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Nº 771 - 21 de enero de 2008

Muchos altos cargos trabajan en empresas de particulares al finalizar su mandato

DE LO PÚBLICO A LO PRIVADO

En los últimos tiempos ocupan el primer plano de la actualidad numerosos ejemplos de una práctica cada vez más común entre la clase política. Ex presidentes, ex ministros o ex altos cargos son captados por grandes corporaciones privadas al final de sus ciclos como representantes populares. Para muchos de ellos constituye un privilegiado y lucrativo retiro dorado, pero para las empresas, además de unas bien orquestadas operaciones de prestigio, también representa la oportunidad de gozar de información privilegiada y, especialmente, de amplias redes de contactos, que constituyen el principal activo a aportar de estos antiguos servidores públicos. Una información y unos contactos que han adquirido, precisamente, durante su etapa en los distintos niveles de gobierno. No se trata de una práctica que afecta sólo a los políticos españoles. Ejemplos de este salto de lo público a lo privado los encontramos en cualquier rincón del globo, y la intensidad o la frecuencia con que se produce suele depender de la firmeza o de la dureza de las condiciones de las leyes de incompatibilidades que puedan ser aplicadas en cada caso.

Por Antonio Sarrión

Los casos de Tony Blair o de Rodrigo Rato han tenido una gran trascendencia mediática, pero no son los únicos, ni mucho menos, de una práctica más que habitual, que lleva a un elevado número de ex servidores públicos a convertirse en altos cargos de grandes compañías, en muchas ocasiones, grandes corporaciones multinacionales, donde su experiencia, pero, sobre todo la información y los contactos que poseen gracias al desempeño de su anterior labor de gobierno, son muy apreciados y útiles para el desarrollo de sus estrategias comerciales.

Algunas veces, la aplicación de la Ley de Incompatibilidades ha impedido que se produzca este trasbordo, pero no en la mayoría de los casos, y hasta se utilizan ciertas fórmulas legalistas, como la contratación a través de filiales, incluso en terceros países, para eludir los términos concretos de la norma.

En nuestro país, uno de los casos más llamativos de la integración en la empresa privada de antiguos miembros de un Gobierno y, en su momento, con elevadas responsabilidades, es el de Rodrigo Rato. El que fuera vicepresidente y ministro de Economía en el Gobierno presidido por José María Aznar, y también ex director gerente del Fondo Monetario Internacional, ha aparecido en las primeras páginas de los periódicos por su reciente fichaje por el Banco de Santander. Tras haber sido nombrado en junio de 2004 para ocupar la dirección del FMI, cuando todavía le restaba año y medio de mandato abandonaba este puesto aduciendo razones personales. La decisión generaba cierto malestar en diversos ámbitos, incluido el Gobierno español, que le había brindado todo el apoyo a su candidatura. El pasado 12 de enero se hacía pública la noticia de que Rato había sido fichado como asesor por el primer grupo bancario español, y también se conocía su sueldo: 200.000 euros al año, de los que 130.000 están vinculados a su labor de asesoría, y los otros 70.000, como pago por su asistencia a las dos reuniones anuales del Consejo Internacional del banco.

El ex ministro de Economía no se encontrará muy solo en este nuevo destino. Allí, entre otros consejeros del Santander le espera su correligionario Abel Matutes, quien fuera ministro de Asuntos Exteriores con Aznar –además de eurodiputado-, y que ya en aquellos momentos demostraba no tener muy clara la distinción entre lo público y lo privado, cuando salieron a la luz sus negocios turísticos en Cabo Verde, simultaneados con su labor ministerial. En el Consejo del Santander también se encuentra otra ex ministra popular, Isabel Tocino, que tuvo la cartera de Medio Ambiente. Hasta el año pasado, en ese mismo consejo también se sentaba un ex presidente de Gobierno, Leopoldo Calvo Sotelo.

