Los datos recientemente publicados por el Ministerio de Sanidad ponen de manifiesto un incremento incesante del número de abortos en nuestro país. Las cifras correspondientes a 2006 –última estadística disponible– revelan que 101.592 mujeres decidieron interrumpir su embarazo en ese año; un 10,8 por ciento más que en 2005, confirmando una tendencia creciente en los últimos tres años. Los problemas con la justicia y con la Comunidad de Madrid de algunas clínicas abortistas, las protestas de la Conferencia Episcopal, que han vuelto a hacer bandera de este asunto después de muchos años de silencio al respecto, las diferencias internas dentro del PSOE y la histórica huelga de la semana pasada de las clínicas que atienden las interrupciones de embarazos han vuelto a colocar en la calle el debate sobre la conveniencia de modificar o no la regulación de esta práctica, que en la mayoría de los países de nuestro entorno está despenalizada y gestionada mediante una ley de plazos.

Por Pedro Antonio Navarro

L as clínicas se están convirtiendo en el chivo expiatorio de una batalla política para hacerse con el electorado perdido de la derecha más conservadora. Una batalla que está reavivando y alentando los intereses de los grupos contrarios a la consecución de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. (…) La divulgación de datos no demostrados, de filtraciones interesadas, o la utilización de medios ilícitos que atentan contra la intimidad de las personas para avalar posturas ideológicas contrarias al aborto, no sólo desprestigian la labor de los profesionales que desde hace más de 20 años cubren la demanda voluntaria y libre de miles de mujeres, sino que, además, vuelven a cuestionar la conquista de un derecho sexual y reproductivo básico, reconocido internacionalmente, retrotrayéndonos a situaciones vividas 20 años atrás”. Así se expresa mediante un comunicado la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción Voluntaria del Embarazo (ACAI), que engloba a 38 centros médicos de todo el país, y con la que justifican las razones que los llevó a convocar una histórica huelga durante toda la semana pasada.

Tras el aumento sin precedentes de las inspecciones llevadas a cabo en sus clínicas por parte de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, y la acción policial que ha llevado a la detención del ginecólogo Carlos Morín y dos de sus directos colaboradores en Barcelona, esta asociación considera que se está produciendo una campaña por parte de grupos conservadores para dificultar e impedir el desarrollo de su trabajo por razones ideológicas. En los últimos tiempos, a imagen y semejanza de lo que, desde hace años, sucede frente a algunas clínicas abortistas en Estados Unidos, las puertas de algunos de estos centros amanecen llenas de pintadas, concentran grupos de antiabortistas que tratan de impedir la entrada de mujeres al recinto y que, en algunas ocasiones han llegado a insultar y a agredir a trabajadores de las clínicas.

La huelga ha supuesto también encontrarse con la posibilidad de un serio problema sanitario, puesto que, aunque se continuaba atendiendo a los casos urgentes, los centros privados –en muchas ocasiones, en concierto con la Sanidad Pública- son los que realizan el 97 por ciento de los abortos en España. El ministro de Sanidad, Bernat Soria, se comprometía a recibir a los representantes de esta asociación, aunque no “dentro de cinco minutos”.

Y es que, a menos de dos meses de las elecciones generales, la cuestión del aborto se ha convertido en una patata caliente. La ley que la regula en nuestro país data de 1985. Todo un hito en su momento, pero, en la actualidad es una de las más restrictivas de toda la Unión Europea. La interrupción voluntaria del embarazo continúa penalizada salvo para tres supuestos contenidos en la norma: que el embarazo sea producto de una violación, que se detecten malformaciones en el feto incompatibles con la vida, o que la madre, como consecuencia del nacimiento del hijo pudiera correr graves riesgos para su salud física y mental.

