El acuerdo alcanzado por el Gobierno central y la Generalitat catalana para proveer 50 hectómetros cúbicos de agua para consumo humano al área urbana de Barcelona, procedentes de los excedentes de los regantes de Tarragona, ha servido de excusa para que las autonomías de Levante gobernadas por el PP desaten una nueva guerra del agua y acusen al Ejecutivo nacional de cierto favoritismo hacia Cataluña. Tras la reacción ante el supuesto agravio comparativo, y el empeño en definir como trasvase la operación autorizada, está el deseo expresado abiertamente desde Murcia y Valencia de resucitar los planes del PP de realizar un gigantesco trasvase (1.050 hectómetros cúbicos al año) desde la cuenca del Ebro hasta toda la zona mediterránea, unos planes que el primer Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero ya derogó en 2004. En el fondo se enfrentan dos concepciones casi opuestas de la política de gestión de los recursos hídricos en un país que, como el nuestro, tiene problemas estructurales profundos en la distribución de un bien tan escaso como necesario.

Por Pedro Antonio Navarro

Hemos sido nosotros quienes de frente hemos dicho a todos los españoles que eso que está construyéndose para Barcelona tenía que estar ya terminado (…) Seremos los primeros en defender el trasvase a Barcelona que se va a construir a partir del 1 de mayo y, es más, pido el doble del previsto en el trasvase derogado por Zapatero, pero pido y exijo el mismo trato para la Comunidad Valenciana, Murcia y Almería. Cómo es posible negarle el agua a nuestros conciudadanos intentando tapar lo que se está haciendo con Cataluña, que no es más que parte fundamental del trasvase derogado por Zapatero”. Con esta rotundidad se expresaba el presidente de la Generalitat valenciana, el popular Francisco Camps, el pasado 17 de abril.

Ya llevaba realizando declaraciones en las que expresaba su crítica y su queja por lo que consideraba un agravio comparativo entre Cataluña y el resto del Levante español, desde que el 15 de abril, la ministra de Medio Ambiente, Elena Espinosa, y el presidente de la Generalitat catalana, José Montilla, y el conseller Francesc Baltasar, anunciaban un acuerdo para llevar, de modo urgente y provisional, 50 hectómetros cúbicos de agua para el abastecimiento humano al área metropolitana de Barcelona, adquirida a los regantes de Tarragona de sus sobrantes. Ya entonces, Francisco Camps, junto a su homólogo murciano, Ramón Luis Valcárcel, anunciaban incluso posibles movilizaciones en las calles para presionar al Gobierno central y conseguir que el agua procedente del río Ebro sea recanalizada para abastecer a sus comunidades autónomas. El presidente murciano, también del Partido Popular, aseguraba que no resultaría “ni mucho menos improbable movilizar a la sociedad” reclamando un agua “que es de España y nadie necesita”.

Incluso Camps llegaba a insinuar que esta operación recién acordada entre Generalitat y Estado era una “parte importante” del defenestrado trasvase del Ebro y que, por tanto, el acuerdo constituía un “desprecio” al resto de territorios necesitados de ese elemento vital.

Hasta la flamante portavoz parlamentaria en el Congreso del Partido Popular, Soraya Sáenz de Santamaría, anunciaba la intención de su grupo de solicitar la comparecencia urgente del presidente del Gobierno ante la Cámara para que explique su “rectificación en la política de aguas”. En tono amenazante, aseguraba que “la actuación, no sólo del PP sino de muchos ciudadanos, dependerá de la comparecencia de Rodríguez Zapatero y de si éste hace efectivo el criterio de igualdad entre las comunidades”.

