José María Barreda, presidente de Castilla-La Mancha

"AGUA PARA TODOS, SÍ,

PERO AGUA PARA TODO, NO"

Satisfecho por el pacto por la vivienda que suscribe este mismo lunes con la ministra, los sindicatos y los promotores, José María Barreda insiste en que los murcianos tienen que entender que "el desarrollo de su región no se puede basar Indefinidamente en un recurso que es escaso" y sobre el que no tienen "prioridad", en el caso del trasvase Tajo-Segura. Por ello, se permite matizar el eslogan utilizado en esa comunidad y señalando que "agua para beber sí, agua para mantener desarrollos que no son sostenibles, no". Además, se opone a la publicación de las balanzas fiscales de las comunidades porque "quienes insisten tanto en publicarlas no lo hacen de manera inocente" y la igualdad no se puede circunscribir, "como han planteado en Cataluña, a los servicios básicos de educación, sanidad y servicios sociales".

Por Manuel Capilla

Q ué balance hace de estos cuatro años al frente de la Junta de Castilla-La Mancha y de este primer año de legislatura?
—Un balance positivo. Hemos empezado cumpliendo uno por uno los compromisos adquiridos en la campaña electoral. Hemos subido las pensiones más bajas y estamos dedicando un gran esfuerzo al desarrollo sostenible que todos queremos para Castilla-La Mancha, con logros muy claros. Durante todo el año pasado hemos sido la comunidad autónoma que más ha crecido en empleo y, además, de una manera equilibrada, diversificando nuestro tejido productivo. Al mismo tiempo, estamos haciendo un esfuerzo para crear infraestructuras que no tiene precedentes, de tal manera que en 2010 tendremos 2.800 kilómetros de autopistas y autovías y la red de alta velocidad más tupida de todas las comunidades. La semana que viene (por ésta) firmaremos un acuerdo por la vivienda con la patronal y los sindicatos,con los promotores y con la propia ministra con el doble objetivo de facilitar el acceso a la vivienda, especialmente a las parejas de jóvenes mileuristas con ingresos de 2.000 o 2.500 euros, y también de mantener la actividad para un sector que para Castilla-La Mancha es muy importante.

—¿El nuevo plan de vivienda desarrollado por su gobierno puede convertirse en un referente en esta materia?
—Posiblemente. De hecho, la ministra va a firmar el acuerdo porque le ha parecido muy interesante. El planteamiento es eficaz por lo que tiene de sencillo. Se trata de poner en relación a los demandantes de vivienda con los constructores. Nosotros tenemos un registro con 45.000 demandantes de viviendas de estas características, y en este momento los promotores tienen dificultades para vender y para construir vivienda libre. Por eso le vamos a decir a los promotores donde queremos que construyan. Ellos utilizan su suelo y sus empresas para hacer las viviendas con las características que nosotros les pedimos, y nosotros las ponemos a disposición de los demandantes, ofreciendo garantías tanto a los constructores, que van a tener la seguridad de la venta, y también facilidades para los compradores.

—A Zapatero se le ha criticado la creación de un Ministerio de la Vivienda porque la mayor parte de las competencias en esta materia pertenecen a las comunidades, ¿falta apoyo al Gobierno por parte de las comunidades autónomas para afrontar el problema de la vivienda?
—Tiene que ser una simbiosis, tiene que haber reciprocidad. Con las competencias transferidas, al Ministerio de la Vivienda, lo que le queda son ayudas. Tiene que tener recursos, tiene que tener presupuesto para ser eficaz. Y tiene que haber una simbiosis de intereses entre las comunidades autónomas y el Ministerio de la Vivienda. Nos tenemos que ayudar recíprocamente. Ése es el planteamiento más inteligente en vez de entrar en una escalada de descalificaciones por las competencias. Al final, el ciudadano lo que quiere es una vivienda asequible y le importa muy poco, por no decir absolutamente nada, quien tiene las competencias en la materia.

—¿Cómo espera que se desarrolle el debate sobre la financiación autonómica?
—Con la serenidad deseable en todas las cosas que son importantes, y la financiación autonómica lo es. Es una cuestión en la que con facilidad se pueden exacerbar las tensiones y hay que introducir sensatez, serenidad, tranquilidad...En España nos tenemos que acostumbrar a convivir con la complejidad. El Estado español es un estado complejo, que obliga al esfuerzo de la búsqueda del consenso y eso no tiene porque ser dramático ni nos tiene porque llevar permanentemente al borde del precipicio, sino a utilizar las metodologías adecuadas que nos permitan encontrar espacios de acuerdo y de coincidencia. Espero que seamos capaces de hacerlo así en la financiación autonómica. Lo hemos sido con anterioridad. Desde luego, el planteamiento de fondo que yo tengo es que el Estado tiene que seguir siendo garante de la igualdad entre todos los españoles; que para mí la solidaridad no es un fin en sí mismo, sino un mecanismo para conseguir la igualdad que es el verdadero objetivo; que la igualdad no se puede circunscribir, como han planteado en Cataluña, a los servicios básicos de educación, sanidad y servicios sociales, sino que debe afectar al conjunto de la igualdad real de oportunidades a todos los efectos, también de crecimiento económico.

