El 14 de enero se decretará la disolución de las Cortes y la convocatoria de elecciones

LOS OBISPOS MARCAN LA PRECAMPAÑA

El pasado 20 de diciembre tenía lugar el último pleno del Congreso de los Diputados de esta ya casi extinta VIII Legislatura. El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, anunciaba formalmente la convocatoria de elecciones generales el próximo 9 de marzo. Poco, pues, queda hasta entonces en el aspecto legislativo, aunque la política no se marcha de vacaciones, como sus señorías, sino que, continuando con la línea marcada por el Partido Popular desde el 14 de marzo de 2004, sigue mostrando su lado más crispado, como demuestran la reciente concentración en Madrid convocada por el Arzobispado de la capital, las reacciones del PP contrarias a la respuesta socialista, o el último comunicado de ETA, en el que carga con toda dureza contra el Ejecutivo. Zapatero seguirá recibiendo varapalos hasta el mismo día de los comicios.

Por Antonio Sarrión

Con el anuncio formal, efectuado por el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, de la convocatoria de elecciones generales para el próximo 9 de marzo, y con la celebración del último Pleno del Congreso de los Diputados, el pasado 20 de diciembre, de hecho, puede darse por concluida la presente VIII Legislatura de la democracia, una legislatura "dura y ruda", como la ha calificado el presidente de la Cámara Baja, Manuel Marín, quien, por cierto, ya tiene seguro que, suceda lo que suceda en la cita con las urnas, no repetirá en su cargo.

El próximo 14 de enero se celebrará un Consejo de Ministros extraordinario del que saldrá el decreto de disolución de las Cortes Generales y la convocatoria de elecciones generales. El decreto será publicado al día siguiente en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Según establece la Ley Orgánica del Régimen electoral General (LOREG), las elec-clones generales deben tener lugar 54 días después de ser convocadas formalmente. )esde el momento de su publicación en el ;OE, se abren los plazos para la presentaión de las candidaturas ante las juntas elec,orales. En ese periodo deben ser también proclamados los candidatos.
La fecha de convocatoria ya conocida implica que la campaña electoral –de 15 días de duración, según la LOREG- arrancará el 22 de febrero y terminará el 7 de marzo, uedando el sábado, 8, como jornada de reflexión preceptiva, en la que no podrán realizarse actos electorales ni podrá ser emitida propaganda de los partidos, aunque sí información. En esta ocasión, como ha sucedido otras cuatro veces con anterioridad, la fecha de las elecciones generales va a coincidir con las elecciones autonómicas en Andalucía.

Pero esas fechas de campaña constituyen una mera formalidad. Hace ya mucho tiempo que ha comenzado la precampaña, y el principal partido de la oposición, el PP, lleva prácticamente cuatro años con las espadas en alto. Uno de sus más importantes aliados naturales, la muy conservadora Conferencia Episcopal Española, volvía a sacar a sus huestes a las calles de Madrid el pasado 30 de diciembre. La excusa, esta vez, era un acto convocado por el Arzobispado de Madrid –a cuya cabeza está el también ultraconservador cardenal Antonio Rouco Varela- "por la familia cristiana". Como cabía esperar, la jerarquía católica española convertía el acto en un mitin político de primera magnitud, en el que se atacaba desde todos los frentes a la acción del Gobierno en manos del Pardo Socialista. Para ello, incluso contaron con una itervención vía satélite del también muy conservador actual sumo pontífice, Benedicto XVI.

Los ataques al Gobierno se sucedieron, principalmente, a cargo de los cardenales españoles, aunque también el obispo de Bilbao, y actual presidente de la Conferencia Episcopal, Ricardo Blázquez (considerado un moderado dentro de este ambiente), soltaba sus dardos, afirmando que la Iglesia católica no contempla ninguna clase de familia que no se asiente "sobre el matrimonio de un hombre y una mujer".

Uno de los jerarcas más viscerales, el arzobispo de Valencia, Agustín García-Gasco (recientemente nombrado cardenal por Ratzinger, pese a haber sobrepasado la edad de jubilación), aseguraba en tono catastrofista en su intervención pública en la madrileña Plaza de Colón que la familia estaba sufriendo ataques por parte de las instituciones públicas, y que "por ese camino no se respeta la Constitución de 1978 y eso conduce a la disolución de la democracia". Pese a avisar que no pensaba inmiscuirse en asuntos terrenales, automáticamente se contradecía, asegurando que "la cultura del laicismo radical es un fraude, un engaño. Sólo lleva a la desesperación por el camino del aborto, del divorcio express y de las ideologías que pretenden manipular la educación e los jóvenes", atacando, de un plumazo, a la ley del aborto, a la reforma del Código Civil que agiliza los trámites de separación, y a la asignatura de Educación para la Ciudadanía, objeto de las iras episcopales desde el mismo momento de su anuncio.

Otro cardenal ultraconservador, el arzobispo de Toledo, Antonio Cañizares, tambiénactual vicepresidente de la Conferencia Episcopal Española, arremetía contra la acción de gobierno, aseverando que no corren buenos tiempos para la familia, porque "está siendo sacudida en sus cimientos con legislaciones inicuas e injustas".
No se quedaba a la zaga el principal 'organizador del evento, el arzobispo de Madrid, Antonio María Rouco Varela, que cargaba contra el actual Ejecutivo con su habitual estilo: "Nos entristece constatar que nuestro ordenamiento jurídico ha dado marcha atrás respecto a lo que la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas reconocía y establecía hace ya casi 70 años. A saber: que la familia es el núcleo natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a ser protegida por la sociedad y el Estado. Rouco llegaba a pedir, nada menos, que "una nueva civilización jurídica".

El acto nítidamente político convocado por la jerarquía eclesiástica amargaba las vacaciones a los dirigentes del Partido Socialista, que comprendían que no podían contar ni con una tregua navideña por parte de sus implacables y constantes oponentes. La Ejecutiva Federal del PSOE salía inmediatamente al paso y, por una vez, decidía contestar a lo expresado por los purpurados en su cuarta manifestación callejera contra el Gobierno en lo que llevamos de legislatura. Manos a la obra, emitían un comunicado de planteamientos muy nítidos el pasado 2 de enero. Justificando su redacción en la necesidad de "salir al paso de las manifestaciones públicas, de contenido político, vertidas por algunos responsables de la jerarquía de la Iglesia Católica en la concentración que se celebró en Madrid el pasado día 30", en él, dejaban claro que "no hay más legitimidad que la legitimidad constitucional". Ante las acusaciones de los mitrados de haber experimentado un retroceso democrático, el comunicado expone que "Sólo quienes deliberadamente ignoran o no respetan los principios por los que es la sociedad la que tiene, a través de sus representantes, la potestad de ordenar los principios de libertad individual y de convivencia para todos los ciudadanos, son los que se apartan de los fundamentos esenciales de la democracia". Y añaden un nuevo dardo envenenado: "en un régimen de libertades, la fe no se legisla".

