Aguirre burla las leyes de ZP

Insumisa

Rebeldía o calculada estrategia electoral. Probablemente una combinación de ambas. La actitud de Esperanza Aguirre frente al Gobierno Zapatero está salpicada de episodios que bien podrían hacerla merecedora del apelativo de insumisa: acaba de comenzar a valorar a los dependientes de la Comunidad de Madrid fuera de plazo y a regañadientes; ha sorteado la Ley Antitabaco; ha aprobado una normativa que impide, contra la legislación superior, que los agentes forestales entren en las fincas privadas; ha intentado bloquear las ayudas al alquiler del Estado... Y así, un largo etcétera de iniciativas con las que el Ejecutivo autonómico, desde que los socialistas llegaran al poder, ha desafiado al poder central. Un empeño en el que, según sus detractores, Aguirre se ha empleado con el mayor esmero.

Por Virginia Miranda

Esperanza Aguirre es un auténtico púgil de la política. Es capaz de buscar y encontrarle las cosquillas a su colega y competidor en el PP, Alberto Ruiz-Gallardón, sin desatender su otra pelea, de mayor rango si cabe, con José Luis Rodríguez Zapatero.

Al presidente del Gobierno no le ha dado ni un respiro. En mayo de 2004, nada más anunciar el jefe del Ejecutivo socialista que en diez días presentaría en el Consejo de Ministros un real decreto para la paralización de la Ley Orgánica de Calidad de Educación (LOCE), ella se adelantó publicando un decreto para desarrollar la polémica norma que, según decían los socialistas, segregaba de forma temprana a los alumnos según su rendimiento y perjudica a los estudiantes procedentes de familias desfavorecidas. La presidenta de la Comunidad de Madrid organizó un revuelo de grandes proporciones, implicando a otras autonomías gobernadas por el PP, al Tribunal Supremo e incluso al Consejo de Estado. Al final, los dos órganos dieron la razón al Gobierno central, pero Aguirre ya había redactado su carta de presentación ante Zapatero y había acuñado, con gran clarividencia, un certero y ambicioso eslogan: la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid son “el bastión del PP”.

Ahora ha decidido no compartir el mérito para autoproclamarse “lideresa nacional”. Un título de amplio espectro que bien podría interpretarse como una advertencia a los suyos y desde luego a los socialistas, que desde aquel desafío de comienzos de la legislatura no han dejado de recibir las embestidas de la Comunidad de Madrid y su presidenta.

A la Ley de Dependencia, una de los proyectos estrella del Gobierno Zapatero y sostén del cuarto pilar del Estado del Bienestar, le ha puesto cuantas trabas ha podido. El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales comprobó a finales de septiembre que, concluido el plazo de presentación de datos, dos Comunidades Autónomas gobernadas por el PP, Murcia y Madrid, aún no habían facilitado la información sobre las personas dependientes de ambas regiones, requisito imprescindible para comenzar a aplicar los beneficios contemplados en la ley y atender a las personas de la región que no pueden valerse por sí mismas –los grandes dependientes, más de 23.000, serían los primeros en recibir las prestaciones previstas de los más de 130.000 residentes en la autonomía–. Según la Consejería de Asuntos Sociales, el bloqueo al que habían sometido el desarrollo de la ley se debía a una “falta de voluntad política” de negociarla, mientras que la oposición y los sindicatos achacaban el problema a la falta de información y especialistas para calificar a los dependientes –ver El Siglo número 762, ‘Espe’ boicotea la Ley de Dependencia–. Según declaró el secretario general del PSM, Tomás Gómez, se debía a la “objeción” de Aguirre a la ley o a su “incapacidad manifiesta”, por eso se planteó presentar “35 demandas judiciales” contra el Gobierno madrileño formuladas por dependientes afectados.

Hace un par de semanas, la Comunidad de Madrid dio un paso atrás y su consejera de Familia y Asuntos Sociales, Gádor Ongil, anunció que su departamento había comenzado ya a enviar los datos al Ministerio que dirige Jesús Caldera sobre las personas valoradas, precisando que se trataba del 40% de aquellos que habían tramitado la solicitud y añadiendo parte del argumento hasta ahora esgrimido por el Ejecutivo autonómico para justificar su retraso: la ley “discrimina a los 137.000 dependientes que la Comunidad ya venía atendiendo en esta materia”. Según sus cuentas, con un presupuesto de 730 millones de euros en 2007. Con la nueva norma, “los que ya eran dependientes y venían recibiendo las prestaciones de los servicios madrileños no tienen derecho a percibir las ayudas”. Extremo negado en reiteradas ocasiones por Trabajo y Asuntos Sociales, que lo que exige es la adecuación de Madrid a los parámetros establecidos por la Ley de Dependencia para que todas las autonomías se ajusten al mismo sistema de valoración y de prestaciones. A regañadientes, el Gobierno regional ha valorado a 700 grandes dependientes y ya percibe el dinero correspondiente de la Administración central, aunque está muy lejos del ritmo del resto de autonomías.

