Por José María Benegas

Desde determinadas ins tancias políticas y organizaciones defensoras de los derechos humanos se ha insinuado o sugerido la posibilidad de boicotear los juegos olímpicos de Pekín o al menos su ceremonia inaugural. Desde mi punto de vista, sería un grave error mezclar el deporte y los problemas políticos a pocos meses de la celebración de los juegos como consecuencia de los acontecimientos que han tenido lugar en el Tíbet. En primer lugar, porque supone un castigo a quienes nada tienen que ver con los mismos, que son los deportistas. Miles de ellos han dedicado estos últimos cuatro años a una intensa preparación con dedicación de muchas horas de entrenamiento para poder conseguir el sueño de todo atleta, participar en la cumbre mundial del deporte. Todos estos jóvenes deportistas se verían injustamente castigados si las autoridades políticas de sus países de referencia decidieran no participar en las olimpiadas.

En segundo término, estaríamos ante un ejercicio de cinismo político descarado porque violación de los derechos humanos y condiciones laborales precapitalistas existían en China cuando el Comité Olímpico Internacional aceptó la candidatura de Pekín para este acontecimiento. Entonces nadie protestó. Ningún gobernante planteó una negativa o un debate sobre la conveniencia de la candidatura de Pekín. Ha hecho falta que se desencadenen los acontecimientos del Tíbet para que se despierte una mínima conciencia en Occidente sobre la situación real de China. Los juegos deben respetarse y corresponde a la diplomacia política, con la debida prudencia, presionar por la defensa de los derechos humanos, y a las organizaciones internacionales del trabajo, como la OIT, mantener viva la reivindicación de que las relaciones laborales se desarrollen respetando las normas básicas mínimas en el mundo del trabajo. Los amagos de anuncios de boicot a los juegos no son más que fuegos de artificio de políticos con mala conciencia por sus silencios anteriores.

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La revolución cubana se adapta a la revolución tecnológica y acepta los avances mundiales en lo que ha sido una de las grandes transformaciones que hemos vivido en el último tramo del siglo XX, la telefonía móvil, que tiene, además, indudables consecuencias sociales. Por fin, los cubanos podrán comunicarse como el resto del mundo a través de un móvil. Las autoridades de aquel país no han tenido más remedio que legalizar una realidad que suponía que miles de cubanos habían obtenido este tipo de teléfonos por vías indirectas o ilegales. El paso dado por las autoridades de aquel país demuestra que no es posible en el mundo en que vivimos mantener poblaciones enteras como la cubana, once millones de habitantes, al margen de los avances tecnológicos mundiales. El móvil y los ordenadores han supuesto la gran revolución de finales del siglo XX. Era absurda la pretensión, felizmente rota, de pretender que la revolución cubana se pudiera sustraer y vivir al margen de la revolución tecnológica en el ámbito de la comunicación y lo será también, sin duda, en el de la información. Sin embargo, el coste del contrato de un teléfono móvil (75 euros) por la apertura de una cuenta hará imposible que una gran parte de los ciudadanos de Cuba puedan acceder al móvil teniendo en cuenta que el salario medio mensual en Cuba es de 408 pesos que equivalen a 11 euros.

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En una economía mundial los datos macroeconómicos de un país no pueden ser analizados desde el punto de vista de la competitividad de forma estanca, aislados del marco regional de referencia, en el caso de España el europeo. En relación con la inflación debemos tener en cuenta que el montante fundamental de nuestras exportaciones tiene como destinatarios los países europeos. Es cierto que la inflación en España se ha situado, según los últimos datos, en un 4,6 por ciento, que supone un índice bastante elevado en relación con nuestra propia evolución de los precios al consumo. La inflación en los países de la zona euro se va a situar en un 3,5 por ciento, lo cual arroja un diferencial de un 1 por ciento, lo cual es perfectamente asimilable por la economía española. El problema entonces queda reducido a los efectos internos y afecta más a las rentas más bajas, sin duda, que son las que más se resienten por una inflación alta. En alguna medida estos efectos negativos se verán disminuidos por los anuncios del presidente Zapatero en relación con la revalorización de pensiones, subida del salario mínimo y ayudas indirectas como son la bonificación por nacimiento, el descuento de 400 euros en la declaración de la renta y las ayudas estatales al arrendamiento de viviendas de los jóvenes. Los sectores afectados por estas medidas verán su poder adquisitivo incrementado y los efectos inflacionistas serán algo menores. •

*Diputado del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso.