por Miguel Ángel Aguilar

La Asociación de la Prensa de Madrid (APM), Área Sanitaria y Asistencial, ha enviado una circular a sus miembros bajo el título de "Aplicación y puesta en marcha del nuevo convenio sanitario". Trata de presentar la entrada en vigor del nuevo Reglamento del Servicio Médico y las nuevas Normas de Utilización referentes al Convenio firmado el 25 de enero de 2007 que trae causa del Protocolo General de Colaboración entre la Consejería de Sanidad de la Comunidad Autónoma de Madrid y la APM formalizado por el consejero Manuel Fernández Lamela y el presidente Fernando González Urbaneja.

El Protocolo establece un marco de entendimiento entre ambas instituciones en el ámbito de la gestión de la asistencia sanitaria de los periodistas en activo y pensionistas, agrupados en la APM y de los empleados activos y pensionistas de la misma, así como de los familiares beneficiarios de todos ellos. A partir de ahí, el nuevo Convenio especifica las obligaciones de la APM y reconoce la utilidad de la pervivencia de la actividad sanitaria que venía desarrollando. A semejante reconocimiento le sigue la fijación de una subvención de carácter nominativo –que figura como tal en los Presupuestos anuales de la CAM– para contribuir al sostenimiento de los gastos que ha de soportar la APM por la gestión de la asistencia sanitaria a las personas mencionadas en el Protocolo.

De todos estos pormenores jurídicos y de sus consecuencias los asociados han tenido una información somera, pero al parecer ha llegado el momento con plazo perentorio de recabar de los beneficiarios que definan su opción sobre la asistencia sanitaria que recibirán bien a través de la APM o del Servicio Madrileño de Salud, mejor conocido por las siglas SERMAS. En uno de los folletosque acompaña la circular se incluye la pregunta de cuál es la razón de esta exigencia por parte de la CAM y se añade la respuesta: "Por un lado, facilitar al usuario la libre elección para la utilización de la asistencia sanitaria (?) y, por otro, acabar con la doble financiación que se venía produciendo con el Convenio anterior. Una financiación totalmente irregular, ilegal e insostenible".

La anterior suma de adverbios y adjetivos, adheridos al sistema de financiación que ahora se modifica –totalmente irregular, ilegal e insostenible– no merece por parte de la circular de la APM explicación alguna. Pero si se han producido las irregularidades e ilegalidades insostenibles de tan grueso calibre que se mencionan, resulta de todo punto exigible que se pase a detallar cómo se ha incurrido en ellas, quiénes lo han hecho, contra qué presupuestos han gravado, dónde están los que se han lucrado y qué procedimientos internos o judiciales se han emprendido para depurar las responsabilidades. Lo contrario es ofrecer a los miembros de la APM un trato propio de los parvularios, donde los asuntos serios quedan reservados para los mayores y se hurtan al conocimiento de los infantes.

Al final nos insisten en que no se trata de rechazar un sistema ni de renunciar a un derecho, sino de elegir el sistema que consideremos más práctico y mejor ajustado a nuestras necesidades. Pero hay que firmar un documento en el que cada asociado declara que "conoce que la opción elegida (si es la del servicio médico de la APM) le excluye de la asistrencia sanitaria en los centros sanitarios del SERMAS, salvo que dicha asistencia sea financiada por la APM. O sea, que sobran referencias históricas remontadas a 1895 y faltan explicaciones sobre las pasadas irregularidades e ilegalidades y sobre las nuevas exclusiones cuyo conocimiento se exige declarar. •