La Convención Política del PP marcará las líneas básicas del programa electoral

Las banderas de Rajoy

“Toca hablar” de España, de la derrota de ETA y de las necesidades de los españoles. Estos tres conceptos definen la línea por la que discurrirá el programa electoral del PP, cuyas líneas básicas presentará Mariano Rajoy en la Convención Política de los días 16, 17 y 18 de noviembre. “Se ofenda quien se ofenda”, el líder del principal partido de la oposición seguirá envolviéndose en la bandera de España para tratar de ganar las elecciones generales que, previsiblemente, se celebrarán el 9 de marzo. Más allá de los símbolos, que el candidato popular se resiste a compartir con Zapatero, el PP ha encontrado dos vetas por donde intentar minar la moral del adversario: su propuesta de ilegalización de ANV y PCTV, que consideran el último eslabón de la lucha contra el entorno de ETA, y su intención de aprobar una importante rebaja de impuestos, planteada como pieza fundamental del programa.

Por Virginia Miranda

Se ofenda quien se ofenda, se moleste quien se moleste y aunque pongan el grito en el cielo”, el PP  seguirá defendiendo España y la bandera. Lo dijo Mariano Rajoy después de la avalancha de críticas que recibió su famoso vídeo en defensa de la unidad nacional emitido en vísperas de la celebración del 12-O. La iniciativa, acompañada de la propuesta de Nuevas Generaciones de que cada localidad organizara su propio homenaje a la enseña sin gran repercusión, forma parte de una estrategia electoral bien pensada y orquestada desde el cuartel general de Génova. La crítica del principal partido de la oposición a las reformas estatutarias y sus supuestas consecuencias sobre la unidad de España ha hecho mella en parte del electorado, y no sólo en el popular. Aunque el Ejecutivo socialista ha emprendido una campaña para demostrar que la integridad del Estado continúa inquebrantable y el Gobierno vela por todos los españoles –el viaje de los Reyes a Ceuta y Melilla se inscribe en estas coordenadas–, el PP está convencido de que tiene las de ganar y está dispuesto a patrimonializar los símbolos.

Aunque ya está en marcha la elaboración de una letra para el himno nacional, cuya presentación está prevista para el 19 de diciembre en el transcurso de gala del Comité Olímpico Español, Rajoy ha anunciado que en su programa llevará una propuesta para que, en el caso de no hacerlo, en ella “se hable de la Monarquía y de España”. Y a pesar de que la misma iniciativa ya fue rechazada en el Congreso y, al cierre de esta edición, estaba previsto que tuviera el mismo desenlace, el PP presentó este fin de semana en la IX Asamblea General de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) una propuesta de resolución para que se obligue a los ayuntamientos a cumplir la Ley de Banderas. Defendida por la alcaldesa de Lizartza, Regina Otaola –candidata popular a la presidencia de la FEMP–, instaba “a todos los municipios de la nación a colocar la bandera de España en el balcón principal del ayuntamiento”. Asimismo, se emplazaba al Gobierno “para que haga valer el imperio de la ley y ordene a las delegaciones del Gobierno que remitan a todos los ayuntamientos que no cumplan con lo dispuesto en la ley un requerimiento para que hagan efectiva la normativa vigente”.

Al margen de los símbolos, la defensa de la unidad de España desde un plano estrictamente político pasa por ser uno de los elementos vertebradores del programa electoral del PP, cuyas líneas generales serán presentadas en la Convención Política que el partido celebra los días 16, 17 y 18 de noviembre en el pabellón deportivo Madrid Arena. Se trata de la defensa del modelo territorial definido en la Constitución del 78 y, más concretamente, en la serie de mecanismos que deberán evitar la escalada de reformas estatutarias que se han ido sucediendo a lo largo de la legislatura y que amenazan, según esta formación, con vaciar al Estado de competencias.

La reforma de la Carta Magna, a la que Mariano Rajoy no hacía ascos el pasado verano, parece haber pasado a un segundo plano [ver recuadro A contracorriente]. Ahora se trataría de buscar otras vías para que no prosperen, como obligar a unas mayorías o reglas reforzadas para garantizar que no se modifiquen los Estatutos sin un amplio grado de consenso, tal y como anunció Juan Costa, coordinador del programa electoral del PP junto a la secretaria ejecutiva de Política Autonómica y Local, Soraya Sáenz de Santamaría, en una reciente entrevista. Y es que, después de tres años y medio de soledad parlamentaria, el PP quiere dejar de ser el malo de la película y convencer al resto del Hemiciclo de que en su ánimo no está actuar contra todos los demás. La formación ha tomado como estandarte el espíritu de consenso del 78 y ha planteado un pacto a cuatro bandas al Partido Socialista: la lucha antiterrorista, la política exterior, la consolidación y modernización del sistema de protección social y ésta, la del modelo de Estado.

