Zapatero confía al mago del Gobierno el conjuro de la crisis

Harry Solbes

José Luis Rodríguez Zapatero lo dejó claro en el debate de investidura, la economía será durante los dos próximos años el eje central de actuación del nuevo Gobierno. Así las cosas, Solbes va a adquirir un peso político impensable hace cuatro años, cuando fue incluido en el gabinete avalado por su perfil técnico, de gestor, desarrollado durante su trayectoria en la Comisión Europea. Tras haber sorteado sus problemas con la Oficina Económica de Moncloa dirigida por Miguel Sebastián y tras haber tenido un pie fuera del Gobierno por su propio deseo de abandonar la política, el debate con Manuel Pizarro fue el punto de inflexión en el que abandonó definitivamente su imagen de hombre poco comunicativo, reforzando su posición en el Gobierno y convirtiéndole en el encargado de llevar el timón de la economía española en un escenario de posible recesión mundial.

Por Manuel Capilla

La crisis económica ha puesto fin a una época en el área económica del Gobierno. Después de una legislatura en la que Zapatero no ha contado con ningún gurú económico claro, en parte por las polémicas causadas por Miguel Sebastián, que terminaron forzando su salida de la Oficina Económica de Moncloa, y en parte porque la coyuntura era favorable y la economía no ocupó un lugar central en las preocupaciones del Ejecutivo, el presidente del Gobierno se ha puesto en manos de Pedro Solbes para afrontar la época de vacas flacas. Consciente de que el perfil del vicepresidente es muy respetado desde el mundo de la empresa y las finanzas, el recién investido presidente convenció a Solbes de que no abandonara el Gobierno, justo en el momento en el que las informaciones sobre su voluntad de retirarse cobraban cada vez más fuerza y las crisis inmobiliaria y financiera empezaban a pintar un horizonte bastante sombrío. Zapatero no tenía a nadie en el banquillo con la experiencia y el empaque de Solbes.

Varios meses después, la consecuencia de todo esto es que Solbes ha alcanzado unas cuotas de poder impensables en la época hace cuatro años, dejando de lado el perfil bajo del que hizo gala durante casi toda la legislatura anterior y ganando un empaque político que definirá buena parte del futuro de España y del Gobierno –cuya composición, al cierre de esta edición, todavía no se ha hecho pública- durante por lo menos los próximos dos años. Se puede decir que, Pedro Solbes ha salido reforzado, y hasta beneficiado, por el inicio de la crisis económica.

El rebajar el alarmismo acerca de la intensidad de la crisis –’desaceleración’, según ha insiste en llamarla– ha sido la principal preocupación de Solbes desde que en verano se desatara la crisis financiera en Estados Unidos. Prueba de ello es que el Gobierno ha mantenido contra viento y marea su previsión de crecimiento para este año del 3,1 por ciento, a pesar de que todas las previsiones que se van conociendo se sitúan más de un punto por debajo de esa cifra.

Aunque tarde o temprano el Gobierno tenga que matizar esa previsión, Solbes, como buen gurú, confía en sus principios y mantiene el 3 por ciento como cifra mágica. “Esperamos una desaceleración en 2008 y 2009, pero también mantener un potencial de crecimiento de entre el 3 y 3,5 por ciento, por lo que a medio plazo volveremos a estos niveles de crecimiento”, señalaba Solbes recientemente en declaraciones al portugués  Diario Económico.

Con el objetivo de retomar esa senda de crecimiento, las medidas ‘anticrisis’ apuntadas por Zapatero en el debate de investidura descansan en dos principios –además de la búsqueda de un diálogo permanente con los agentes económicos- que siempre han sido las principales preocupaciones del vicepresidente: la reducción de las tasas de inflación mediante el impulso de la productividad, por un lado, y por otro una política fiscal y presupuestaria cauta.

Solbes se ha decidido a dar luz verde a unas medidas, las enunciadas por Zapatero en el debate, que pueden terminar con el tan apreciado por el ministro superávit presupuestario. Y es que el vicepresidente es consciente del esfuerzo presupuestario que será necesario para reactivar una economía en plena desaceleración, un esfuerzo que no se puede distraer en medidas de cierto carácter demagógico. Sin ir más lejos, la del descuento de 400 euros en el Impuesto de la Renta a asalariados, pensionistas y autónomos, que, anunciada por el presidente en plena vorágine electoral y con el PP presionando gracias a las malas cifras macroeconómicas, no hizo ninguna gracia al ministro.