Esperanza Aguirre dispensó el mismo recibimiento a principios de noviembre a la Ley Estatal de Apoyo al Alquiler. Tras su aprobación en el Consejo de Ministros, su consejera de Vivienda, Ana Isabel Mariño, dijo que sería “imposible” que el nuevo sistema de gestión y control estuviera implantado en dos meses: el real decreto que regula la llamada renta de emancipación establece ayudas al alquiler de 210 euros para jóvenes de entre 22 y 30 años que ganen menos de 22.000 euros anuales a partir del próximo 1 de enero. En Madrid, la medida afectaría a 500.000 personas. Nuevamente, el Ejecutivo regional, encargado de gestionar y tramitar las ayudas, empleaba el mismo argumento que utilizó frente a la Ley de Dependencia y también la misma queja: el plan era “inaceptable” porque había sido impuesto desde el Gobierno central sin haberlo consensuado previamente con las Comunidades Autónomas –y el Ejecutivo madrileño no ha acudido a las reuniones programadas por el Ministerio de Vivienda para coordinar las ayudas– y el plazo impuesto era “inalcanzable”. Y enarbolaba su propia iniciativa: la creación de un parque de 45.000 viviendas públicas en régimen de arrendamiento. El PSM-PSOE calificó de “impresentable” y “boicot” el anuncio de la consejera, y su secretario de Vivienda, Jesús Dionisio, recordó que con la anterior Ley de Apoyo al Alquiler, la Comunidad de Madrid fue la única que no tramitó ningún tipo de ayuda. Ahora sin embargo, y echando mano nuevamente del guión que empleó frente a la Ley de Dependencia, Mariño dice que los jóvenes madrileños recibirán las ayudas, pero “lo que no sé es cuándo”, alegando dificultades “burocráticas” para que lo hagan antes del 28 de febrero –plazo para las que debería tramitarse a partir del 1 de enero–. Esto en lo que respecta al alquiler, porque contra la Ley del Suelo Aguirre ha encabezado una iniciativa de mayor calado arrastrando a otras Comunidades gobernadas por el PP: a finales de agosto, con La Rioja y Canarias, interpuso un recurso ante el Tribunal Constitucional impugnando diez preceptos de la nueva norma que el 1 de octubre fue admitido a trámite. 

Otro caso reciente que ilustra la tendencia de la presidenta a colisionar con el Gobierno de Zapatero es su Ley de Medidas Urgentes aprobada el pasado verano. Su artículo 9, que prohibía a los agentes forestales entrar en fincas y montes privados sin autorización judicial, provocó la airada reacción del Ejecutivo y los socialistas de Madrid por lo que calificaron como una reducción de las posibilidades de vigilar y conservar el ecosistema. También un conflicto de competencias, que ha terminado por dirimir el Constitucional: hace unas semanas, el Alto Tribunal admitió a trámite el recurso presentado el 29 de octubre contra el polémico artículo, provocando su suspensión inmediata y el anuncio de la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, de que los agentes podían volver a entrar en los montes. En cualquier caso, no se trata de algo definitivo: el Constitucional dispone de cinco meses para pronunciarse sobre el recurso.

Con el tema de la M-50 la presidenta madrileña sí se salió con la suya. En este caso, el conflicto de competencias surgió con el Ministerio de Fomento: Esperanza Aguirre y Magdalena Álvarez se estuvieron disputando la ejecución de las obras del cierre norte de esta autovía desde principios de 2006, hasta que el Constitucional –a requerimiento del Consejo de Ministros– tuvo que mediar y acabó dando la razón al Ejecutivo autonómico, que por cierto no era la primera vez que le echaba un pulso a Fomento.

