Balance de legislatura

Numerosas leyes aprobadas en este periodo afectan a millones de personas

Concluye la legislatura del 'cambio social'

El Gobierno presume de que esta legislatura que ahora finaliza pasará a la historia como la de mayor número de iniciativas sociales puestas en marcha. José Luis Rodríguez Zapatero iniciaba su gestión cumpliendo de modo inmediato su compromiso de retirar las tropas españolas de Iraq, un medida muy popular, que le ha aportado numerosos réditos entre el electorado, aunque, por el contrario, la presencia militar española en Afganistán se ha visto incrementada. Lo cierto es que ese “contenido social” sí se ha visto reflejado en la aprobación de normas como las leyes de Dependencia, de Igualdad, contra la Violencia de Género, el Estatuto del Trabajo Autónomo, o las modificaciones en el Código Civil para permitir los matrimonios entre personas del mismo sexo y la agilización de los trámites de separación y divorcio. En el último tramo, el Ejecutivo se ha visto enfrentado con sus aliados de la izquierda parlamentaria por los contenidos de la Ley de Memoria Histórica (recurrida por ERC ante instancias supranacionales), y por su negativa a modificar la antigua –1985– Ley del Aborto, que sigue penalizando la interrupción voluntaria del embarazo fuera de los tres supuestos reconocidos.

Una vez que las Cámaras daban por concluido el actual periodo de sesiones el pasado mes de diciembre, y teniendo en cuenta que las elecciones generales tendrán lugar el próximo 9 de marzo, parece el momento adecuado para efectuar un balance de las iniciativas legislativas de una legislatura que ahora termina. Cuatro años de Gobierno marcados por una inusitada tensión política y parlamentaria, propiciada por una oposición del derechista Partido Popular que se ha enfrentado con toda su artillería pesada a cualquier iniciativa gubernamental, con especial incidencia en los asuntos de Estado. El PP rompía así un consenso mantenido por todas las fuerzas políticas a lo largo de la historia de la democracia, y llenaba de crispación la vida política, llevando también este enfrentamiento radical a las calles, pese a que en la sociedad española no se detecta esa polarización, por mucho empeño que hayan puesto en transmitir esa imagen los medios afines a la derecha.

La política territorial –la reforma de los estatutos de autonomía, donde el PP ha hecho una utilización exacerbada del caso catalán, recurriendo ante el Tribunal Constitucional numerosos artículos de idéntica redacción en los estatutos valenciano y andaluz, que sí obtuvieron el voto favorable del principal partido de la oposición– y, especialmente, la política antiterrorista, han sido los caballos de batalla de los populares para tratar de debilitar al Gobierno de la Nación, junto con la utilización partidista de los órganos judiciales, controlados por jueces y magistrados afines y nombrados por el PP, que se ha negado a propiciar la renovación de un Consejo General del Poder Judicial, cuyo mandato concluyó hace más de un año y que, por tanto, se encuentra en funciones, situación que está bloqueando el funcionamiento de la justicia e impidiendo que se efectúen los nombramientos necesarios en distintos niveles.

La jerarquía católica, la Conferencia Episcopal Española, se ha convertido en otro aliado de primer orden del Partido Popular, entrando de modo directo en la política nacional, criticando la acción gubernamental, en total sintonía con la gran formación de la derecha y, por primera vez en la democracia, convocando directamente manifestaciones en las calles de nuestras ciudades para oponerse a la acción legislativa.

Sin embargo, la legislatura que está terminando ha dejado una colección de elementos positivos, tanto en términos de crecimiento económico, como, sobre todo, en la profundización de políticas sociales e incremento de derechos y libertades públicas.

La economía española ha crecido en este periodo el triple que la italiana, el doble que la alemana, un 50 por ciento más que la británica, e incluso un 25 por ciento más que la estadounidense. Se ha alcanzado la cifra histórica de más de 20 millones de personas desempeñando un trabajo, mientras que el paro ha continuado descendiendo hasta ubicarse en el ocho por ciento, con una notable disminución, también, del desempleo femenino. Se han creado tres millones de puestos de trabajo (la mitad de todos los generados en la UE en este periodo) y las pensiones se han incrementado en un 25 por ciento. Algunas, como las que benefician a personas con cónyuge a cargo a personas dependientes han crecido un 33 por ciento. 40.000 personas se han beneficiado de las nuevas pensiones mínimas para mayores de 60 años, mientras que para cerca de 150.000 se ha establecido la compatibilidad entre las pensiones del SOVI y la de viudedad.