La intervención de Zapatero estuvo trufada de iniciativas de calado en el ámbito fiscal, apoyadas en el colchón presupuestario proporcionado por el superávit y especialmente enfocadas al ámbito de las obras públicas. Así, el presidente hizo referencia a la reducción de la carga fiscal para la rehabilitación de vivienda, la desaparición del Impuesto de Patrimonio y la actualización del Impuesto de Sucesiones y Donaciones como algunos de sus objetivos principales.

Además, entre las iniciativas de aplicación a corto plazo destaca la convocatoria de una Conferencia Sectorial de Vivienda, en la que se van abordar algunos otros asuntos importantes para afrontar la crisis del sector de la construcción y que también van a requerir fuertes inversiones estatales, como por ejemplo la promoción de rehabilitación de edificios y barrios, mejorando, de paso, su eficiencia energética, y la aceleración en la licitación de obra pública, además de una de las promesas estrella de Zapatero durante la campaña: la construcción de 1.500.000 viviendas protegidas durante los próximos diez años.

La huella de los agentes sociales (ver EL SIGLO nº 782, ‘Fórmulas para enfrentarse a la crisis’) se deja ver en algunas decisiones concretas, como el plan especial de recolocación de desempleados provenientes del sector de la construcción o el adelanto de las devoluciones del IVA a las empresas. Pero sobre todo se aprecia en las líneas generales que marcaran la política del Gobierno. En consecuencia, Zapatero ha subrayado la necesidad de aumentar la productividad movilizando la inversión, tanto pública como privada, en I+D+i y en capital humano, con los objetivos a largo plazo de doblar las partidas dedicadas a esta área y de incorporar al final de la legislatura a 50.000 personas al sistema de ciencia y tecnología, la mitad de esa cifra en el sector privado.

El recién investido presidente también hizo suya otra de las prioridades señaladas por empresarios y sindicatos como es el aumento de inversión en infraestructuras, sosteniendo la promesa de que, en base al Plan Estratégico de Infraestructuras del Transporte, España será en 2010 el país del mundo con más kilómetros de tren de alta velocidad. El presidente también ha asumido el compromiso de destinar todas las partidas necesarias para alcanzar la tan mentada excelencia universitaria.

A pesar de todo, Solbes se ha permitido matizar al presidente en lo relativo a todas estas iniciativas, consciente de que él tiene las llaves de la caja. Solbes ha asegurado que el nuevo Gobierno podrá cumplir la próxima legislatura con los compromisos sociales asumidos a pesar de la ralentización económica, aunque ha admitido que quizá en 2009 haya que reorientar los puntos de atención.

Según ha explicado el vicepresidente, la previsión de gasto parte de unos “escenarios prudentes”, que fijan el ritmo de avance del PIB en torno al 3 por ciento, el crecimiento potencial de la economía española, por lo que el presupuesto de este año “razonablemente se puede cumplir”, pero para los ejercicios siguientes habrá que ver “cuál es el margen de actuación y qué debemos priorizar, teniendo en cuenta los compromisos” adquiridos. Que son muchos y muy importantes, bajo la filosofía de aprovechar el superávit acumulado y "traducir ese crecimiento económico en crecimiento social", según explicó Zapatero. Desde el aumento del salario mínimo y las pensiones hasta el desarrollo de Ley de Dependencia -con dotaciones muy amplias, 871 millones de euros para este año y 1.200 para el próximo-, pasando por la continuidad de la renta de emancipación para jóvenes o el apoyo a la creación de escuelas infantiles en las empresas, el presidente dibujó un escenario de profundización del Estado del Bienestar que puede quedar lastrado por las futuras contingencias de la economía. Y será Solbes quien marcará los tiempos y el que decida hasta donde llega el Gobierno.   

 Por otro lado, en los próximos meses esperan a Solbes algunos otros desafíos, que pueden levantar muchas ampollas. El primero será la publicación de las balanzas fiscales, tan reclamadas por CiU. El vicepresidente ya anunció en su momento que se darían a conocer y desde entonces se han sucedido las críticas a la decisión por quienes ven ella el principio del fin de la solidaridad interrregional.

El presidente de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, no ha perdido ocasión de expresar su frontal oposición a que se hagan públicas y a que “en algún caso tenga que ver algo” con la negociación del modelo de financiación autonómica, según afirmó la semana pasada. Y el hecho de que fuera en su debate con el portavoz de CiU, Josep Antoni Duran i Lleida, cuando Zapatero ha hecho oficial la decisión de dar a conocer las balanzas fiscales ha irritado al tripartito. El gesto de Zapatero se ha interpretado en la Generalitat catalana como un guiño innecesario a CiU, y que esta formación puede aprovechar para apuntarse un tanto.

