Tras su participación en la pasada Cumbre Iberoamericana de Santiago Chile, en la que se producía el duro enfrentamiento con Juan Carlos de Borbón, al presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Rafael Chávez Frías, le ha esperado una durísima agenda, que ha incluido algunos elementos, con los que, seguramente, no contaba. A una larga campaña electoral con motivo del referéndum para la modificación del texto constitucional –que culminaba el pasado 2 de diciembre-, y que ha dejado momentos de gran tensión en algunas fases, se ha unido un inesperado conflicto diplomático con el Gobierno de la vecina Colombia, presidido por Álvaro Uribe, que ha tensado las relaciones entre ambas naciones, cuando el Ejecutivo de Bogotá, después de haber solicitado la mediación del mandatario venezolano para propiciar un canje humanitario de prisioneros entre la guerrilla de las FARC y el propio Estado colombiano, sorpresivamente, anunciaba que retiraba la confianza a Chávez y que suspendía su labor de buenos oficios.

Por Pedro Antonio Navarro (Caracas)

Ahora sí. Así, sí. La hora de los pueblos. Ahora sí. Así, sí. La hora de los pobres”, reza el estribillo de la sintonía electoral de los partidarios de la reforma del texto constitucional venezolano. Una muy pegadiza canción, con ritmo de batucada suavizada, en el estilo del éxito internacional del grupo argentino “Los Fabulosos Cadillacs”, titulada “Matador”. También se utiliza otra, esta vez, un reggaetón que incluye un fraseo de rap construido con trozos de los discursos y los mítines del presidente de la República, Hugo Rafael Chávez Frías, y que, al igual que la otra, resulta muy bailable, y ambas constituyen la permanente banda sonora de todos los actos, concentraciones y manifestaciones en las que participan los partidarios del “sí”.

Al momento de enviar esta crónica, no se conocían los resultados de la trascendental votación, pero al visitante del país en estos días no se le escapa que, al menos, en cuanto a presencia en las calles, número de actos, convocatorias públicas y asistencia de la población, quienes se muestran favorables a esta profunda reforma de la Carta Magna de Venezuela son una clara mayoría.

En las últimas semanas, Caracas es una efervescencia. Pese a que buena parte de la prensa internacional, especialmente la europea y la estadounidense, dan más relevancia a las manifestaciones de los estudiantes contrarios al cambio, y a los incidentes violentos que se han registrado, diariamente se suceden varias concentraciones multitudinarias en apoyo de la nueva Constitución. El 26 de noviembre, el mismo día en que resultaba asesinado por un grupo de partidarios del “no” el joven de 19 años, José Aníbal Oliveros Yepes, trabajador de Petrovivienda, en Carabobo, cerca de la capital, decenas de miles de trabajadores agrícolas colapsaban la avenida principal de Caracas, desde el Museo de Arte Contemporáneo, hasta la sede del Ministerio de Comunicación e Información (MINCI) exigiendo el voto afirmativo.

Como en tantas ocasiones –sucede casi a diario-, se desplegaba lo que aquí se conoce como la marea roja, ya que, en una inmensa mayoría acuden ataviados con camisetas –franelas, las denominan en esta latitud- de ese color. Muchas de ellas llevan serigrafiado un gran “sí”. Son actos de alto contenido festivo. Además del consabido reparto de pasquines y octavillas, la música y el baile protagonizan el grueso de la actividad de los asistentes. A nadie sorprende, forma parte ya de la cotidianidad.

Al paseante extranjero por las calles caraqueñas le puede llamar la atención el alto grado de politización de sus habitantes. Se tiene la sensación de estar en el epicentro de un acontecimiento histórico, del que dentro de un tiempo hablarán los libros, aunque el propio presidente Chávez, preguntado en alguna ocasión a este respecto, ha contestado que es mejor que “hagamos la historia; que otros la escriban en un mundo mejor. Ahora no ha habido tiempo”. De algún modo, el ambiente que se respira recuerda mucho al ajetreo social, político y callejero que se vivía en la España del fin de la dictadura franquista y del comienzo de la transición democrática, por las constantes movilizaciones, el alto grado de participación y la presencia continua del debate político.

