El pasado 27 de marzo, durante la visita oficial del presidente de la República de Francia, Nicolas Sarkozy, al Reino Unido, éste sellaba un acuerdo con el primer ministro británico, Gordon Brown, para promover conjuntamente la construcción de centrales nucleares en sus respectivos países, y para exportar tecnología suficiente a terceros. El precio del petróleo, la dependencia energética y la lucha contra la emisión de gases de efecto invernadero (GEI) eran los argumentos mayoritariamente esgrimidos para esta vista atrás hacia la semiabandonada opción nuclear. Pero también el negocio, especialmente para el consorcio francés Areva, estaba detrás de este acuerdo. El debate nuclear, nuevamente, vuelve a estar servido en Europa. Argumentos en pro y en contra vuelven a escucharse estos días, tal y como sucedía en los años ochenta y noventa, cuando la mayoría de las naciones de la actual UE optaban por una moratoria sobre la energía nuclear.

Por Antonio Sarrión

Tras el impulso atómico ofrecido por el enérgico presidente francés, Nicolás Sarkozy, el ministro de Comercio y Energía del Reino Unido, John Hutton, hablaba del “renacimiento nuclear”. La dependencia energética de la UE, el encarecimiento galopante del petróleo y las dificultades para cumplir los compromisos de reducción de emisiones de CO2 y otros gases de efecto invernadero (GEI) habían sido tratados por la Comisión Europea en su reunión de enero de 2007.

Pese a que, precisamente por parte de Francia y de Reino Unido se había planteado en el encuentro la adopción de medidas para potenciar el desarrollo de alternativas, entre ellas, muy especialmente, la energía nuclear, la Comisión alcanzaba sólo tres acuerdos firmes. En primer lugar, conseguir que en 2020 se cubra el 20 por ciento del consumo energético de la UE mediante energías renovables. Un segundo acuerdo establecía una disminución de la demanda energética en 2020, un 20 por ciento inferior a la registrada en 2005; y por último, que la emisión de gases también disminuyese un 20 por ciento con respecto a 1990, una vez más, en 2020.

Francia, el país del mundo que más porcentaje de su consumo eléctrico está obtenido de centrales nucleares (nada menos que un 78,45 por ciento) mantiene un gran interés por el desarrollo de este tipo de energía, y por la exportación de la tecnología necesaria, de la que se beneficiarían sus grandes consorcios avezados en la materia. Para Reino Unido es una solución más viable que otras ante la evidencia del agotamiento de sus yacimientos petrolíferos en el Mar del Norte.

Para el resto de Europa la situación es variable. En su conjunto, desde 1990 hasta hoy 17 centrales nucleares han dejado de funcionar en el continente. Italia –que ya lo hizo hace años–, Alemania o España tienen planes para el desmantelamiento completo de sus reactores, una vez finalice su ciclo de vida útil. Otros Estados, como Lituania, República Checa, Eslovaquia, Hungría o Eslovenia han advertido que no desean desmantelar sus instalaciones nucleares, pese a que sus reactores, procedentes de modelos ex soviéticos, son considerados menos seguros y, según la normativa comunitaria, deberían dejar de funcionar el próximo año.

Se da la circunstancia de que de entre los diez países del mundo que mayor porcentaje de electricidad consiguen de la energía atómica, siete están en la Unión Europea: Francia, con un 78,45 por ciento; Lituania, 69,60; Eslovaquia, 56,05; Bélgica, 55,15; Suecia, 46,70; Bulgaria, 44,10, y Eslovenia, un 42,35 por ciento.

Los nuevos promotores de la energía atómica dan una serie de argumentos en defensa de este método que a la opinión pública europea le sigue resultando impopular –por ejemplo, en Francia, donde tiene más peso, con enorme diferencia, las últimas encuestas sitúan el nivel de oposición de la población en un 59 por ciento–: la independencia energética con respecto a los hidrocarburos y el elevado precio de éstos. También sostienen que los costes son los más bajos después de los de la energía hidráulica, pero, sobre todo, se apoyan en elementos de convicción hasta ahora utilizados por los grupos ecologistas. Defienden que se trata de una energía limpia, no contaminante, puesto que no produce emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera. Según sus cálculos, la energía obtenida en las centrales nucleares de todo el mundo ahorra la emisión de entre 500.000 y 700.000 toneladas de CO2 al año.

