Supongo que ya casi nadie se acuerda del Pacto de Toledo (llamado así porque en la ciudad imperial, y de Juan Pedro, ocurrió su primera reunión). Fue una concordia política para que la razón entrara en el sistema de pensiones públicas, apartándolas de la diatriba política. Se hizo a finales de los noventa. Se renovó en 2003. En esta legislatura se volvió a crear en el Congreso una Comisión, cuya última reunión fue en abril de este año, y a estas alturas de la vida parlamentaria mucho me temo que no se renueve. Y es imposible que se renueve porque las pensiones vuelven a entrar en la liza política como moneda electoral. Dicen que Romanones, digo dicen porque la historieta tiene poco de fiar, compraba votos a una peseta y sus rivales a cuatro, pero él arteramente lo que hacía era añadir su peseta a las cuatro que previamente había entregado al elector su contrincante, con lo que a la postre la compraventa del voto se cerraba a un duro.

A cualquiera hoy ese trapicheo de votos le parece escandaloso. Pues lo de ahora con los incrementos de pensiones, además de las subidas previstas por el sistema y demás gratuidades públicas, anda poco lejos de las componendas de Romanones.

Porque en sí no son buenas y saludables, lo perverso es anunciarlas o peor hacerlas sin saber cuánto cuestan, cómo se van a pagar, qué eficacia social van a reportar y el modelo económico resultante. La diferencia es que este personaje de tiempos de Alfonso XIII pagaba de su cartera y ahora paga el erario. Total que volvemos a la situación anterior al primer Pacto de Toledo. La cosa es grave, muy grave. En la década última del siglo pasado se alzaban voces, inauditas, sobre las dificultades del sostenimiento del sistema de pensiones a largo, y no tan largo plazo, derivado del envejecimiento generalizado de la población española y la inversión de la pirámide de edad. El año al que apuntaban las estadísticas (entre otras las que elaboró el de la página de al lado) en que el sistema entraba en desfase era el 2015. En aquellos tiempos faltaban másde 15 años y se ignoraba, aunque se atisbaba, el posible efecto de la emigración. Posiblemente habría que corregir, alargando, la fecha fatídica de la niña bonita, por el aporte de activos al sistema de seguridad de los emigrantes. En cualquier caso el problema susbsiste. Lo desgraciado es que ni se quería ver por los poderes públicos, ni se quiere ver y se ignora. Se descansa en el Fondo de Reserva de la Seguridad Social como si fuera la panacea universal, cuando los estudiosos apuntan que con ese Fondo no hay para dos telediarios.

También a finales de siglo pasado se alzaban voces que vuelven a pregonar la reducción de las cotizaciones a la Seguridad Social con cargo a subidas del IVA, fatídica receta. Financieramente es correcta: reduce los costes laborales, sube la inflación y consiguientemente las pensiones, ¿incrementa el empleo?, pero hace al sistema menos contributivo, reduce la aplicación de criterios actuariales –que ya son pocos–, hace que los pensionistas contribuyan al mantenimiento del sistema, incluso a su parte no contributiva. Pero lo que nadie hace es alzar la vista al horizonte próximo, que ya ni siquiera se sabe dónde está.

Supongo que a pocos interesa la reflexión del ya medio plazo. Las promesas electorales vuelven a los ochenta. Tan difícil es ser sensato. Tal y como se están poniendo las cosas, retomando el todo vale, sin saber para que sirve, excepto para la algarabía votacional, mal futuro nos espera. Es verdad que debe primar la justicia social, pero con seso. Y así hasta que Bruselas vuelva a llamar la atención.•

Fernando F. Trocóniz