Pero su puesto en el banco de Emilio Botín no va a ser la única ocupación de un Rodrigo Rato que ha decidido pluriemplearse. El próximo 1 de febrero se incorporará con el cargo de managing director al banco de inversión franconorteamericano Lazard. No va a desempeñar en él tareas ejecutivas, sino que, nuevamente, su función será la de asesorar a la empresa en materia de estrategias globales. Va a disponer de dos despachos, uno en Madrid, y otro en Londres. Su salario rondará los cuatro millones de dólares anuales, unos 2,7 millones de euros, una cifra muy superior a la de su sueldo en el FMI, que era de unos 400.000 dólares anuales. De todos modos, de su paso por esta institución supranacional también le ha quedado una decorosa pensión vitalicia, pactada entre los interesados de 54.536 euros al año. El salario de Rato en Lazard se desglosa de la siguiente forma: 500.000 dólares de sueldo, 2,85 millones por rendimiento, 100.723 dólares en acciones de la compañía y 539.745 dólares por otros conceptos complementarios. Una tentación muy difícil de evitar para cualquiera.

Aunque el caso de Rato resulte muy llamativo, no es el único. Muchos otros políticos han pasado a desempeñar sus funciones profesionales en empresas privadas relacionadas con la materia de la que eran responsables en sus años de servidores públicos. Por ejemplo, el ex ministro de Asuntos Exteriores Marcelino Oreja es en la actualidad presidente no ejecutivo de la compañía Fomento de Construcciones y Contratas (FCC). No ha sido su única aventura empresarial. Antes de ser nombrado comisario europeo, en 1994, había sido presidente de Northern Telecom España.

Josep Piqué, ex ministro en diversos gobiernos presididos por José María Aznar, era nombrado recientemente presidente de la compañía aérea de bajo coste Vueling. No es la primera experiencia del catalán en la empresa privada, puesto que había sido presidente de Ercros hasta 1996, cuando se produjo su entrada en el Gobierno. De hecho, participó en la Comisión Delegada de Asuntos Económicos del Gobierno encargada de supervisar la situación de Ercros. Llegó a ser acusado de fraude por sus actividades al frente de esa compañía, aunque el caso Ertoil fue definitivamente archivado por el juez.

Igualmente estos saltos se producen con frecuencia en otros niveles de la Administración. El ex concejal popular madrileño Sigfrido Herráez, a cuyo cargo se encontraba el área de Vivienda del consistorio de la capital, ha sido captado por la empresa inmobiliaria Rayet, donde ocupa el puesto de vicepresidente, haciéndose cargo de la división de Construcción y Promoción de la empresa, que está construyendo varias viviendas en el Plan de Actuación Urbanística (PAU) de Vallecas, además de un centro sanitario. Herráez posee, además, la empresa Arquitectura y Cultura, que se dedica a la gestión de alquileres.

El ex alcalde de Majadahonda, y ex secretario general del PP en la Comunidad de Madrid, Ricardo Romero de Tejada –a quien se ha relacionado con la trama del “tamayazo”; la ausencia de dos diputados autonómicos socialistas de la sesión de Investidura de Rafael Simancas, que propició la repetición de las elecciones autonómicas en Madrid y el triunfo del PP liderado por Esperanza Aguirre- es hoy consejero de la empresa Transmediterránea.

No sólo los políticos de la derecha deciden pasarse a las compañías privadas. No faltan tampoco altos cargos socialistas que, al final, también han optado por la seducción empresarial. Pedro Pérez, ex secretario de Estado de Economía en gobiernos de Felipe González es ahora consejero de una de las filiales de Altadis y presidente de Itinere, la empresa encargada de las concesiones de autopistas del grupo. El ex vicepresidente del Gobierno y ex ministro de Defensa, Narcís Serra, es presidente de Caixa Catalunya, con toda una gran polémica desatada en su momento por su nombramiento. Otro ex ministro socialista, en este caso, de Industria, Luis Carlos Croissier, y que también presidió la Comisión Nacional del Mercado de Valores, ahora desempeña su trabajo en el Consejo de la constructora Sacyr Vallehermoso.

