Ya lo veíamos venir y ya lo tenemos encima. Va a ser necesario romper la hucha y gastarnos lo ahorrado en combatir la crisis. El Estado ha registrado hasta febrero un superávit de 9.381 millones de euros, lo que equivale al 0,84 por ciento del PIB, frente al excedente de 12.948 millones obtenido en el mismo periodo del año anterior, que representó un 2,23 por ciento, según ha informado el secretario de Estado de Hacienda y Presupuestos, Carlos Ocaña. Ya de nada sirve utilizar eufemismos para conjurar la crisis. Con lo contento que estaba Solbes con su cartera repleta de euros maravillosos para aplacar conflictos y para emprender nada menos que la construcción del cuarto pilar del Estado del Bienestar. El vicepresidente in pectore ya se ha hecho a la idea de que tendrá que pasar de manejar el superávit a gestionar un déficit, que es harina de otro costal. Podemos consolarnos en que los supeávit sirven para afrontar las crisis y que peor sería que no tuvieramos hucha que romper.

Emilio Botín, Francisco González, Isidro Fainé y Miguel Blesa, presidentes respectivos de los dos grandes bancos y de las dos cajas más importantes, se enfrentan a preocupaciones similares a las de Solbes: al riesgo de que si la crisis se encona se desvanezcan las fuertes reservas que habían acumulado sin parangón en los colegas extranjeros. También temen que no pueda mantenerse una morosidad que actualmente es del 1 por ciento, la más baja de los países industrializados. Los grandes bancos valen en estos momentos 36.000 millones de euros menos que cuando empezaron “las turbulencias” y las cajas deben encontrarse en situación similar aunque, al no cotizar en Bolsa, no podemos cuantificar pérdidas en su capitalización. Miguel Blesa, presidente de Caja Madrid, una entidad muy activa en el mercado inmobiliario, ha declarado que “da miedo la parte de los balances de algunas entidades soportada por ladrillos”. Y realmente las palabras de Blesa dan miedo, como las de Juan Ramón Quintás, presidente de la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA), que diagnostica que  “pasamos por momentos de niebla y miedo”. Tampoco han tranquilizado las de Jean-Claude Trichet, presidente del Banco Central Europeo (BCE), quien ha asegurado que aún no ha venido lo peor. Hemos pasado de la “desaceleración” a la “crisis” y de la “preocupación” al “miedo”.  Las palabras también pueden matar.

El superávit del Estado se va a desvanecer por la confluencia de un descenso de la recaudación motivada por un menor crecimiento y de los costes de las acciones anticíclicas que se preparan, a las que Zapatero ha bautizado como "Plan de Choque". En realidad, más que un plan de choque, efectista pero de efectos relativos, tendremos un paquete de medidas heterogéneas que serán aprobadas previsiblemente en el primer Consejo de Ministros del nuevo Gobierno. Parece que la urgencia de ponerlo en marcha es lo que ha aconsejado a Zapatero a adelantar los nombramientos. No será Solbes quien designe a los responsables económicos como se había aventurado, pero es razonable que ZP escuche sus propuestas. 

Sabemos algo de las líneas generales de su plan pero probablemente sean necesarias otras actuaciones como desgravaciones fiscales para la adquisición de vivienda. Lo más importante es que la lenta maquinaria de la Administración Pública se desperece y agilice la licitación de infraestructuras. 

La caída del ladrillo residencial debería compensarse con el hormigón de las obras públicas pero sin dejar de hacer algo en el campo residencial y, de forma muy concreta, en el de las viviendas protegidas. El gran problema es que las turbulencias financieras internacionales se simultanean en España con el “monocultuivo de la construcción”, que se está derrumbando a mayor velocidad de la esperada. No se puede reducir de la noche a la mañana la alta ponderación que el ladrillo soporta en el crecimiento del Producto Interior Bruto y del empleo. Es este un asunto demasiado importante para dejarlo en manos del ministro de la Vivienda, independientemente de la capacidad de quien lo gestione. Es cuestión de Gobierno e incluso de Estado. Parece razonable que la gestión de esta materia sea coordinada por el vicepresidente.

El Instituto Nacional de Estadística ha hecho públicas las primeras cifras fiables del mercado de viviendas y confirman un pinchazo en todas las modalidades: libres, de protección oficial, nuevas y usadas. En el pasado enero la compraventa no llegó a las 62.000 operaciones, lo que significa una disminución superior al 27 por ciento respecto a enero  de 2007. Sólo hay un dato positivo: el descenso del precio de las residencias. La bajada ha sido pequeña, lo que no se corresponde al comportamiento típico de los pinchazos de burbujas. Da la impresión de que los potenciales compradores están en actitud de esperar a ver que pasa, una sabia precaución.   

José García Abad