Pese a ello, y a los incidentes aislados, la crispación no se percibe entre la población. La crispación –y muy alta- se capta en los medios de comunicación, de un modo que también recuerda al Estado español, pero esta vez, al actual. Basta un simple recorrido por los kioskos de prensa, una escucha aleatoria de las emisoras radiofónicas, o un visionado de los canales de televisión para comprender que todas las imputaciones de falta de libertad de expresión y de información que se imputan a Venezuela carecen absolutamente de fundamento.

El canal Globovisión dedica diariamente casi la totalidad de sus informativos y programas de debate a cercenar la imagen del presidente y de las propuestas gubernamentales. Epítetos como “negro”, “tirano” o imputaciones de “manejo corrupto” de los fondos públicos son vertidas a diario sobre la figura de Hugo Chávez. En los debates televisados nunca aparecen personajes próximos o partidarios de las tesis gubernamentales. La noche del pasado 27 de noviembre, Globovisión estaba informando de un supuesto ataque perpetrado por chavistas contra estudiantes en el interior de la Universidad Católica Andrés Bello, de la capital. El resto de las cadenas, incluida CNN, mostraban las imágenes de la policía en el puerta principal del recinto, sin ninguna presencia de los mencionados partidarios de Chávez en actitud violenta, ni en ninguna otra. Algunos periodistas españoles en Caracas llaman a esta cadena “la COPE televisada venezolana”.

En oposición, la cadena pública, Venevisión, también dedica buena parte de sus espacios a la crítica a fondo de los planteamientos de la oposición y, por supuesto, sin presencia de opositores, salvo en la propaganda electoral correspondiente, y que es emitida en todas las cadenas, excepto en Globovisión.

El día que el presidente colombiano, Álvaro Uribe, realizaba su duro discurso acusando al presidente de Venezuela de estar “interesado en que Colombia sea víctima de un Gobierno terrorista de las FARC”, la cadena CNN en español ubicaba en pantalla los retratos en paralelo de ambos mandatarios, y bajo la fotografía de Chávez podía leerse un rótulo electrónico que decía : “Quién lo mató?”.

Del lado gubernamental también se encuentra Vive TV, una especie de La 2, especializado en la coordinación de la programación de televisiones locales y comunales, con un perfil más bajo de contenidos políticos. Venevisión, propiedad del Grupo Cisneros –empresario al que, en su momento, responsabilizó el Gobierno venezolano de ser el instigador del fallido golpe de estado de abril de 2002–, mantiene un perfil de crítica al Ejecutivo mucho más plano y bajo, producto de un pacto de no agresión suscrito hace ya tiempo por ambas partes.

En cuanto a los diarios, la inmensa mayoría se alinean con las tesis opositoras. El más radical es El Universal, que fustiga a diario al Gabinete de Hugo Chávez, y que es calificado como “golpista” por todos los portavoces gubernamentales en todas sus intervenciones. Tal Cual, diario editado por Teodoro Petkoff, antiguo guerrillero, y hoy reconvertido en firme defensor del libre mercado, fustiga cotidianamente a la figura personal del presidente de la República. En su número del pasado 27 de noviembre, un fotomontaje –al estilo de los confeccionados por el diario español La Razón- presentaba a un Hugo Chávez embutido en una camisa de fuerza, bajo el titular. “Deschavetado”. Golpeaba Petkoff desde sus páginas en un editorial en primera página: “Todos los poderes que Ego Chávez pretende concentrar en su persona están planteados en función de poderlos ejercer ‘hasta que se le seque el esqueleto’, como dijo en estos días (...) Las ventajas que saca Ego del manejo corrupto  del tesoro nacional y de todos los recursos logísticos del Estado (...) Ego quiere un nuevo piso jurídico-constitucional para darle mayor velocidad y viabilidad a estos procesos de claro corte totalitario, es decir, dirigidos al control de todos los espacios sociales por el Estado, y en última instancia, por el propio Ego, transformado así, no sólo en un dictador, sino en un dictador que pretende meterse hasta en los recovecos más íntimos de nuestro pensamiento”. La Voz y El Nacional también son abiertamente hostiles al actual Gobierno del país, mientras que Últimas Noticias mantiene un cierto equilibrio. El diario VEA es el único claramente identificado con la línea gubernamental.

