Lo que pedirán sindicatos y patronal al Gobierno

FÓRMULAS PARA ENFRENTARSE A LA CRISIS

Los datos económicos que se han ido conociendo durante las últimas semanas, especialmente a partir de las elecciones, hacen cada vez más urgente la reunión con los agentes sociales anunciada por José Luis Rodríguez Zapatero para consensuar las medidas anticrisis. Por ello, UGT, CC 00 y CEOE están preparando
sus respectivas agendas para las conversaciones coincidiendo en el punto principal: la necesidad de romper definitivamente con el patrón de crecimiento basado en el ladrillo. Sin embargo, tanto la patronal —con conflictos entre Gerardo Díaz Ferrán y la 'vieja guardia' de su antecesor Cuevas — como CC OO —que celebra
su congreso en diciembre— van a afrontar esta etapa de diálogo social con una cierta inestabilidad interna, lo cual puede lastrar su capacidad negociadora.

Por Manuel Capilla

Según explicó el ministro de Trabajo, Jesús Caldera, tras participar en la reunión que el presidente del Gobierno mantuvo con sindicatos y patronal dos semanas antes de las elecciones, "la primera decisión" que iba a tomar Zapatero el 10 de marzo si era reelegido era convocar a los agentes sociales para renovar y ampliar el diálogo. "De momento no nos ha llamado, pero no nos causa ninguna alarma", según explica Fernando Lezcano, secretario de Comunicación de CCOO, porque "pasará un tiempo prudencial desde la formación del Gobierno".

Como la economía no entiende de plazos, mientras Zapatero ultima la composición de su nuevo gabinete, la situación está mostrando síntomas de ser cada vez más preocupante. La inflación continúa batiendo récords. Los datos adelantados del IPC, que suelen ser idénticos a los definitivos, sitúan el crecimiento de los precios en marzo en un 4,6 por ciento, la peor cifra desde 1997. El paro ha estado cinco meses consecutivos aumentando y, aunque en marzo se ha frenado esta tendencia por el tirón de la Semana Santa en el sector servicios, en el de la construcción el desempleo ha aumentado un 44 por ciento desde hace un año. Por si fuera poco, la semana pasada el Banco de España rebajaba en siete décimas la previsión de crecimiento para nuestro país en 2008, fijándola en el 2,4 por ciento, y estableciendo la de 2009 en el 2,1 por ciento a causa de una desaceleración de la actividad "más pronunciada" en los próximos trimestres. De momento, el Gobierno mantiene sus previsiones del 3,1 por ciento para este año y del 3 por ciento para el próximo.

Así las cosas, a Zapatero le urge cada vez más consensuar con los agentes sociales el 'plan de choque' – aunque desde el Gobierno se haya huido de este término– debe tener

un eje fundamental tanto para UGT y CCOO como para CEOE: invertir el modelo que ha hecho de la construcción el motor económico de España, dando a ese sector un peso exagerado y muy superior al que tiene en los países de nuestro entorno. Esta reforma estructural pasa por apostar por los sectores industriales como relevo de la construcción, con el sector de la investigación, el desarrollo y la innovación (I+D+i) como el elemento clave de esa nueva estructura. Según se explica desde CCOO, se trataría de "generar una economía más sana".
¿Cómo se lograría esa salud económica? Para la patronal se hace necesario en el sector privado "recuperar los incentivos a I+D+i, dotándolos de estabilidad y seguridad jurídica", además de "rentabilizar la investigación que se realiza en la Universidad y en los Centros Tecnológicos", adecuándola a las necesidades del "tejido productivo". Los sindicatos comparten con la CEOE la preocupación por la búsqueda de la excelencia en el ámbito académico, ya que los investigadores surgidos de la universidad son los cimientos sobre los que edificar una economía basada en la productividad y en las nuevas tecnologías. Por ello, el Plan Bolonia se contempla desde CCOO como la oportunidad para adaptar las estructuras de las universidades al nuevo modelo económico.

Ante las cifras reveladoras de la mala situación económica, el secretario general de CCOO, José María Fidalgo, ha criticado el modelo económico basado en el ladrillo, afirmando que "lo que ha venido no es sólo un parón inmobiliario, es más gordo, y nuestras críticas de hace dos años eran certeras y no desmesuradas". Sin embargo, aunque se haga hincapié en la necesidad de invertir en I+D+i, el valor de la construcción a la hora de generar empleo y riqueza no se olvida por parte de UGT y CCOO. De ahí que el secretario general de UGT, Cándido Méndez haya subrayado la necesidad "de acelerar las inversiones en infraestructuras y equipamientos sociales". Una alusión, ésta última, a los equipamientos que precisa la puesta en marcha de la Ley de Dependencia, cuyo desarrollo es considerado por las tres instituciones como muy importante por el efecto que puede tener en la generación de empleo.

