Universalidad y gratuidad en el Estado del Bienestar

Por Francesc Homs i Molist*

Estos días los socialistas exhiben como un logro fundamental de esta legislatura haber rebajado los dos principales impuestos –IRPF y Sociedades– y, a la vez, elevar la recaudación. Para los próximos cuatro años, añaden, proponen abundar en ese modelo, aunque por el momento sin concretar demasiado. Presumen y prometen lo mismo que presumía y prometía el Partido Popular hace ahora cuatro años. Pero lo que no cuentan los socialistas –tampoco lo hacían los populares–es que han subido los impuestos indirectos y que esta política fiscal milagrosa de la multiplicación de los panes y los peces es gracias, en buena parte, a un incremento disparatado de los precios del consumo. Situación que, como se sabe, perjudica principalmente a las clases medias y con menor poder adquisitivo, al mismo tiempo que beneficia sólo a quienes han visto disminuida la presión fiscal en su declaración de renta. Realmente unos pocos. Por otro lado, las medidas sociales que proponen recientemente los socialistas tienen en común la vocación universal y la gratuidad. Es decir, que los beneficiarios seamos todos, independientemente de la renta de cada uno, y, por supuesto, sin pagar un céntimo de euro.

Así pues, los socialistas han decidido prescindir definitivamente de la doctrina keynesiana para lanzarse al peor de los ultraliberalismos: el que copia mal y que se presenta como lo contrario. La combinación de una fiscalidad indirecta y un gasto social universal y gratuito urbi et orbe llevará a nuestro Estado del Bienestar a la bancarrota segura. Y, además, me parece moralmente inaceptable: se pierde conciencia de esfuerzo colectivo y se estimulan unos servicios públicos y unas prestaciones sociales de baja calidad. ¡Fantástica política de progreso y modernidad!

Es en este sentido que defiendo justo lo contrario de lo que los socialistas hacen y dicen actualmente. Defiendo un Estado del Bienestar de calidad basado en la progresividad y el reparto de riqueza. Defiendo un sistema fiscal progresivo, como en otra ocasión sostuve en esta misma tribuna, con el necesario protagonismo de los impuestos directos y lo que se ha llamado la "conciencia fiscal colectiva", es decir, la asunción del deber de contribuir solidariamente y de forma equitativa al conjunto de la sociedad. Y defiendo aquellas políticas sociales que benefician a quien más lo necesita y que introducen elementos de "copago" en función de la renta y de un uso razonable. Es necesario y urgente desterrar el falso e inefectivo mito de la universalidad y la gratuidad en todo y para todo. Incluso creo que deberíamos considerar seriamente si la sanidad o la educación tienen que ser servicios públicos universales y gratuitos. Y, sobre todo, si esto es socialmente justo. El único ámbito del Estado del Bienestar que dejaría firmemente en el plano de la universalidad y la gratuidad es la seguridad ciudadana.

Aunque, erróneamente, buena parte de la izquierda española no considere tal ámbito como algo propio del Estado del Bienestar, lo es sin lugar a dudas. En definitiva, no podemos obstinarnos en defender conceptos –la universalidad y la gratuidad– más pensados para controlar al personal, que para articular con eficiencia y eficacia el Estado del Bienestar que en el siglo XXI deberíamos saber construir. Todos sabemos que el modelo cubano ha resultado un fracaso sin paliativos. No tiene justificación posible. Pero que el modelo norteamericano tampoco es la solución. El Estado del Bienestar moderno necesita urgentemente introducir medidas que fomenten también la corresponsabilidad. Combatir el actual populismo de la política española requiere denunciar con todas sus letras las propuestas insensatas de estos días. Requiere estar dispuesto a poner encima de la mesa ideas que nos lleven a un Estado del Bienestar reforzado, de mejor calidad, que realmente contribuya a la redistribución de la riqueza y que esté al alcance de las clases medias de nuestro país. •

*Diputado al Parlament de Catalunya por CIU.