La polarización política se veía venir desde mucho antes del comienzo de la pasada compaña electoral, aunque ésta, ha actuado en su desarrollo como un catalizador de esta tendencia creciente. El resultado final ha dado un panorama en el que las dos grandes formaciones a nivel nacional han aumentado sus apoyos y sus bases sociales, a costa de un reguero de víctimas que ha alcanzado a todo el espectro de la pluralidad política española, afectando tanto a las fuerzas ubicadas a la izquierda del Partido Socialista, como a los partidos nacionalistas periféricos que, en todos los casos –incluida CiU, pese a aumentar en un escaño su representación con respecto a 2004- han visto disminuir el número de votos que recibían sus listas, en beneficio de las grandes organizaciones nacionales, pero, especialmente, del PSOE.

Después del tsunami –como lo definió Gaspar Llamazares–, en casi todos los pequeños partidos tocaba hacer inventario de daños y desperfectos. La mayoría de fuerzas nacionalistas conseguía salvar los muebles, al poder mantener, mal que bien, su grupo parlamentario. Pero para otros, la bipolarización ha constituido una auténtica catástrofe. La Chunta Aragonesista, que colocaba a José Antonio Labordeta –ya no se presentaba en esta ocasión- en un escaño durante la pasada legislatura, desaparecía del mapa. Otro tanto sucedía con Eusko Alkartasuna, una formación clásica en el Congreso que había conseguido representación siempre desde que se fundara como escisión del Partido Nacionalista Vasco.

Esquerra Republicana de Catalunya perdía, de momento, su grupo parlamentario, al pasar de ocho a tres diputados, con un PSE-PSOE que ha sabido pescar en los caladeros tradicionales de ERC para conseguir unas cifras históricas en Cataluña.

Pero el hundimiento que más ha afectado a escala nacional ha sido el de Izquierda Unida. Víctima de las tendencias binarias de los últimos tiempos pero, sobre todo, de un sistema electoral que hacía estéril más de tres cuartas partes de sus votos, la tercera fuerza política del país en número de sufragios –ha obtenido casi un millón en esta ocasión- perdía al 25 por ciento de su electorado y, con ello, y por mor de la Ley Electoral, el 60 por ciento de sus escaños en el Congreso, pasando de cinco a dos, y perdiendo, de momento, su grupo propio.

¿Por qué en el caso de ERC y de IU se plantea un “de momento”? Ambas fuerzas abrían la pasada semana una negociación para unir fuerzas y habilitar un grupo parlamentario compartido y propio. Pese a que ERC cuenta con el 20 por ciento de los votos que tiene Izquierda Unida, dispone de un diputado más. El planteamiento sería el de distribuirse los tiempos de intervención, los espacios físicos en los edificios del Congreso habilitados para los grupos parlamentarios, y el compromiso terminaría ahí. Ambos tendrían plena libertad de posicionamiento y de voto.

Para lograrlo casi cumplen los requisitos exigidos por el Reglamento del Congreso, es decir, tener un mínimo de cinco diputados, y haber alcanzado el cinco por ciento de votos en la circunscripción por la que se presentaban. La pega legal estaría en este último punto. Entre ambas formaciones sí aportan los escaños requeridos, pero su porcentaje conjunto se queda en el 4,97 por ciento, a tres centésimas de lo estipulado, con lo que este intento de evitar las catacumbas parlamentarias quedaría a expensas de la voluntad, de la flexibilidad de las formaciones mayoritarias y de su voluntad de realizar una lectura más o menos generosa del reglamento.

Por el momento, el Partido Popular ya ha expresado su oposición frontal. De hecho, pese a que en la anterior legislatura ERC tenía ocho diputados, el PP ya impugnó en su momento la formación de su grupo, porque no alcanzaban el porcentaje establecido. Sin embargo, la derecha parlamentaria está en minoría, y el partido de José Luis Rodríguez Zapatero que, según el coordinador de IU, se “había mostrado muy apenado” por los resultados electorales de la coalición de izquierdas, podría abrir la mano y, de paso, hacer una inversión de cara a futuros apoyos en la Cámara.

Muy atentos a esta operación están en el Bloque Nacionalista Galego –el menos perjudicado de los partidos nacionalistas, que mantiene sus dos representantes- y en Coalición Canaria, que también podrían plantearse la formación de una entente similar que les permitiese disponer de grupo propio.

