La escandalosa sentencia del Tribunal Constitucional librando a Los Albertos, Alberto Cortina y Alberto Alcocer, de tres años y medio de cárcel sitúa en primer plano una vieja polémica sobre la necesidad del Alto Tribunal. Por otro lado, la íntima amistad de estos delincuentes de alta alcurnia con el Rey trae a la actualidad la poca mano del monarca en la elección de amigos. La extremada lentitud de la Justicia impide que los errores del monarca prescriban políticamente, a pesar del tiempo transcurrido desde el afloramiento de los delitos: 20 años el de Los Albertos y década y media los de Mario Conde, Javier de la Rosa y Manuel Prado y Colón de Carvajal, entre otros. Los coletazos procesales de todos ellos, con excepción del de Mario Conde, han llegado hasta nuestros días. Todos ellos menos Los Albertos han pasado por la cárcel sin que Don Juan Carlos haya podido o querido impedirlo. El caso de Los Albertos es, sin embargo, más embarazoso debido al intenso trato con el Rey de ambos y especialmente de Alcocer, compañero del monarca en todo tipo de cacerías, y por el hecho de que la relación se mantuvo después de que fueran condenados por el Tribunal Supremo. No creo que el Rey haya tratado de influir en los jueces del Constitucional pero no estoy seguro de que éstos no hayan considerado tan embarazosa amistad. Hasta ahora el Rey se ha beneficiado de la autocensura, pero este privilegio está en trance de revisión.

El Tribunal Constitucional tuvo un origen progresista: la desconfianza sobre la sinceridad democrática de la mayoría de los jueces en la Transición. Era una suspicacia justificada por el comportamiento vergonzoso de la Judicatura, salvo honrosas excepciones, durante el franquismo. El mismo objetivo tenía el cuarto turno, el acceso a la judicatura de los abogados por mérito, por  la "reconocida competencia", y no sólo por oposición. La democratización de la judicatura exigía sangre nueva que equilibrara el franquismo subyacente y su extremo corporativismo. 

La Transición representó un esfuerzo de reconciliación entre vencedores y vencidos. La democracia se asentaría sin represalias contra los sustentadores de la dictadura incluidos quienes se habían manchado las manos de sangre o aprobado leyes inicuas o quienes, desde el Consejo de Ministros, reprimieron las libertades y dieron el “Enterado” a las ejecuciones. Adolfo Suárez  consiguió el milagro de que las Cortes orgánicas, la Secretaría Nacional y el Consejo Nacional del Movimiento, el Sindicato de FET y de las JONS, entre otras instituciones del Régimen, se hicieran el harakiri político garantizando a sus miembros empleo y sueldo. Sin embargo, en los tribunales de justicia todo siguió como estaba. Era pues razonable que la Constitución creara un tribunal confiable, integrado básicamente según la composición del Parlamento –Congreso y Senado–, una instancia suprema de Justicia que velara porque el último búnker no asfixiara a la renaciente democracia.

Ahora, casi treinta años después de la creación del Alto Tribunal los jueces franquistas se han jubilado o muerto. Predominan los reaccionarios pero son nuestros reaccionarios, los reaccionarios de la democracia. Se les puede objetar comportamientos corporativos, de excesivo seguimiento partidario y de otros pecados pero no de conspirar contra el sistema. La Constitución es la ley de leyes, es la que inspira toda la legislación y es incluso de aplicación directa por lo que no se entiende bien que el Supremo precise de una instancia superior, al menos en lo que a la casación se refiere. Desde luego lo que resulta escandaloso para el prestigio de la Justicia, bastante desprestigiada por otros motivos, por razones que pudiéramos considerar técnicas, de lentitud entre otras, es la lucha que mantienen a cara de perro el Tribunal Supremo y el Constitucional.

El caso de Los Albertos es el más escandaloso pues refleja discrepancias de connotaciones sospechosas. En este caso se refiere a la prescripción del delito y, junto a diferencias técnicas, late una profunda injusticia: la inclinación de la justicia ante el rico y el poderoso. Ha quedado demostrado que Los Albertos son delincuentes que han perpetrado una estafa de 24 millones de euros pero gracias a la riqueza de los implicados y a su capacidad para reclutar un ejército de abogados de elite han logrado marear la perdiz hasta la prescripción, algo que, desde luego, no está al alcance de la inmensa mayoría de los ciudadanos.

Pasado el tiempo y consolidada la democracia, lo que en su día fue una garantía para las libertades recién conseguidas puede resultar ahora una rémora. Como dijo Indalecio Prieto en las Cortes de la II República: “El Tribunal de Garantías [antecesor de nuestro Constitucional] en el sistema constitucional es lo mismo que el apéndice en el sistema intestinal y sólo sirve para producir cólicos” 

José García Abad