El hecho es que la demanda es creciente cada año, y todavía hay seis comunidades autónomas (gobernadas todas por el PP) que no disponen de centros públicos donde realizar las intervenciones. Se aduce una hipotética objeción de conciencia de los médicos, pero no se publica ningún dato estadístico sobre este asunto. Los abortos, finalmente, casi en su totalidad, son practicados en centros privados o en privado-concertados. En los países con una regulación más flexible, como el caso de Holanda, donde el aborto es libre hasta las 24 semanas de gestación, es donde el índice de abortos es más bajo –en este caso, un siete por mil frente al 10,62 por mil español-. También, en buena medida, porque en estos países la educación sexual lleva muchos años incluida en los currículos educativos, y se producen muchos menos embarazos no deseados. Según datos de las clínicas, más de un 98 por ciento de los embarazos en mujeres entre 15 y 19 años son no deseados. En nuestro país no se cumple la recomendación de la Organización Mundial de la Salud de disponer de un servicio de atención a jóvenes sobre salud sexual por cada 100.000 habitantes.

Otro factor que ha provocado que el número de interrupciones voluntarias del embarazo se haya duplicado en los últimos diez años está relacionado con el crecimiento de la inmigración. Más de la mitad de las mujeres que abortan en España son ciudadanas extranjeras. Al separar las tablas estadísticas por nacionalidad queda una tasa de abortos entre las mujeres españolas de 6 por mil, mientras que la media entre personas de otras nacionalidades se dispara hasta cerca del 30 por mil. Según la inferencia realizada por el Ministerio de Sanidad en 2005, “entre un 40 y un 50 por ciento de las interrupciones del embarazo en España se dan en mujeres extranjeras”. En apoyo de esta deducción se comprueba que las comunidades autónomas en las que la tasa es mayor, y el incremento más significado, son aquéllas que concentran a una mayor población inmigrante, como Madrid, Baleares, Cataluña o Murcia.

Más de un 96 por ciento de las mujeres se acoge al tercer supuesto para justificar su decisión, el riesgo para su salud física y mental de la madre. Es la zona de sombra sobre la que recaen las sospechas. La norma establece que han de someterse a las pruebas de un médico –o un psiquiatra, en su caso-, y que no puede ser el mismo facultativo que después lleve a cabo la operación. La flexibilidad con la que se puede interpretar el “grave riesgo” y la total discrecionalidad con la que un médico puede aplicarla y otro no genera inseguridad, tanto en las mujeres, como en los médicos. Además, mientras que en caso de violación denunciada, la interrupción puede llevarse a cabo hasta las 12 semanas de gestación, y en las posibles malformaciones del embrión, hasta las 22, los casos de “grave peligro para la vida o para la salud física o psíquica de la madre” no tienen limitación temporal.

No es casual, entonces, el recurso masivo a ese tercer supuesto, como no lo es que se elija un centro privado antes que uno público, puesto que la mayoría de las mujeres consideran que en los hospitales de la Seguridad Social los controles, las pruebas y los exámenes psiquiátricos serían mucho más severos.

El debate está en la calle, y los diversos sucesos comentados lo han ubicado en primera línea mediática. La ley española es de las más viejas del continente, y en comparación con la normativa de la gran mayoría de los países de nuestro entorno, de las más restrictivas. Los obispos, que no reclamaron al gobernante PP, en su momento, la adopción de ninguna medida, ahora salen a las calles exigiendo la derogación de la ley. El movimiento feminista, la mayoría de los expertos de las clínicas y la izquierda abogan por una modificación y la introducción de una ley de plazos que nos homologue con el resto de Europa.

Y las elecciones, a la vuelta de la esquina.

Los grandes partidos no mueven ficha

P ese a que el debate sobre el aborto en nuestro país (regulado mediante una ley que tiene más de 22 años) está en la calle, todo parece indicar que la inminencia de las elecciones generales, el próximo 9 de marzo, va a conseguir aparcar cualquier movimiento sobre un asunto tan escabroso por parte de las dos grandes formaciones políticas del Estado español, Partido Socialista y Partido Popular.