O tros personajes del mundo de la política que también saltan al campo de la empresa privada se están encontrando con más dificultades para poder cumplir sus objetivos. En algunos casos, las premisas establecidas por una Ley de Incompatibilidades que muchos juzgan demasiado laxa están, si no impidiendo, sí dificultando ese tránsito hacia el retiro dorado de ciertos ex altos cargos.

Uno de los ejemplos de esta situación puede ser el del ex presidente del Gobierno balear, el popular Jaume Matas. Pese a haber encabezado la lista más votada en las pasadas elecciones autonómicas, el acuerdo de los demás partidos le impedía repetir la formación de un Gabinete. En junio de 2007 anunciaba su abandono de la política activa para dedicarse a sus actividades profesionales. En la actualidad es un alto ejecutivo el grupo hotelero Barceló, habiendo fijado su residencia en Washington, desde donde dirige las actividades de la compañía en su expansión por el mercado estadounidense y latinoamericano. Sin embargo, esta actividad podría entrar en colisión con la Ley de Incompatibilidades de su comunidad autónoma. Ésta establece que durante un periodo de un año, un alto cargo del Ejecutivo balear no puede trabajar en una empresa sobre la que se hayan tomado decisiones durante los dos últimos años de mandato. Se da la circunstancia de que en febrero de 2007, el Grupo Barceló conseguía una importantísima concesión por parte del Gobierno balear, para la construcción y la explotación del Palacio de Congresos de Palma de Mallorca, que incluye, además, el levantamiento de un hotel, un aparcamiento y un centro comercial de grandes dimensiones. Se trata de uno de los proyectos emblemáticos de la ciudad. El Palacio de Congresos es un edificio de 70.000 metros cuadrados, en pleno centro, y frente al mar. Por las condiciones del concurso, al que Barceló, como socio mayoritario, concurría en compañía de otras empresas, el grupo balear aporta el 50 por ciento del capital; Globalia pone un 20 por ciento, Sampol, un 15; Iberostar el diez, y Acciona, un cinco por ciento. El total del capital asciende a 34 millones de euros, mientras que el coste de la obra se ha estipulado en 130 millones. Por el acuerdo establecido, el Gobierno balear proporciona una subvención de 30 millones de euros y cede gratuitamente los terrenos. El argumento que desde su entorno se da para convencer de que a Matas no le afecta la incompatibilidad marcada por la ley, es que él no participó directamente en la adjudicación, sino que fue la sociedad creada entre el Ejecutivo autonómico y el Ayuntamiento de Palma la que tomó la decisión. Curiosamente, el propio Jaume Matas entregaba personalmente, en octubre de 2006, la Medalla de Oro de Illes Balears a los hermanos Gabriel y Sebastá Barceló Oliver, propietarios de la gigantesca cadena turística.

La ley nacional de Incompatibilidades, la que afecta a altos cargos de la Administración estatal, establece que no puede realizarse ninguna actividad profesional, ni recibir pagos en ninguna modalidad por parte de empresas con las que se ha estado vinculado como alto cargo, o sobre las que se hayan tomado decisiones. Esto es lo que se ha tratado de aplicar al abogado madrileño Alfredo Timmermans, responsable de Política de Comunicación en los gabinetes de José María Aznar, para impedir su paso profesional a la compañía Telefónica. Timmermans, tras la finalización de su desempeño como cargo político en la Administración fue fichado por Telefónica como máximo representante institucional en Estados Unidos. Durante el mandato de Aznar, el Ejecutivo tomó numerosas decisiones que afectaban –y muy positivamente- a esta empresa de comunicaciones, por lo que le fue abierto a Timmermans un expediente de incompatibilidades, que contempla sanciones de hasta tres años para ejercer cualquier cargo público. El ex asesor de Aznar decidía entonces rescindir su contrato con Telefónica, pero la empresa encontraba la argucia legal de contratarlo a través de una de sus filiales americanas.

