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Nº 778 - 10 de marzo de 2008

Alimentos y debates

La larga campaña electoral nos ha dejado los precios de los alimentos, su impacto en la inflación y el poder de compra de las familias como uno de los temas objeto de mayor debate.

En su primer debate televisado, M. Rajoy reprochó insistentemente a J. L. R. Zapatero la subida del precio de los alimentos como una de las muchas desgracias de las que el Gobierno socialista sería responsable. Recitó varias veces las tasas de incremento de la leche, el pan, la carne, etc., como ejemplo de la incapacidad de un Zapatero entretenido en cuestiones que no interesan a los ciudadanos. En el segundo se volvieron a debatir las responsabilidades del Gobierno en el incremento de los precios de los alimentos, que se manifiesta no sólo en España.

Ciertamente, los precios de los alimentos han subido en España. Y a escala mundial han subido más, mucho más, de lo que el Sr. Rajoy parece saber o quiso ignorar. Y es de temer que sigan subiendo por causas estructurales a escala planetaria que escapan a la responsabilidad del Gobierno, sea o no socialista.

Es igualmente cierto que inflación y alimentos (la agroinflación) es una de las cuestiones que centran el debate político en Europa. Es bueno que así sea, pero es malo escamotear en el debate las causas del problema. ¿Es posible que no se sepa que la evolución de los precios agrícolas mundiales marca el inicio de lo que puede ser una grave crisis alimentaria mundial?

Al día siguiente del primer debate, toda la prensa europea se hacía eco de la grave situación del Programa Alimentario de la ONU, WFP, ante el dramático aumento de los precios de los productos agrícolas que distribuye en todo el mundo. En Francia tiene lugar un vivo debate sobre el mismo problema. El gobernador del Banco de Inglaterra ha alertado sobre la inevitable subida del precio de los alimentos. Varios países emergentes han decidido limitar sus exportaciones de productos agrícolas y los stocks mundiales de algunos de ellos, como el trigo, están en sus mínimos históricos.

No se puede ocultar esa realidad, que se manifiesta y preocupa en el mundo entero. En efecto, en el último año, el coste de los alimentos que el WFP compra en 70 países ha aumentado un 40 por ciento, como consecuencia de una serie de factores estructurales y coyunturales.

En primer lugar, el aumento de la demanda de los países emergentes, China e India, que parece que por fin empiezan a poder comer. La producción de biocombustible ha reducido las cantidades disponibles de ciertos productos agrícolas. El aumento de los precios del petróleo se ha repercutido sobre toda la cadena alimentaría, desde el transporte a los fertilizantes. Y las alteraciones climáticas, en particular la sequía en Australia y en Ucrania, han disminuido notablemente las producciones.

Es evidente que esta constelación de circunstancias supera a productores y distribuidores de alimentos. No pueden compensar los efectos de la demanda china ni del cambio climático, pero eso no quiere decir que no intenten aprovechar la situación para aumentar sus márgenes al mismo tiempo que los precios. La estructura de costes del producto alimentario final (por ejemplo, el coste del trigo pesa menos del 10 por ciento en el precio del pan) desmonta algunas acusaciones y desmiente coartadas. Sin duda se puede aumentar la transparencia en los acuerdos entre productores, centrales de compras y grandes distribuidores. El Grupo Socialista en el PE ha lanzado una iniciativa en este sentido ante unos mercados crecientemente oligopolizados y una opinión pública cada vez más sensibilizada.

Por eso es capital evitar que en el debate político se oculte la dimensión del problema, la profundidad de sus causas y la gravedad de sus consecuencias. En toda la Europa desarrollada afecta al poder de compra de una parte muy importante de las familias, pero en los países más pobres puede provocar verdaderas catástrofes sociales y en otros sumir en la precariedad a sus nacientes clases medias.

Estamos ante una nueva realidad que obliga a repensar muchas políticas, agrícolas, comerciales y energéticas. La tan denostada Política Agrícola Común deberá garantizar la seguridad alimentaria, que fue su razón de ser original, y que en las nuevas coordenadas geoestratégicas será tan importante como la energética. La UE sigue queriendo desarrollar los biocarburantes para que representen el 10 por ciento del consumo de combustibles. Hay que evitar que desvíen una producción necesaria para la alimentación humana, pero no impedir el desarrollo de su segunda generación. En realidad, los problemas alimentarios de Europa son más la consecuencia de una política agrícola que ha puesto demasiada tierra en barbecho que del desarrollo de los biocarburantes.

El tema es demasiado importante como para no ser tomado en serio en los debates políticos, como lamentablemente ha ocurrido. Estamos en una nueva confluencia de los problemas de la energía, la agricultura y el desarrollo de la que tendremos que seguir hablando. •

José Borrell

*Miembro de la Comisión de Energía (ITRE) del Parlamento Europeo

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