Han subido tanto el salario medio, como el mínimo, que ya se sitúa en 600 euros -100.000 de las antiguas pesetas- en los Presupuestos Generales de 2008 que, aunque queda todavía muy lejos de otros SMI de nuestro entorno, supone un incremento del 25 por ciento en los últimos cuatro años.

La modificación del Código Civil para permitir los matrimonios de pleno derecho, y con todas las contrapartidas, incluidas la pensión de viudedad, herencia y el derecho a la adopción, entre personas del mismo sexo se ha convertido en una de las acciones gubernamentales más llamativas de este periodo legislativo. Pese a la frontal oposición de la jerarquía católica –como recientemente, una vez más, ha podido comprobarse en las calles de Madrid- y del PP, que ha recurrido esta modificación ante el Tribunal Constitucional, son ya miles de personas las que han hecho uso de este derecho. 4.574 matrimonios entre personas del mismo sexo constaban en 380 registros informatizados en el último trimestre de este año. Pero a estos datos había que añadir los de otros 52 registros y más de 8.000 juzgados de paz cuyos datos no están cruzados, por lo que la cifra real de estos matrimonios podría triplicarse. Con las cifras disponibles, de esas 4.574 uniones, 3.190 habrían sido entre varones, y 1.384 entre mujeres.

También ha surtido efectos casi inmediatos la aplicación de la modificación del Código Civil que permite la agilización de los trámites para conseguir la separación legal y el divorcio. La nueva norma elimina la necesidad de un tiempo de separación previo; tampoco es necesaria la concurrencia de causa, y la demanda puede ser unilateral. Desde su entrada en vigor, el 8 de julio de 2005, se han producido 243.236 divorcios y 31.239 separaciones (datos de noviembre de 2007). Junto a Bélgica, España es el país con la más alta tasa de rupturas/matrimonios de toda la Unión Europea. En términos absolutos, ocupamos el cuarto lugar en divorcios de la UE, tras Alemania, Reino Unido y Francia.

Como cumplimiento de su compromiso electoral, la primera medida legislativa presentada por el Gobierno presidido por José Luis Rodríguez Zapatero fue la Ley Integral contra la Violencia de Género. Tras su debate parlamentario y después de la negociación de numerosas enmiendas, resultaba aprobada por unanimidad en el Congreso el 7 de octubre de 2004, y una vez concluido su paso por el Senado, alcanzaba la aprobación definitiva el 22 de diciembre de ese año. Más de 50 medidas de urgencia complementarias han acompañado al desarrollo de esta normativa que, entre otras cuestiones, han propiciado la creación de 83 juzgados específicos, destinados únicamente a interesarse por casos de violencia sexista, y que se triplique el número de agentes de las fuerzas del orden (1.648) dedicados en exclusiva a la persecución de estos delitos; hay unidades especializadas en todas las provincias españolas. Pese a que, lamentablemente, las cifras se mantienen constantes -69 mujeres asesinadas en 2007, frente a las 68 de 2006-, se ha incrementado en más de la mitad el número de denuncias. De todas las mujeres que han perdido la vida a manos de sus maridos, ex maridos o compañeros sentimentales este año, el 70 por ciento nunca habían denunciado a su agresor. Aunque estos datos resultan escalofriantes y han convertido al problema en una prioridad de la acción política, los índices de violencia sexista en España están por debajo de la media de la UE, e inferiores aún más en comparación con los países de nuestro entorno inmediato.

Los acompañamientos de la ley incluyen dotaciones extraordinarias de 80 millones de euros para aplicación de políticas concretas e inmediatas; se establece la automática detención de cualquier agresor que incumpla una orden de alejamiento, y también programas de rehabilitación para los condenados por esta clase delitos. Las víctimas son consideradas como “colectivo prioritario” en las políticas de empleo y en la cobertura total de teleasistencia, y también para la adjudicación de viviendas protegidas. Del mismo modo, gozan del derecho a la asistencia jurídica y social, lo que incluye atención psicológica, apoyo educativo y ciertos privilegios laborales, como la adaptación y/o reducción de la jornada laboral, en función de su situación de víctimas o personas amenazadas.