Lo cierto es que, trasvase o no, las actuaciones acordadas entre el Gobierno de Madrid y el catalán para proveer de agua de consumo humano a Barcelona no resisten la menor comparación con el proyecto faraónico que suponía el trasvase del Ebro incluido en el Plan Hidrológico Nacional diseñado por el ejecutivo de José María Aznar en 2000. Las diferencias abarcan todos los factores, y resultan escandalosas. En primer lugar, la actual es una medida provisional y de urgencia, mientras que el megaproyecto de hace ocho años afectaría a muchas cuencas hidrográficas y sería permanente, y para el que se hubiera requerido el desarrollo de la mayor obra pública de la historia de España, después de las infraestructuras de alta velocidad ferroviaria. En segundo lugar, el acuerdo de la pasada semana no tomará el agua del cauce del río, sino de los sobrantes de la comunidad de regantes de Tarragona, y en una cantidad ridícula (50 hectómetros cúbicos –cuatro al mes-), frente a los 1.050 programados por los populares. Además, en el caso reciente, el destino del líquido elemento es para exclusivo uso doméstico, mientras que el trasvase del Ebro aprovisionaría de agua para toda clase de usos a las cuencas mediterráneas, especialmente para la agricultura, responsable del 80 por ciento del consumo en todo el Estado.

Sin embargo, la denominación trasvase puede hacer ir de cabeza al Gabinete de Zapatero en las próximas fechas, y convertirse en el auténtico quid de la cuestión. Tanto en su Investidura de hace cuatro años, como en la más reciente, el presidente del Gobierno se había comprometido a no realizar ningún tipo de trasvase y a aplicar políticas hidrológicas alternativas. Por eso, una mala noticia le ha llegado a Zapatero desde la Comunidad de Aragón, presidida por Marcelino Iglesias, compañero de partido del presidente. El Gobierno aragonés encargaba, el pasado 16 de abril, un informe a sus servicios jurídicos con el fin de determinar si el acuerdo para el abastecimiento a Barcelona constituía o no un trasvase. El Estatuto de autonomía de esta comunidad establece con nitidez la prohibición de cualquier tipo de trasvases desde los ríos de la región, y dado que el origen del agua que llegará a la Ciudad Condal es el Ebro –aunque ya fuera previamente cedida a la comunidad de regantes-, podría generar un conflicto legal.

Desde La Moncloa se han esforzado en negar esta eventualidad. De hecho, se habían opuesto a la solución inicialmente propuesta desde la Generalitat, un trasvase desde el río Segre –que hubiera supuesto una obra cinco veces más barata que la ahora aprobada-, porque en ese caso, sí se trataba claramente de un trasvase, aunque fuese en cantidades pequeñas.

En Izquierda Unida, aunque por razones muy diferentes a las del Partido Popular, ya le han expresado al Gobierno su oposición, porque también consideran que la actuación aprobada es considerada un trasvase, pese a que han mostrado su comprensión ante la “emergencia” de la situación de carencia que se pretende resolver y, en palabras de Gaspar Llamazares, quedan a la espera de las explicaciones que les ofrezca el Gabinete para posicionarse definitivamente.

Algo similar sucede con las organizaciones ecologistas que, aunque diferencian claramente entre esta actuación y el trasvase del Ebro, y que, a su criterio, “no se pueden comparar”, muestran su malestar por esta decisión y han planteado otras opciones alternativas, como el traslado de agua en camiones cisterna, e incluso restricciones horarias del consumo con tal de no abrir la Caja de Pandora de un acto que pudiera considerarse un trasvase.

Con todo, el problema del agua en España, más allá del agravamiento que producen las sequías –cuya tendencia se acentuará en las próximas décadas-, es estructural. Los 75.000 kilómetros de cuenca fluvial de nuestro país recogen cada año unos 106.000 hectómetros cúbicos de caudal. No es una cantidad insuficiente –pese a que si no existiese el sistema de embalses, de toda esa cantidad sólo podrían aprovecharse 9.000 hectómetros cúbicos-; el problema es que los ríos de nuestro país tienen unas enormes diferencias de caudal entre estaciones; son de régimen torrencial y en verano suelen secarse. Esto hace muy difícil su aprovechamiento. En otros Estados, como Francia, por sus características, se puede aprovechar hasta un 40 por ciento del caudal de sus ríos sin necesidad de construir presas.

El gran consumo no está destinado al uso doméstico, que apenas representa un 14 por ciento del total (4.300 hectómetros cúbicos al año), ni a la industria, que utiliza un seis por ciento (1.900 Hm3). Es la agricultura y, especialmente la de regadío, la que se bebe el 80 por ciento de nuestra agua (24.200 hectómetros cúbicos), por lo que la canalización y los sistemas de riego se convierten en elementos fundamentales para el ahorro y preservación del líquido elemento. Se calcula que en las canalizaciones se pierde entre un 50 y un 70 por ciento del agua que circula por ella.