Dos semanas antes de que la Conferencia Episcopal montase su particular mitin político ultraconservador en las calles de Madrid, el pasado 30 de diciembre, en el que, además de la defensa de la familia tradicional, también se vertieron graves acusaciones contra el Gobierno y se criticó la existencia de una ley del aborto, había sido el propio presidente del Ejecutivo y secretario general del PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero, quien el 17 de diciembre pasado instaba a la Ejecutiva de su partido a realizar una reflexión sobre la actual normativa y contemplar la posibilidad de una necesidad de su reforma para equipararla a la de la inmensa mayoría de los países miembros de la Unión Europea, y debatir sobre la conveniencia de incluir este planteamiento en el programa electoral del partido.

Curiosamente, la reforma de esta ley ya estaba incluida en el programa electoral con el que el PSOE concurría a las elecciones generales de 2004. Concretamente, figuraba en la página 100 de ese documento –“…reformaremos la legislación sobre el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo para adoptar un sistema de plazos”-, aunque, una vez en La Moncloa, Zapatero advertía que no sería una de las prioridades de la legislatura, como el paso del tiempo se ha encargado de demostrar.

La secretaria de Igualdad de la Ejecutiva socialista, Maribel Montaño, hacía uso de la palabra en esa reunión para recordar, precisamente, los muchos años transcurridos desde la aprobación de la ley que regula las interrupciones voluntarias del embarazo en nuestro país, y traía a colación los recientes acontecimientos, en los que se están produciendo un incremento de inspecciones en clínicas de la Comunidad de Madrid que practican estas operaciones y, por otro lado, la intervención de las fuerzas de seguridad contra una supuesta red de abortos “sospechosos” en la Comunidad catalana. Montaño planteaba la necesidad de una reflexión acerca de una ley de plazos.

En la misma reunión tomaba la palabra Leire PaJín, y en un sentido similar al de su compañera de filas, recordando, además, la “indefensión” en que quedan en muchas ocasiones tanto las mujeres, como los médicos que las atienden. Las féminas de la dirección socialista parecían tenerlo mucho más claro que otros de sus conmilitantes. La responsable de Política Autonómica, Carmen Hermosín, recordaba que estos asuntos sólo emergen al debate social cuando gobierna la izquierda, por lo que expresaba su idea de que había que dar una respuesta. Elena Valenciano, responsable de las Relaciones Internacionales y conocida feminista, iba más lejos, y abogaba por una ampliación a un cuarto supuesto (razones sociales y económicas) y por una ley de plazos.

El ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, había intervenido en el Congreso a mediados de diciembre, asegurando que “no podía estar más de acuerdo” con la necesidad de modificar esa norma de 1985, auque rápidamente matizaba que para ello es deseable un amplio consenso de todas las fuerzas políticas.

La exhibición de las sotanas y los purpurados en Madrid de finales del mes pasado parece haber aconsejado aparcar el debate, a criterio de los estrategas electorales, y todo indica que no se incluirá ninguna referencia al asunto, esta vez, en el programa electoral del PSOE.

El ministro de Sanidad, Bernat Soria, ya dejaba claro hace dos semanas que no deseaba un cambio legislativo, aunque a raíz de la huelga de las clínicas acreditadas para la interrupción del embarazo, sí ha mostrado una cierta preocupación: “El Ministerio tiene la obligación de garantizar que los abortos, en los casos contemplados por la ley, se hagan en las mejores condiciones posibles. Y aunque no está en la agenda política cambiar la ley, sino hacer que la ley se cumpla, sí es positivo que se origine un debate razonable”. Pero el ministro también dejaba traslucir algunas razones del frenazo en el seno socialista cuando reconocía que “me preocupa que el tema aparezca ahora, cuando la ley es la misma que en legislaturas pasadas, por parte de ciertos sectores de la sociedad, justo a dos meses de las elecciones. Debería preguntar al PP si los obispos son sus portavoces”.