Las negociaciones para la Investidura de Zapatero van a un ritmo pausado. Pese a que casi todas las formaciones han anunciado su intención de esperar a que el primer paso en ese sentido sea dado por el partido más votado, lo cierto es que algunas organizaciones nacionalistas ya han mostrado su disposición. El caso más evidente es el del PNV, que con sus seis diputados pretende convertirse en uno de los apoyos más sólidos y constantes durante esta legislatura. El presidente del PNV, Iñigo Urkullu, se desmarcaba la pasada semana de la propuesta de consulta popular que plantea el lehendakari, Juan José Ibarretxe, asegurando que “el PNV y el lehendakari” son dos planos distintos. Tras los resultados de las generales en el País Vasco, donde el PSE-PSOE se convertía en la fuerza más votada y, además, en las tres provincias, podría producirse un giro en la estrategia nacionalista, máxime, cuando las elecciones autonómicas están a la vuelta de la esquina. A cambio de una contrapartida de asegurar el Concierto Económico con Euskadi durante esta legislatura, y un puesto para el PNV en cada una de las Mesas de las Cámaras, los nacionalistas parecen dispuestos a dar su voto de investidura e, incluso, votar favorablemente la propuesta de José Bono para presidir el Congreso.

Dada la falta de “prisa” en las filas socialistas para abordar negociaciones a varias bandas, es precisamente la cuestión de la presidencia del Congreso la que parece que podrá aclararse antes. El propio presidente en funciones, José Luis Rodríguez Zapatero, aseguraba la semana pasada que José Bono es el “candidato que más posibilidades tiene”.

El que fuera presidente de la Comunidad de Castilla-La Mancha durante 20 años, y ahora diputado al Congreso por la provincia de Toledo, tiene, efectivamente, muchas posibilidades de alcanzar la tercera dignidad política en orden jerárquico del Estado. Un viejo sueño que, tal vez, constituyese el motivo real por el que en 2007, tras haber dado muestras iniciales de su aceptación, finalmente rechazaba la oferta efectuada por Zapatero para que encabezase la candidatura de los socialistas al Ayuntamiento de Madrid, y tratar de contrarrestar con su prestigio el peso de un Alberto Ruiz Gallardón que parecía –como finalmente fue– imbatible.

También parece haber quedado claro que el Congreso y el Senado que se constituirán el próximo 1 de abril –probablemente, como es tradición desde el inicio de la democracia, de modo simultáneo-, por su constitución no parecerán muy afectados por la Ley de Igualdad. Es cierto que en estos comicios se han batido todos los records históricos en cuanto a presentación de candidaturas femeninas. En lo referente al Congreso, un 47 por ciento de las candidaturas estaban representadas por mujeres. De un total de 8.448, 4.503 eran de varones, y 3.945 de mujeres. Comparado con la cita electoral anterior, el crecimiento de la presencia femenina en este apartado es espectacular. Entonces ellas sólo fueron el 34 por ciento, es decir 2.251 de un total de 6.610 candidatos.

En cuanto al Senado, un 38 por ciento de candidaturas han estado ocupadas por mujeres, 774 de 2.035, pero supone ocho puntos más que en 2004, cuando sólo 513 de las candidaturas estaban ocupadas por féminas, de un total de 1.705.

Pero los efectos de la Ley de Igualdad se han quedado detenidos en ese aspecto. De hecho, el nuevo Congreso tendrá una mujer menos que en 2004. Del total de los 350 escaños, 126 estarán ocupados por mujeres, lo que equivale a un 36 por ciento del total. Curiosamente, el Partido Socialista contará con tres mujeres menos –pese a haber aumentado su número de escaños con respecto a 2004-, mientras que el Partido Popular sí ha aumentado la participación femenina, con dos diputadas más que en la anterior legislatura. El mayor cambio se ha observado en las filas de CiU que, de una única diputada con que contaba en el periodo anterior ha pasado a cuatro.

En el Senado, pese a que el porcentaje de presencia femenina es más bajo que en el Congreso, las mujeres sí han conseguido aumentar su representación. De las 208 actas en juego, 67 han ido a parar a manos de candidatas, lo que representa un 32 por ciento de todos los escaños. 32 son del Partido Popular (que es el que dispone de mayor número de escaños en esta Cámara), 28 pertenecen al Partido socialista, cuatro a la Entesa, dos a Convergencia i Uniò, y una al Partido Nacionalista Vasco, mientras que la distribución en el Congreso es de 71 mujeres diputadas socialistas, 46 del PP, cuatro de CiU, y una sola en las siguientes formaciones: Bloque Nacionalista Galego, Esquerra Republicana de Catalunya, Nafarroa Bai, Coalición Canaria y la novedosa Unión, Progreso y Democracia, representada por la ex diputada socialista europea Rosa Díez.