Los embalses tienen una vida larga, pero limitada (entre 50 y 200 años), porque se van llenando de los sedimentos que arrastra el río, al que interrumpen su cauce natural. Esto, además provoca que esos sedimentos no lleguen, como naturalmente debiera producirse, a las zonas más bajas de los ríos, con la consiguiente pérdida del aporte de nutrientes a esas áreas, lo que altera su riqueza natural y el ecosistema.

El consumo en España es alto, pero similar al de los países de nuestro entorno. Se ve incrementado en épocas de mayor afluencia turística, y en zonas concretas, como las Islas Baleares, el consumo en centros urbanos de agua durante los meses de julio y agosto equivale al de los otros diez meses del año.

Algunas voces acusan a unos precios políticos y subvencionados –muy por debajo del coste real de l tratamiento y transporte del agua- del despilfarro de tan vital elemento, y abogan por la creación de un mercado del agua, aunque desde el otro lado, reconociendo que los precios no se ajustan a los costes, también se acusa a quienes defienden este mercado que buscan la privatización de un bien de uso público. Nuestra media de consumo (por todos los conceptos, no sólo de uso urbano) es de unos 250 litros por persona y día.

Pero se trata de una estadística injusta. Como ejemplo, destacar el consumo que se registra en un campo de golf de dimensiones estándar (de los que cada día abundan más en nuestras costas, en especial las de la vertiente mediterránea, las de más bajo nivel hídrico) de entre 50 y 150 hectáreas consume entre 10.000 y 15.000 metros cúbicos de agua, lo que equivale al gasto anual de una población de 15.000 habitantes. En 2004, la demanda de agua de los campos de golf que había instalados en España ascendía a 125 millones de metros cúbicos. Si se construyen los nuevos campos de este elitista deporte planificados de aquí a 2015, esa demanda crecerá en un 65 por ciento.

El problema del agua vuelve a convertirse también en un argumento político de primera magnitud para ahondar en el enfrentamiento entre el Gobierno y la oposición, que ya anuncia nuevas movilizaciones. Todo ello a las puertas de la inauguración de la Exposición Universal de Zaragoza que tendrá, precisamente, como auténtico leit motiv la gestión del agua ante las amenazas del cambio climático y la promoción del desarrollo sostenible.l

DOS CONCEPCIONES DE LA POLÍTICA HÍDRICA

Las medidas de emergencia para aportar 50 hectómetros cúbicos de agua al área urbana de Barcelona han vuelto a desatar la polémica sobre las políticas hídricas necesarias para atajar el problema estructural del abastecimiento en nuestro país. Una de las primeras medidas adoptados por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, en 2004, fue la derogación de una importante parte del Plan Hidrológico Nacional, especialmente, la referida al planificado trasvase del Ebro, cuyas obras ya habían sido iniciadas por la anterior Administración del Partido Popular.

El Gobierno del Partido Popular presentaba su proyecto el 14 de julio de 2000, aunque ya en abril de 1993, el entonces Gobierno socialista había impulsado su propio Plan, aprobado por el Consejo de Ministros pero que no conseguía el aval del Consejo Nacional del Agua -órgano consultivo que introdujo ciertas condiciones, como la elaboración de planes de cuenca y regadío-.

El polémico Plan Hidrológico Nacional del PP establecía unas actuaciones básicas cuyos pilares fundamentales consistían en el trasvase de agua de unas cuencas a otras y en la construcción de nuevos embalses, aunque también se incluían otras medidas, como la reforestación de cuencas, la mejora de sistemas de regadío y la aplicación de diversas medidas ahorradoras. Tras cinco meses de trabajos, el 30 de enero de 2001 el Pleno del Consejo Nacional del Agua, CNA, daba luz verde al proyecto de PHN. La votación final fue de 69 votos a favor, 15 en contra (Aragón, Baleares, Asturias, Andalucía, tres de grupos ecologistas, dos de organizaciones agrarias, cuatro expertos en hidrología y dos de usuarios de Andalucía) y una abstención (una experta en hidrogeología). Entre los votos favorables figuraron los de Extremadura y Castilla-La Mancha, ambas comunidades gobernadas por el PSOE.

