Lo que pedirán CiU, ERC, PNV e IU a Zapatero o Rajoy el 10-M

Cuatro novias para un Gobierno

176 es la cifra que quita el sueño estos últimos días de campaña a José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy. Es el número de diputados que marca la mayoría absoluta en nuestro Parlamento actual y, dada la escasa distancia a la que les sitúan las encuestas, casi un imposible para ambos. Al tiempo, se frotan las manos, golosos, nacionalistas e Izquierda Unida, que ven probable convertirse en decisivos para la formación del próximo Gobierno. CiU quiere dinero para Cataluña, desarrollo íntegro del Estatut y presidir la Generalitat; ERC, que se publiquen las balanzas fiscales y se invierta para superar el desfase de las infraestructuras catalanas; IU, que se  reforme el sistema electoral y haya más políticas sociales, y PNV, que le transfieran las pensiones y se debata “la situación del pueblo vasco y de Navarra”. Por pedir, que no quede.

CiU: ESTATUT Y GENERALITAT

El grupo político con mayor tradición de pactos de gobierno en nuestra reciente historia llega, sin embargo, al 9-M con más problemas que nunca para convertirse en la llave de La Moncloa. Para empezar ya no dirige el timón quien fuera el negociador clave tanto con el PSOE de Felipe González como con el PP de Aznar: Jordi Pujol cedió el poder a Artur Mas hace más de cuatro años y, lejos de permanecer callado, acaba de expresarse hace unos días en contra de constituir un Gobierno de coalición con los socialistas, como parecen pretender algunos dirigentes de Uniò, y cerrar el paso a cualquier negociación con los populares.

El veterano dirigente no hacía más que poner en evidencia el otro gran problema de CiU a la hora de decidir posibles acuerdos de gobierno: la agria división que viven las dos fuerzas que componen la federación catalana. Y aún habría que añadir un tercero: el hecho de que en la Generalitat de Cataluña ya no gobiernan los nacionalistas sino los socialistas en una difícil coalición con ERC e ICV-EUiA, lo cual complica aún más las cosas.

A pesar de ello, CiU ha sido el tercer grupo del Congreso en número de diputados, tras PSOE y PP, desde el inicio de la Transición (sólo entre el 86 y el 89 le superó el ya desaparecido CDS de Suárez y entre el 96 y el 2000 Izquierda Unida), lo que le convierte en el socio idóneo para una legislatura estable. Aunque en las últimas elecciones, las primeras en las que se presentaba con Artur Mas como líder, sus “tradicionales” 18-20 escaños se quedaron reducidos a 10, no sólo sus dirigentes, sino las encuestas le conceden un ligero aumento en la próxima cita electoral  “Tuvimos un resultado anormalmente bajo en 2004”, ha dicho Mas, esperanzado en que los problemas de los socialistas en Cataluña con el AVE o los Cercanías pasen factura al PSC a su favor.

Sean cuales sean sus escaños, la CiU de Artur Mas, añade, en esta ocasión, otro elemento de distorsión  a las posibles negociaciones del 10-M: una mala experiencia en la relación política y personal con Zapatero.  “Podemos hablar (después de las elecciones) con el PSOE, pero fiarnos, nos fiamos muy poco”, declaraba a El Siglo el líder de CiU el pasado enero (Ver en el nº 770 entrevista Artur Mas: “Si el PSOE no tiene castigo el 9-M es que los catalanes somos masoquistas”).

El líder de los convergentes hacía referencia al episodio más llamativo del periplo que atravesó el nuevo Estatut de Cataluña hasta verse aprobado. Tras la luz verde del Parlament catalán, las dificultades para que el texto pasase el filtro del Congreso de los Diputados fueron salvadas por el famoso encuentro en Moncloa entre Zapatero y Mas que, para disgusto del PSC de Montilla y de sus socios en la Generalitat, ERC e ICV-EUiA, acordó un articulado “aceptable” para Madrid.

¿Qué precio pagó CiU? Rebajar, en parte, algunas exigencias del nuevo Estatut (entre ellas sacar el término “nación” del articulado y pasarlo, con menor categoría legal, al preámbulo). ¿Qué obtenía a cambio? La imagen de partido decisivo en Cataluña, aunque no gobernase en ese momento, y, sobre todo, el supuesto compromiso de Zapatero de que, en las siguientes elecciones autonómicas, previstas para diez meses después, el PSOE forzaría la renuncia de los socialistas catalanes a reeditar el Tripartito y la aceptación de que gobernase la lista más votada.