El último caso que ha ocupado lugares destacados en la información diaria es el protagonizado por Luis Eduardo Cortés, ex vicepresidente y ex consejero en la Comunidad de Madrid en distintos Gobiernos presididos por Alberto Ruiz Gallardón, con quien, actualmente, las relaciones ya no son tan cordiales, puesto que Cortés forma parte indisoluble del equipo de Esperanza Aguirre. En noviembre del año pasado, el Ayuntamiento de Madrid anunciaba su intención de recurrir el nombramiento de Cortés como presidente del Comité Ejecutivo de IFEMA (la empresa encargada de la gestión de los recintos feriales madrileños), ya que, a juicio del equipo jurídico de la corporación municipal de la capital, este nombramiento resulta legalmente incompatible con la responsabilidad que desempeña en la constructora privada Sacyr-Vallehermoso –por lo visto hasta ahora, uno de los refugios predilectos de políticos de uno u otro signo-. Esta intención de recurso era anunciada a la prensa por el delegado de Economía, Miguel Ángel Villanueva, quien, literalmente aseguraba que “existe una incompatibilidad desde el punto de vista legal, en la medida en la que el desde ayer presidente del Comité ejecutivo del IFEMA todavía sigue siendo presidente de una filial del Grupo Sacyr, que en estos momentos está construyendo la ampliación de los recintos feriales, y con la que los recintos feriales mantiene un litigio de una importante cifra de millones de euros de discrepancia”. Incluso, el propio alcalde, Alberto Ruiz_Gallardón, se mostraba convencido de que Luis Eduardo Cortés no llegaría a tomar posesión del cargo. Sin embargo, el ex vicepresidente de la Comunidad madrileña sí lo hizo poco después.

En lo que parece otro campo de batalla más entre la presidenta regional y el primer edil de la capital, el vicepresidente primero del Gobierno regional, Ignacio González, contestaba a la intención del consistorio de recurrir el nombramiento de Cortés, afirmando que el nombramiento del presidente del IFEMA es una potestad que corresponde al Presidente de la Cámara de Comercio de Madrid.

Para la Federación de Comerciantes y Empresarios del Sur de Madrid (FECOESUR), que aglutina a unas 6.000 pequeñas y medianas empresas en su organización, el nombramiento de Cortés es otro ejemplo de la “servidumbre” de la Cámara con respecto al Gobierno de Esperanza Aguirre.

El caso de Luis Eduardo Cortés es de los más evidentes en la confusión, cada vez más frecuente, entre los ámbitos público y privado. Las espadas siguen en alto, y tanto el Grupo Socialista, como el de Izquierda Unida, secundan el recurso contra el nombramiento de este directivo de Sacyr.

El hiperactivo Álvarez-Cascos

Francisco Álvarez Cascos no sólo es conocido por sus posiciones muy conservadoras y por su fuerte carácter –que en sus tiempos como secretario general del Partido Popular lo llevó a ser apodado el “general secretario”-. El que fuera vicepresidente en el primer Gobierno de José María Aznar, y ministro de Fomento también se ha revelado como todo un emprendedor en el campo de la iniciativa privada. Tal y como había anunciado, vinculando su trayectoria a la de Aznar, hacía público su abandono de la vida política a comienzos de 2004. Desde entonces ha iniciado una carrera empresarial de éxito con presencia en los consejos de administración de cinco compañías, a lo que se debe añadir el desempeño de la asesoría externa de una sexta, Aqualium, cuya administradora es su actual esposa, María de la Hoz Porto.

Álvarez Cascos figura como presidente de Spineq Europe y de Tecnas. Junto a su esposa consta como administrador conjunto de Unalia Spain y de Servicios Integrales de Procesos Informáticos. También aparece como administrador único de Cinqualium.

Spineq Europe es la constituida más recientemente, en marzo de 2007, y su finalidad es el asesoramiento a compañías constructoras españolas que operan fuera de nuestras fronteras. Su principal campo de acción está en países recientemente incorporados a la Unión Europea, otros, candidatos a hacerlo próximamente y Rusia, un área de gran interés para estas empresas constructoras. Además, Spineq ofrece asesoría a gobiernos de países candidatos a integrar la UE en materia de uso de fondos comunitarios y mecanismos de captación. Una gran parte de esos fondos han de ser empleados en el desarrollo de infraestructuras, autopistas, ferrocarril, aeropuertos, lo que representa una oportunidad de negocio única para las constructoras.

