanjar un caso en el que, además donde se impuso la justicia real y poética.

Basta echar una ojeada a la lista de los Cervantes para ver desafueros y malandanzas: repartir entre Borges y Gerardo Diego el premio en 1979 fue una felonía y una maniobra rastrera que quería hacer pagar al escritor argentino su apoyo a la dictadura de su país; pero Borges es un escritor universal, cada día con más peso, y Gerardo Diego un poeta de andar por casa, compañero menor de la generación del 27. Nombres como los de Dulce María Loynaz –premio contra el castrismo–, José Jiménez Lozano, José García Nieto, y Antonio Gamoneda no se saben muy bien por qué están ahí, y faltan otros sin que se sepa tampoco el motivo: muertos como Julio Cortázar o José Ángel Valente, vivos como Goytisolo (por supuesto, Juan), etc.

La presunta izquierda periodística, salvo que algo personal se meta por medio, no suele interesarse demasiado por estos premios; la derecha en cambio, sí: tenemos a Luis María Anson clamando desde hace años contra su politización, dado que tanto en los premios nacionales como en el Cervantes el Ministerio de Cultura tiene arte y parte en la designación de los jurados. Anson, especialista en jurados, es partidario, como yo, del «déjame a mí organizar el jurado»; se diseña el jurado y el premio recae en quien quiere el que manda; se practica y se ha practicado a menudo. En algún premio nacional de teatro del que he formado parte, a los cuatro miembros que el Ministerio podía designar a dedo, no los conocía ni de cara ni de nombre ninguno de los demás, que éramos autores, directores y críticos de teatro. Fue la época en que Luis Alberto de Cuenca mangoneaba esos premios como secretario de Estado de Cultura, aunque en esa ocasión conseguimos sacar adelante, por los pelos y frente a algo que olía a muerto, Terror y miseria en el primer franquismo, de Sanchis Sinisterra.

¿Quién elige al elector? Durante los días de vino y rosas con que se ha celebrado el Cervantes del año pasado a Juan Gelman, César Antonio de Molina ha manifestado algunos de sus cambios para los jurados del Cervantes e insinuado los que ocurrirá con en el resto de premios nacionales. Por supuesto, el ministro Molina no recurre a su propia experiencia ni piensa en la falta de idoneidad de unos jurados que han dado premios a casi todo el mundo (con perdón, hasta yo tengo dos nacionales), mientras él, con su treintena de libros de, poesía, ensayo, memorias, etc. no tiene según su biografía oficial ninguno, ni nacional, ni de la Crítica; descubierto el desastre, proponer arreglos, recortando el número de jurados del Estado: sólo serán nombrados dos a través del Ministerio y del Cervantes; el resto lo compondrían lo que algunos llaman “organismos independientes” como la Real Academia, instituciones latinoamericanas, con escritores elegidos por la Conferencia de Rectores Universitarios, la Unión de Universidades de América Latina, la Asociación Internacional de Hispanistas, y hasta la Federación de Asociaciones de Prensa española, etc.

“Se van a revisar todos los jurados de los premios nacionales; nadie duda de la capacidad de los anteriores, pero hay que adaptarse a los tiempos en aras de buscar el máximo acierto y consenso posible”, declaró Molina; yo sí dudo de la capacidad de los anteriores; me he visto en demasiados. soportando al ilustre académico Emilio Lorenzo pidiendo excusas al cuarto de hora de debate para que volviésemos a empezar porque no había encendido su sonotone; o un académico de la Vasca –son lingüistas, si llegan a serlo–, vecino de asiento preguntándome cómo se llamaba Sastre. En los nacionales, el jurado estaba compuesto por representantes de las cuatro academias, de la asociación de la crítica y de autores, además de los cuatro del Ministerio; si esto pervivía desde la etapa de Solana, y en principio no parecía mal, pronto se tergiversó: los representantes de las comunidades llamadas “históricas” hacían causa común y apoyaban a las otras comunidades cuando caía su gallego, su vasco o su catalán, sin importarle para nada la objetividad de la obra que se debatía.

El ministro Molina coincide curiosa y sospechosamente con las pretensiones que Anson viene explicitando desde hace tiempo: unos jurados corporativistas, elegidos por criterios de representación y no de capacidad, donde las Academias y altas instituciones supuestamente culturales –que se reparten las subvenciones sin transparencia alguna– repartan ahora la guinda de los premios (recuérdese el “Yo voto lo que me ha dicho la Academia”, de Zamora Vicente). Me ha tocado al lado de varios académicos: están en sus cosas, y leer, lo que se dice leer, leen mucho menos que cualquier crítico de periódico. Y dado que su elección como académicos se debe a tantas martingalas como circunstancias inverosímiles, no adivino qué esencia presta la Academia de modo que se conviertan en críticos omnisapientes y modelos de limpia, fija y da esplendor –si es esto lo que se premia, que a estas alturas, y, por la obra del personal que la integra, no creo–. ¿Quién elige al elector ministro? ¿Quién elige a las personas realmente capacitadas para emitir juicio y otorgar premio en nombre del Estado? ¿Dónde, entre la crítica o la universidad, cuando la universidad española es lo que es –en el puesto doscientos y tantos en el ranking más reciente la primera? Ni se ve qué pintan en todo esto las federaciones de Asociaciones de prensa o de hispanistas. Porque, además, un premio del Estado parece garantizar no el acierto o el desacierto, sino una consideración objetiva de una obra o un escritor; y ya sabemos la necedad de lo que se pretende objetivo en estas materias.

Quizá el ministro Molina no se haya parado a pensar, cuando dice que quiere incorporar “la sociedad civil a la gestión de la cultura”, que el país es una corte inculta de los milagros, y que encima se mueve por intereses creados siempre. ¿Por qué el Estado tiene que hacer de papá proveedor de vanidades en estas materias? No hay razón alguna, salvo el deseo de la foto, el traje de pingüino y fastos y más fastos mientras la tasa de ignorancia, por no decir de analfabetismo funcional, sube. Sin embargo, si por designio de los cielos el Estado tiene que meterse en estos andurriales, podría cambiarse el sistema de elección: sigo pensando en mi propuesta: cuando llegó a la dirección general del Libro Rogelio Blanco –que sigue–, se sintió obligado a pedir a los jurados ideas para remediar lo irremediable: me puse valleinclanescamente estupendo y dije entonces: “Se mete todos los nombres en una bolsa y que una mano tonta saque uno, que será el premiado”. Sigo pensando que es lo más objetivo. l