Don Juan Carlos, primera escopeta de Europa

LA LEY QUE RESTRINGE LA CAZA

INQUIETA AL REY

Tras la tregua que durante algún tiempo le han dado periodistas, políticos y radicales, el Rey ha vuelto a ser noticia. Por distintas informaciones pero por un mismo motivo: su afición cinegética. Según una información confirmada por la titular de Medio Ambiente, Don Juan Carlos consultó a la ministra los posibles inconvenientes de una ley que días después movilizaría a miles de cazadores. Y un digital acaba de revelar que el monarca practica de nuevo su tiro en la finca de Alberto Alcocer, asunto privado que, como de costumbre, Zarzuela no comenta. El Rey nunca ha ocultado una pasión que viene alimentando desde la infancia y que ahora le hace merecedor del récord absoluto de caza de macho montés, pero en Palacio preocupa el tratamiento que de ella pueda hacer la prensa después de un incidente que llegó al Congreso y tras el enredo judicial con el caso Urbanor.

Por V. M.

Corría el año 1948 cuando Don Juan Carlos, don Juanito, llegó en un tren a Madrid procedente de Estoril. Su padre, don Juan, acababa de acordar con Franco que su hijo pudiera estudiar en España, pero lo organizó todo para hacerle un colegio a medida con profesores y alumnos cuyos padres fueran personas de su máxima confianza. Estaba ubicado en Las Jarillas, una finca a 17 kilómetros de Madrid. El propietario era Alfonso de Urquijo, ingeniero técnico agrícola y uno de los más expertos cazadores españoles. Con tan sólo diez años, el joven príncipe compatibilizó sus estudios con las enseñanzas cinegéticas de Urquijo, que le inculcó una pasión que aún hoy comparte con su abuelo el Rey. Alfonso XIII tenía gran destreza con la escopeta, y en ocasiones acudía a las monterías de incógnito haciéndose llamar Marqués de Tarangallo pasa pasar desapercibido.

Gredos, Salamanca, los montes de Toledo y tantas otras serranías con cotos de caza no tienen secretos para el monarca. Tampoco la perdiz, el ciervo o el macho montés. Don Juan Carlos ha llegado a ostentar el récord de caza de ciervo, y actualmente está en posesión del récord absoluto de caza del macho montés, derribado en 2005 en la finca La Umbría de Jaén –esta marca la ha conseguido en varias ocasiones–. Al gremio no le extrañó por tanto que se interesara por una ley que ha soliviantado a buena parte de los cazadores y, atendiendo a sus reivindicaciones, acudiera a la fuente. El País contaba el 28 de febrero que don Juan Carlos preguntó a Cristina Narbona por la Ley de Patrimonio Natural y Biodiversidad, que hace tan sólo unos días sería objeto de una multitudinaria manifestación en Madrid convocada por la Federación de Caza: la motivación, se dijo entonces, era la prohibición de emplear munición de plomo en los humedales –el problema que generan es que las aves confunden los perdigones con las piedras que utilizan para moler el alimento y su ingesta provoca miles de muertes al año–. El monarca, según había confirmado la Casa Real y después ratificó la ministra, quiso conocer el contenido de la ley durante su tramitación parlamentaria, aunque debió quedar conforme porque no volvió a intervenir. En Zarzuela dijeron que el Rey conminó entonces a la industria a dirigir sus investigaciones hacia la producción de cartuchos biodegradables y ahí zanjó un tema que en más de una ocasión les ha dado un disgusto. En búsqueda de otras especies más exóticas, el monarca ha participado en cacerías en Europa del Este, donde abundan osos, urogallos o jabalíes. Sin embargo, allí son menos discretos con los asuntos que conciernen a la vida privada del Rey español y en dos ocasiones le afearon la conducta en los medios de comunicación. Con motivo de una visita privada a Rumanía en 2004, donde dijeron que había participado en una cacería de especies de osos protegidos, y en otra de carácter oficial a Rusia, en la que tuvo tiempo de visitar Vólogda, a 400 kilómetros al norte de Moscú. Según contó en una carta el subjefe del departamento de Protección y Fomento de Recursos Naturales de la región publicada en el diario moscovita Kommersant, don Juan Carlos abatió a un oso domesticado que "previamente había sido emborrachado con abundante cantidad de vodka mezclada con miel". Al parecer, este tipo de farsas eran algo común en el coto y las organizaba un reducido grupo de altos cargos. El gobernador de Vólogda ordenó abrir una investigación y la fiscalía resolvió que no existían pruebas. Antes de dirimirse el caso, ERC presentó una serie de preguntas escritas al Gobierno relativas al caso, igual que hizo en 2004 con motivo de la cacería rumana, que como entonces fueron rechazadas. Y Zarzuela, aunque recordó que no comenta las actividades privadas de la Familia Real, calificó de "ridículas" las informaciones publicadas por la prensa rusa.