Llegó noviembre de 2006 y CiU volvió a ganar en escaños. Pero tras tensas conversaciones entre la Moncloa y la calle Nicaragua, donde el PSC tiene su sede central en Barcelona, Montilla volvió a pactar con ERC e ICV-EUiA y dejó a CiU fuera del Govern de la Generalitat para disgusto de Zapatero. Artur Mas lo vivió como una “traición” del presidente del Gobierno y aún hoy recuerda respecto al presidente del Gobierno que “en el momento de la verdad, no me ha dado muestras de la confianza necesaria” (entrevista con El Siglo en enero de 2008).

En cuanto a las relaciones con el PP de Mariano Rajoy el mismo Mas hizo famosa su apelación al notario para que suscribiese, con fe pública, que no pactaría nunca con los populares, una afirmación que ha matizado con posterioridad.

Toda esta serie de circunstancias han nublado la perspectiva de posibles pactos postelectorales con los convergentes a pesar de que ellos mismos no han hecho otra cosa durante toda la campaña electoral que poner en valor su condición de “decisivos” para el futuro gobierno. En su afán de “vender el oso antes de cazarlo” la federación nacionalista ha ido modificando su discurso según pasaban los días desde una mayor radicalidad hacia un mayor posibilismo.

Antes de la precampaña, a comienzos de año se mostraban especialmente duros. ”Si somos decisivos no lo vamos a poner fácil”, aseguraba a esta revista el propio Mas. “Hay que asumir el programa de CiU para Cataluña y para España,  y para Cataluña, el desarrollo íntegro, sin tocar ni una coma, del Estatuto, incluido un sistema de financiación bilateral”, añadía.

Pero no sólo eso. Hasta hace apenas unos días los dirigentes de CiU daban a entender que si no se daba la vuelta al actual gobierno de la Generalitat (esto es, que se rompiera el Tripartito y se dejase gobernar a la lista más votada, es decir, a ellos), los socialistas nunca tendrían sus votos para la investidura de Zapatero en el Congreso después del 9-M.

Pere Macías, número dos de la coalición por Barcelona, llegó a decir hace un par de semanas que a Montilla le quedaban “dos meses” de President. Incluso Artur Mas se atrevió a exigir, el pasado día 17, al PSOE un “contrato firmado con luz y taquígrafos” de que en Cataluña sólo podría gobernar, “a partir de este momento” (se supone tras el 9-M) la lista más votada al margen de la aritmética parlamentaria. La federación nacionalista, de hecho, propone esta medida, por ley, en su programa electoral para los comicios.

Mensajes tan explícitos han provocado la respuesta airada de los socialistas, y tanto desde el PSC como desde el PSOE se les ha contestado que la Generalitat nunca será moneda de cambio para la entrada en La Moncloa.

Ya metidos en campaña, sin embargo, los siempre prácticos nacionalistas catalanes han ido matizando su discurso, aun reservándose bazas para después de las elecciones, como es lógico. El líder nacionalista, forzado por las múltiples críticas que ha cosechado su exigencia de cambio en la presidencia de la Generalitat tras el 9-M, ha dicho que éste nunca se haría sin pasar antes por unas elecciones autonómicas, cerrando así la puerta a la moción de censura y dejándola únicamente en manos de la convocatoria de unas posibles elecciones anticipadas.

Estos últimos días de campaña, pues, CiU ha intentado no remarcar la presidencia de la Generalitat como una de sus exigencias para apoyar al PSOE (la única posibilidad que en la sede de los nacionalistas, de verdad, toman en consideración) y han ido desgranando sus otras peticiones.

Entre ellas, además de la común con los republicanos de ERC de hacer pública la balanza fiscal de Cataluña, para que se sepa lo que “da y recibe” del Estado español, la aplicación de un sistema de financiación bilateral con Madrid, acorde con lo establecido en el nuevo Estatut, con el que los convergentes deducen que Cataluña pasaría a aumentar sus ingresos en unos 5.200 millones de euros. La cifra fue exhibida por CiU antes de que Zapatero, en una entrevista en la Sexta, dijera que no se encuentra entre sus planes “un acuerdo” con ellos, a pesar de mantener con sus dirigentes una “relación positiva”, y de decantarse por alargar la “colaboración” con IU y el “entendimiento parlamentario” con el PNV, descartando a ERC como posible socio dadas sus posiciones “cada vez más radicalizadas”.