—¿Un instrumento para conseguir esa igualdad es la publicación de las balanzas fiscales?
—Yo creo que no. Creo, además, que quienes insisten tanto en publicar las balanzas fiscales no lo hacen de manera inocente, lohacen con un planteamiento apriorístico que consiste en explicar después "nosotros contribuimos con mucho y recibimos poco". La cuestión de las balanzas fiscales tiene muchos inconvenientes. En primer lugar, la propia metodología, porque en función de que se siga una u otra el resultado es muy diferente, y ahí ya tenemos un gran problema. Luego está otra cuestión que es absolutamente fundamental, que venimos repitiendo pero que tiene que quedar claro: quienes contribuyen no son los territorios, son los ciudadanos. Por tanto, no es razonable hacer balanzas territoriales que tienen su origen en las contribuciones personales que hace cada ciudadano. Además, hay una serie de impuestos, por ejemplo el IVA, que tiene efectos distintos según donde se compre y donde se venda. Y eso lógicamente afecta a las balanzas fiscales. También existe la cuestión relativa a las sedes fiscales de las empresas. ¿Dónde está la sede fiscal de las empresas eléctricas que tienen centrales nucleares en Castilla-La Mancha? En Castilla-La Mancha no, por poner un ejemplo que se entiende muy bien.

—¿Qué hace falta para cerrar la eterna polémica sobre el reparto del agua en España? —Un pacto complicado, pero que también es posible y deseable que debería incorporar la nueva cultura del agua. El considerar el agua como un bien escaso, que por tanto tiene cada vez más valor, y cuyo uso tiene que ser absolutamente racional. Seguramente el denominador común en el que todos podemos coincidir es que haya agua para todos a la hora del abastecimiento humano. Ese debería ser un compromiso de todos los españoles. Por eso matizo el eslogan que utilizan en Murcia, 'agua para todos'. 'Agua para todos sí', 'agua para todo' no. Agua para beber sí, agua para mantener desarrollos que no son sostenibles no. En tanto en cuanto no entiendan que el desarrollo de su región no se puede basar indefinidamente en un recurso que es escaso, que está lejos de Murcia y sobre el cual nosotros tenemos prioridad porque somos la cuenca cedente, ya que dice la ley y la lógica que la cuenca que cede tiene prioridad sobre la cuenca receptora, en tanto en cuanto no entiendan eso, van a tener cada vez más dificultades para organizar su propio crecimiento.

—¿Considera que existe voluntad para alcanzar ese pacto sobre el agua, sobre todo por parte del Gobierno, que debería ser quien ejerciera de árbitro?
—El gobierno de España es clave. Le corresponde la mayor responsabilidad de dirigir, coordinar y patrocinar ese pacto.

—¿No la está ejerciendo?
—La tiene que ejercer. Hasta ahora no ha habido ese pacto. Lo que no se puede hacer es el reduccionismo de equiparar Plan Hidrológico Nacional al trasvase del Ebro o al mantenimiento del trasvase del Tajo. Eso no es un plan hidrológico nacional, porque éste pasa por respetar las directrices marco de la Unión Europea en lo que se refiere a los caudales de los ríos y de la calidad de sus aguas. Pasa por un uso eficiente del agua, por que su prioridad sea el del abastecimiento humano.

—¿Confía en que el trasvase Tajo-Segura quede paralizado definitivamente?
—Inexorablemente eso ocurrirá ante o después. Hemos fijado en el estatuto de autonomía el año 2015 como fecha de caducidad porque para entonces habrán ocurrido muchas cosas. La entrada en vigor de las directrices marco del Unión Europea, la revisión de los planes de cuencas de los ríos, la entrada en funcionamiento de las desalado-ras, una mayor eficacia en los sistemas de regadío...De hecho ya ha empezado a terminar porque hemos conseguido utilizar también esa infraestructura y utilizar el agua del trasvase para Castilla-La Mancha.

—¿Le gustaría que Carme Chacón fuera la sucesora de Zapatero?
—Es un poco prematuro hablar de la sucesión de un presidente que ha ganado las elecciones hace unas cuantas semanas. Dicho esto, tengo de Carme Chacón la mejor de las opiniones. Me parece una gran política, una fantástica ministra de Defensa, una gran persona. Tengo por ella una especial predilección, me encanta.

—¿La economía puede ser el gran lastre del Gobierno durante la legislatura?
—Habrá que conseguir que no sea así. Durante los años anteriores España ha estado creciendo más que la media de la Unión Europea. Ahora seguimos creciendo, por lo tanto no hay crisis, pero estamos creciendo menos. Es cierto, por tanto que estamos en una recesión. Es verdad que ha sido abrupta, en el sentido de que se ha producido con profundidad en un plazo de tiempo muy corto y coincidiendo dos crisis, la financiera y la inmobiliaria, que se retroalimentaban. Pero ya empieza a haber algunos indicios en Estados Unidos y en el conjunto de Europa, que nos permiten tener confianza y superar esta coyuntura. •