La Ley de Igualdad –también recurrida ante el Tribunal Constitucional por el Partido Popular- ha sido otra de las iniciativas estrella de la gestión del Partido Socialista en su última etapa de gobierno. Partiendo de un ejecutivo absolutamente equilibrado en cuanto al sexo (idéntico número de ministros que de ministras), el mensaje parecía claro desde el principio. La norma trata de combatir las desigualdades históricas, intentando incidir, sobre todo, en el campo laboral –donde mujeres y hombres reciben salarios distintos a igual desempeño, y en un país en el que sólo el cuatro por ciento de los altos directivos en empresas privadas son féminas-, y en campañas de educación destinadas al entorno familiar. La ley introduce elementos de discriminación positiva (razón por la que ha sido recurrida por el PP) a favor de las mujeres, pero también, por primera vez, ofrece a los varones la posibilidad de disfrutar de 15 días de permiso de paternidad, sin tener que ser compartido, ni en detrimento del permiso de maternidad. A fecha de esta información, 119.231 hombres ya lo han disfrutado. El permiso de maternidad se ha visto ampliado, y también se abre la posibilidad de acumular las horas de lactancia en jornadas completas, unido a la posibilidad de reducción de los horarios laborales por el cuidado de menores de ocho años. En el texto legal se incorpora el derecho a un subsidio de maternidad, incluso en el caso de no completar el periodo de cotización mínimo.

La Ley de Dependencia constituye otra de las iniciativas de mayor calado impulsadas por el actual Gobierno. En un Estado que todavía sigue dedicando un porcentaje bajo de sus recurso a políticas sociales, comparado con los países punteros de la UE, esta norma es una de las más ambiciosas, tanto por los recursos que le serán destinados, como por el sector de población que se verá positivamente afectado. Pese al boicot activo efectuado en las comunidades autónomas gobernadas por el PP –con especial mención a la madrileña-, las ayudas directas y las ventajas fiscales que la acompañan ya han llegado a más de 200.000 personas. La ley está destinada a un colectivo superior a 1.200.000 habitantes, aunque debe ser gestionada en concordancia con las comunidades autónomas, que deben financiar sus gastos en un 50 por ciento, solidariamente con el Estado.

Dentro de la estrategia de políticas sociales, el Gabinete presidido por Zapatero también ha puesto en marcha una serie de medidas que, sin tener el rango de ley, implican la acción directa de la administración en el sentido del reforzamiento del Estado del bienestar. Con muchas críticas por su presunto carácter populista, en el último tramo de la legislatura, y vía Presupuestos Generales del Estado, se ofrecían ayudas a la natalidad en un país que, de no haberlo remediado la llegada masiva de inmigrantes, hubiera entrado en crecimiento vegetativo negativo en 2050. En el último tercio de 2007 se aprobaba la adjudicación de ayudas directas a las familias residentes en España por cada natalicio o adopción de un nuevo hijo. 2.500 euros por cada nuevo ciudadano, y 3.500 en casos de familias monoparentales, con severos problemas económicos o con personas dependientes en su seno. Medio millón de familias serán las directas beneficiarias cada año, lo que supone una inversión de unos 1.200 millones de euros en cada periodo contable.

En el territorio de las ayudas directas, y también, casi al final del periodo legislativo, llegaban las dotaciones para ayuda al alquiler destinadas a jóvenes menores de 30 años. El Estado subvencionará con 210 euros al mes a aquellos jóvenes con ingresos inferiores a 22.000 euros anuales para el alquiler de su vivienda, promoviendo una emancipación estadísticamente muy tardía en nuestro país. La ayuda se va a prestar durante cuatro años, lo que eleva la inversión a 10.800 euros por persona. Además, va acompañado de un crédito plano de 600 euros para el pago de la fianza. El primer año de su aplicación llegará a más de 180.000 contratos de alquiler. Dentro del mismo plan, y ya sin límite de edad, se rescatan las desgravaciones para los inquilinos (eliminadas por los gobiernos del PP). Serán del 15 por ciento sobre el precio pagado, y se calcula que van a afectar a 700.000 familias, lo que supondrá un coste a las arcas estatales de unos 785 millones de euros.

