Tíbet

Por Francesc Homs i Molist*

En un artículo publicado en Le Monde el pasado 5 de abril, Pierre Hassner –profesor del prestigioso Institut d'Études Politiques de París– fijaba los grandes dilemas de Occidente respecto a las crisis y a los conflictos entre una nación dominante y un pueblo dominado. Decía Hassner que los gobiernos occidentales responden de forma unánime siguiendo un proceso siempre parecido.

En primer lugar, hacen proclamas a favor de los derechos humanos, que como describe otro excelente profesor, el doctor José A. Obieta Chalbaud, incluyen "el derecho humano de la autodeterminación de los pueblos". Pero, al mismo tiempo, hacen también proclamas a favor de la soberanía de los Estados y de la estabilidad de las fronteras. A continuación y en segundo lugar, los gobiernos occidentales pasan a gestionar como pueden la tensión que produce la defensa de los principios universales, morales o jurídicos, con los intereses, las alianzas y los compromisos del Estado que ellos mismos representan. Y, finalmente, a los gobiernos occidentales les resulta más o menos fácil de arbitrar a favor de la defensa de los derechos fundamentales en función de la importancia económica o militar del Estado opresor.

Así es como está tratando buena parte de Occidente el tema del Tíbet. Y especialmente estos días, donde el eco de los Juegos Olímpicos amplifica y evidencia aún más las contradicciones de nuestro mundo ante la opresión del pueblo tibetano y la actitud represiva de China. Tíbet es un pueblo con 2.300 años de historia, con una lengua, una cultura y una religión propias, y con una larga tradición de prestigio y respeto

internacional por el papel representativo y de carácter pacifista de su líder, Dalai Lama. Desde 1950, Tíbet forma parte de la República Popular de la China, bajo un régimen jurídico especial que lo diferencia de las otras regiones chinas, aunque esto no le permite garantizar sus derechos nacionales y culturales más elementales.

El pasado 10 de marzo en la capital del Tíbet, Lhasa, se iniciaron unas manifestaciones pacíficas de ciudadanos tibetanos que protestaban contra más de cincuenta años de ocupación china. La represión de estas protestas condujo a un alzamiento generalizado de la población tibetana en la Región Autónoma del Tíbet y en las áreas tibetanas de las provincias de Gansu, Qinghai, Sichuan y Yunnan, y que aún hoy continúan. Y no sólo eso, sino que estas manifestaciones están encontrando eco en muchas capitales del mundo, donde la gente se solidariza con lo que se considera una causa justa, pacífica y de defensa de los derechos humanos.

Es ilustrativa de una política de doble moral la reacción interesadamente tímida que busca buena parte de los gobiernos occidentales, el español incluido. China es un Estado con unas credenciales, en lo que al respeto de los derechos humanos se refiere, bajo mínimos. El último gran bastión del comunismo lo es también en el terreno de la vulneración de los derechos humanos fundamentales. Los proyectos políticos inspirados en la desconfianza hacia la sociedad –como lo es el comunismo, sea auspiciado por Mao, Stalin o Fidel Castro– generan siempre unas estructuras voraces que impiden el ejercicio de los derechos humanos
más elementales.

No soy partidario de boicotear los juegos olímpicos chinos. El boicot me parece un mecanismo impropio de las sociedades democráticas. Pero creo sinceramente que el mundo occidental –nuestro mundo– debería comportarse de forma distinta en casos como el del Tíbet. Y, especialmente, ante las actuaciones chinas. La defensa de los derechos humanos y los valores universales que conllevan no puede ser matizada. Y mucho menos por meros intereses comerciales o económicos. Más allá de la respetable potencia económica china, la fortaleza que tenemos conjuntamente los que defendemos los derechos humanos fundamentales –que incluyen los de los pueblos–debe obligar a nuestros gobiernos a exigir sin matices su cumplimento a todo Estado que los vulnere. •

*Diputado al Parlament de Catalunya por CIU.