Durante su mandato como ministro de Fomento, Francisco Álvarez Cascos había establecido numerosos contactos con los gobiernos de muchos Estados de Europa del Este, incluso se llegó a firmar un acuerdo de colaboración con el Gobierno de Polonia mediante el que el Ejecutivo español proporcionaría asesoramiento acerca de la gestión y utilización de los fondos comunitarios. Algo muy similar a la función que desarrolla Spineq Europe en la actualidad. Además, según una información reciente del diario Expansión, esta empresa de Álvarez Cascos “conoce de primera mano los planes de infraestructuras de Vladimir Putin”, que incluyen la construcción de seis autopistas de peaje en el extenso país, y la mejora de las conexiones entre Moscú y San Petersburgo. Según esta información, las compañías OHL, ACS y FCC habrían mostrado su interés por participar en el macroproyecto.

El ex ministro de Fomento no es la única persona con experiencia en la administración pública en la empresa que preside. Como secretario aparece Benigno Blanco, que en la época ministerial de Álvarez Cascos desempeñaba el cargo de secretario de Estado de Infraestructuras, y que en estos días también ha sido noticia por su condición de presidente del Foro de la Familia, una de las asociaciones más activas en las movilizaciones contra la modificación del Código Civil que permite el matrimonio entre personas del mismo sexo, y que más hostiles se han mostrado contra el Gobierno presidido por José Luis Rodríguez Zapatero.

Otro ex alto cargo del Ministerio de Fomento, Antonio López Corral es el consejero delegado de Spineq Europe, mientras que como vicepresidenta aparece Isabel Martín, quien fuera vicepresidenta del Banco Europeo de Inversiones. La sociedad declara que la finalidad de su constitución es el “desarrollo y construcción de toda clase de infraestructuras y equipamientos civiles, públicos o privados, tanto a nivel nacional, como internacional”.

Francisco Álvarez Cascos también es presidente de Tecnas S.L., dedicada al “campo del urbanismo, la ingeniería y la arquitectura”. Es la única empresa de entre las que figura el ex ministro que estaba constituida con anterioridad a su abandono de la política activa. Durante, al menos, tres años, permaneció inactiva, y fue dada de baja del Registro al no haber presentado su estado de cuentas desde 2001. En 2006 fue rehabilitada, y en su consejo de administración figuran dos de los hijos del ex vicepresidente.

Como se comentaba con anterioridad, también es coadministrador –junto a su mujer- de Unalia Spain, fundada en febrero de 2007 y que declara que su finalidad es la adquisición y gestión de títulos y acciones en mercados más allá de nuestras fronteras.

En la compañía Servicios Integrales de Procesos Informáticos, donde también consta como coadministrador, el presidente es José Antonio Olabarri, empresario de la construcción que también forma parte de diversos consejos de administración de otras empresas. Aunque en nuestro territorio nacional se da con una frecuencia inusitada, no sólo en nuestro país se encuentra tan arraigada la costumbre de dar el salto a las empresas privadas tras haber desempeñado cargos públicos en los distintos niveles de la Administración.

El hiperactivo político popular es administrador único de Cinqualium, una compañía inmobiliaria que comenzaba su andadura en marzo de 2005. En la documentación se declara que la empresa de la que su mujer es propietaria, Aqualium Spain, es el único socio de Cinqualium. Aquí, Francisco Álvarez Cascos aparece como asesor externo. Aqualium, en concordancia con el perfil profesional de María de la Hoz Porto, se dedica a las transacciones de obras de arte y a la organización de eventos y exposiciones. La constitución de la sociedad también tiene fecha posterior al abandono de la política activa por parte de Francisco Álvarez Cascos.