Continuando con la ampliación de las políticas sociales, desde 2008, la Seguridad social asumirá la atención bucodental completa para las personas entre cero y 15 años (hasta ahora sólo cubría entre cero y siete), y también la vacunación universal contra el virus del papiloma humano, infección que se encuentra detrás del cien por cien de los casos del cáncer de cérvix.

Tras la aplicación desde hace un año y medio del nuevo carnet de conducir por puntos, y después de la modificación del Código Penal, que acarrea penas de prisión para determinados comportamientos al volante, como la conducción bajo los efectos de las drogas o del alcohol –por encima de los 1,2 gramos por litro (equivalente a ocho whiskys)-, las acciones temerarias, o ponerse al volante sin permiso de circulación o con los puntos agotados, el número de accidentes y de víctimas va descendiendo. Pero muy lentamente. 2007 ha sido el año que menos víctimas ha dejado en la carretera en los últimos 40 años. Por primera vez se ha bajado de la fatídica cifra de los 3.000 (2.712, frente a los 3.016 de 2006). Prácticamente, un nueve por ciento menos que el curso anterior, continuando con una tendencia iniciada hace ocho años. A esto hay que añadir que se incrementa el número de conductores y el parque móvil, por lo que cabe deducir que las iniciativas puestas en marcha por la Dirección General de Tráfico comienzan a dar frutos, aunque no todos, ni a la velocidad esperada. Las cifras de reducción resultan muy parecidas a las obtenidas por países como Francia y Reino Unido cuando comenzaron a aplicar la norma de los puntos. Pese a todo, las críticas desde diversos sectores persisten, dirigidas fundamentalmente a lo que se considera una excesiva dureza del nuevo Código Penal, y por parte de las asociaciones de conductores se reclama una mejora de las vías secundarias –donde se producen la mayoría de los accidentes-, de las señalizaciones, y una mayor presencia de agentes de circulación en toda la red del Estado y la dependiente de las comunidades autónomas.

Aprobado en el Parlamento el pasado 11 de julio, el 12 de octubre de 2007 entraba en vigor el Estatuto del Trabajo Autónomo, una norma casi pionera en nuestro entorno sociopolítico que, por primera vez, desde 1970, volvía a regular las condiciones laborales de un colectivo de más de tres millones de personas (3.118.000, según los últimos datos disponibles), que supone el 10,56 por ciento de la población activa española.

Con muchas diferencias, constituye una norma que pretende aproximar en derechos a los trabajadores por cuenta propia, no empresarios, con el resto de asalariados de nuestro país. Producto de una larga negociación con los agentes sociales, ha recibido más elogios que críticas por parte de las grandes centrales sindicales. Incluye mejoras sobre la situación actual de este colectivo, que, por ejemplo, equipara sus derechos en cuanto a permisos de maternidad y paternidad equivalentes a los de los trabajadores asalariados. Además, en caso de que los autónomos tengan hijos menores de 30 años, que colaboren en la actividad profesional, se permite que puedan ser contratados laboralmente por sus progenitores.

Otra de las grandes novedades de esta iniciativa legislativa es la figura del “trabajador autónomo dependiente”, aquél cuyos ingresos provengan en más de un 75 por ciento sus ingresos de sus trabajos realizados para una sola empresa. En este caso, podrá gozar de un mínimo de 18 días laborables de vacaciones al año, y a una indemnización por daños y perjuicios, en caso de finiquitarse la relación con la compañía.

Con esta norma, se incluye a los autónomos en el reconocimiento de los accidentes laborales denominados “in itinere” –es decir, los producidos durante el desplazamiento hacia o desde el lugar de trabajo-. Se contempla un equivalente al seguro de desempleo, denominado “seguro por cese de actividad”, aunque dependerá de la cotización del autónomo, y en la mayoría de los casos, supondrá el desembolso de entre un siete y un ocho por ciento más de su actual cotización, si desean tener acceso a esta prestación. En el Estatuto se reconoce la interrupción de actividad por maternidad y paternidad. Del mismo modo, se contempla, por primera vez, el derecho al disfrute de la jubilación anticipada, pero sólo para aquellos trabajadores autónomos que desarrollen una actividad “tóxica, peligrosa o penosa”.