Aunque finalmente fuera desmentida, la noticia tuvo su efecto negativo sobre la afición cinegética del monarca y ya no se prodiga en público. Hace años, en sus visitas a la Reserva Nacional de las Batuecas de la sierra de Francia salmantina, en La Alberca (Salamanca), en la finca La Camacha (Ciudad Real), o en la sierra de la comarca de Andujar (Jaén), don Juan Carlos acostumbraba a visitar a los vecinos de la zona y las cámaras estaban allí para retratarle antes y durante las monterías. Ahora es más discreto, pero sigue practicando con su juego de Kemen, una de las marcas más prestigiosas originaria de Eibar, en los cotos privados.

Eso no ha impedido que se siga sabiendo de sus incursiones cinegéticas, incluso las que más podrían comprometerle. Elconfidencial.com publicó hace días que el monarca ha vuelto a cazar en El Avellanar, finca de Ciudad Real propiedad de Alberto Alcocer. Al parecer, se trata de una de las mejores de España y es idónea parea caza mayor y menor. Lo que no resulta tan oportuno es que el nombre de don Juan Carlos vuelva a aparecer relacionado con el de Alcocer en medio del enredo judicial a cuenta del caso Urbanor. Después de que la Sala Segunda del Tribunal Constitucional revocara la condena de tres años y cuatro meses de cárcel que pesaban sobre el empresario y su primo, Alberto Cortina, al aceptar parcialmente el recurso de amparo que ambos presentaron y que llevaba casi cuatro años a la espera de resolución —aunque manteniendo la condena económica, el alto tribunal estimó que el delito de estafa y falsedad en documento mercantil en la venta de los terrenos donde se erigen las Torres KIO había prescrito cuando el juez inició las diligencias contra ellos—, el Supremo ha publicado un comunicado en el que afirma que el Constitucional ha "excedido su jurisdicción". No tiene efectos jurídicos, pero tampoco beneficia a los Albertos, cuya imagen ha quedado tocada por un caso que se ha resuelto de forma favorable gracias tan sólo a la prescripción del delito.

No parece que la noticia vaya a hacer mella en el ánimo del monarca. Tampoco que nadie vaya a quitarle el interés por la caza. Por pasión y por afición. El año pasado asistió a la entrega de los premios anuales del deporte. El ganador de aquella edición fue Fernando Alonso, bicampeón de Fórmula 1 y uno de los deportistas españoles más reconocidos dentro y fuera del país. Pues bien, según los presentes, no fue con él con quien primero charló. Tras la ceremonia, dicen que don Juan Carlos buscó al representante de otra disciplina que aparentemente pasaba más desapercibida, al campeón español de caza menor con perro. •

Del campo al asfalto

Insisten en que la suya no fue una manifestación política, y remiten a la ausencia de consignas partidistas durante la marcha de cazadores, acompañados de galgos, podencos o halcones, que recorrió las calles de Madrid el primer sábado del mes de marzo bajo el lema Por el campo, la caza y la conservación. Y se quejan de que la suya se haya planteado como una protesta contra-la prohibición de emplear perdigones de plomo en los humedales, cuando ha sido la propia Real Federación Española de Caza (RFEC), convocante de la marcha, la que ha instado a la Universidad Complutense de Madrid a investigar aleaciones alternativas al plomo y dicen que pronto podrán ofrecer resultados –actualmente también existe la munición de acero, pero resulta más cara y, al atravesar la pieza, en ocasiones sin matarla, puede ser peligrosa–.
Ni siquiera se oponen a la Ley del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, objeto de la polémica, aunque dicen que es confusa y se presta a numero-sas interpretaciones –como cuando se habla en la ley de la prohibición de molestar a las especies silvestres–, sino contra lo que consideran la gota que colma el vaso de un ataque sistemático contra los cazadores, que aseguran comenzó en 1989 con la Ley de Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres y continuó con sucesivas disposiciones y reglamentos. Además, los cazadores se quejan de que haya 17 licencias y 17 normas de caza según la Comunidad Autónoma en la que se localicen las fincas, y recelan de la nueva figura de las entidades de custodia, encargadas de garantizar el cumplimiento de la ley en los cotos privados.
Precisamente, la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, alega que las reivindicaciones de los manifestantes "no tienen nada que ver" con la futura ley sino con el ejercicio de la actividad de la caza por parte de las Comunidades Autónomas. También fue ella quien calificó la manifestación de electoralista por su proximidad a las generales y por la presencia del sindicato agrario ASAJA, próximo al PP Yen cuanto al uso del plomo, remite a un decreto de 2000 y asegura que su ministerio tan sólo ha incorporado los espacios protegidos de la Red Natura 2000, de acuerdo con la normativa europea, lo que supone un total del 2% del territorio y 0,1% más que el ya contemplado en la disposición aprobada en tiempos de Aznar. En la RFEC manejan otras cifras, asegurando que afecta a una superficie total del 30%, y miembros del colectivo de cazadores, que agrupa a más de un millón de personas, se quejan de que el ministerio no les dejó formar parte del Consejo de Medio Ambiente (CAMA), donde se negoció la Ley del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. Sea como fuere, el caso ha quedado en tablas y desde la Federación de Caza han anunciado que, gobierne quien gobierne, volverán a salir a la calle en seis meses si no modifican la nueva normativa.