La crispación anteriormente referida también se percibe en las declaraciones y el tono de los actores políticos. Salvo por las movilizaciones de estudiantes de universidades privadas, dirigidas básicamente contra los artículos del nuevo texto que hacen referencia a la autonomía universitaria, la oposición está demostrando una escasa capacidad de movilización. El abogado Hermann Escarrá –hermano del diputado chapista Carlos Escarrá (lo que demuestra que el nivel de división irreconciliable entre posiciones también está afectando al seno de algunas familias)- convocaba hace dos fines de semana lo que denominó la “Marcha sin retorno”, un intento de movilizar a las masas permanentemente, con la finalidad de conseguir, no sólo difundir los planteamientos contrarios a la reforma constitucional, sino “el abandono de Hugo Chávez del poder”. El efecto de la convocatoria resultaba completamente nulo.

Además del escaso predicamento entre la población, la oposición se muestra muy dividida, lo que le resta operatividad. Desde la convocatoria del referéndum, unos se han mostrado partidarios de participar en la consulta desde el principio, mientras que otros apostaban por boicotearla. En los últimos días, varios grupos anteriormente abstencionistas se han sumado a las fuerzas del “no”. Es el caso de Acción Democrática, el antiguo partido socialdemócrata liderado por Carlos Andrés Pérez –exiliado en Estados Unidos y reclamado por la justicia venezolana por diversos casos de presunta corrupción-. Su actual líder, Henry Ramos Allup, se unía la noche del pasado 27 de noviembre –sólo cuatro días antes de la cita con las urnas- a la caravana del “no”. Desde la convocatoria del referéndum, su formación había apostado por una “abstención deslegitimadora del proceso”. En palabras del propio Ramos, en aquel momento, dirigidas a los partidarios del “no” dispuestos a participar en el proceso consultivo, “desde el asco en que ha convertido Chávez a Venezuela, los que creen que se va a resolver con votos, los que se creen que se pueden acostar con Chávez, ojalá no salgan preñados”.

También el cambio constitucional tiene enemigos entre personalidades que comenzaron su andadura de la mano del presidente, empezando por su ex esposa, Marisabel Rodríguez, que formó parte de la primera Asamblea Constituyente. Considera que “la gente va a votar engañada por una serie de reformas que le van a cercenar garantías, derechos y libertades. (...) Resulta indignante cómo se le falta al respeto a la majestuosidad del rey (de España)”. Luis Miquelena, ex presidente de la Asamblea Constituyente y ex ministro del Interior, a quien el propio Chávez confesaba la noche del 27 de noviembre, que estuvo a punto de nombrarlo vicepresidente, y que tras una reunión a tres en la que participó Fidel Castro, fue persuadido por éste para no hacerlo, ahora se opone a los cambios, teóricamente, desde la izquierda. Para él, “la nueva reforma de Chávez nos llevará a la dictadura. Chávez nunca fue de izquierda y no tiene idea de lo que es su ‘socialismo del siglo XXI’”. Otro ex ministro chavista, Raúl Isaías Baduel, califica el cambio como “golpe de Estado”.

Pero ni los partidos clásicos, ni los nuevos dirigidos por clásicos, como Un Nuevo Tiempo, liderado por el gobernador de Zulía, Manuel Rosales, son capaces de conectar con la población. Los únicos opositores que han conseguido movilizar –y no mucho, ya sus concentraciones no llevan a más de 5.000 personas, de un colectivo de un millón y medio- a ciertos sectores de la población han sido los estudiantes universitarios, sobre todo de centros religiosos privados. Uno de sus líderes, Juan Mejías, presidente del Centro de Estudiantes de la Universidad Simón Bolívar, apuesta por acudir a las urnas a votar contra la reforma, pero también mantener la movilización en la cale, incluso después del referéndum: “A los que señalan que la reforma es inconstitucional y no se debe participar, les digo que nosotros vemos el voto no como un fin, sino como un medio. Es una forma de protestar entre muchas otras, y no es la última. Más allá de los resultados, seguiremos en la calle”.