Una costumbre universal

Más allá de nuestras fronteras, también son incontables las compañías que saben apreciar en lo que vale la experiencia que aportan ex altos cargos públicos, así como sus conocimientos del funcionamiento de los sistemas de concesiones y, sobre todo, los contactos que, como auténticos tesoros, suelen guardar en sus maletines y agendas estos antiguos servidores de la cosa pública.

Ejemplos hay muchos, aunque sólo reseñaremos, a título de ilustración, algunos de los más representativos. Uno de los casos más recientes y llamativos es el del ex primer ministro británico, Anthony Blair. Tras abandonar su cargo apenas hace unos meses, en mitad de su tercer mandato consecutivo, debido a las presiones a las que se vio sometido, especialmente, en el seno de su propio partido, a comienzos de este enero de 2008 se hacía público su fichaje como asesor político a tiempo parcial por el banco estadounidense JP Morgan. Aunque las cifras de su contrato no se han hecho públicas oficialmente, diversas fuentes coinciden en situarlo en torno a un millón de dólares al año. Blair reconocía el pasado día 10, en declaraciones efectuadas al diario Financial Times que, incluso, está esperando que le lleguen más ofertas de características similares por parte de otras grandes compañías multinacionales. El ex premier británico aseguraba que “siempre me ha interesado el comercio y el impacto de la globalización. Actualmente, la intersección entre la política y la economía en distintas partes del mundo, incluidos los mercados emergentes, es muy fuerte”.

Antes de esta nueva situación laboral, la cara más visible de la denominada Tercera Vía se estaba dedicando a impartir conferencias en diversas partes del planeta, como recientemente en China, donde percibió alrededor de medio millón de dólares tras su discurso. Se da la circunstancia de que Tony Blair, inmediatamente después de su dimisión había sido designado enviado especial para Oriente Medio del denominado Cuarteto, integrado por Estados Unidos, Unión Europea, Rusia y Naciones Unidas, responsabilidad que sigue desempeñando en la actualidad.

Tampoco le ha ido mal al ex presidente mexicano Ernesto Zedillo. Una vez abandonadas sus responsabilidades públicas, en diciembre de 2002 era nombrado miembro del directorio de Alcoa, la mayor empresa siderúrgica de Estados Unidos. También forma parte del directorio de Procter & Gamble y de la compañía Union Pacific. En septiembre de 2007, la fundación Bill y Melinda Gates lo nombraba miembro de su panel de asesores externos de Desarrollo Global, donde se ha encontrado con Lawrence Summers, ex secretario del Tesoro norteamericano, y también con Philip Zelikov, quien fuera asesor del Departamento de Estado.

Alan Greenspan, artífice de la política económica estadounidense y, consecuentemente, de la de buena parte del planeta, desde su puesto de presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, desde 1998 hasta 2006, decidía aportar sus conocimientos en beneficio de la empresa privada. Allianz Pimco, el mayor fondo privado de inversión en bonos del mundo, decidía incorporarlo a su plantilla, en calidad de asesor financiero, en mayo de 2007.

Una trayectoria similar ha seguido John Snow, secretario del Tesoro de EEUU entre febrero de 2003 y julio de 2006. Sólo dos meses después de dejar su responsabilidad en la Administración de Washington era fichado como presidente de Ceberus Capital Management, un potente fondo de inversiones que, entre otras operaciones, había adquirido la compañía automovilística Chrysler por 7.400 millones de dólares. Snow, con anterioridad a su participación en el Gobierno de George W. Bush, había desempeñado otros cargos de responsabilidad en la Administración del ex presidente Gerald Ford.

Otro ex secretario del Tesoro, entre 1995 y 1999, en este caso del Gobierno demócrata presidido por William Clinton, Robert Rubin, decidía fichar por Citigroup, la principal entidad bancaria norteamericana. Lo hacía solamente tres meses después de abandonar el Gobierno. Tras una primera fase en la que se integró en el comité ejecutivo, posteriormente fue nombrado presidente de la entidad.

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