Del mismo modo, la nueva energía nuclear se presenta como mucho más segura que su predecesora, gracias, sobre todo, a los reactores de nueva generación que, teóricamente incorporan unos mecanismos de seguridad muy superiores a los de las viejas centrales, y que dividen por cien los riesgos a los que nos enfrentábamos con la antigua tecnología.

Otro tanto argumentan con respecto a los residuos radiactivos, sobre los que se asegura que se ha mejorado ostensiblemente su gestión, contando con métodos más seguros de almacenaje y que, mediante las nuevas tecnologías, en buena parte podrán ser reutilizados de nuevo como combustible.

Del otro lado se esgrime el recuerdo de accidentes graves, como el de Chernobil o el de Three Mile Island. Las organizaciones antinucleares explican que los múltiples peligros de este tipo de energía están contrastados, como las fugas radiactivas que acompañan siempre todos estos procesos, y que los residuos, más allá de promesas de reutilización, continúan siendo radiactivos durante miles de años.

Pero la línea argumental contraria no se queda en el terreno de los peligros de catástrofes ecológicas; también pasa por el territorio de la economía. Aunque una vez puesta en marcha, el proceso de obtención de electricidad sea más barato, los costes de construcción de cada una de estas plantas resultan elevadísimos, a los que hay que añadir los de los tratamientos anticontaminantes, las medidas de seguridad exhaustivas o los enormes gastos generados en el entorno en caso de un accidente con consecuencias para la población.

Se denuncia que al no producir más que electricidad, se desaprovecha buena parte de la energía generada que, además requiere de grandes redes de transporte eléctrico en el que se pierde entre un 10 y un 20 por ciento de la electricidad.

Las organizaciones contrarias a la energía atómica también advierten del riesgo de ataques terroristas o del robo de material que podría ser empleado en la fabricación de armas , de lo que se denomina en los últimos tiempos “bombas sucias”, además de recordar que las energías renovables, como la eólica, y las políticas de ahorro y eficiencia energética resultan económicamente competitivas con la energía de origen nuclear.

El director de la campaña antinuclear de Greenpeace, Ben Ayliffe, ha criticado el entusiasmo con que el ministro británico deComercio y Energía ha planteado este acuerdo con Francia: “Este supuesto renacimiento nuclear no tiene nada que ver con la seguridad energética y el cambio climático. Al revés, es un camino para la generación de residuos radiactivos letales que los ciudadanos van a pagar. Las centrales nucleares son muy peligrosas y pueden convertirse en un objetivo de los terroristas”.

Este “renacimiento nuclear”, al igual que en Francia, tampoco es muy del agrado de los ciudadanos británicos. Las encuestas recientes elaboradas tras este pacto atómico entre las dos naciones separadas por el Canal de La Mancha revelan que un 75 por ciento de los consultados prefiere las energías renovables a la alternativa nuclear.

En los últimos 12 años se han construido 54 nuevas plantas atómicas, mientras que se han clausurado 33. La diferencia no está en los países del denominado Primer Mundo, sino en la mayor demanda de las naciones de economías emergentes.

Aparte de la mayor central europea, que se está construyendo en Finlandia, el reactor Olkiluoto-3, con tecnología francesa, desde 2005, sólo existen otros tres proyectos vivos en Europa, dos nuevas centrales en Bulgaria y una más en Rumanía.

La planta finlandesa lleva acumulado un retraso de algo más de dos años sobre la fecha inicialmente prevista (en principio, para la primavera de 2008), y también se han disparado las previsiones de costes; de los 2.000 millones de euros presupuestados se ha pasado a algo más de 4.000 millones.

El acuerdo entre las nuevas administraciones francesa y británica ha vuelto a introducir un debate en Europa que, si no estaba completamente superado, sí parecía aparcado en la mayor parte de las naciones de la Unión, y que vuelve a introducir diferencias entre países socios en aspectos fundamentales. Un eje París Londres dispuesto a promover de nuevo la construcción de centrales atómicas y el uso de la energía nuclear –apoyado en varios de los nuevos miembros de la Europa del Este-, frente a la actitud de otros Estados como Austria, Italia (ambos hace años que abandonaron todos los proyectos atómicos), Alemania y España, que han decidido no renovar su parque nuclear cuando se extinga el ciclo de las centrales que todavía hoy siguen funcionando en sus territorios.