Uno de los escollos más importantes del Plan –que ocasionó las mayores movilizaciones de la historia de Aragón- era la propuesta del trasvase del Ebro a las cuencas mediterráneas de 1.050 hectómetros cúbicos anuales. También proponía medidas para reforzar la coordinación entre comunidades autónomas y corporaciones locales, estableciendo garantías de las cuencas cedentes, cautelas en las cuencas receptoras y planes especiales contra sequías e inundaciones, y de protección del Delta del Ebro o mejora de la calidad del Tajo. El coste previsto inicialmente para las infraestructuras del trasvase estaba calculado en 3.800 millones de euros.

El Partido Socialista presentaba entonces una enmienda alternativa a la totalidad del PHN, consistente en planes para la plena reutilización del agua y el reciclaje, multiplicar por tres el número de desaladoras, un plan de regadíos, un plan forestal, la creación de un banco de agua público y una mejora de infraestructuras –entre el 50 y el 70 por ciento del agua se pierde por las deficiencias de las canalizaciones-.

Una vez que el PSOE llegaba al poder en 2004, sustituía el antiguo PHN y el trasvase del Ebro por el Plan A.G.U.A. (Actuaciones para la Gestión y la Utilización del Agua).

El programa planteaba la puesta en servicio, ampliación y construcción de 36 desaladoras, una de sus medidas básicas para satisfacer las necesidades de agua de las cuencas mediterráneas .El Programa tenía  previsto hasta 2008 una inversión de 3.900 millones para potenciar la desalinización (1.790 millones) y reutilización del agua, la optimización de los regadíos y abastecimientos, y un impulso a la calidad, tanto en depuración como en restauración de riberas. El Gobierno calculaba que estas actuaciones proporcionarían el 50 por ciento de los nuevos recursos. El Plan contemplaba la puesta en funcionamiento de 26 plantas desaladoras que proporcionarían casi tanta cantidad de agua a las cuencas mediterráneas prevista en el trasvase del Ebro, unos 700 hectómetros cúbicos, en cálculos gubernamentales. A pesar de ciertos retrasos, se espera que a finales de 2009 todas esas plantas estén a pleno funcionamiento.

Desde que se construyera la primera desaladora en Lanzarote en los años sesenta, han sido más de 900 las que se han puesto en marcha en todo el Estado, aunque muchas de ellas son pequeñas plantas de menos de 50 metros cúbicos (m3) al día diseminadas de forma descontrolada por la costa. 50 m3 es el equivalente del consumo de unas 250 personas al día. Frente a estas pequeñas instalaciones, las grandes desaladoras producen más de 50.000 m3 al día; algunas de las últimas desalinizadoras inauguradas o ahora mismo en construcción, incluidas en el PHN, superan sobradamente este volumen. Como la de Carboneras, que tiene capacidad para producir 120.000 metros cúbicos diarios. Con las plantas desaladoras que hay ya en funcionamiento el país produce alrededor de 1,6 millones de metros cúbicos al día de agua desalada -1,6 hectómetros cúbicos- y cuando se pongan en marcha las instalaciones en construcción del Plan Hidrológico Nacional esta cifra aumentará hasta los 2 millones de metros cúbicos al día –2 Hm3–.

AGUA PARA BARCELONA: ¿TRASVASE O TRASLADO?

Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española trasvasar es la acción de “pasar líquido de un recipiente a otro”. Atendiendo a esta escueta definición resulta muy difícil denominar lo pactado entre la Administración central y la catalana para aportar 50 hectómetros cúbicos de agua para el consumo humano al área urbana de Barcelona.

Gobierno y Generalitat catalana alcanzaban un acuerdo para iniciar el 1 de mayo las obras pertinentes. Así lo comunicaban la ministra de Medio Ambiente, Elena Espinosa, y el conseller catalán del ramo, Francesc Baltasar, que trataban de aclarar que se trata de una medida “provisional” y de “emergencia” que no “restará ni una gota de agua del río” ni afectará a su caudal. Los responsables ambientales del Gobierno y la Generalitat, negaban que se pueda denominar trasvase a la acción que se va a emprender. Previamente, Elena Espinosa se había reunido con el presidente catalán, José Montilla, y con el conseller Baltasar, y tras más de dos horas se lograba el polémico acuerdo. En las explicaciones posteriores se realizó un gran esfuerzo en dejar claro que la obra no supondrá ningún impacto ambiental y que sólo podrá ser utilizada otra vez ante un nuevo caso de sequía extrema, y únicamente mediante la autorización de un real decreto ley.