Para su total aplicación será necesaria una ley posterior que desarrolle la contributividad y la sostenibilidad financiera.

Si bien es cierto que el mayor esfuerzo legislativo de este periodo de sesiones –con la excepción de la política territorial y las reformas de los estatutos de autonomía- ha sido dedicado a la promulgación de leyes y normas de contenido social y de ampliación de derechos y libertades, algunas de estas iniciativas, consideradas, además, emblemáticas por el Gobierno y el Partido Socialista, se han encontrado con una oposición inesperada. La Ley de Memoria Histórica, que pretendía resarcir, reivindicar y honrar a todos aquéllos que habían sufrido persecución, encarcelamiento y, en muchos casos, la muerte y la tortura por su defensa del orden democrático frente a los militares sublevados y el aparato represivo de la dictadura, ha sido considerada insuficiente, en su redacción final, por no pocos representantes de la izquierda y movimientos en defensa de los derechos humanos.

La ley ha atravesado por muchas vicisitudes durante su tramitación parlamentaria. Ante la falta de un consenso claro, y la nítida oposición del Partido Popular –que había hecho causus belli de ella-, la proposición había quedado aparcada durante casi media legislatura. El texto definitivo, que excluye la anulación de los juicios militares durante la Guerra Civil, y los posteriores procesos franquistas, así como la “permisividad” con la iglesia católica, que puede conservar los símbolos franquistas, aduciendo criterios estéticos, artísticos o históricos, ha irritado a buena parte de los compañeros de viaje de izquierda de los socialistas durante este periodo de sesiones. Esquerra Republicana de Catalunya votaba en contra de la ley –siendo uno de sus promotores, junto a Izquierda Unida-, y avisaba de recursos ante instancias internacionales. En IU, por el mismo motivo, se desataba una dura pugna interna, con el Partido Comunista de España (el socio mayoritario de la coalición) manifestándose abiertamente en contra, aunque, finalmente se imponía el criterio de la actual dirección, votando a favor del texto definitivo, pese a sus peticiones, hasta última hora, de que se incluyese la anulación de los juicios franquistas. Hasta una organización del prestigio de Amnistía Internacional criticaba la norma con dureza, comparándola con la Ley de Punto Final argentina, y avisando también de un posible recurso ante tribunales internacionales de derechos humanos.

El último capítulo de desencuentros ha venido de un asunto tan polémico como el aborto. La intención declarada de los socialistas de no modificar la actual ley –que penaliza esta práctica, y sólo permite que se lleve a cabo bajo tres supuestos estrictos-, en contradicción con su propio programa electoral, y con las ocho iniciativas en sentido contrario que su grupo parlamentario llevó a cabo bajo el Gobierno del Partido Popular, ha cabreado a sus socios de la izquierda parlamentaria y al movimiento feminista. Las recientes declaraciones del ministro de Sanidad, asegurando que “prefiere” que la ley se quede como está, ha llevado al segundo portavoz del Grupo Parlamentario de IU-IC a asegurar hace dos semanas que, si la actitud a este respecto del Partido Socialista no se modifica, su grupo “se planteará seriamente” si dar su apoyo a no a una eventual investidura de José Luis Rodríguez Zapatero tras las próximas elecciones generales. Los críticos de la izquierda han acusado de “electoralismo” al presidente del Gobierno, que no desea la apertura de un nuevo frente de batalla a tres meses vista de la gran cita electoral.

Algunos cambios importantes se han producido a lo largo de los últimos cuatro años. De las políticas aplicadas por un gobierno de orientación conservadora, hemos pasado a iniciativas desarrolladas por un Ejecutivo que se define como progresista. Muchas de las variaciones experimentadas se perciben en la vida cotidiana, pero son difícilmente cuantificables. Sin embargo, otras sí son mensurables. A continuación incluimos algunos cuadros que expresan, con la claridad de los números, las diferencias experimentadas durante este tiempo en numerosos aspectos de la cosa pública.


		Nº 769 - 7 de enero de 2008