Quienes sí participan, y muy activamente, son los integrantes de la Conferencia Episcopal Venezolana (CEV) –en otro curioso paralelismo con la situación actual española-. Los prelados de Venezuela, al igual que sus homólogos españoles, han decidido participar activamente en el proceso político de su país. La CEV emitía un comunicado llamando expresamente al voto, en el que consideran la reforma “innecesaria, moralmente inaceptable e inconveniente para el país”. A su criterio, los 69 artículos renovados, “además de restringir muchos derechos humanos, civiles, sociales y políticos consagrados en la Constitución, crean motivos de discriminación política e introducen nuevos campos de enfrentamiento”.

Desde el Gobierno no se tardaba en reaccionar, instando a la dirección de la Iglesia Católica en Venezuela a “constituirse en partido político para participar en el proceso”. El presidente de la República se dirigió al rector de la Universidad Católica Andrés Bello y al cardenal de Caracas, Jorge Urosa Savino con la amenaza de : “Rector Ugalde, una vez lo perdoné, pero si lo hace otra vez, directico va a parar a (la cárcel) de Yaré, con sotana y todo. Y usted también cardenal”. Poco antes, el rector Víctor Ugalde se había manifestado en contra de la igualdad de voto: “Mi madre discute sobre si hay que operar, y el voto de mi mamá no vale porque ella no es médico”. El sorprendido reportero de televisión le preguntaba si, con esa argumentación, el voto del obrero no valía tampoco, a lo que el rector respondía: “el voto del obrero vale para lo que vale”. Comentando estas declaraciones, Hugo Chávez espetaba: “Ese cura es un fascista; no es un hombre ignorante; es un fascista”.

El voto oculto de una clase media, también medio oculta, refuerza los resultados del no, pero entre las clases populares y obreras, Chávez es el rey. La mejora evidente de la situación económica en los últimos años, con los que cinco millones de personas se han incorporado a la Seguridad Social, la legalización de la abundantísima economía irregular –sobre todo, cualquier clase de venta ambulante, aquí conocida como los buhoneros-, el fomento de cooperativas, las ayudas a la pequeña y mediana empresa, el salario mínimo más alto de América Latina -220 dólares mensuales-, y una distribución de la riqueza que llega a todos a través de los beneficios de una Compañía Nacional de Hidrocarburos (PEDEVESA) en manos del Estado al cien por cien. Los rotundos éxitos en escolarización, extensión de la sanidad gratuita, aumento de la capacidad adquisitiva, disminución de los índices de pobreza –tal y como certifican todos los informes emitidos por organismos internacionales y de Naciones Unidas-, o la concesión del título de propiedad de sus modestísimas viviendas a los habitantes de los cerros (las zonas marginales alrededor de las grandes ciudades del país, dan munición y credibilidad popular a las propuestas de Chávez.

A esto hay que añadir la enorme habilidad dialéctica del presidente, muy superior a la de sus contrincantes políticos a la hora de conectar con sus votantes. Maneja como nadie el lenguaje popular, al que sabe traducir los más complejos entramados políticos y económicos. Lo que, visto desde Europa o Estados Unidos puede parecer una excesiva simplificación, constituye aquí una vía de conexión directa con las clases populares, de proximidad. En la última semana, la actividad presidencial y de todo el Gobierno ha sido frenética. Una media de tres actos públicos diarios que han llevado a reunirse a Chávez en grandes recintos con las mujeres, los deportistas, los jóvenes, los empresarios –todas las organizaciones de pequeños y medianos empresarios, que agrupan al 80 por ciento de todos los del país (aunque no a las grandes empresas, organizadas en Fedecámaras), hasta 350.000, han suscrito un manifiesto de apoyo a la reforma-.

