El derecho democrático a decidir de Catalunya

Por Francesc Homs i Molist*

L os socialistas franceses han organizado tres grandes convenciones llamadas "Forums de la rénovation". La primera de ellas en Avignon el pasado 24 de noviembre y bajo el enunciado "Los socialistas y la nación". Atención al dato: hablan de "nación" y no de "república". Las otras dos tratarán sobre el "mercado" y el "individuo". Nación, mercado e individuo; curiosa trilogía para provenir de uno de los socialismos más ortodoxos de Europa. El caso es que según informa el rotativo Le Monde, este fórum tiene por objetivo articular una concepción de izquierdas de la nación definiéndola como "la voluntad de construir un futuro común". No sé si es de izquierdas o no esta afirmación, pero sí estoy absolutamente de acuerdo con ella. Y precisamente es esto lo que proponemos también desde Catalunya, concretamente desde la primera fuerza política del Parlament.

Cataluña es una nación. Así lo ha definido su propio Parlament y así lo han reconocido las Cortes Españolas. El Estatut d'Autonomia de 2006 no deja lugar a dudas en este sentido, aunque se establezca en su preámbulo. Lo política e institucionalmente fundamental es que por primera vez en la historia las Cortes Generales españolas han reconocido explícitamente esta realidad, admitiendo además que es el Parlament de Cataluña –quién sino!– el sujeto responsable de definir qué es Cataluña. Y para superar las clásicas dudas de la hermenéutica, el artículo 8 habla de los símbolos "nacionales" y el artículo 2.4 afirma con contundencia que "los poderes de la Generalitat emanan del pueblo de Cataluña", y no de la Constitución como se decía en el Estatut de 1979.

Si Cataluña es una nación y el término nación debe entenderse como "la voluntad de construir un futuro común", el "derecho a decidir" de Cataluña es la consecuencia lógica desde el punto de vista democrático. ¿Puede un demócrata o un sistema democrático negar a una nación el derecho a decidir sobre su propio futuro? Quizás alguien dirá que no es un planteamiento constitucional o legal. Entonces, cabe repetir la pregunta: ¿puede un demócrata o un sistema democrático ampararse en el imperio de la ley de una nación para negar a otra nación distinta el derecho a decidir sobre su futuro? A no ser que, como alguien del PSOE dijo un día, la nación española se considere una cebolla –que permite pelarla y visualizar las distintas capas o nacionalidades–, es de pura lógica afirmar que Cataluña es una nación y España también. Siendo así, ¿puede un demócrata de la nación española, o el conjunto de su sistema democrático, impedir al conjunto de la nación catalana el ejercicio del derecho a decidir su propio futuro? Por obvias las respuestas a todas estas preguntas retóricas, me sorprenden determinadas reacciones, declaraciones y comentarios ante la apuesta que ha lanzado Artur Mas, democráticamente consecuente con su pensar, con su fuerza política y con su país, que es el mío. Y más aún si sus palabras se contextualizan como él mismo ha dicho públicamente: "no propongo la independencia, pero en el derecho a decidir cabe todo".

Ramón Chao en un libro titulado "Aprés Franco, l'Espange", de 1975, recoge un documento del PSOE donde se daban las razones por las que no podía formar parte de la Junta Democrática de España, organismo que intentó agrupar toda la oposición a la dictadura. Uno de los párrafos de este documento del PSOE de entonces dice textualmente: "nosotros consideramos que de los 12 puntos del programa de la Junta hay uno, el noveno, que restringe la democracia política. No reconocer para Cataluña, Euskadi y Galicia el derecho a la autodeterminación es amputar la democracia; la única manera de reconocer la personalidad política de una nacionalidad es reconocerle el derecho a la autodeterminación". Este fragmento puede sorprender. A veces la memoria es amnésica. Pero su arraigo democrático es aplastante y debería hacer reflexionar a más de uno. Y actuar en democrática consecuencia. •

*Diputado al Parlament de Catalunya por CIU.