Donde discrepan profundamente los sindicatos y CEOE es, como suele suceder, en la presión fiscal que el Estado debe mantener sobre los ciudadanos, preocupados los primeros por fortalecer el sistema de protección social y los segundos por potenciar el consumo privado. La patronal defiende la reducción los tipos impositivos del Impuesto sobre Sociedades en línea con las tendencias internacionales, junto con la supresión total del Impuesto sobre Actividades Económicas. Es decir, subraya la necesidad de un paquete de medidas fiscales de estímulo al ahorro y a la inversión.

Sin embargo, los sindicatos apuestan por mantener y elevar la potencia recaudatoria del Estado para que éste actúe como motor del cambio de estructura económica y para crear una red de protección social más sólida, capaz de hacer frente a los desafíos de un número cada vez mayor de personas desempleadas. Por ello, desde CCOO se afirma que la subasta fiscal vivida en la campaña electoral les ha "molestado", ya que, por ejemplo, señalan la necesidad de proporcionar una contribución presupuestaria fuerte a los servicios públicos de empleo para que sean capaces de realizar un seguimiento cercano de los desempleados. En la misma línea se mueve UGT, que además ha demandado al Gobierno un incremento de las medidas de ayuda a las familias, como el aumento de prestaciones económicas de la Seguridad Social por hijo a cargo, propiciando medidas que permitan la conciliación laboral y familiar.

El otro gran punto de desacuerdo entre las centrales sindicales mayoritarias y la CEOE es la interpretación de la evolución del mercado laboral. Las organizaciones de trabajadores defienden un "empleo de más calidad", apuntalado con una nueva Ley General para el Empleo y apostando por que el Salario Mínimo Interprofesional alcance el 60 por ciento del salario medio neto en el periodo 2009-2016, lo que supondría un compromiso del Gobierno para que el SMI creciera entre 2009 y 2012 a un ritmo del 8 por ciento anual. Sin embargo, la CEOE sigue defendiendo un mercado laboral más flexible y fácil de manejar, especialmente por las PYMES, además de unas nuevas estructuras salariales edificadas sobre de la parte variable del salario. Como aviso a navegantes, Fidalgo ya ha afirmado que "ahora se hace más difícil hablar que hace cuatro años, cuando la situación económica era buena", y que su sindicato "no tragará" con una reforma laboral "clásica" si así se pretende hacer frente a la crisis.

A pesar de la importancia de la etapa de diálogo social que pretende impulsar el Gobierno, el propio Fidalgo corre el riesgo de perder algunas energías dedicando su atención al IX Congreso Confederal de su sindicato, que tendrá lugar en diciembre. Y es que, aunque previsiblemente accederá a un tercer mandato, los sectores críticos – el Iiderado por Rodolfo Benito desde la federación madrileña y el de los 'camachistas'–,que suman algo más de un tercio de los representantes, volverán a presentar batalla. De momento, ya han impugnado ante la Comisión de Garantías del sindicato las normas por las que se regirá el congreso, ya que consideran que algunos puntos de las normas que regirán dicho congreso "vulneran" los derechos estatutarios que protegen la participación de los afiliados en el debate.

El mismo riesgo que Fidalgo, el de distraerse apagando fuegos dentro de su organización, corre el presidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán. El sucesor de José María Cuevas ha encontrado una cierta oposición entre los más veteranos de la patronal que formaron parte del equipo de José María Cuevas, y que tiene como telón distintas ideas de hacia dónde debe evolucionar la CEOE. Díaz Ferrán pretende que la organización pase a ser una especie de 'lobby' de las grandes empresas, mientras otros altos cargos prefieren mantener una concepción más tradicional y generalista. Esta división se ha concretado en el intento de Díaz Ferrán de que el actual vicepresidente y secretario general, Juan Jiménez Aguilar, partidario de la se-
gunda postura y mano derecha de Cuevas durante 20 años, abandonase la secretaría y conservase sólo el cargo de vicepresidente. Ante la negativa de Jiménez Aguilar de cederle la gestión del día a día de la CEOE ambos deberán trabajar juntos, por lo menos hasta las elecciones de 2010.

Además, para intentar cerrar las heridas que vienen de antiguo, Gerardo Díaz Ferrán ha propuesto la ampliación del número de vicepresidencias de la organización de 9 a 14, una decisión que previsiblemente será ratificada el próximo 10 de abril por la Junta Directiva. De esta forma, el presidente de la patronal catalana, Juan Rosell, regresa a la cúpula de la CEOE tras haberla abandonado hace dos años por sus enfrentamientos con Cuevas.

Está por ver si estos problemas internos influyen más de lo deseable en una etapa de diálogo social importantísima para dotar a España de las herramientas con las que salir de una crisis que se adivina más profunda de lo esperado.•