El responsable de Organización del PSOE, José Blanco, planteaba a la jerarquía eclesiástica que "se presenten a las elecciones", y que antes de dedicarse a pedir públicamente el voto para el Partido Popular, se asegurasen de lo que éstos van a hacer con las leyes del aborto o del divorcio, recordando a obispos y cardenales que no salieron a la calle a reclamar al Gobierno del PP que eliminase esas normas jurídicas.
Hasta el propio presidente del Gobierno intervenía en la polémica. Zapatero declaraba que "todo el mundo tiene su sitio y derecho a tener derechos, piense como piense, y profese una religión o no la profese".
Aunque el Partido Popular no acudía fi cialmente al acto del día 30 de diciembre (algunos de sus dirigentes, como Jaime Mayor Oreja, lo hacían a título individual), rápidamente salía en apoyo de la Conferencia Episcopal, nada más conocerse el contenido del comunicado socialista. El secretario de Justicia del PP, Ignacio Astarloa, calificaba el comunicado de la Ejecutiva socialista como una respuesta "desmesurada y radical", atribuyendo al PSOE un deseo de "cargar contra la Iglesia y el respeto a los derechos de todos".
El resto de partidos recordaban a la cúpula eclesial la separación de poderes que existe en nuestro país y la aconfesionalidad del Estado español. En las formaciones a la izquierda del Partido Socialista se empieza a hablar de exigencia de rectificación en las políticas hacia la Iglesia católica por parte del Ejecutivo. "Cría obispos y te sacarán los ojos", le recordaba Gaspar Llamazares al Gobierno. El coordinador general de IU considera "preocupante que a lo largo de cuatro años, el Gobierno no haya puesto a la Iglesia en el lugar que le corresponde en una sociedad democrática". El líder de Izquierda Unida exigía reconsiderar los acuerdos del Estado español con el Vaticano, y acabar con la situación de privilegio de que goza la Iglesia católica en nuestro país, especialmente, en materia de financiación pública y de conciertos en la enseñanza.
Pero el frente de las sotanas no es el único que continúa abierto. La presión contra el Gabinete también pretende ejercerla ETA, desde otra perspectiva. En su último comunicado, publicado por el diario Gara el pasado 2 de enero, la organización acusa al Gobierno de haber establecido un "estado de excepción" en el País Vasco. Culpa del fin de la tregua a Zapatero y al ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, a quien denomina "ministro del GAL", y hasta lo acusan de practicar "terrorismo de Estado". Los portavoces de ETA también dejan clara su intención de constituirse en protagonistas políticos directos, dejando en segundo plano a las organizaciones políticas abertzales. Además de acusar también al tripartito del Gobierno vasco, ETA deja muy clara su amenaza y su desafío, así como su intención de proseguir con sus acciones violentas.
En esta coyuntura, y con la presión constante del Partido Popular, el Gobierno, antes de que se celebren las elecciones de marzo, debe decidir si insta a la Fiscalía a que solicite la ilegalización de Acción Nacionalista Vasca y el Partido Comunista de las Tierras Vascas (EHAK), organizaciones de la izquierda abertzale que cuentan con representación institucional en todo el País Vasco.

Tampoco llegan buenas noticias para elEjecutivo en el ámbito económico. El 2 de enero se conocían los datos de la inflación, que sobrepasaba el cuatro por ciento. La subida de precios está directamente influida por los costes de los combustibles, con un 1 petróleo que ha alcanzado su máximo histórico, al situarse ya en los cien dólares por barril. Del mismo modo, las hipotecas siguen marcando un permanente ritmo ascendente, que ha situado el importe medio de un préstamo hipotecario en España en 150851 euros.

Otro mal dato es el de las cifras del desempleo. A final de 2007 se alcanzaban los 2.129547 parados, un 5,27 por ciento más que a finales de 2006. Los únicos datos que parecen ofrecer una visión más optimista son los referentes al número de afiliados a la Seguridad Social que, por primera vez, se sitúan por encima de los 19 millones de personas.

Estas malas cifras, junto a la política antiterrorista, y el enfrentamiento abierto con la jerarquía eclesiástica, constituirán la munición fundamental con la que el PP atacará al Gobierno de aquí a la celebración de los icomicios legislativos. Una larguísima y, con toda seguridad, muy dura campaña electoral, en la que los populares también habrán de estar muy atentos a su trastienda y las batallas interiores. La pugna por colocarse en posición privilegiada en las listas de Madrid, promete una lucha cruenta, y no siempre silenciosa, entre la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, y el alcalde de la capital, Alberto Ruiz Gallardón –si sale indemne de las consecuencias de la "Operación Guateque".

De momento, el presidente del partido, Mariano Rajoy, no suelta prenda, aunque advirtió hace tiempo que la condición de alcalde, aunque los estatutos internos lo consideren causa de incompatibilidad, no será tenida en cuenta para evitar que alguien figure en las listas al Congreso, puesto que ya hay precedentes de alcaldes del PP que también tienen acta de diputado. La decisión es trascendente; no se trata sólo de acompañar su candidatura con un buen reclamo electoral. En caso de que el PP volviese a perder las elecciones, el nombre de quien figure en segundo lugar en las listas de Madrid podría ser el nombre del próximo presidente –o presidenta- del PP.•