Y es que algo sucede con este asunto desde hace años en las filas socialistas. Hasta en diez ocasiones su grupo parlamentario había presentado iniciativas para una ley de plazos durante los ocho años de gobierno del PP. En 1995, el Gobierno presidido por Felipe González presentaba un anteproyecto de ley, tal y como estaba incluido en su programa electoral de 1993, para ampliar la Ley del Aborto con un cuarto supuesto que establecía la despenalización por causas de conflicto personal, familiar, social o económico. El Congreso aprobaba la iniciativa, pero la convocatoria de elecciones generales anticipadas, con la consecuente disolución de las Cámaras, impedía su aprobación.

Una situación similar se producía en 1998, con un Gobierno del PP sin mayoría absoluta, que terminaba salvando una votación para modificar la norma gracias a la ausencia de varios diputados socialistas del Hemiciclo, entre los que se encontraba el ex presidente González.

Por su parte, el Partido Popular ya ha advertido de que no piensa introducir modificaciones en el texto legislativo, en caso de que obtenga la victoria en los próximos comicios. Aunque la protesta de los obispos pudiera beneficiar su estrategia electoral, los líderes del PP tratan de sortear cualquier pregunta de la prensa acerca de si piensan modificar o eliminar las leyes aprobadas en esta legislatura que tanto molestan a la Conferencia Episcopal, como el cambio en el Código Civil que permite los matrimonios entre personas del mismo sexo, o la agilización de los trámites para las separaciones –el llamado “divorcio express”-.

Lo cierto es que la Ley del Aborto es muy anterior y el Partido Popular ya tuvo oportunidad de haberla eliminado durante las dos legislaturas en las que se mantuvo en el Gobierno, la segunda, incluso, con mayoría absoluta. El candidato popular y presidente de la formación, Mariano Rajoy, aunque tratando de hacer el menor ruido mediático posible sobre esta cuestión, ha asegurado que existe un amplio consenso social sobre la regulación del aborto y que, caso de llegar a La Moncloa, de lo que se preocupará sobre ello es de “aplicar la ley”.

Otro tanto sucede con otros dirigentes del gran partido de la derecha. Tanto su portavoz en el Congreso, Eduardo Zaplana, como su secretario general, Ángel Acebes, insisten en eludir el asunto y proclamar que no quieren caer en una trampa que consideran les están tendiendo desde el PSOE.

La posible despenalización del aborto, que hace unos meses no contaba en ninguna quiniela acerca de posibles temas candentes en campaña, podría convertirse en una cuestión de primera magnitud, tras el recordatorio de los obispos, los problemas con la justicia y con ciertas administraciones autonómicas que están teniendo las clínicas especializadas, y la publicación de los datos del Ministerio de Sanidad, que revelan un incremento de casos de más de un diez por ciento en un año (son más de 100.000 los abortos practicados en nuestro país en 2006).

Hace unas semanas, el segundo portavoz del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, Joan Herrera, advertía a José Luis Rodríguez Zapatero que si el Partido Socialista no estaba dispuesto a modificar la normativa sobre el aborto, su grupo se “pensaría muy seriamente la posibilidad de no otorgarle su apoyo” en una hipotética investidura.

Cifras en aumento

L as cifras publicadas por el Ministerio de Sanidad, correspondientes al ejercicio de 2006 –últimos datos oficiales disponibles-, establecen un aumento del número de interrupciones voluntarias del embarazo registradas en nuestro país en comparación con el año anterior, y profundizan en una tendencia alcista que se está produciendo ininterrumpidamente desde los últimos diez años.

Los 101.592 abortos de los que las estadísticas oficiales tienen constancia, implican un crecimiento del 10,8 por ciento con respecto a 2005. Llama la atención comprobar que sólo un 2,51 por ciento de estas intervenciones fueron realizadas en centros del sistema público de salud, lo que implica que el 97,49 por ciento fueron acometidas por la sanidad privada y clínicas concertadas. Este creciente número de abortos ubica la tasa de interrupciones voluntarias (mujeres que han puesto fin a su gestación en los límites de lo que se considera edad fértil –entre los 15 y los 44 años-) en 10,62 por cada 1.000. El año pasado, la tasa mencionada se situaba en 9,60 por cada mil.