ERC: BALANZA FISCAL E INFRAESTRUCTURAS

Esquerra Republicana de Catalunya, a tenor de lo expresado en las encuestas, tendrá difícil repetir sus históricos resultados de las pasadas elecciones generales, en las que dio el gran salto, pasando de un solo diputado y una casi irrelevante vida en el Grupo Mixto, a la obtención de ocho escaños y la formación de un grupo parlamentario propio e influyente. Es probable que en esta ocasión consiga, de algún modo, consolidar este avance, pero con menos asientos en el Congreso –seis, según la mayoría de los sondeos–. Aún así, su concurso, en función de la aritmética postelectoral, podría resultar determinante, y en 2004, sus votos reforzaron la Investidura de Zapatero.

Hoy las circunstancias son distintas. En la segunda parte de la legislatura concluida PSOE y los republicanos catalanes fueron distanciando cada vez más sus posiciones. Las divergencias comenzaban a aflorar con fuerza en la tramitación del nuevo Estatuto catalán (al que se terminaba oponiendo ERC), se acentuaban con ciertas decisiones en materia económica, y se hacían insalvables con la redacción final de la Ley de Memoria Histórica. El proceso terminaba con la retirada del apoyo a los últimos Presupuestos Generales del Estado por parte de Esquerra.

El propio presidente Zapatero reconocía recientemente este “distanciamiento”, y aunque reconocía el “respeto” que siente por el partido catalán, reconocía que debido “a sus posiciones”, el planteamiento de un hipotético acuerdo con ERC “no entra dentro de lo que podría ser una agenda, y mucho menos de prioridades para el diálogo”.

El número dos de la lista republicana por Barcelona, Joan Tardá, exigía como condición previa –al igual que también lo había hecho CiU por boca de Artur Mas y de Josep Sánchez Llibre-, y de modo taxativo, la publicación de las balanzas fiscales (algo así, como la cuantificación de la diferencia entre la aportación de Cataluña a las arcas públicas y la inversión que la comunidad autónoma recibe del Estado); “ni tan solo vamos a asistir a ninguna reunión, en caso de que el PSOE ganador quisiera establecer interlocución, si previamente a la constitución del nuevo Parlamento no se publican las balanzas fiscales”.

Pero no parece existir unanimidad en el seno de la formación republicana en cuanto a un rechazo radical a la posibilidad de diálogo. Recientemente, en una entrevista al que fuera presidente del grupo parlamentario de este partido, Agustí Cerdá, publicado en el número 776 de El Siglo, este dirigente asumía la posibilidad de dar su apoyo a la investidura del candidato socialista, a llegar a acuerdos, y ni siquiera descartaba la posibilidad de entrar en el Gobierno central, recordando que ya ERC lo había hecho durante la II República, y la coincidencia en su ideario socialdemócrata con el PSOE.

El candidato número uno de Esquerra, Joan Ridao, también establecía como condiciones para el apoyo a los socialistas el traspaso completo de la gestión del aeropuerto de El Prat, en Barcelona, el traspaso completo de la red ferroviaria de Cercanías, y con la dotación económica suficiente, así como el desarrollo del denominado Eje Mediterráneo de Infraestructuras, especialmente ferroviarias y autovías.

También conviene recordar que, en la actualidad, Esquerra Republicana de Catalunya mantiene un acuerdo estable de gobierno en la Generalitat con la federación catalana del Partido Socialista y con Iniciativa per Catalunya-Els Verds, por segunda legislatura consecutiva.

Por distintas razones, tanto PSOE como ERC se consideran mutuamente aliados incómodos. Para los socialistas, por cuestiones electoralistas, ya que no quieren dar al baza al PP de ser acusados de colaboradores de independentistas. Para los republicanos, porque viven un debate interno entre la corriente independentista y la izquierdista, que se verán las caras en el congreso del próximo mes de octubre. Tal vez, después de ese momento, los acuerdos resulten más factibles. Como haciendo un guiño a esta posibilidad, el candidato de Esquerra, Joan Ridao, aseguraba al final de la semana pasada que “ERC es un aliado exigente, pero seguro”.

