por Miguel Ángel Aguilar

Empieza la legislatura, segunda de Gobierno del presidente José Luis Rodríguez Zapatero, y el Congreso de los Diputados y el Senado presentan el aspecto del primer día de curso en un centro escolar. Están los veteranos de cursos anteriores y los que se incorporan por primera vez a las aulas, que suponen un 40 por ciento. Prima la curiosidad por conocer los cambios en los horarios, en el profesorado y en los programas lectivos. Se eligen los delegados de curso y cuando llega el tiempo de recreo las conversaciones se centran en lo que cada uno ha hecho desde el curso precedente: experiencias, noviazgos, viajes, lecturas, familia, enfoques de futuro profesional. En el banco azul la novedad es que todos los ministros están en funciones y que a esa precariedad añaden una certeza de la que algunos carecían: la de estar en posesión del acta de diputado.

En la elección de José Bono para la presidencia del Congreso se ha preferido el recurso sin deshonor a la segunda vuelta en lugar de sumar votos de otros grupos que hubieran supuesto contrapartidas indeseables. Para la investidura de Zapatero como presidente del Gobierno parece que se seguirá la misma senda de la segunda votación, en la que basta la mayoría simple sin necesidad de alcanzar los 176 diputados que se requieren en la primera.

La secuencia inmediata es la composición del Gabinete. Un asunto laborioso que o bien se pacta con otras figuras de los partidos coaligados, o con las personalidades de las distintas tendencias del propio partido si forma gobierno en solitario o en último extremo cuando el liderazgo debe pactarlo el investido consigo mismo. Las vísperas de las designaciones ministeriales han sido aleccionadoras. Las piezas más valiosas han tenido que ser convencidas para permanecer como ha sido el caso de Pedro Solbes o para aceptar otra posición de especial responsabilidad –la de portavoz del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso– a la que se resistía José Antonio Alonso.

Pero donde Zapatero tendrá la lidia más difícil será en llevar a cabo los desprendimientos. Parece que destituir a un ministro es en extremo desagradable. Hay que colmarle de elogios justo antes de comunicarle que se prescinde de sus estimados servicios. El interesado tiende a pensar que le sobreviene el relevo cuando estaba culminando los proyectos más interesantes sin que pueda comprender el abandono impuesto. Los destituidos olvidan enseguida que fueron nombrados frente a otros candidatos posibles y se dejan embargar por un sentimiento de ingratitud, tienden a parafrasear al santo duque de Gandía, Francisco de Borja, prometiéndose "no volver a servir a señor que les pueda destituir". A la vocación de servicio que les movió cuando aceptaron el nombramiento se superpone después la vocación de continuar, en el convencimiento desinteresado de que hacerlo tal vez sea muy sacrificado para el titular pero es sin duda lo mejor para España, siempre por España.

Se reparten de nuevo las cartas, pero no sólo para componer el Gobierno, fijar la Mesa del Congreso o establecer las responsabilidades en el Grupo Parlamentario, también en otros ámbitos contiguos o adyacentes como el de los medios de comunicación. En junio caduca el contrato de Federico Jiménez Losantos en la cadena COPE, de propiedad episcopal, pero antes, el 8 de mayo, se abrirá el juicio oral por la demanda que le tiene presentada el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-GaIlardón, donde figuran como testigos del demandado Jotapedro, Esperanza Aguirre y Eduardo Zaplana. Puede que antes Federico anuncie cambio de antena. Jotapedro con el 11-M a cuestas, seguirá contando con todas las complacencias de ZP. Además comprobaremos la consistencia del propósito de Zapatero de impulsar su propio grupo sobre el eje de Roures, La Sexta, Público y lo que te rondaré morena. Atentos. •