La portavoz del gobierno catalán, Aurora Masip, aseguraba inmediatamente después que la apuesta de la Generalitat en políticas de gestión hídrica se decanta claramente por las desalinizadoras -en mayo estará terminada la de El Prat de Llobregat (Barcelona), se construirá otra en Cunit (Tarragona), mientras que se ampliará la del río Tordera-, el ahorro del agua y la reutilización de acuíferos y pozos. Con estas medidas estructurales –frente a lo “coyuntural” de este acuerdo- se ha calculado un aporte en los próximos años de unos 200 hectómetros cúbicos a la cuenca del Ter-Llobregat, lo que, en palabras de Masip, resulta “lo mismo que si se trasvasase el Ródano”.

Desde las administraciones regionales de las comunidades valenciana y murciana se insiste en que esta medida es un trasvase en toda regla, por lo que denuncian un agravio comparativo de un Gobierno que decidió paralizar el trasvase del Ebro hacia sus regiones, y que ahora “cambia de criterio” para favorecer a Cataluña. Hasta la Comunidad de Aragón, gobernada por el socialista Marcelino Iglesias, sin llegar a la clara confrontación planteada por Francisco Camps y por el murciano Ramón Luis Valcárcel, ha planteado ciertas reticencias, y pese a no haberse pronunciado en sentido alguno, ha encargado a sus servicios jurídicos la elaboración de un informe para establecer si los contenidos del acuerdo entre el Estado y la Generalitat catalana suponen la realización de un trasvase desde el Ebro –algo que prohíbe expresamente el Estatuto de Autonomía aragonés-.

Para la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, no existe ninguna duda al respecto. Para ella esta operación va a realizarse “sin ningún tipo de trasvase”, ya que lo que va a hacerse es comprar derechos de uso de agua excedentaria a los regantes, “como se ha hecho en otras comunidades”, recalcando que no se tocará ni un milímetro del caudal del Ebro.

Aunque técnicamente resulte difícil definir la actuación que se va a emprender, sí es fácil comprobar las abismales diferencias entre este trasvase o traslado –según opiniones- de agua a Barcelona y el trasvase del Ebro que planificó el Gobierno presidido por José María Aznar. Los 50 hectómetros cúbicos que llegarán a la ciudad Condal aprovecharán aguas sobrantes de los regantes de Tarragona y no afectará al caudal del río. La medida es temporal, hasta que entre en funcionamiento la desaladora y, además, sólo podrá ser utilizada para beber.

El trasvase del Ebro era una obra de envergadura gigantesca que fue planificada para aportar la solución definitiva a los problemas estructurales de la distribución del agua en la cuenca mediterránea. Suponía la pérdida permanente de 1.050 hectómetros cúbicos del río, generando un cambio radical de sus ecosistemas, además de la construcción de decenas de nuevos embalses con un impacto ambiental considerable, tanto en la cuenca del Ebro como en toda la zona de Levante. El agua del frustrado trasvase del Ebro estaba destinada a todo tipo de usos, no sólo para beber –como es el caso de Barcelona-, sino para todo tipo de consumo, industrial y también agrícola (que es el responsable del 80 por ciento del consumo total en España).

Además, el trasvase a Barcelona es provisional y de emergencia. El agua se dejará de bombear por la cañería -que no será desmontada- cuando la sequía finalice o Barcelona tenga otras vías de abastecimiento (la desaladora para su abstecimiento entrará en funcionamiento en la primavera de 2009). Después se dejará de bombear y sólo se volverá a hacer en caso de emergencia y de que lo acuerden Madrid y Barcelona. El trasvase del Ebro era una macro instalación de carácter permanente.