Otro ministerio al que la jefa del Ejecutivo regional le ha plantado cara ha sido el de Sanidad. Por la conocida como ley antitabaco y por las listas de espera. A principios de 2006, la Consejería de Sanidad madrileña aprobó un decreto que permite fumar en determinados lugares y circunstancias prohibidos por la norma más emblemática de la entonces ministra del ramo, Elena Salgado. Por ejemplo, no obliga a separar la zona de fumadores en los locales de más de 100 metros cuadrados, con lo que la ley, salvo en los centros de trabajo, apenas ha tenido efecto en bares y restaurantes. La reacción del departamento que ahora dirige Bernat Soria llegó el 25 de octubre, cuando anunció que retiraría a cinco comunidades autónomas, entre ellas la de Madrid, las ayudas que concede para poner en marcha la ley de Prevención del Tabaquismo y que en 2006 ascendieron a dos millones de euros. En cuanto a las listas de espera, Sanidad no incluye a la Comunidad presidida por Aguirre en su balance nacional porque dice que no sigue los mismos parámetros que emplean el resto de gobiernos autonómicos. Esto ocurre así desde que en diciembre de 2004 la autonomía procesara los datos de manera distinta a la establecida en el Real Decreto 605/2003. Así las cosas, los respectivos departamentos de la Administración central y autonómica se vienen cruzando desde entonces acusaciones mutuas: desde la primera dicen que Madrid no facilita los datos y desde la región aseguran que los proporcionan con “total transparencia”. El grado de independencia al que llega la gestión de la sanidad madrileña tuvo otro ejemplo en octubre de 2006, cuando a pesar de la posición en contra del Consejo Interterritorial de Salud, la Comunidad de Madrid decidió mantener de forma unilateral su decisión de vacunar a los recién nacidos, a partir de los dos meses, frente al neumococo.

Aguirre también ha echado un pulso con Industria. En septiembre de 2005, laOtra, la segunda cadena autonómica de Madrid, comenzó su emisión en pruebas a través del sistema analógico de televisión sin la licencia del Ministerio, que llegó a abrir un expediente al Canal de Isabel II “por la autorización de frecuencias e instalaciones de estaciones radioeléctricas sin autorización” –laOtra emitía desde un depósito de agua de su propiedad–. Industria mandó incluso un inspector para cerrarla, solución impedida entonces por una orden judicial. Pero Joan Clos retomó el contencioso multando con un millón de euros el mantenimiento de la emisión analógica y permitiendo tan sólo la digital.

El Ministerio de Educación, de ganar de nuevo los socialistas las generales, podría volver a ser el primero en recibir los envites de Esperanza Aguirre en la próxima legislatura. La Comunidad de Madrid es una de las autonomías que se han acogido a la posibilidad de impartir el próximo curso Educación para la Ciudadanía. Pero la presidenta espera no hacerlo. Porque dice que Rajoy ganará las elecciones y modificará la ley o, en cualquier caso, porque impartirá “la mínima posible”. La pelea está servida. Esta vez, en clave sucesoria.

Las empresas de la presidenta

Esperanza Aguirre anda últimamente mezclando los negocios con la política. Por supuesto no se trata de nada ilícito, pero tampoco es algo que entre dentro de las competencias de las Comunidades Autónomas. Es el caso de su intervención sobre Ifema, Iberia y la T-4.

La primera está relacionada con su última pelea con el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón. El Ayuntamiento anunció a finales de noviembre su intención de recurrir el nombramiento de Luis Eduardo Cortés como presidente del Comité Ejecutivo de Ifema. El motivo alegado: la “incompatibilidad” entre sus responsabilidades al frente de la filial inmobiliaria del Grupo Sacyr-Vallehermoso y su nuevo cargo en el centro ferial de la capital. El motivo de fondo:  además del litigio que mantiene el Consistorio con la empresa a cuenta de unas obras de ampliación de Ifema que exceden el presupuesto inicial, su proximidad a Aguirre, artífice del nombramiento de su ex vicepresidente y consejero de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes.

Miguel Blesa, presidente de Cajamadrid, no ha querido contradecir a la presidenta regional en el caso de Iberia. No la secundó cuando el de Endesa estaba en plena ebullición, pero ahora sí se ha puesto de su parte. La operación de la entidad financiera ha consistido en hacerse con las acciones de BBVA y Logista para alcanzar el 23,4% de la compañía y afianzar su control.  British Airways, accionista del núcleo duro y una de las principales interesadas en el proceso de venta de la aérea española, ha visto cómo sus planes quedaban trastocados de la noche a la mañana. Blesa ya ha anunciado que continuará en la misma línea estratégica, asegurando que tiene “vocación de permanencia” en su accionariado y que no venderá su participación. La idea, en todo caso, consiste en hacerse con los paquetes de El Corte Inglés y Altadis para que el control de la compañía no quede en manos extranjeras.

La misma españolidad de la empresa la esgrime Aguirre en el caso de la T-4, cuyo destino está íntimamente ligado a Iberia.  La nueva terminal de Barajas ya se ha convertido en la empresa que crea más empleo en la región y la Comunidad de Madrid y su presidenta a la cabeza han tratado de evitar, con la operación de Iberia, que los británicos se hagan con el control de la base logística de los vuelos entre Europa e Hispanoamérica y uno de los mayores éxitos económicos y también políticos, lo que entronca con los intereses de Aguirre, de la Comunidad.

Aguirre y caiga quien caiga por Enric Sopena