Mientras tanto, las organizaciones ecologistas están en alerta máxima.

EN ESPAÑA, MORATORIA

Al menos, en teoría, en nuestro país estamos viviendo lo que se denominó una moratoria nuclear desde 1982. La opinión pública española, tradicionalmente es una de las más decantadas en contra de la producción de este tipo de energía. Las últimas centrales nucleares que se pusieron en marcha –y ello debido a  que su construcción se había comenzado con anterioridad al citado 1982- fueron las de Vandellós II y la de Trillo, ambas en 1988. La moratoria determinaba que no se construirían más instalaciones de estas características y que, salvo posterior decisión en sentido contrario, la energía nuclear dejaría de ser una realidad una vez concluidos los ciclos de cada una de las centrales, estimados en 40 años.

En la actualidad permanecen activas siete de las ocho centrales con que llegó a contar nuestro país (en 2006 se cerraba la de Zorita). El próximo año está previsto el cese definitivo de actividad de la instalación de Santa María de Garoña. Las restantes, sucesivamente en 2021, Almaraz I; en 2023, Almaraz II; en 2024, Ascó I; en 2025, Cofrentes; en 2026, Ascó II, y las dos últimas, como se mencionaba, en 2028.

Mientras que en el conjunto de la Unión Europea la electricidad producida mediante este procedimiento equivale a un 30 por ciento del total, en España, la obtenida mediante centrales atómicas representa un 20 por ciento de nuestro consumo eléctrico total. Es la tercera fuente en orden de importancia, tras el carbón y el denominado ciclo combinado. La cuarta en importancia es la conseguida mediante los saltos de agua. Las siete centrales supervivientes producen un total de 7.727,8 megawatios en total. La de mayor capacidad es la de Cofrentes, en Valencia, que alcanza lo 1.092 megawatios.

El relanzamiento del debate por la iniciativa de Nicolas Sarkozy y Gordon Brown también está teniendo su efecto en territorio español. Algunas voces se están alzando, avisando que nuestra dependencia energética en combustibles fósiles es casi de un cien por cien, y de que nos estamos alejando de los objetivos de emisión de gases de efecto invernadero a la atmósfera fijados para nuestro país en el Protocolo de Kyoto. Proyectando la tendencia actual, en el periodo 2008-2012, estas emisiones podrían superar en un 60 por ciento a las de 1990, cuando el compromiso era el de no sobrepasar el 15 por ciento hasta 2010.

El Partido Popular está a favor del mantenimiento de nuestra producción de energía atómica, al igual que la nueva formación parlamentaria Unión, Progreso y Democracia. También se han mostrado partidarios de esta solución los máximos responsables de las dos mayores centrales sindicales españolas, Comisiones Obreras y UGT.

Pero la izquierda parlamentaria continúa apostando por la moratoria nuclear. Durante la reciente campaña electoral, el presidente en funciones, José Luis Rodríguez Zapatero aclaraba la posición de su partido, declarándose partidario de que nuestro país mantuviese una reducción constante y razonable de la energía nuclear, apurando los plazos vitales de las centrales aún en funcionamiento, y dejando claro que no consideraba a la energía nuclear como una alternativa a largo plazo: “La intención es mantener una política razonable, progresiva, de reducción de la energía nuclear. No pensamos incrementar la energía nuclear en nuestro país, sino reducirla en función de la demanda energética globaL”.

Se argumentaba en este sentido que a fecha de hoy ya se ha logrado que las energías renovables supongan un 8,25 del total de la energía que consumimos en todo el Estado, quedándose a menos de un cuatro por ciento del objetivo fijado para ser alcanzado en 2010.

