por Juan Antonio Barrio

La resolución judicial que exculpa a Luis Montes y su equipo de las sedaciones supuestamente irregulares de las que fueron acusados no puede quedar en una anécdota por importante que se considere. En primer lugar, lo obvio en cualquier partido democrático sería la dimisión del actual consejero de Transportes, Sr. Lamela, que fue el que impulsó la denuncia anónima, hasta el punto de reactivarla convenientemente, firmando la denuncia el viceconsejero de Sanidad cuando el fiscal iba a archivar el caso. Pero la cosa va más allá. No sólo no dimite, sino que él, Güemes –su sucesor– y Esperanza Aguirre se permiten el lujo de no pedir perdón a los médicos ni restituirlos en sus cargos, contra lo que se dijo en su momento. Parece bastante claro que la actuación contra Montes y su equipo tenía un doble objetivo: hacer más tragable a la opinión pública la privatización rampante de la Sanidad pública madrileña y dar un escarmiento "ejemplar" para todos los profesionales sanitarios que se oponen a ella, con el añadido ideológico de la oposición a "la eutanasia" como pretexto. Como se ve, el marco referencial de la derecha y efecto cascada al completo, que diría Lakoff.
A estas alturas de la pelea –pues de eso se trata– cualquier persona de buena fe y mínima honestidad intelectual, más allá de lo que se opine sobre el asunto, tendría que reconocer que quien tenía razón sobre lo que se iba a producir en la Sanidad madrileña en el debate con Esperanza Aguirre fue Rafael Simancas.

Hasta persona tan moderada como Enrique Gil Calvo decía el otro día (El País, 4/02/08) que Esperanza
Aguirre "está destruyendo los dos principales servicios públicos, la sanidad y la educación mediante su feroz vaciamiento en beneficio de una rapaz privatización (...) En cuanto a la medicina, está destruyendo su prestigio institucional con la inquisitorial persecución de sus profesionales en materias como la interrupción del embarazo y la sedación paliativa". Más que eso. Como ya denunció Rafael Simancas –y debemos seguir denunciando incansablemente–, la normativa ya aprobada confiere al Gobierno de la Comunidad la capacidad de convertir "todos los hospitales, centros, órganos o unidades de la red sanitaria" en cualesquiera entidades con personalidad jurídica, lo que supone dejar en manos del Gobierno la privatización de toda la red sanitaria pública, sin excluir la atención primaria.

La chulería y la desfachatez (¿o habría que decir fachatez?) con que se actúa apenas tienen límites. Doña Cuaresma, un día inaugurando uno de los nuevos hospitales nos diceque "es tan bueno que podría ser privado" y otro día afirma que si alguien está más de los 30 días prometidos en la lista de espera es "porque no acepta ser operado en la privada". Y eso que las listas de espera tienen más trampas que un cuento chino. Eso sí, para suavizar, resulta que la gestión privada es "sin ánimo de lucro". Ya. Eso sí que es como la tortilla de patata sin huevos ni patatas. Dice Güemes que "si algún paciente paga en Valedemoro, él dimite inmediatamente". No hace falta que pague uno cualquiera, ya pagamos o pagaremos todos en el coste de la sanidad, en la calidad de la misma o, más probablemente, en las dos cosas. Profundizaremos sobre esto en el futuro. Pero donde ya riza el rizo es al afirmar el ínclito Sr. Güemes que "no se ha demostrado que no hubiera mala praxis". Hasta ahora, mientras siga la presunción de inocencia se supone que lo que habría que probar es la culpabilidad por parte del que denuncia. Éste es un principio bastante general, no sólo de la esfera sanitaria, y si se trastoca sería muy fuerte: por ejemplo, imagínese el Sr. Güemes que su suegro, el Sr. Fabra, tuviera que probar que no tiene nada que ver con el súbito afán viajero, solicitudes de traslado a otras plazas, etc., de los jueces que sucesivamente entienden de su caso en el Juzgado de Nules.

¿A que sería muy grave? Pues aplíquese para todos. •

*Diputado del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso.