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| Nº 771 - 21 de enero de 2008 |
CULTURA DE SACRISTÍA Por Mauro Armiño Es lo cierto que desde el proyecto de la Educación para la Ciudadanía, la Iglesia ha declarado una guerra frontal al Gobierno; en el último año se ha echado a la calle con distintos arietes por arma arrojadiza: la enseñanza, el aborto, la familia... las viejas murgas hipócritas que no son más que el pretexto de una guerra sin cuartel; los púlpitos ya están en campaña electoral, y un Estado extranjero como el Vaticano trata de intervenir, y lo consigue, a través de la jerarquía eclesiástica indígena, en la política del Gobierno español. Es ya un lugar común del comportamiento de la Iglesia: durante los ocho años del gobierno Aznar no exigió la derogación de leyes que en la etapa de Felipe González también habían calentado los púlpitos; hubo aborto entonces, pero no dijo nada; hubo divorcio, pero no sólo no dijo nada, sino que el cardenal Rouco Varela se apresuró a casar con todo el ceremonial pomposo de otros tiempos a una mujer divorciada (la actual princesa de Asturias) mientras por los pueblos los párrocos no dejan ni pisar los umbrales eclesiales a los que han cometido el "pecado" de divorciarse; hubo desestructuración familiar, pero no dijo nada; hubo una enseñanza mala, pero no dijo nada, porque no está interesada en una enseñanza de calidad, sino en una enseñanza en la que la Iglesia juegue un papel "espiritual" de árbitro, juez y guía absoluto –léase adoctrinamientos cuando se está quedando sin clientela–, y otro económico. Podía haber pedido entonces a Aznar que, con su mayoría absoluta, eliminase las leyes que no le gustaban. No lo hizo. Cardenales, obispos, conferencias episcopales y púlpitos sólo claman al cielo cuando la democracia camina hacia el progreso, la igualdad y la libertad –de cadenas sociales, de conciencia–. A la guerra como en la guerra. Ante estos ataques frontales, el Gobierno ha empleado con la Iglesia unos paños calientes que con ella no sirven de nada; basta saber con quién nos estamos jugando el futuro, con una Iglesia cuyas tácticas se parecen demasiado a la de una banda organizada para el chantaje, y que utiliza la piel de cordero cuando quiere: no hace mucho, el 9 de julio del 2006, Benedicto XVI decía en Valencia, durante su viaje papal, a Fernández de la Vega: "Ahora sé que estamos en buenas manos". No parece que el Gobierno haga una correcta lectura histórica del problema: desde la Ilustración –escasa fue la que hubo en España y por eso estamos así–, para no remontarnos más allá y tener que hablar de inquisiciones, torquemadas, capirotes, hogueras y otras chamusquinas, la Iglesia no ha aportado nada al progreso de este país; es más, ha puesto un día y otro palos en las ruedas para impedir que España salga de las reglas medievales que someten los poderes a ella misma en pleno período ilustrado, Godoy echó del Gobierno al conde de Aranda –con trifulca personal en una reunión del, para entendernos, Consejo de Ministros de la época-: ante la Francia revolucionaria, mientras Aranda abogaba por la neutralidad; Godoy creía que España debía convertirse en abanderada de los principios monárquicos y de la religión católica: la ridiculez llegó a tal punto que el favorito organizó una extravagante expedición militar que, se veía venir de sobra, que llegó hasta Perpiñán, de donde rápidamente tuvo que volverse. Ridículos, pero ganaron la partida religiosa. Con ella, con la Infame, como la llamaba Voltaire, no hay quien pueda: este país lleva siglos como banderín de enganche y defensa de lo que el Vaticano trama, desde la Concepción Inmaculada que España proclamó y defendió, hasta hoy mismo, cuando, en su lucha contra el laicismo, Benedicto XVI ha cargado a la Iglesia española la tarea de portaestandarte y ariete. Y volvemos a escuchar la vieja cantinela contra ateos, incrédulos, materialistas, libertinos –éstos en su acepción de quienes se niegan a seguir las órdenes y enseñanzas de la santísima madre–. Al César, lo del César. No parece que le importe mucho la prescripción evangélica: "Dad al César lo que es del César". Durante siglos se han acostumbrado a ser el César bajo máscara, a nombrar monarcas por la gracia de Dios, a meterse en su gobernación (Felipe IV e Isabel II tuvieron sus curas y sus monjas llagadas casi para mediatizar cada uno de sus pasos): desde el momento en que la soberanía no depende de las gracias ni desgracias