Al no contar en nuestro país con una ley de plazos, todos los abortos registrados, y que no hayan generado la intervención de la Justicia, han de ajustarse a uno de los tres supuestos contemplados en el marco legal: la violación, la malformación del feto o el riesgo para la salud física y/o mental de la madre. En los registros públicos consta que una inmensa mayoría de las interrupciones se acogieron al supuesto legal de riesgo para la salud materna. Un total de 98.533 intervenciones, un 96,98 por ciento de todas las realizadas. La segunda causa ha sido el riesgo para el embrión, que ha producido 2.875 casos, un 2,83 por ciento. Por causa de una violación sólo se han registrado 13 casos, mientras que otros 181 constan en el informe ministerial como practicados por “varios motivos”.

La mayor parte de los abortos se produjeron antes de las ocho primeras semanas de embarazo. Fueron 63.225, lo que representa el 62,23 por ciento del total. Otros 26.115, un 25,71 por ciento, tuvieron lugar entre las nueve y las 12 semanas. Entre las 13 y las 16 semanas se dieron 6.240 casos, el 6,14 por ciento. En el periodo comprendido entre las 17 y las 20 semanas se interrumpieron 3.933 embarazos (un 3,87 por ciento). Sólo se dieron 2.001 intervenciones por encima de las 21 semanas.

En cuanto a las edades de las mujeres que han necesitado de estos servicios, el rango más recurrente está entre los 30 y los 39 años; casi 31.000 personas en esas edades. Unas 26.000 tenían entre 20 y 26 años; 13.000, entre 15 y 19; algo más de 5.000 mujeres entre los 40 y los 44 años. Menores de 15 años sólo se han producido 500 casos y, en menor medida aún, en mayores de 44, con 382.

De los 101.592 abortos reconocidos en 2006, 22.325, un 22 por ciento, lo hacían por segunda vez en su vida; otras 6.149, el seis por ciento, por tercera vez. Incluso en 3.056 casos, ya habían interrumpido voluntariamente un embarazo cuatro, cinco o más veces.

En cuanto a su situación civil, la mayoría de los abortos fueron practicados a mujeres solteras, un total de 67.318, un 66,2 por ciento. Casadas fueron 24.973, un 24,58 por ciento. Las más de 5.000 separadas suponían el cinco por ciento, frente a un 2,87 por ciento de divorciadas y un 0,5 por ciento de viudas. Las trabajadoras asalariadas son mayoría en este colectivo, un 61,22 por ciento, seguidas de las estudiantes, que representaron el 10,75 por ciento del total.

Por comunidades autónomas las diferencias son muy apreciables. La mayor tasa corresponde a la Comunidad de Madrid, con un 14, 18 por mil, seguida a muy poca distancia de Baleares, con un 14 por mil, y Cataluña, un 13,57. En el lado opuesto, las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla apenas alcanzan la tasa del 2,66 por mil, y también destacan Galicia, con un 4,40 por mil y Navarra –comunidad en la que no es posible realizar ningún aborto en la totalidad de su territorio, al no existir ninguna clínica concertada para este servicio-, con un 5,31 por mil.

En Europa gana la ley de plazos

El aborto se encuentra despenalizado en los cuerpos legislativos de la inmensa mayoría de los países pertenecientes a la Unión Europea. Casi todos operan con una ley de plazos, aunque se aprecian diferencias en la amplitud de los mismos, según los casos. Igualmente, estas legislaciones se acompañan de las denominadas indicaciones –especificaciones sobre casos, supuestos y circunstancias que, con posterioridad al fin de los plazos establecidos, también avalan la interrupción voluntaria del embarazo-, y que también presentan variaciones entre unos y otros Estados.

En Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Dinamarca, Eslovaquia, Estonia, Francia, Grecia, Letonia, Lituania, Hungría, Portugal y la República Checa, el aborto es de libre elección de la mujer, sin necesidad de justificación de ningún tipo, hasta las primeras 12 semanas de gestación.