Y, a propósito de novedades conocidas, otros rostros de otros ámbitos de la política se dejarán ver con frecuencia durante los próximos cuatro años en el Hemiciclo y en los pasillos del Congreso. Tal es el caso de la alcaldesa de Cádiz, Teófila Martínez o el de la ex alcaldesa de Sevilla, Soledad Becerril, ambas del Partido Popular. También veremos al ex director general de Radio Televisión Española, Fernando López Amor, que engrosaba la lista popular por Córdoba.

Aunque no para todo el mundo el Congreso ejerce un atractivo irresistible. Algunos no han tardado ni horas en expresar su renuncia, como ha sido el caso del cabeza de lista del Partido Popular por Asturias, el actual alcalde de Oviedo, Gabino de Lorenzo. En la misma noche electoral expresaba abiertamente su intención de no recoger su acta de diputado, por lo que, ni siquiera tomará posesión, como hizo en la anterior legislatura el cabeza de lista de ERC por Barcelona, Josep Lluis Carod Rovira. En el caso de Gabino de Lorenzo, la causa esgrimida fueron unos resultados electorales muy alejados de lo esperado por su formación. PSOE y PP obtenían el mismo número de escaños por esta circunscripción, pero el Partido Socialista experimentaba un fuerte incremento en votos que lo llevaba a convertirse en la fuerza más votada del Principado, aventajando en un cuatro por ciento a sus rivales de la derecha. Donde sí se acusó este efecto fue en el Senado, pues los socialistas conseguían tres actas, por una del Partido Popular, dando la vuelta a la situación de hace cuatro años.

Alfonso Guerra se queda solo

Hasta ahora eran unos cuantos los que habían resistido, impertérritos el paso del tiempo, muy pocos los que ya tenían completamente ahormado el escaño, y sin los que, a muchos asiduos visitantes, les parecería que el Hemiciclo ubicado en la madrileña Carrera de San Jerónimo no tendría sentido. Después del 9-M, como en la película “Los Inmortales”, sólo queda uno.

El diputado socialista por Sevilla y ex vicepresidente del Gobierno de la mano de Felipe González, Alfonso Guerra, se ha convertido en el único político que ha conseguido un acta como diputado en Congreso, de modo ininterrumpido, desde la Legislatura Constituyente.

Desde su divorcio político de González y su dimisión como vicepresidente del Gobierno, Guerra comenzó a dedicar más trabajo, y de modo menos ostensible, al estudio y la teoría política y a las tareas parlamentarias. Desde 2004, con el retorno del Partido Socialista al poder, presidía la importantísima Comisión Constitucional del Congreso, encargada, entre otras muy importantes funciones, de debatir las admisiones a trámite de las reformas de los estatutos de autonomía confeccionados en los parlamentos autonómicos, y también en su momento, de la admisión a trámite de la polémica propuesta del Gobierno y Parlamento vascos, conocida como Plan Ibarretxe.

De todos los que aún compartían veteranía con el mítico político socialista, parece ser que sólo a él le ha apetecido repetir la experiencia. De hecho, sólo quedaba un diputado tan antiguo como él –y, curiosamente, con el mismo apellido-, y dos senadores. El congresista que ya no repetirá era el popular y discreto Juan Carlos Guerra-Zunzunegui.

Los senadores eran los veteranos Francisco Cacharro-Pardo, del Partido Popular, y el socialista Juan José Laborda, quien llegó a presidir la Cámara Alta, pero ninguno de ellos se ha presentado a la reelección en esta cita electoral.

Ha habido otros parlamentarios de larga trayectoria, pero que, en algún momento se han cambiado de Cámara, o que han desarrollado funciones en sus comunidades autónomas que no les han permitido permanecer ininterrumpidamente en uno de los hemiciclos. Un ejemplo es el de Jaime Ignacio del Burgo, de la marca popular en Navarra, UPN. Obtuvo su primer escaño como senador en las listas de la extinta UCD en Navarra en las Cortes Constituyentes; volvió a conseguirlo en las legislaturas Primera y Tercera, y desde entonces fue elegido como diputado.

Juan Barranco, ex alcalde de Madrid fue elegido diputado en 1977 y permaneció en el Congreso hasta 1986. Desde 1989 hasta ahora había obtenido escaño como senador, y ahora acaba de regresar a su originario Congreso de los diputados en las listas del PSOE capitalino, donde volverá a encontrarse con su amigo Alfonso Guerra.