Zapatero se alineaba de este modo con los detractores de la energía nuclear dentro de su partido, representados, principalmente por los integrantes del equipo del Ministerio de Medio Ambiente, su titular, Cristina Carbona, y el secretario general para la Prevención del Cambio climático, Arturo Gonzalo Azpiri. Sin embargo, en el Partido Socialista existen voces discrepantes que reclaman una revisión de la moratoria. Tal vez la más importante sea la del ex presidente Felipe González, que ya en 2006 abordaba abiertamente la cuestión. Otros han expuesto lo mismo en distintos momentos, como el comisario europeo de Asuntos Económicos y Monetarios, Joaquín Almunia, el Alto Representante para la Política Exterior y de Seguridad Común de la UE, Javier Solana, el ministro de Industria, Joan Clos y, en privado, el propio vicepresidente segundo y ministro de Economía, Pedro Solbes.

Sin embargo, no parece probable que a lo largo de esta legislatura nadie vaya a enfrentarse a la posición de Zapatero desde el interior del partido. Sus resultados le avalan y, además cuenta con la conocida y abrumadoramente mayoritaria oposición de la ciudadanía a esta energía que consideran “altamente peligrosa”.

CENTRALES SINDICALES, ¿CENTRALES NUCLEARES?

Mucho parecen estar cambiando los tiempos y las posiciones políticas en estos años. Sorprende, de alguna manera, que en un país con una larga tradición antinuclear, como es el nuestro, los representantes de los más importantes movimientos sociales, es decir de las dos mayores centrales sindicales, parezcan mostrarse partidarios, al menos, de mantener en funcionamiento hasta el año 2050 las actuales centrales de energía atómica que siguen operando en España.

A raíz del recientemente suscitado debate nuclear, por las posiciones expresadas por los gobiernos de Francia y Reino Unido, en el sentido de un apuesta clara por la construcción de nuevos reactores de última generación en sus territorios, los máximos responsables de los dos principales sindicatos españoles han expresado, con ciertos matices en cada caso, su apoyo al mantenimiento de esta fuente energética en el Estado más allá de los planes inicialmente previstos y que, mediante la moratoria que actualmente está vigente, establece que una vez terminada la vida activa de las siete centrales que aún operan en España, se abandonará definitivamente la explotación de este tipo de energía. Según estas previsiones, las dos últimas centrales atómicas –Trillo y Vandellós II- concluirán su vida útil en 2028. Pero para los secretarios generales de las dos principales organizaciones sindicales sería “necesario” contar con este tipo de producción energética hasta 2050.

Así, el más alto responsable de la Unión General de Trabajadores (UGT), Cándido Méndez, durante una visita que realizó a la extremeña central nuclear de Alamaraz, acompañado por el secretario general del sindicato en esta comunidad, Miguel Bernal, y el secretario nacional de la federación de Industrias y Afines (FIA), Antonio Deusa, opinaba que “no hay ningún escenario razonable de aquí a 2050 en el que se pueda prescindir de las fuentes de energía actuales”, aunque matizaba que de entre todas las fuentes energéticas de las que ahora nos estamos abasteciendo, podrían variar los porcentajes de cada una de ellas, apostando con más fuerza por la eficiencia y el ahorro y por las energías renovables: “ni en el corto ni en el largo plazo se puede prescindir de nuestras fuentes de energías primarias, e incluyo a la nuclear, que desarrolla un papel importante para la garantía de suministro. Nuestro mix energético no es modificable, pero sí se pueden alterar las proporciones”.

Méndez ha insistido para que se abra un debate nacional “sin demagogia” sobre el modelo energético español y, precisamente durante esa visita a Almaraz, insistía en que los mecanismos de seguridad en la central extremeña son “exhaustivos”.

En términos muy similares se ha expresado el secretario general de Comisiones Obreras (CC OO), primera central sindical del

país, José María Fidalgo. Sabedor de la moratoria nuclear vigente y de la posición del Gobierno partidaria de la utilización de esa clase de energía, sólo hasta la extinción de los ciclos de 40 años de las centrales atómicas aún en actividad, y expresada con claridad por José Luis Rodríguez Zapatero durante la pasada campaña electoral, Fidalgo ha reclamado “una reconsideración sobre el mantenimiento de nuestra energía nuclear, aunque sabemos que la opinión pública tiene muchas reservas con ella”, al tiempo en que insistía en que “el equilibrio hay que buscarlo en todas las fuentes de energía y hacer de ello una cuestión de Estado. (…) No se puede prescindir de ninguna de las que nos nutren de electricidad”, aunque, al igual que Cándido Méndez, también hace un guiño a los sectores ecologistas y declaraba que “es bueno seguir invirtiendo y seguir desarrollando el sector de las energías renovables”.