PNV: PENSIONES Y “DEBATE” SOBRE EUSKADI

Pese a que José Luis Rodríguez Zapatero expresaba el pasado 26 de febrero que le gustaría “mantener un entendimiento parlamentario” con el Partido Nacionalista Vasco, la posición de la formación presidida por Iñigo Urkullu tras los comicios del próximo 9 de marzo no está nada clara. En reiteradas ocasiones, y por boca de varios de sus dirigentes, el PNV ha expresado su disposición a alcanzar acuerdos, tanto con los socialistas, como con el Partido Popular.

A principios de la pasada semana, el lehendakari, Juan José Ibarretxe comparaba a las dos grandes fuerzas políticas del Estado español, asegurando que, con respecto a las políticas hacia el País Vasco, “dicen que no son lo mismo, pero hacen lo mismo”. Sin embargo, y pese a las diferencias evidentes en la concepción del modelo de Estado, PSOE y PNV tienen una reciente trayectoria de colaboración. Los socialistas daban su voto favorable –y con ello desbloqueaban– a la tramitación de las cuentas públicas del Gobierno Vasco, mientras que los nacionalistas hacían lo propio en el Congreso de los Diputados, apoyando los Presupuestos Generales.

Ya, en el verano de 2005 tuvieron lugar conversaciones al más alto nivel entre los dos partidos a la búsqueda de una relación parlamentaria más estrecha, que permitiría al Gobierno de Zapatero no depender en exceso de ERC en aquellos momentos. En aquellos encuentros participaron José Jon Imaz e Iñigo Urkullu, por parte del PNV, Patxi López y Jesús Egiguren, por el PSC, y José Blanco y Alfredo Pérez Rubalcaba, por el PSOE.

También por esas fechas declaraba Imaz –que confesaba una buena relación personal con Mariano Rajoy– , entonces presidente de los nacionalistas: “Nunca diré que no a una política de pactos”, dejando abierta la posibilidad de acuerdos postelectorales con el PP, aunque reconociendo que “a día de hoy no se cumplen las condiciones políticas”. Más recientemente, el candidato al Congreso por el PNV Josu Erkoreka aseguraba que “a priori, el PNV no tiene preferencia alguna” sobre la formación con la que pactar, puesto que “las preferencias personales no son relevantes para la estrategia política”; si bien dejaba clara la disposición al establecimiento de diálogo con el nuevo Gobierno. A este respecto resulta más clarificadora la posición pública expresada por el propio PP. Su secretario de Comunicación, Gabriel Elorriaga, aseguraba muy recientemente: “No me gusta en absoluto el discurso actual del PNV, ni el que se lanza desde Ajuria Enea ni el que lanza el presidente del PNV. Sobre la base de esos planteamientos, cualquier colaboración es simplemente imposible. Con la hoja de ruta de Ibarretxe, con un referéndum, no hay ninguna posibilidad de colaboración o pacto”.

En todo caso, las exigencias del PNV para establecer alianzas o, al menos, apoyos pasan por varias condiciones. La formación nacionalista reclama las transferencias que, según el actual estatuto de autonomía les corresponden, y que cifran en un total de 37. Del mismo modo, el posible pacto ha de pasar por un “entendimiento” para debatir “la situación del pueblo vasco y de Navarra”, y la creación de una Sala Especial del Tribunal Constitucional específica para el País Vasco, para la resolución de los conflictos con el estado español, además de la transferencia de las pensiones al Gobierno vasco.

Como gran obstáculo aparece en el horizonte la convocatoria de la consulta popular, prevista para el próximo otoño, por parte del lehendakari Ibarretxe, que trata de resucitar el Plan que lleva su nombre, y que hace inviable un acuerdo en este punto, tanto con socialistas, como con populares.

Como precedente, a finales de mayo de 2006, la Plataforma Galeuscat, integrada por CiU, PNV y Bloque Nacionalista Galego, ofreció al Gobierno un “pacto de estabilidad” por toda la legislatura, a cambio del reconocimiento a la “libre decisión” en cada uno de sus territorios, para, en palabras de José Jon Imaz, lograr un pacto que haga a los integrantes de Galeuscat “partícipes” del Estado y se comprometan a su participación “a partir de nuestra libre decisión de implicarnos en él”.

IU: REFORMA ELECTORAL Y POLÍTICA SOCIAL

E l pasado 26 de febrero, el coordinador general de Izquierda Unida, Gaspar Llamazares, avisaba en un acto electoral en la Universidad de Málaga que, tras las elecciones del 9 de marzo, al Partido Socialista “le va a salir muy cara, en términos de izquierdas, la alianza con IU”. La coalición ha mostrado su hastío en los últimos tiempos por la tendencia bipartidista que, a su juicio, promueven el sistema político y los medios de comunicación y, tras haber brindado abiertamente su apoyo al Gobierno presidido por José Luis Rodríguez Zapatero, especialmente durante los dos primeros años de la legislatura, ahora va endureciendo sus condiciones para dar su apoyo a una eventual Investidura de Zapatero.

Son diversos los condicionantes que plantea la formación de izquierdas. El primero de ellos –una de sus reivindicaciones históricas- es el cambio del actual sistema electoral, que les perjudica de un modo nítido y rotundo (IU necesita más de 250.000 votos para obtener un escaño, mientras que PP y PSOE lo consiguen con algo más de 60.000), por otro que respete la proporcionalidad y el principio de “un hombre, un voto”.

Gaspar Llamazares lleva toda la campaña electoral reclamando que el PSOE se defina acerca de sus intenciones en materia de acuerdos postelectorales, y que exprese si está dispuesto a hacerlo con fuerzas a su izquierda, especialmente, con la propia IU, o si preferirá desarrollar pactos con la derecha nacionalista. En caso de que la decisión conduzca a un acuerdo por la izquierda, en la coalición consideran que “lo más importante es el contenido político” que se alcance. Estos contenidos, en palabras de Llamazares, pasarían por acabar con “las hipotecas de la transición”, el fortalecimiento del Estado del bienestar, una profunda renovación democrática –en especial, como ya se ha mencionado, cambiando la Ley Electoral–, la revisión de los acuerdos que se mantienen con el Vaticano para garantizar de modo efectivo la aconfesionalidad del Estado y su laicidad, la apuesta decidida por otro modelo de desarrollo sostenible –incluyendo una batería de leyes para la promoción del ahorro y la eficiencia energética, el desarrollo de energías renovables y la creación de una Vicepresidencia de Sostenibilidad-. Además, Izquierda Unida exige otro tipo de política antiterrorista, que incluya el acuerdo entre todas las fuerzas democráticas, y no descarta la reanudación (bajo otras condiciones) de los contactos y las conversaciones con ETA para conseguir el fin total de la violencia.

La coalición se queja de que se han sentido “socios preferentes” del Gobierno sólo en los momentos de “movilización social”, para otorgar la Investidura a Zapatero, y durante los dos primeros años. Por eso, ahora se introduce un gran giro en su estrategia. Gaspar Llamazares propone un gran pacto estable, y por toda la legislatura, en la que su formación se postula, por primera vez, para entrar a formar parte del Gobierno de la Nación.

Los pactos PSOE-IU son tradicionales en otros ámbitos políticos. Sin ir más lejos, tras las elecciones municipales y autonómicas de mayo de 2007, ambas formaciones suscribían un acuerdo nacional que les permitía formar gobierno en más de 400 ayuntamientos de todo el país (196 alcaldías para los socialistas, 57 para IU, y el resto, dependiendo de pactos con terceros). Unos acuerdos que no sólo incluían la votación para la lista más votada de entre ambos, sino el establecimiento de unas líneas programáticas comunes que dieran estabilidad a estas alianzas y que, salvo algunas excepciones, han funcionado a la perfección hasta el momento. Del mismo modo, IU en el Congreso ha sido la formación que más ha apoyado las iniciativas legislativas del Ejecutivo (95).

También constituye otro elemento favorable la excelente relación entre los líderes de los dos partidos. Recientemente, el presidente Zapatero declaraba que “yo tengo gratitud a lo que ha sido la actitud, la posición de Izquierda Unida y, desde luego, en los próximos cuatro años seguiré abierto a esa colaboración”.

No parece que, al menos, el apoyo a su investidura por parte de IU corra ningún peligro, en caso de que Zapatero lo necesite. Llamazares, el líder de la coalición de izquierdas, no se ha cansado de repetir que, como cuestión previa a todas, si de IU depende, “el PP no gobernará ni por activa, ni por pasiva”.

Los otros nacionalistas: autogobierno e inversiones en casa

L os partidos minoritarios que aspiran a conseguir representación en el Congreso tienen un denominador común: como buenos nacionalistas exigen del Gobierno central inversiones y atenciones específicas hacia las comunidades autónomas que representan. Sin embargo, el sesgo ideológico de la mayor parte de ellos no augura buenas perspectivas para que el PP logre su apoyo si se diese el caso de que sus votos fuesen necesarios para la investidura de Mariano Rajoy.