Otra diferencia importante radica en que las obras para llevar el abastecimiento básico del Ebro desde Tarragona hasta Barcelona, y que conectarán la cuenca del Ebro con la del Ter-Llobregat las pagará la Generalitat. El Estado aportará inicialmente los fondos, pero después se descontará de la inversión en infraestructuras para Catalunya.

El coste estimado estará entre 170 y 180 millones de euros. Se ha visto encarecido por la urgencia, y resulta mucho más caro de lo que habría costado trasvasar el Segre (unos 45 millones), pero esa opción que sí claramente constituía un trasvase, ha sido desestimada por la Administración central, pese a que fue la propuesta inicial de la Generalitat. El trasvase del Ebro habría supuesto una inversión estatal de 3.800 millones de euros, en una primera previsión.

Para la mayoría de organizaciones ecologistas -Greenpeace, Seo/BirdLife, WWF/Adena, Ecologistas en Acción y Amigos de la Tierra-, lo acordado entre la Administración central y la autonómica sí significa un trasvase que rechazan abiertamente. Para ellos hubiera sido una alternativa mejor la búsqueda de soluciones temporales, como el traslado del agua en camiones o el establecimiento de restricciones al consumo de agua en el área metropolitana de Barcelona durante determinadas horas del día, “como se ha hecho en otras partes del país cuando ha sido necesario”.

Pero los ecologistas también han dejado claro que este trasvase nada tiene que ver con el planteado por el PP en el Plan Hidrológico Nacional (PHN). No han ahorrado críticas a las administraciones gobernantes en las comunidades valenciana y murciana, a las que acusan de utilizar esta coyuntura como excusa para volver a presionar con el objetivo de reactivar el derogado trasvase del Ebro. “El trasvase del Ebro hablaba de detraer 1.050 hectómetros cúbicos para el regadío y la actividad económica del levante, mientras que ahora hablamos de 50 hectómetros cúbicos para uso de agua de boca”, según Theo Oberhuber, coordinador de Ecologistas en Acción.

Las organizaciones ecologistas han recordado que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero también ha dado luz verde a otros trasvases, como el del Júcar-Vinalopó a Valencia. También han puesto de manifiesto que la propia Comunidad de Madrid se abastece mediante tuberías que trasvasan agua entre cuencas.

LAS RESERVAS DISMINUYEN

A mediados de abril, la reserva de agua embalsada en España alcanzaba el 50,1 por ciento de la capacidad de nuestras más de 1.200 presas distribuidas por todo el territorio nacional. Estas grandes obras hidráulicas –que han convertido al Estado español en el cuarto del mundo en cuanto a número de embalses- tienen una capacidad de almacenaje de 54.308 hectómetros cúbicos (Hm3).

La sequía que arrancaba en 2005 ha producido una constante disminución de las reservas y, a día de hoy, en la casi totalidad de las zonas del país los indicativos están por debajo de los del año pasado en estas mismas fechas. Sin embargo, pese a que el agua contenida en estos almacenes se encuentra en la mitad de la capacidad de los mismos, la situación varía enormemente según los territorios. La Cuenca del Segura es la que está pasando una sed mayor, ya que sus embalses sólo contienen un 19,4 por ciento del líquido posible, mientras que las presas de las cuencas internas del País Vasco, o de las de la zona Norte III están llenas por encima del 90 por ciento. Siguiendo en la cornisa cantábrica, el área Norte I conserva el 65.2 por ciento; Norte II alcanza el 85,2, y Galicia Costa llega al 61,4 por ciento de su capacidad.

Los embalses del área del Duero están al 60,3 por ciento, porcentaje que disminuye en el área del Tajo, que se queda en 50,2 por ciento. La zona del Ebro alcanza el 61,1, pero las cuencas internas de Cataluña –las que abastecen, entre otras, a Barcelona-, apenas están un punto por encima del 20 por ciento.

En el sur, el área del Guadalquivir es la excepción, y conserva el 55,1 por ciento del agua, pero en el resto de los embalses las cifras son bastante más negativas. Los de la Cuenca Atlántica Andaluza no sobrepasan el 40,3 por ciento, y mucho peor es la situación en los de la Cuenca Mediterránea Andaluza, que apenas llegan al 29 por ciento.