La negociación de la financiación autonómica es la otra gran cuestión por resolver, pendiente de un acuerdo entre PSOE y PP previo a las negociaciones con las comunidades y que allanaría las negociaciones con éstas. El escenario más probable es que el modelo actual –las comunidades reciben un 33 por ciento del IRPF, un 35 por ciento del IVA y un 40 por ciento de los impuestos especiales- sea sustituido por el fijado en el Estatuto de Cataluña, con lo que los gobiernos autonómicos pasarían a manejar la mitad del IRPF y del IVA y un 58 por ciento de los impuestos especiales.

El ministro de Economía tendrá que arremangarse para sacar adelante estos dos escollos. Las siempre difíciles negociaciones con las autonomías, y más si el PP no se aviene a cerrar un acuerdo, le van a hacer dedicar un tiempo y una energía muy valiosos a la hora de hacer frente a los problemas a los que se enfrenta España.

A pesar de todo, Solbes mantiene la cabeza fría en medio de la avalancha de cifras que prevén un panorama cada vez más negro para la economía española y mundial. Cuando la semana pasada el FMI dio a conocer un informe en el que estimaba que la vivienda en España está sobrevalorada en un 20 por ciento y que los precios se desplomarán en un porcentaje similar, la respuesta de Solbes fue restar importancia al dato, explicando que hay otros informes “que dicen otras cosas”. En concreto subrayó que los estudios del Fondo utilizan unos “parámetros econométricos” diferentes a los del Gobierno.

Al vicepresidente le toca ahora corresponder a la confianza que le ha otorgado Zapatero para sacar adelante una economía, la española, cuyas tasas de inflación están subiendo a los niveles de finales de los noventa y cuyo motor económico, la construcción, se está parando.

Manual anticrisis

Deducir 400 euros en el IRPF a pensionistas, asalariados y autónomos.

 Adelantar de la devolución del IVA a empresas.

 Convocar una Conferencia Sectorial de Vivienda

—Reducir la carga fiscal de la rehabilitación de vivienda.

—Acelerar la licitación de obra pública.

—Plan especial de recolocación de parados de la construcción.

—Ampliar los plazos de la hipotecas.

 Desaparición del Impuesto de Patrimonio y de Sucesiones.

 Impulsar el área de I+D+i.

 Elevar la inversión en infraestructuras.

 Construcción de 1.500.000 viviendas protegidas en diez años.

 Establecer un Gran Acuerdo Económico y Social.

El PP puede perder  su mejor arma

Si Solbes consigue hacer buena la confianza de Zapatero poniendo a salvo a la economía española, el Partido Popular habrá perdido su mejor arma de cara a la opinión pública: su buena imagen como gestores económicos. El poder presumir de haber recuperado un país supuestamente dejado en la ruina por Felipe González se habrá terminado y la herencia de Rodrigo Rato se habrá esfumado.

De momento, el vicepresidente económico dio en la campaña electoral el primer paso para arrebatar al PP esa imagen, gracias a su actuación en el debate con el que se suponía heredero del ex ministro de Economía de Aznar, Manuel Pizarro. La consecuencia del cara a cara entre Solbes y Pizarro ha sido la evidencia de que Rajoy no cuenta con un responsable claro del área económica, como le echó en cara Zapatero durante el debate afirmando que no sabía si las palabras del líder popular se las dictaba Pizarro, Juan Costa, Miguel Arias Cañete o Cristobal Montoro, el elegido para ocupar la portavocía del PP en la comisión económica del Congreso.

 Con estos problemas en el área económica de su formación, Rajoy, afrontó el debate de investidura con un discurso en el que calificó de “parches” el conjunto de medidas enunciado por Zapatero, pero en el que  no hizo ninguna propuesta alternativa a las del presidente del Gobierno. Lo más concreto que pronunció Rajoy en este sentido fue que se comprometía a poner “de forma inmediata sobre la mesa y ante esta cámara una sucesión de medidas que esperamos sean atendidas por el Gobierno”.

Según Rajoy, Zapatero tiene “miedo de decir la verdad”, porque todos los datos que se van conociendo van desmintiendo el optimismo manifestado por Zapatero. “¿Estamos en mejores condiciones que otros países para afrontar esta crisis, como usted dice?” se preguntaba Rajoy, respondiéndose que no, principalmente porque “nuestras familias y nuestras empresas están muy endeudadas”,

Eso sí, Rajoy volvió a hacer gala de lo cómodo que se siente en la tribuna de oradores. Tirando de ironía, le explicó al presidente que “en diciembre, con lo que ya estaba cayendo, dijo usted que los precios empezarían a bajar con el comienzo del año. Bien es cierto que no precisó el año. Desde luego, ya le aseguro yo que no es 2008”.

Ese es su reto, señor presidente, por Enric Sopena