Sólo Coalición Canaria está dispuesta a tender la mano tanto a Rodríguez Zapatero como a Rajoy, en la línea de actuación que ha tenido durante las últimas legislaturas, en las que ha podido formar grupo parlamentario propio gracias a los ‘préstamos’ de diputados populares o socialistas, según el caso. Aunque será el PSOE el que quizá tenga más camino por andar para llegar a un entendimiento con la formación canaria, teniendo en cuenta que en el archipiélago gobiernan con el apoyo del PP y que la gestión de Zapatero en estos cuatro años no ha satisfecho ni de lejos las demandas de CC. Una de sus principales reivindicaciones tiene que ver con la inmigración, ya que entienden que el Gobierno les ha dejado solos haciendo frente a este fenómeno. Por ello, entre otras cosas, denuncian la saturación de los centros de acogida canarios y solicitan la corresponsabilidad en la acogida de inmigrantes menores. Pero también defienden la equiparación de la inversión del Estado en Canarias a la media nacional y, sobre todo, la aprobación de un nuevo estatuto, una vez rechazado por el PSOE en el Congreso el nuevo texto que se había elaborado en el parlamento canario. A través de él, pretenden recibir las competencias sobre puertos y aeropuertos, participar en el comercio exterior y hacer posible el despliegue de la policía autonómica.

El aumento del autogobierno es otro de los pilares fundamentales del programa del Bloque Nacionalista Galego. Para llegar a apoyar a Rodríguez Zapatero en una hipotética votación de investidura, el BNG defiende el desarrollo del estatuto de 1981 ante el veto que el PP ha impuesto en Santiago a la elaboración de un nuevo texto. En concreto, apuesta por la asunción de Galicia de competencias en Tráfico y Salvamento Marítimo. Pero como condición ‘sine qua non’ también figura el que se asegure un ritmo inversor en Galicia del 8 por ciento de lo presupuestado para todo el Estado, con los objetivos de salvar la deuda histórica y de garantizar que infraestructuras como la conexión de alta velocidad con Portugal y la Meseta se realice en los plazos previstos. Además, lo que tiene muy claro el BNG es que prestará su apoyo a las políticas que supongan la profundización de los derechos civiles.

Por su parte, Eusko Alkartasuna se presenta más papista que el Papa en la cuestión del autogobierno. La formación independentista vasca se muestra como el auténtico garante del referéndum convocado por el lehendakari, Juan José Ibarretxe, por encima del PNV, de quien afirman que está dispuesto a subastar sus votos en Madrid. Así pues, de cara a la próxima legislatura y según manifiestan sus dirigentes, la representación de EA en el Congreso va a estar encaminada hacia una sola dirección: la superación del marco jurídico impuesto por el Estatuto de Gernika. Teniendo en cuenta que va a ser difícil que ni PSOE ni PP se avengan a avanzar por ese camino, los votos de EA pueden probablemente quedarse en el limbo.

Desde las elecciones autonómicas de mayo y desde que Ferraz impidiera formar gobierno al Partido Socialista de Navarra junto a Nafarroa Bai e Izquierda Unida, desde NaBai se mira con otros ojos a Madrid y a Rodríguez Zapatero, por lo que las relaciones con una hipotética mayoría socialista en el Congreso serán difíciles. En todo caso, sus candidatos ya han manifestado que en ningún caso sus votos irán para el PP. La representación de NaBai en el Congreso se ha propuesto como objetivo la defensa del régimen foral, amenazada por la Comisión Europea. Entre otras cosas, también apuestan por la transferencia de la gestión económica de la Seguridad Social como medio para “desarrollar una legislación social mucho más avanzada” en la Comunidad foral.

Quizá Chunta Aragonesista sea el único partido que antepone unas pautas ideológicas a las demandas territoriales. Su condición para conceder su apoyo a un gobierno socialista es que garantice un gobierno de izquierdas. Es decir, el deseo de CHA, que no tiene garantizado renovar su escaño por Zaragoza, es que Zapatero dirija su atención a las fuerzas de izquierda de la Cámara como hizo durante los primeros años de la legislatura que termina. La relevancia de los apoyos de estas formaciones que engrosaban el grupo Mixto  parece exigua dados sus diputados (CC, 3, BNG, 2, y EA,ChA y Na-Bai, uno cada una) pero todo cuenta si la aritmética parlamentaria se presenta apretada.

Emoción garantizada por Enric Sopena