Un caso similar es el del socialista Jaime Blanco, que ha pasado 30 años de su vida entre las dos Cámaras legislativas. En 1977 conseguía su primer escaño en el Congreso, donde permanecía hasta 1987, momento en el que resultaba elegido senador, donde ha continuado repitiendo hasta el pasado 9 de marzo.

Otro retorno a los orígenes sonado es el de Soledad Becerril, en las listas del Partido Popular. Diputada en las primeras elecciones democráticas, ejerció la representación política en el Congreso hasta 1982. Fue alcaldesa de Sevilla y volvía a la madrileña Carrera de San Jerónimo en 1989, de donde no se movió hasta las elecciones generales de marzo de 2004, en las que resultó elegida senadora. Ahora ha decidido retornar al Congreso.

NOVATOS E ILUSIONADOS

El perfil del parlamentario medio es el de un hombre casado, de edad comprendida entre los 35 y los 55 años y con experiencia política en diversos cargos de su partido. Pero no todos los nuevos diputados se ajustan a estas características. Pese a que la Ley de Igualdad no ha conseguido incrementar el número de representantes femeninas en el Hemiciclo con respecto a 2004, en esta ocasión sí ha descendido la edad media de sus señorías y se han colado en los escaños más jóvenes que en ocasiones anteriores.

La diputada de menor edad en esta legislatura que ahora comienza es la pedagoga Miriam Muñoz, que integraba la lista balear del Partido Socialista Obrero Español. Pese a ser la más joven del Hemiciclo, curiosamente ya tenía experiencia parlamentaria desde junio de 2006, cuando el diputado Francesc Antich dimitía para tomar posesión de su cargo como presidente de la Comunidad Autónoma Balear, y al correr el turno de la lista, ella tomaba posesión de su acta.

“La primera vez lloré de emoción, pero que ahora me va a dar más respeto que en aquella ocasión”, ha asegurado. Los fines de semana regresará en avión a Mallorca para estar con los suyos, pero no continuará ejerciendo como concejal en el Ayuntamiento de Palma, algo que ha consensuado con sus compañeros de partido.

Desea aprovechar su estancia en Madrid, además de para el ejercicio de su responsabilidad como representante pública, para ampliar sus estudios y realizar cursos políticos.

Quien sí piensa compatibilizar su responsabilidad municipal –es alcaldesa de Torrent- con su escaño en el Congreso es otra joven diputada, María José Catalá, que iba en las listas del Partido Popular valenciano. A sus 27 años no piensa que su estancia en el Parlamento le vaya a complicar más la vida de lo que lo ha hecho su papel como regidora de su población. De hecho va con la idea de que también en el Congreso va a defender esos mismos intereses, porque allí, “uno se preocupa por defender en el grupo los intereses de su provincia y, en mi caso, de municipio, porque, al final, Torrent es lo que más me importa”. Desea pasar el menor tiempo posible en la capital, y encontrar espacio para sus aficiones, el cine y, especialmente la música, ya que tocaba el oboe en la orquesta de su municipio.

César Luena también tiene 27 años. Encabezaba la lista del Partido Socialista por La Rioja, casi como una consecuencia lógica, tras más de diez años de relación con esta formación, a la que se terminaba afiliando, y también al sindicato UGT, en 2000. No será la primera vez que tenga que desplazarse con frecuencia a Madrid, ya que también ostenta el cargo de secretario de Organización de las Juventudes Socialistas en el ámbito estatal. Es licenciado en Humanidades por la Universidad de su comunidad autónoma, y tiene un blog propio en la red, aunque tiene claro que “si quiero hacer las cosas bien, sólo puedo dedicarme a una cosa, y he optado por la política”, que es una vocación que le acompaña desde su adolescencia.

De la misma edad es Ignacio Uriarte. Madrileño, tuvo que presentarse en las listas del PP por Valencia porque la Ley de Igualdad había puesto las cosas difíciles a la gente de Génova, pero Rajoy lo quería en su equipo, y decidió ubicarlo en un puesto de salida. Ignacio tiene suficiente experiencia política, y desde 2006 es el presidente de la rama juvenil del Partido Popular, Nuevas Generaciones, aunque con anterioridad había desempeñado la Secretaría de Política Social y Bienestar de esta organización. También forma parte  del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Popular. Diplomado en Trabajo Social, desea retomar sus estudios de Sociología en la Universidad Pontificia de Comillas, aunque es consciente de que, a partir de ahora también tendrá que realizar numerosos viajes a Valencia, dado que ha resultado elegido por esta circunscripción electoral.

