Balanzas y embalses

por Joaquín Leguina

A nadie se le escapa que un sistema político y administrativo descentralizado como es el español (consagrado en la Constitución de 1978) sólo puede funcionar bien a base de lealtad institucional. A sensu contrario, toda bandera que conduzca a enfrentamientos inter-territoriales debe ser arriada... y, sin embargo, no es así, sino que los emergentes poderes autonómicos –sean o no sean regidos por nacionalistas– se dedican con gran fervor a levantar banderas (quizá debiera decirse, con mayor propiedad, banderías) tomando como tales asuntos tan sensibles como el agua o eso que han llamado "balanzas fiscales". Comencemos por estas últimas.

Ya se anuncia la publicación –por cuenta del Gobierno y bajo presión catalana– de esas tan reclamadas "balanzas fiscales", consistentes en calcular cuánto pagan los ciudadanos de una Autonomía al Estado y cuánto reciben de él. Pero este asunto resulta, desde su propio planteamiento, mentiroso e insolidario porque entre los contribuyentes controlados por la Agencia Tributaria no está –que yo sepa– doña Cataluña, tampoco el señor Aragón, ni siquiera la señorita Andalucía. Vamos, que los territorios no pagan a Hacienda. Quienes sí pagan son los ciudadanos y lo hacen (o debieran hacerlo) –como en cualquier sistema fiscal moderno– según su capacidad, es decir, que pagan más (o debieran pagar más) los que más tienen. Lo dice la Constitución y es, además, lo justo y razonable.

Pero al contribuyente de verdad no se le ocurre contabilizar lo que recibe del Estado y lo que paga enimpuestos y tasas con la intención de ver cómo le ha ido su particular "balanza fiscal". Imaginemos, sin embargo, que, en contra de toda evidencia, existe un Juan Gómez -in-solidario y algo tarado– que hace esas cuentas y resulta que la "balanza" personal le sale negativa. ¿Alguien le haría caso si este señor se presentara con una pancarta protestona ante el número 2 de la Calle de Alcalá en Madrid, sede del Ministerio de Hacienda, pidiendo que le equilibren su balanza fiscal? Nadie atendería sus estúpidas demandas, porque hasta los niños saben que si todas las "balanzas fiscales" estuvieran equilibradas, los impuestos no servirían para nada.

Y si a este señor Gómez nadie le daría ni cinco de "bolilla" en sus extravagantes pretensiones fiscales... ¿por qué se atiende –¡y de qué modo!– a los políticos catalanes cuando plantean – una y otra vez– su impúdica cantinela de la balanza fiscal? Lo diré de una vez: no se trata de negar la contabilidad –esa de las balanzas o cualquier otra–. Se trata aquí de señalar con el dedo un concepto –el de las balanzas fiscales–que, aparte las dificultades técnicas de su definición y cuantificación, encierra una carga ideológica no sólo reaccionaria, también infumable y por eso el Estado debe negarse a ejercer de testigo "objetivo", cuantificando algo que a lo único que puede conducir es a más peleas inter-territoriales. Por eso el Ministerio de Economía y Hacienda no debiera suministrar datos que, por sí mismos, conducen al conflicto.

Además, los políticos catalanes han de saber –supongo– que, para más inri, en esas reclamadas balanzas va a aparecer una especialmente negativa (pagan mucho más de lo que reciben) y no es la de Cataluña. Es la de la Comunidad Autónoma de Madrid.

En el fondo, estamos en lo de siempre, en el agravio comparativo y en retorcimiento de conceptos. Intentando meter por la ventana algo que no puede entrar por la puerta. Me refiero a supuestos derechos colectivos. A la visión de Cataluña o de Euskadi como sujetos de derechos... y resulta que no. Los derechos y obligaciones son en una democracia derechos y obligaciones individuales. Como lo son también los odios. Por eso no puede admitirse –por repugnante– que gente que se dice de izquierdas predique por ahí que otros (partidos o personas) "odian a Cataluña" o son "anticatalanes". Por mucho que algunos catalanes –especialmente dentro de su clase política, que es allí tan endogámica– expresen opiniones detestables, no por eso los demás vamos a malquerer a Cataluña. Ni a Cataluña, ni al catalán... ni a la sardana.

Claro que esto de las balanzas es una broma en comparación con la que se está montando (y esto sólo es el principio) a cuenta del agua como necesidad y como bandera.

La cosa empezó mal con dos planes hidrológicos nacionales fallidos. El primero propiciado por el PSOE (José Borrell era el Ministro) y el segundo por el PP. De hecho, con el fracaso de ambos planes se fue a pique no sólo el trasvase del Ebro sino también cualquier otro trasvase y –no se sabe por qué– ahora lo progre (que no lo progresista) es la desalación. Una forma carísima –ésa de las desaladoras– de hacerle la competencia al sol. Este astro nos evapora el agua de los mares, le quita la sal y nos la pone en estado gaseoso varios cientos de metros por encima de nuestras cabezas y todo ello gratis. Pues bien, eso no son capaces de hacerlo las desaladoras.

Las desaladoras, como solución universal para resolver el problema del agua en España, constituyen –dicho con todos los respetos– una majadería (es decir, una utopía irrealizable)... y también una forma de escurrir el bulto ante un problema político mayor, que es siguiente: el Estado se ha dejado arrebatar un derecho indeclinable, el de decidir sobre lo que se hace con todo el agua, superficial o subterránea, que existe en España. Porque, desde la implantación del Estado liberal sabemos que el agua no es de nadie –¡porque es de todos!–, tampoco el Ebro es propiedad de los aragoneses, sino de todos los españoles, y la gestión corresponde a su legítimo representante: el Estado.

No tengo dudas acerca de las razones que tuvo el Gobierno de Aragón para oponerse al trasvase del Ebro propuesto por el PP. Las conozco y las aprecio, como aprecio su derecho a un mayor y mejor desarrollo, pero es difícil admitir que un Estatuto de Autonomía (el de Aragón) prohíba cualquier trasvase desde esa cuenca del Ebro a otras. Si ésa es la España plural, que algunos predican, convendría que nos fuéramos des-apuntando.

Infumable es también el que otras autonomías pretendan expropiar al Estado cuencas hidrográficas completas. Pero... ¿qué concepto de Estado tienen quienes proponen semejantes cosas? Y esta vez no son nacionalistas radicales, sino notables militantes del PSOE (Andalucía-Guadalquivir) y del PP (Castilla y León-Duero).

Ya se ve que las actitudes nacionalistas han hecho escuela a la hora de la reclamación de competencias. Una reclamación que suele responder a una vieja actitud burocrática: la de obtener el máximo de competencias para ejercerlas con el menor grado de responsabilidad.•