En Rumanía, el vencimiento se extiende un poco más, hasta las 14 semanas, mientras que en Italia, lo hace hasta los 90 días. El país de la Unión en el que el plazo es más largo es Holanda, que permite la interrupción voluntaria del embarazo, sin necesidad de acogerse a ningún supuesto, hasta las 24 semanas.

Además de este sistema basado en periodos temporales, las leyes suelen complementarse con indicaciones que permiten un aborto más tardío bajo ciertos supuestos, como los contemplados en la normativa española, es decir, riesgos para la salud física o psíquica de la madre, malformaciones del feto incompatibles con la vida, violación, aunque también encontramos algunos países que lo admiten por causas socioeconómicas –el cuarto supuesto que nunca llegó a incluirse en nuestra ley nacional-.

Por ejemplo, en Grecia, en caso de violación, el aborto puede producirse hasta la semana 19 de gestación, mientras que llega hasta la 24 por malformaciones en el feto. Ante la opinión de muchos expertos, y debido a que, en ciertos casos, algunas malformaciones muy graves no son detectables hasta estadios más tardíos de la gravidez, las leyes de Austria, Bélgica, Dinamarca, Francia e Italia han eliminado los límites temporales en este supuesto, y los abortos pueden llevarse a cabo en cualquier momento en que el problema haya sido diagnosticado.

En otras situaciones, y dentro de la gran variedad legislativa, en Alemania, Bélgica y Francia, las mujeres que solicitan la interrupción deben observar un proceso de reflexión y pasar por la consulta con expertos antes de tomar la decisión definitiva.

Al igual que sucede en España, en Reino Unido tampoco está vigente una ley de plazos, sino que la posibilidad del aborto pasa por que se encuentre dentro de unos supuestos. A saber, la malformación fetal, los riesgos para la salud física o psíquica de la gestante o la constancia de problemas económicos y/o sociales. Coincide con las normas de Bélgica y Dinamarca en no establecer límite temporal alguno en caso de las malformaciones y del riesgo para la madre.

El caso español es muy similar, con la diferencia de que nuestra ley no incluye un supuesto por causas económicas y sociales –aunque fue debatido en legislaturas anteriores-. En caso de violación, la mujer puede abortar antes de las 12 primeras semanas. Se extiende hasta las 22 si el problema está en el embrión, y no hay ningún límite si el riesgo es para la salud de la madre.

                                      Aborto libre        Violación         Malformaciones      Salud materna

Alemania                       12 semanas      12 semanas      24 semanas           24 semanas

Austria                           12 semanas      12 semanas      Sin límites               Sin límites

Bélgica                           12 semanas      12 semanas      Sin límites                Sin límites

Bulgaria                         12 semanas      12 semanas      24 semanas             24 semanas     

Dinamarca                      12 semanas      12 semanas      Sin límites                Sin límites

Eslovaquia                      12 semanas      12 semanas      24 semanas             24 semanas

España                              No hay            12 semanas      22 semanas             Sin límites

Estonia                           12 semanas      12 semanas      24 semanas             24 semanas

Francia                            12 semanas      12 semanas      Sin límites                 Sin límites

Grecia                              12 semanas      19 semanas      24 semanas             24 semanas

Holanda                           24 semanas      24 semanas      Sin límites                 Sin límites

Hungría                            12 semanas      12 semanas      24 semanas             24 semanas

Italia                                 12 semanas      12 semanas      Sin límites                 Sin límites

Letonia                             12 semanas      12 semanas      24 semanas              24 semanas

Lituania                             12 semanas      12 semanas      24 semanas              24 semanas

Portugal                            12 semanas      12 semanas      Sin datos                     Sin datos

Reino Unido                             No hay —        Sin límites         Sin límites

Rep. Checa                       12 semanas      12 semanas      24 semanas                24 semanas