de Dios, sino que reside en el pueblo, se sienten desposeídos de lo que siempre fueron: el poder. Ver en estos meses últimos a los obispos hacer declaraciones a troche y moche, a declararse no sólo demócratas (!) sino defensores de una democracia que parecen estar dispuestos a defender con algo más que con ideas: según García Gascó, arzobispo de Valencia, las leyes sociales de estos cuatro años hacen temer por la supervivencia de la democracia; menos mal que éste, Rouco y los demás nos defenderán y lucharán para que España no caiga en manos de un dictador, como al parecer hicieron cuando Franco se sublevó contra una República elegida, dictador que, oyéndoles, también parece que pisoteó sus derechos. Oyéndoles, todo es al parecer. Debe de ser la causa de que hagan ascos y den palos contra la Memoria Histórica y la Educación para la Ciudadanía. Llegados a este punto, cuando sí reclaman su memoria histórica y van a Roma para beatificar a muertos de la Guerra Civil, la vicepresidenta Fernández de la Vega les acompaña a la ceremonia vaticana. ¿Alguien ha creído que ese gesto sirve para frenar su ambición de controlar la vida social española? Ese gesto, y otros muchos que a favor de la Iglesia ha dado el Gobierno de Rodríguez Zapatero, –que ha olvidado algunos compromisos electorales del 2005–, permitiendo que sigan siendo privilegiados y prebendados económicamente como ninguna otra religión lo ha sido en cualquiera de los países más o menos civilizados que conocemos en este siglo; la Constitución proclama, sin embargo, la aconfesionalidad del Estado. El César es el César. Y no hay que ser ningún comecuras para ejercer de César. La Iglesia no se resigna a lo que debe ser una mínima exigencia democrática: cada Dios en su casa, cada religión con el rebaño en sus apriscos sin traspasar lindes ajenas. Esto es lo que la Iglesia parece no entender, o, mejor dicho, no quiere aceptar, y hay frases dichas en diciembre por algunos obispos que aparecen estar esperando la llegada de un redentor-dictador que ponga las cosas donde estaban en el pasado, como Dios manda: enseñanza fundamentalista –con Benedicto XVI sólo se puede hablar de fundamentalismo– en las escuelas, familias bien ordenadas siguiendo un modelo único y bendecido, homosexuales a los hospitales para que se curen de su enfermedad, censura a todo lo que sienten que les ofende y el espíritu de inquisición (el obispo Vicente Juan Segura, de Ibiza, irritado por un cuadro de Ivo Hendriks en una exposición de pintura celebrada en noviembre en la iglesia desacralizada de L'Hospitalet; en el mismo mes, en Francia el Opus Dei contra la novela Camino 999, de Catherine Fradier, exigiendo 300.000 euros para lavar el honor de Escrivá de Balaguer). Si la cultura laica es un "fraude", como dice el arzobispo García Gascó, si España es un país de misión, casi en "situación martirial", como dijo Rouco, resulta difícil no predicar la exigencia de una laicidad, incluyente, por supuesto, –más de lo que la Iglesia hace–, pero una laicidad que separe los poderes del César y los de la Iglesia para no andar a la greña cada dos por tres: cada mochuelo en su olivo y cada pastor en su redil. El Gobierno debe saber, como la historia demuestra, que paños calientes y medias tintas nunca han servido con quienes creen a pies juntillas, sin la mínima posibilidad de duda, tener la verdad de su parte, y una verdad nacionalcatólica que quiere someter todo a sus miras y a unas presuntas órdenes que Dios les da en tiempos revueltos como éstos. En un momento en que es palpable la irreligiosidad de la sociedad española, cualquier cesión es para la Iglesia una señal de debilidad de un Gobierno que tiene pendiente, para ser progresista y para que este país salga del marasmo oscuro de la religión, un nuevo pacto de relaciones Vaticano-España que ponga a cada poder en su sitio. Se puede ser laico sin ser anticlerical, cuando ellos creen que todo laico es un anticlerical con la piedra en la mano. A partir de marzo será exigible la demanda al Gobierno –si gana la izquierda– de una ruptura de los Acuerdos de 1979 con el Vaticano porque no podemos morirnos con la eterna pesadilla de obispos y púlpitos metidos en corral ajeno, en corrales que, al contrario que ellos, respetan la libertad de creencias de los demás pero no quieren que una jerarquía mucho más rancia que su feligresía les dicte lo que deben pensar y creer. • |
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