por Santiago Carrillo

E I PP, reunido en Conferencia en Madrid ha anunciado su programa de cara a las elecciones generales del próximo marzo. Se trata esencialmente de un plan de reforma de la Constitución de 1978, azucarado con una promesa de supresión de la renta para siete millones de españoles.

Estos harían bien en no dejarse alucinar por esta promesa, que tiene todo el aspecto publicitario de un "ihay quien da más?" para pescar votos y que no parece muy coherente con el propósito de Esperanza Aguirre al prometer la supresión del Impuesto sobre el Patrimonio en Madrid o en las subidas de impuestos del alcalde popular de Salamanca.

En cambio lo que sí es muy claro es el propósito de reforma constitucional, inspirado en el principio de que "España no alberga más que una sola nación" y de poner fin al "desmantelamiento del Estado". La madre del cordero está en que, para el PP, la Constitución de 1978, al reconocer la existencia en nuestro Estado de "nacionalidades" y "regiones", contiene una amenaza a la unidad de España y a la permanencia del Estado.
Sin embargo, lo que constituye una amenaza para la unidad de España y de su Estado, lo que puede conducir a una ruptura territorial y a una crisis del Estado es precisamente la posición programada del PP, que empieza ya enfrentándose con los Estatutos de tres territorios, Cataluña, Galicia y Andalucía y el que pudiera venir, en su momento, de un acuerdo de las fuerzas políticas de Euskadi.

En definitiva, el PP trata no de crear un Estado democrático fuerte, sino un Gobierno central fuerte, con un aparato coercitivo poderoso, capaz de imponer a los diversos territorios las disposiciones de ese Gobierno fuerte instalado en Madrid.

En un país como España, plural y diverso, un Estado fuerte es el Estado de las Autonomías, estructurado sobre la base de que el Estado ya no es sólo el aparato burocrático y coercitivo del Gobierno central; el Estado lo son también las instituciones de Gobierno y los aparatos propios de las nacionalidades y regiones que lo complementan. Esta es la nueva concepción estatal que se desprende de la Constitución del 78, concepción que la derecha y ciertas gentes que se consideran en la izquierda no acaban de comprender y asimilar. Quizá porque durante siglos hemos padecido Gobiernos fuertes, la mayor parte del tiempo dictatoriales y autocráticos, que a la vez eran Estados débiles que desde lapérdida del Imperio no habían tenido una presencia activa en la política mundial y sólo tenían poder suficiente para dominar y oprimir a sus propios pueblos.

El Estado español de las Autonomías tiene un prestigio en el mundo, del que España careció desde hace siglos. Y en el interior del país nuestro Estado cumple su papel de manera satisfactoria. La prueba está en la mejora indudable de la calidad de vida de los españoles.

Si algunos fallos han aparecido en su funcionamiento es precisamente en el aparato central, por ejemplo, en órganos tan importantes como el Tribunal Constitucional o el Consejo General del Poder Judicial. Y las soluciones propuestas por el PP de exigir los dos tercios del voto parlamentario para las decisiones importantes quizá sean útiles para paralizar el funcionamiento de órganos semejantes tan importantes.

Contemplando lo que sucede, con el Tribunal y el Consejo citados, se me ocurre que si alguna reforma constitucional fuese necesaria debería consistir en que si al cumplirse los plazos electivos no hay consenso sobre las candidaturas, puede resolverse la cuestión simplemente con un voto de mayoría absoluta.

En las fórmulas de Rajoy y en otras que percibo en conversaciones y rumores de pasillo siento que existe algo así como una corriente para anular la capacidad de los partidos nacionalistas –e incluso estatales minoritarios– de influir en la vida parlamentaria. En esa línea va la opinión de que sólo pueda gobernar el partido que obtenga más votos, aunque sea minoritario y la negación de ese derecho a coaliciones parlamentarias mayoritarias. Si esa actitud es democrática, que venga Dios y lo vea.... •