Los dineros de sus señorías

Ser parlamentario nacional no parece un trabajo muy sencillo. Se requiere también, además de talento para la política, una buena dosis de fortuna que permita una carrera política ascendente y estar bien colocado en las listas. Pero, a cambio, tampoco constituye un trabajo mal remunerado, ateniéndonos a criterios estadísticos de los ingresos del conjunto de los trabajadores españoles.

Cada uno de los 350 diputados y diputadas que han conseguido su acta en el Congreso percibirán un salario –denominado asignación básica mensual- de 3.126,52 euros. A esta cantidad se le deben añadir otros complementos variables, en función de la situación de cada una de sus señorías.

Cada diputado o diputada que haya obtenido su acta por una circunscripción electoral distinta a la de Madrid –sede del Congreso y del Senado- dispone de una indemnización de 1.823,86 euros mensuales para sus gastos de alojamiento y manutención con motivo de su trabajo parlamentario. Para los que han obtenido su escaño por Madrid, la indemnización se queda sólo en 870,56 euros.

Todos los gastos de transporte en medios públicos, tales como aviones, trenes, barcos o automóviles, que se realicen en el desempeño de la labor parlamentaria están completamente sufragados por la Cámara. Si un diputado hace uso de su vehículo particular, está estipulada la entrega de 0,25 euros por kilómetro. También, cada diputado o diputada que no disponga de un vehículo oficial dispone de una tarjeta personalizada para pagar los gastos de taxi en la ciudad, con un límite de 250 euros al mes. Las dietas por desplazamientos que perciben sus señorías están estipuladas en 150 euros diarios para viajes al extranjero, y de 120 euros en caso de estancia en territorio nacional.

También existe una gran variedad de complementos a percibir, en función de los cargos que se desempeñen en el Parlamento. El presidente de la Cámara percibe un suplemento de 3.605,38 euros como miembro de la Mesa del Congreso, a lo que hay que añadir 3.956,16 euros para gastos de representación, y otros 3.210,08 para gastos de libre disposición. Si el próximo presidente del Congreso es un diputado por una circunscripción diferente a la de la capital, percibirá 15.722 euros mensuales, sin contar dietas ni transporte.

Cada uno de los cuatro vicepresidentes percibe 1.374,53 euros al mes como complemento por su pertenencia a la Mesa de la Cámara, otros 1.148,68 destinados a gastos de representación, además de otros 803,52 euros para gastos de libre disposición.

En línea descendente, cada uno de los cuatro secretarios de la Mesa del Congreso, percibe por los conceptos anteriormente mencionados, y por ese orden, las cantidades de 1.073,28; 930,07; y 769,72 euros mensuales.

Los portavoces de los grupos parlamentarios disponen de un añadido de 1.972,62 euros mensuales para gastos de representación, y otros 1.052,63 para gastos de libre disposición. Los presidentes de cada una de las comisiones parlamentarias perciben un complemento de 1.590,34 euros mensuales para gastos de representación, mientras que los portavoces de los grupos en cada una de las comisiones ingresan por ese concepto 1.162,75 euros mensuales.

Algo muy similar sucede en el Senado. Las dietas por desplazamientos, el pago total de los transportes, la tarjeta para el taxi o el abono de kilometraje por utilización de vehículo propio son idénticos a los del Congreso. Sin embargo, en el resto de los conceptos, las cantidades no son las mismas.

Cada senador o senadora recibe un salario (asignación constitucional) de 3.020,82 euros al mes. Como sucede en el Congreso, cada senador de fuera de Madrid percibe una indemnización de 1.760,75 euros; sólo 839,70 si es de Madrid.

El presidente de la Cámara Alta tiene un complemento fijo de 8.568,58 euros mensuales. Para los vicepresidentes es de 4.337,67. Los complementos únicos se quedan en 3.802,71 euros mensuales para los secretarios; en 2.928,72 euros para los portavoces de cada grupo parlamentario, mientras que los presidentes de comisión ven incrementado su sueldo en 1.536,57 euros mensuales. El complemento para los portavoces de los grupos en comisiones es de 1.123,42 euros mensuales.

En el Senado se da la peculiaridad de que se abona a todas sus señorías 96,41 euros al mes en concepto de gastos de telefonía móvil, y otros 48,21 euros por gastos en comunicaciones informáticas.