Los escuálidos, como denominan los oficialistas a la oposición por sus bajos resultados en las últimas citas electorales, no han encontrado la llave que sí domina un presidente que reclama para sí estar al frente “del timón de la nación” hasta 2020, aunque no se considera “imprescindible”.

Durante la masiva marcha campesina del 26 de noviembre, Víctor Hernández, un integrante de los Círculos Bolivarianos, comentaba, “toda esta gente no está aquí por casualidad. Quizá no haya mucha formación política, pero la gente pobre sabe lo que le conviene. Queda mucho por hacer, pero la mejoría ya se nota, y las personas la perciben en su vida cotidiana. Es esta gente la que se echó de los cerros abajo cuando el golpe de 2002 a salvar al presidente y, en el fondo, a defenderse a sí misma de una vuelta a un pasado terrible”.

Entre los manifestantes, nadie dudaba de que la escasez de leche a la que el país se ha visto sometido en estos días –no es posible encontrarla ni en los más lujosos hoteles- es parte de una estrategia de los grandes empresarios para generar una sensación de inseguridad alimentaria, para presentar una especie de cubanización, de racionamiento de los productos básicos.

Los spots de la campaña por el “no” que se pueden ver en las televisiones venezolanas concluyen con la pregunta : “¿Le gustaría que sus hijos vivieran en un país comunista?”.

RELACIONES CONGELADAS, CUENTAS

PENDIENTES

M ás allá del enfrentamiento puntual sucedido en la pasada Cumbre Iberoamericana entre un presidente electo y un rey que no se ha sometido jamás a unas elecciones, la razón para este indefinido y difuso congelamiento de las relaciones diplomáticas con España, decretado por el presidente venezolano, Hugo Chávez, hay que buscarla en una vieja cuenta pendiente por el apoyo brindado por el entonces presidente del Gobierno español, José María Aznar, al golpe de estado perpetrado en abril de 2002 contra el Gobierno democrático de Venezuela, aunque también mantiene ecos en el presente, por lo que en el Ejecutivo de Caracas consideran una continua intromisión del Partido Popular español en los asuntos internos del país.

La diplomacia española está tratando de quitar hierro al asunto y de reconducir hacia la más absoluta normalidad las relaciones intergubernamentales. Los intercambios comerciales –al igual que sucede con Colombia- entre los dos Estados son de suma importancia para ambos y, en el fondo, nadie cree que la sangre vaya a llegar al río, tampoco aquí, en Venezuela, pero no va a resultar del todo fácil que el Gobierno presidido por Hugo Chávez renuncie a un reconocimiento expreso de la aquiescencia del Gobierno del PP con la asonada, ni a una excusa institucional por aquellos hechos. Además de las afirmaciones que hizo en su momento el ministro de Asuntos Exteriores español, Miguel Ángel Moratinos, imputando esta complicidad al PP, la visión del asunto en América Latina dista bastante de la que se tiene en Europa. El 13 de abril de 2002, el diario argentino Clarín titulaba: “En nombre de Europa, Aznar apoya al nuevo Gobierno” –por entonces, España ocupaba la presidencia de turno de la UE–. La noticia proseguía: “El presidente del Gobierno español y presidente en ejercicio del Consejo Europeo, José María Aznar, ofreció ayer al presidente provisional de Venezuela, Pedro Carmona, su “disponibilidad y apoyo” en sus esfuerzos por asegurar el pronto retorno de la democracia a su país, informaron fuentes oficiales”.

En aquellos días, el entonces ministro español de Asuntos Exteriores, Josep  Piqué, declaraba que “todos íbamos viendo cómo la situación se hacía insostenible, y la propia posición del presidente Chávez, cada vez con menos apoyos institucionales, populares, y con un rechazo creciente de la población”.