Rumanía                            14 semanas      14 semanas      24 semanas               24 semanas

Tasas por mil según grupos de edad*

                        1997    1998    1999    2000    2001    2002    2003    2004    2005    2006

Hasta 19          5,03     5,71     6,72     7,49     8,29     9,28     9,90     10,57   11,48   12,53  

20-24               8,13     9,13     10,26   11,88   12,86   14,37   15,31   15,37   16,83   18,57

25-29               6,84     7,35     7,90     8,66     9,34     10,72   11,30   11,43   12,60   14,44

30-34               5,57     5,99     6,37     6,90     7,44     8,10     8,28     8,57     9,07     10,12

35-39               4,45     4,65     4,86     5,11     5,42     5,84     6,02     6,12     6,48     7,34

40 y más          2,27     2,35     2,34     2,35     2,47     2,72     2,69     2,69     2,87     3,05

TOTAL               5,52     6,00     6,52     7,14     7,66     8,46     8,77     8,94     9,60     10,62

Tasas por mil por Comunidad Autónoma*

                        1997    1998    1999    2000    2001    2002    2003    2004    2005    2006

Andalucía         4,67     5,16     5,49     6,19     6,77     7,33     8,25     8,98     9,99     10,46

Aragón 6,62     7,03     7,28     7,83     8,89     9,94     10,70   10,10   10,92   11,85

Asturias           7,13     7,15     6,95     8,38     7,22     7,75     7,84     8,55     8,27     8,33

Baleares           8,12     11,13   11,84   13,56   13,21   14,25   13,70   12,38   12,57   14,00  

Canarias          5,93     6,98     7,22     8,04     7,28     6,82     6,25     6,23     7,23     8,87

Cantabria         3,58     3,75     4,00     3,92     4,08     4,44     4,26     4,51     4,42     4,68

C-La Mancha    3,68     4,20     4,67     4,35     4,54     5,23     5,80     5,79     6,65     6,71

C-León             5,30     5,52     5,85     5,63     5,54     5,61     5,84     5,80     5,86     6,40

Cataluña          7,25     7,65     8,59     9,67     10,18   11,37   11,39   10,89   11,46   13,57

C. Valenciana  4,76     5,74     6,00     6,82     7,50     8,26     8,27     8,60     9,10     9,92

Extremadura    3,32     3,73     3,70     4,27     3,61     3,76     3,83     5,19     5,26     5,19

Galicia              4,21     4,12     3,81     3,97     4,16     4,35     4,22     4,47     4,43     4,40    

Madrid              7,22     7,46     8,72     8,90     10,47   12,19   12,83   12,03   12,81   14,18

Murcia              4,61     4,88     5,64     7,96     9,68     11,54   11,69   10,48   11,70   13,10

Navarra           2,39     2,53     2,96     3,63     3,99     4,56     4,81     5,22     5,21     5,31

País Vasco       2,70     2,74     3,04     3,55     3,55     3,94     3,99     4,47     5,42     5,99

La Rioja           4,63     5,29     6,28     6,55     6,44     8,52     8,04     7,58     8,22     8,25

Ceuta y Melilla             2,62     2,86     2,96     2,53     3,21     2,55     3,06     3,10     3,25     2,66

Tipos de centro que practican interrupciones voluntarias del embarazo*

Hospitalario público     2,51%

Hospitalario privado     9,11%

Extrahospitalario público          0%

Extrahospitalario privado         88,38%

Interrupcción del embarazo en tiempo de gestación*

Menos de ocho semanas          62,23%

9-12 semanas                          25,71%

13-16 semanas                         6,14%

17-20 semanas                         3,87%

21 ó más                                   1,97%

No consta                                  0,08%

Motivo de la interrupción*

Salud materna  96,98%

Riesgo fetal                            2,83%

Violación                                 0,01%

Varios motivos                        0,18%

Número de centros que han notificado interrupciones voluntarias del embarazo en 2006: 135

*Datos del Ministerio de Sanidad.