De este modo, las dos centrales sindicales españolas (o, al menos, sus secretarios generales) elaboran un discurso mucho más cercano al del primer partido de la oposición en materia nuclear, que apuesta por el mantenimiento y desarrollo de esta clase de reactores, que en la actualidad, proporcionan un 20 por ciento de toda la energía eléctrica que consumimos.

Un mundo atómico

En 2005 existían 443 centrales nucleares instaladas en 31 países de los cinco continentes. 441 de ellas permanecen en activo y su producción de 370 gigawatios equivale a un 17 por ciento de toda la energía eléctrica que se está consumiendo en todo el planeta. Una expansión espectacular que arrancaba en la estación experimental de Arco, en Idazo (Estados Unidos), el 20 de diciembre de 1951, cuando un reactor nuclear producía energía eléctrica por primera vez. Tres años más tarde, el 27 de junio de 1954, la Unión Soviética ponía en funcionamiento la primera central nuclear (como tal) del mundo, en Onisnks.

Pero serían los británicos los primeros en habilitar un reactor nuclear con fines comerciales, en 1956, tras la guerra que los enfrentó, junto con Francia e Israel a Egipto, y que terminó con victoria egipcia y con las nacionalizaciones de la Presa de Assuan, el Canal de Suez y la producción de hidrocarburos. Desde ese momento, el Gobierno británico triplicó los recursos destinados a su programa nuclear.

Esta alternativa energética comenzó a desarrollarse en el resto de Europa, especialmente en Francia y Alemania tras la gran crisis del petróleo, en 1973.

Sin embargo, la tendencia ha ido cambiando en los últimos años. Si en 1990 había 164 centrales funcionando en la Unión Europea, en la actualidad quedan 147. Esta tendencia, que también se da en Estados Unidos, se contrarresta con los planes de construcción de centrales nucleares en países de las denominadas economías emergentes, como China, India o Sudáfrica.

En Estados Unidos se ha dado una moratoria de facto desde el grave accidente de Three Mile Island, en 1979, aunque una ley reciente de la Administración Bush promueve la construcción de nuevos reactores, motivada por el encarecimiento del precio del crudo.

Francia es el segundo país del mundo en instalaciones de energía nuclear. Tiene en funcionamiento 59 centrales que le proporcionan el 78 por ciento de toda la electricidad que consume, aunque no ha construido ninguna nueva planta desde 1993. Tiene prevista la instalación de una central de nueva generación que será inaugurada en 2012, y se ha convertido en la sede del proyecto internacional de fusión nuclear ITER.

El Reino Unido cuenta con 19 centrales, de las que obtiene el 20 por ciento de la energía eléctrica que necesita. El anterior primer ministro, Tony Blair, lanzó el reto de la construcción de nuevas centrales de última generación para sustituir a las actuales que, en su mayoría caducan su ciclo vital ene. Entorno de 2020. El actual Premier, Gordon Brown, ha recogido el guante y ya ha sacado a concurso público las licitaciones para la construcción de varias nuevas plantas.

Italia hace muchos años que desterró la energía nuclear de su territorio, mientras que Alemania, al menos, en teoría, y pese al gobierno entre socialdemócratas y conservadores, mantiene sus planes de dejar extinguir la vida útil de las 17 centrales que todavía funcionan, y cuyo cierre definitivo está programado para 2021. La fuente atómica proporciona más de un 30 por ciento de la electricidad a los alemanes.

Finlandia aprobaba en 2002 la construcción de la más moderna y de mayor capacidad central nuclear de Europa. Con ella ya tendrá cinco en su territorio. Sin embargo, se han producido numerosos retrasos (más de dos años sobre la fecha prevista en estos momentos, y los costes iniciales previstos se han duplicado de 2.000 a 4.000 millones de euros-. No estará en funcionamiento antes de 2010. Noruega desterraba la energía nuclear en 1979.

Japón es la tercera potencia mundial en producción energética mediante centrales nucleares, por detrás de Estados Unidos y de Francia. Más de un 30 por ciento de su electricidad tiene este origen, aunque con sus planes de construcción de nuevas plantas esperan un autoabastecimiento que exceda el 40 por ciento.