En los momentos en que Chávez estaba detenido, sólo los embajadores de Estados Unidos y España en Caracas fueron a visitar al golpista Pedro Carmona –entonces presidente de la patronal venezolana, Fedecámaras–. Por su cuenta, el Gobierno español, aunque no había recibido el beneplácito de ninguno otro de la UE, emitía una declaración oficial como presidencia de la Unión Europea, en la que “manifiesta su confianza en el Gobierno de transición, en cuanto al respeto de los valores e instituciones democráticos, con el fin de superar la crisis actual”. El 14 de abril de 2002, aún el golpe triunfante, el portavoz del Partido Popular ante la Comisión de Exteriores del Congreso de los Diputados, Gustavo de Arístegui, publicaba un artículo de opinión el diario El Mundo, en el que, entre otras consideraciones, afirmaba que “la política exterior chavista era cada vez más errática y desafiante. Algunos países, como el nuestro, hicieron muy loables esfuerzos para encauzar tanta irresponsabilidad política. El Gobierno español hizo lo que debía, tratar de encauzar los desmanes del presidente de un país clave en la región y para nuestros intereses económicos y consulares. Lo irresponsable habría sido no intentarlo”.

Para mayor abundamiento en esta confesión, el presidente de Fedecámaras y efímero presidente golpista, Pedro Carmona, viajaba a Madrid el 9 de abril, dos días antes del golpe de Estado. El 13 de abril de 2002, el embajador de España en Caracas, Manuel Viturro de la Torre, junto a su homólogo estadounidense, Charles S. Schapiro, fueron los dos únicos representantes diplomáticos del mundo que visitaron personalmente al golpista Pedro Carmona. Como confirmaba este último, también mantuvo una conversación telefónica con José María Aznar. La patronal española, CEOE, emitía un comunicado tras la autoproclamación de Carmona en la que se decía que “acogemos su nombramiento con agrado”.

El entonces ministro de Asuntos Exteriores mexicano, Jorge Castañeda, denunciaba que su Gobierno había recibido presiones de EEUU y España: “Hubo un intento de buscar una declaración que, de alguna manera apoyara, sancionara, avalara el golpe y reconociera el nuevo Gobierno”, aunque, finalmente, la Administración mexicana rechazaba sumarse a esta iniciativa y, de hecho, junto a otras naciones de América Latina, patrocinaba una declaración firma de condena por parte de la Organización de Esados Americanos (OEA).

Pero el Gobierno actual venezolano se queja de que las actividades del Partido Popular, ya fuera del Gobierno de España, a favor de los grupos de oposición en Venezuela continúa vigente. En noviembre de 2006, el ex ministro y portavoz parlamentario del PP en el Parlamento Europeo, Jaime Mayor Oreja, acompañado de Jorge Moragas, viajaban a Venezuela para supervisar el proceso de elecciones que habría de tener lugar en el país, donde mantuvieron constantes contactos con los miembros de la oposición. Mayor Oreja había apoyado la candidatura de Manuel Rosales. El 22 de noviembre de 2006, el PP organizaba en el Parlamento Europeo una reunión con el coordinador del partido venezolano de oposición “Primero Justicia”, Carlos Guillermo Arocha, con el ex embajador de Venezuela ante la UE, y miembro del equipo de Rosales, Adolfo Taylhardat y con el representante del partido democratacristiano COPEI (en la actualidad denominado Partido Popular), Euroro González. Mayor Oreja declaraba el 7 de noviembre de 2006 que el proceso electoral venezolano necesitaba de una “amplia, nutrida y profunda observación internacional”, porque el proceso era “muy poco democrático”. “Europa no puede estar al margen porque en Venezuela no existe una situación normal”, añadía Mayor Oreja. Durante su visita, acreditaron su condición de representantes del Parlamento Europeo, pero no era tal su situación, como denunciaba en su momento el Grupo de Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Nórdica, que emitía una nota en la que se aseguraba que el Parlamento Europeo no había enviado ninguna delegación oficial de representantes a Venezuela, y que “durante la última Conferencia de Presidentes de los Grupos Políticos del Parlamento Europeo, celebrada el 26 de octubre de 2006, se decidió apoyar el porceso electoral venezolano del 3 de diciembre de 2006, y respaldar la organización de una misión de observación electoral de la UE, en completa cooperación con las instituciones venezolanas”.

