por Santiago Carrillo

La creación del Tribunal Constitucional fue una de las decisiones tomadas por las Cortes Constituyentes que suscitó más dudas, no sólo entre los legos en derecho como yo, sino también en distinguidos juristas, cuyo nombre no cito por discreción. Es cierto que en la Constitución de la II República se daba cuerpo a un Tribunal de Garantías constitucionales y que instituciones semejantes existen en otros países democráticos. Debo confesar que conozco poco de las experiencias que el funcionamiento de esta institución haya aportado en estos últimos. En la República sus resultados fueron poco concluyentes.

Pero en la monarquía parlamentaria, durante bastante tiempo, el Tribunal funcionó aunque para ello hubo que introducir reformas en la ley orgánica que regulaba su funcionamiento. En ocasiones, como por ejemplo sucedió con la LOAPA, la sentencia del Tribunal Constitucional justificaba su existencia. Pero en los últimos años este importante órgano, en vez de resolver problemas se ha convertido él mismo en un grave problema, que puede afectar incluso a la unidad de los españoles. El Tribunal Constitucional está en las habladurías de la calle, se ha convertido en un disputado espectáculo público, habiendo perdido el halo de prestigio que le rodeaba. Da la apariencia de ser una tercera Cámara, por encima de las Cortes y el Senado, en la que un solo partido, el PP, dispone según su voluntad. En este momento ya no es el órgano capaz de decidir, con arreglo a criterios estrictamente jurídicos, qué es lo constitucional o no lo es.

¿Cuáles son las causas de que se haya creado esta anormal situación? A mi juicio la esencial es la extrema tensión que el PP, su cúpula actual, ha introducido en la vida política española. Tensión que ha alcanzado a los miembros de dicho órgano propuestos por aquel partido. Esta tensión ha vuelto a poner sobre el tapete el dilema de las dos Españas, que considerábamos superado tras la Transición democrática; un dilema que puede poner en peligro la reconciliación de los españoles.

Hay quizás otras causas más secundarias entre las cuales yo mencionaría un vicio de origen: la tendencia de los grandes partidos estatales –antes UCD y PSOE, después PSOE y el PP– a repartirse entre elloslos puestos del Constitucional, marginando a los partidos minoritarios, nacionalistas o no. Este método ha favorecido, sin duda, la crisis actual. Una composición más plural de ese órgano por lo menos hubiera rebajado el nivel del conflicto.

La cuestión es que hoy el ciudadano de a pie puede comenzar a plantearse si en las condiciones actuales tiene utilidad y es realmente una garantía democrática esa institución. Y, en verdad, si yo mismo tenía mis dudas cuando elaborábamos la Constitución, hoy en día mis dudas son todavía mayores. Si el Parlamento es el depositario final de la soberanía popular y el respeto a esta soberanía es el principio fundamental que inspira a nuestra Constitución, ¿tiene sentido que por encima de él predomine el juicio de unas cuantas personas porque son magistrados? Los magistrados, ¿son seres inmaculados, tan puros, tan ajenos a las pasiones humanas y políticas que puede depositarse en sus manos la decisión indiscutible de lo que en definitiva es la política del Estado?

En los Diarios de Manuel Azaña –una fuente de experiencias políticas valiosísimas– el presidente de la II República cuenta que en un debate en las Cortes sobre el Tribunal de Garantías Constitucionales, en un momento dado, Indalecio Prieto pasó un papel a Casares Quiroga en el que había escrito: "El Tribunal de Garantías en el sistema constitucional es lo mismo que el apéndice en el sistema intestinal y solo sirve para producir cólicos".

Seguramente era una boutade de Don Inda. Pero hoy da mucho que pensar...•