China, una economía emergente con mayores necesidades energéticas a cada paso, para responder a la creciente demanda interna, producto de la evidente mejora del nivel de vida de sus habitantes, tiene planes para la construcción de entre 30 y 50 nuevas centrales nucleares antes de 2020. En estos momentos sólo tiene en funcionamiento nueve centrales que proporcionan menos de un 2,5 por ciento de las necesidades de energía eléctrica del país, mientras que India está construyendo ocho nuevas plantas en estos momentos y Sudáfrica se ha comprometido a levantar otras 12.

La nueva generación de reactores

Los máximos defensores del relanzamiento en Europa de la energía de procedencia atómica tratan de convencer a una población posicionada mayoritariamente en contra de un procedimiento que consideran peligroso con argumentos que provienen del propio movimiento ecologista. La reducción de emisión de gases de efecto invernadero (GEI) -calculan que en la obtención de la energía conseguida de este modo se está evitando la emisión de 500 millones de toneladas de CO2 a la atmósfera- y el cumplimiento en este sentido de los compromisos adquiridos en Tratado de Kyoto es una de sus líneas de incidencia. Pero también tratan de aportar explicaciones que demuestren que la seguridad ya no es un problema con los nuevos tipos de reactores, los denominados de tercera y de cuarta generación que, según sus más fervientes promotores producen cien veces menos residuos y cuyas posibilidades de un accidente se reducen a índices casi despreciables, aunque sin aportar un solo dato que demuestre tales aseveraciones.

Así, en el concurso recién abierto por las autoridades británicas para la construcción de sus nuevas centrales atómicas se admiten cuatro tipos diferentes de reactores, considerados de “tercera generación”, y que deben estar incluidos en las propuestas de las compañías que pugnan por conseguir la licitación.

La principal diferencia en materia de seguridad entre estos nuevos modelos y los actualmente en funcionamiento, al menos sobre el papel, radica en que las alertas de los nuevos reactores se activan por convección o por la fuerza de la gravedad, en lugar de los tradicionales sistemas mecánicos o electrónicos de sus predecesores. Además, aunque sea sólo teóricamente, en caso de accidente grave, se supone que el núcleo central donde se produce la reacción nuclear no puede explotar ni fundirse por la sobretemperatura, e incorpora unos mecanismos de autoenfriamiento que terminan deteniendo la reacción.

De entre los nuevos modelos destaca el EPR, cuya propiedad intelectual pertenece al grupo francés Areva. Es el que desarrolla una mayor capacidad, con una producción de 1.600 megawatios, con un mecanismo de agua presurizada. En su sistema de seguridad se incluyen resortes pasivos para prevenir el sobrecalentamiento del reactor mediante una tecnología basada en la ley de la gravedad. Actualmente están en construcción dos de estos modelos en Europa, uno en Finlandia y otro en Francia. El coste de construcción de cada unidad ronda los 3.600 millones de euros, con unos gastos de explotación estimados en otros 4.600 millones. El consorcio francés ya ha vendido dos de estos reactores a China, y tiene previsto construir otros 12 en Sudáfrica. Areva también estyá en tratos para instalar más de 20 de estas centrales en India, más otras dos en Abu Dhabi.

Dentro de esta última generación, el segundo de mayor capacidad es el reactor AP 1.000 de la compañía Westinghouse (Toshiba). Reactor de agua presurizada que puede producir 1.150 megawatios. Al igual que el EPR, el enfriamiento del núcleo se produce por convección y los mecanismos se basan en la gravedad. El combustible que utiliza es dióxido de uranio. Por el momento no hay ninguna central en construcción que vaya a incorporar este reactor.

Entre los de última generación también se encuentra el reactor CANDU, patente de Atomic Energy Canada, que puede generar 1.000 megawatios. No es de agua presurizada, sino que emplea para la refrigeración la más antigua agua pesada. El combustible es el uranio, con un sistema que permite la recarga sin necesidad de detener su actividad. Actualmente se están construyendo varios de ellos en China y en Corea del Sur.

Otro modelo de los considerados “seguros”, de última generación es el desarrollado por General Electric. Puede producir 1.100 megawatios y su combustible es el óxido de plutonio. Se están construyendo algunas centrales con esta tecnología en la República Popular China.