No sólo se queja el Gobierno de Venezuela de lo que considera “injerencias en asuntos internos” por parte del PP español. Más recientemente, el ministro de la Presidencia de la República de Bolivia, Juan Ramón Quintana, también ha denunciado las actividades del PP y de la FAES, la fundación presidida por José Mará Aznar, de impulsar una campaña internacional contra su Gobierno y los de Venezuela y Cuba. “Yo tengo notas de prensa”, afirmaba el ministro el pasado 17 de noviembre, “una de ellas señala que Aznar anuncia que utilizará su fundación en España para combatir a Chávez, a Castro y a Evo Morales”. Se refería Quintana a lo publicado en el diario español La Razón, el 12 de enero de 2006, en la que la FAES tiene entre sus principales objetivos reforzar su presencia y la divulgación de sus tesis en América Latina. Por el momento, la fundación FAES ha promovido 89 encuentros con delegaciones de otros países, ha desarrollado un programa de visitantes de Iberoamérica y ha editado unas 50 publicaciones. En colaboración con el propio Partido Popular ha participado en la formación de cuadros de la derecha latinoamericana.

Por ello, una de las razones que puede esconderse tras la actual actitud de Hugo Chavez con respecto a las relaciones diplomáticas con España, además de la exigencia manifestada de una reparación pública,pueda también tener relación con una prevención de futuro, para sentar otras bases que hagan más difícil la tarea política, de proselitismo y de eventual financiación de opciones opositoras por parte del PP y la FAES en Venezuela.

Encontronazo en la Gran Colombia

Colombia y Venezuela, lo que antes era conocido como la Gran Colombia, parecen condenados a entenderse pese a la frecuencia de sus desencuentros históricos. Son, entre sí, los dos más importantes socios comerciales. Desde la llegada de Hugo Chávez al poder y tras conseguirlo también en su país Álvaro Uribe, las evidentes distancias ideológicas entre ambos hacían pensar que las relaciones entre ambas naciones se verían afectadas. Sin embargo, hasta este último incidente, la diplomacia de ambos Estados ha funcionado perfectamente engrasada, y los múltiples encuentros, tanto multilaterales, como bilaterales que han mantenido ambos presidentes en estos años han sido de una cordialidad extrema, resaltada por los medios de comunicación de los dos países.

Pero la desautorización como mediador al presidente venezolano por el canje humanitario de prisioneros en Colombia, tras haber sido la petición realizada de modo ex profeso por el Gobierno colombiano, constituye un incidente grave. En el lado venezolano, la expresión más utilizada es la de “nos sentimos traicionados”. Trs una fría, pero dentro de los márgenes diplomáticos habituales, nota oficial del Gobierno venezolano “lamentando, aunque asumiendo la decisión soberana” del Ejecutivo de Bogotá, ha llegado un cruce de descalificaciones que, como en el caso de España, ha puesto en la nevera las relaciones entre las dos naciones. Con la diferencia de que Caracas ha llamado a consultas a su embajador, aunque especificando claramente que si se da una “ruptura de relaciones, será por decisión colombiana, no venezolana”.

La dureza en la respuesta verbal de Uribe, según todos los observadores, ha sido inusual en él, acusando a Venezuela de “expansionismo” en el continente y de desear “un gobierno terrorista” en Colombia.

La petición de casi todos los familiares de secuestrado por las FARC, y del presidente francés, Nicolas Sarkozy, para que Uribe reconsidere su posición, han resultado, hasta el momento infructuosas, pese a que el máximo mandatario colombiano ha dejado abierta la puerta a que la medición pueda continuar, aunque no de manera oficial.

En Venezuela, ni en círculos gubernamentales, ni en la opinión pública se detecta ningún síntoma de nerviosismo. Todos creen que con algo de tiempo las aguas volverán a su cauce.