En línea descendente siguen las presas de la Cuenca del Júcar, donde los niveles se encuentran en el 23,4 por ciento. El área más castigada por los efectos de la sequía, como se comentaba al principio, es la de la Cuenca del Segura, cuyos embalses apenas almacenan un 19,4 por ciento de toda el agua posible.

ÁREAS	Cap. Total (Hm3)	Abril 2008	Abril 2007	Media (últ. 10 años)
Galicia Costa	684	420	571	492
Norte I	3.030	1.988	2.640	2.187
Norte II	554	472	467	423
Norte III	71	64	60	60
Cuencas internas País Vasco	21	20	16	19
Duero	7.463	4.497	6.329	5.219
Tajo	11.012	5.526	6.796	6.605
Guadiana	8.292	4.570	5.330	5.828
Cuenca Atlántica Andaluza	2.216	893	1.194	1.551
Guadalquivir	7.306	2.789	3.156	4.661
Cuenca Mediterránea Andaluza	1.041	305	371	525
Segura	1.129	219	175	272
Júcar	3.346	782	577	989
Ebro	7.403	4.522	4.904	4.832
Cuencas internas Cataluña	740	149	295	389
TOTAL	54.308	27.216	32.881	34.052

LA DESALINIZACIÓN EN ESPAÑA

Desde hace 40 años, España cuenta con la primera planta de desalinización de agua de mar de Europa, concretamente, en la isla canaria de Lanzarote. Es el país occidental que más uso hace de esta tecnología y que más la ha desarrollado. Por esta razón, las empresas españolas son líderes en el mercado mundial, aportando todo tipo de tecnología a países como la India, Estados Unidos y a varios Estados de Oriente Medio, donde se ha convertido en el método principal de obtención de agua para todo tipo de usos.

En la costa de Almería, en la localidad de Carboneras, en el cabo de Gata, está en funcionamiento la planta de desalinización más grande de Europa. Esta planta es el resultado de los esfuerzos de las principales firmas españolas dedicadas a transformar el agua de mar en potable. En las últimas cuatro décadas nuestro país ha levantado muchas instalaciones de este tipo. Primero en Canarias, la costa mediterránea y andaluza, y luego en varios países del mundo.

La continúa investigación en Canarias pone el foco en métodos de desalinización que empleen energías renovables, como la solar y la eólica, para proporcionar soluciones sostenibles y ecológicas a países en vías de desarrollo, y también para contribuir a la disminución en la emisión de gases de efecto invernadero (GEI), puesto que las primeras técnicas de desalinización consistían en llevar el líquido hasta la ebullición para , posteriormente, separar el agua de la sal en el proceso de condensación. Esto implicaba una gran necesidad de combustible, principalmente hidrocarburos, con el consiguiente encarecimiento de la operación y la emisión de los gases producto de la combustión.

La actual tecnología ha desarrollado un proceso denominado de ósmosis inversa, por el que se hace pasar el agua a través de unos filtros que separan las partículas salinas del líquido. Es un procedimiento complejo pero mucho más económico y ecológico que el tradicional. Gracias al desarrollo de estas tecnologías, las compañías españolas son líderes en el mercado internacional del diseño, ingeniería, construcción y operación de plantas de este tipo en todo el mundo.

En determinadas circunstancias se ha conseguido que la desalación haya llegado a ser competitiva, y hoy existen unas 15.000 plantas de este tipo en el mundo. En nuestro país contamos con más de 950 desaladoras, con una capacidad teórica total de producción de dos millones de metros cúbicos de agua al día, y que están abasteciendo a cerca de diez millones de personas, según la Asociación Tecnológica para el Tratamiento del Agua (ATTA).

Una de las principales críticas que se han realizado tradicionalmente a la desalinización acusaba a este sistema de resultar altamente contaminante. Según ATTA, las desaladoras en territorio nacional emiten, de manera indirecta, un millón de toneladas de CO2 cada año, sobre un total de 400 millones que toda la actividad industrial de nuestro país produce, es decir, el 0,25 por ciento del total de emisiones.

Sólo tres países desérticos, ricos en petróleo, como Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos o Kuwait producen más agua desalada que España en todo el planeta, y casi toda ella, conseguida con tecnología española.