El programa también contemplará otra serie de propuestas de índole político para tratar de evitar que pactos como los que han suscrito formaciones de izquierda tras las elecciones de mayo les impidan acceder a los gobiernos locales y autonómicos. A este respecto, Costa acaba de anunciar que contemplará la reforma de la Ley de Régimen Electoral General para que gobierne el partido más votado. Lo que el coordinador del programa aún no aclarado es si van a proponer lo mismo respecto al Ejecutivo central, pero  dice que trabajarán en esta misma dirección para que en el debate de investidura no sea necesario el respaldo de otras formaciones. Una actitud elegante con el adversario y necesaria en su caso, porque a pesar de que podría contar con Coalición Canaria y, llegado el caso, con CiU, Rajoy ha granjeado demasiadas enemistades entre el resto de partidos como para confiar en los pactos.

El segundo vértice del programa será la lucha antiterrorista. Los populares, que propondrán regresar al Pacto por las Libertades y contra el Terrorismo, apostarán por la no negociación con ETA y, muy especialmente, por la ilegalización de ANV y el PCTV. Las generales están en juego y el PP está jugando a sacar ventaja electoral aprovechando los que consideran puntos débiles del PSOE. Uno de ellos, la continuidad de concejales y diputados vascos de estas dos formaciones de la izquierda abertzale en sus escaños, circunstancia que depende de que el Fiscal General del Estado encuentre o no evidencias de su vinculación con ETA. Así, mientras el poder judicial no actúe, los populares consideran que tienen una veta por donde sacar rédito electoral.

El último eslabón del programa del PP es la economía. Los efectos de la crisis internacional que está empezando a acusar España se han colado en la precampaña del principal partido de la oposición, cuya fórmula consiste en la bajada de impuestos, que desde la propia formación consideran elemento fundamental de su propuesta de gobierno. La reforma fiscal que Rajoy pretende llevar a cabo sería “la más importante de la democracia”, para “dejar dinero en manos de los particulares que tienen que atender sus hipotecas y también bajar los impuestos a las empresas”, dice el candidato. El partido ya ha anunciado su intención de suprimir los impuestos de patrimonio, sucesiones y donaciones, reducir el IRPF y el impuesto de sociedades y, de forma específica, las cargas tributarias de las madres trabajadoras, asalariados y pensionistas.

Vivienda de precio limitado. Dentro del área económica, la vivienda, considerado por los españoles uno de sus mayores problemas a los que el Ejecutivo socialista no acaba de dar solución, merece un capítulo aparte. El PP ha celebrado una Conferencia de Vivienda, cuyas conclusiones entrarán a formar parte del programa electoral. Entre las propuestas de esta formación se establece que una de cada dos viviendas de nueva construcción tengan una superficie de referencia de 80 metros cuadrados y se vendan a un precio máximo de 160.000 euros. Con ello se pretende potenciar la vivienda de precio limitado, a medio camino entre la vivienda libre y la de protección pública. También en este capítulo se contempla una significativa bajada de impuestos: IRPF, IBI, IVA, ITP, IAJD, ICIO, Impuesto de Plusvalías  de los municipios y reducción de los gastos de escritura y notaría, así como aquellas cargas fiscales relacionadas con las hipotecas.

“Creo en la iniciativa privada”. Con esta rotunda aseveración, Rajoy ha anunciado que su programa incluirá la privatización de la gestión del Prat y de la mayoría de los aeropuertos españoles. Además, anuncia que presentará una Ley de Calidad de los Servicios Públicos y de los Servicios de Interés General, así como una agencia que vele por los derechos de los usuarios. También en este caso, los populares han hurgado en las heridas del PSOE para presentarse como alternativa –el caos del Prat paralizó el aeropuerto hace dos veranos–. Como cuando Rajoy anunció hace unos días que, si gana las elecciones, el AVE Madrid-Barcelona “no pasará pegado a la Sagrada Familia”.

Educación. Aunque el PP quiera guardarse el grueso del programa para que sean sus dirigentes quienes lo adelanten en la convención de este fin de semana, la serie de actos de precampaña celebrados los últimos dos meses han dejado tras de sí algunos otros adelantos de distinto calado. La secretaria ejecutiva de Política Social y Bienestar, Ana Pastor, ha sido la encargada de confirmar que el programa electoral contemplará la supresión de la asignatura Educación para la Ciudadanía. La modificación al texto legislativo sobre educación aprobado en esta legislatura se extenderá a otros ámbitos. Así, en respuesta al nuevo bachillerato, que permite pasar de curso con cuatro suspensos, el PP aboga por un modelo educativo basado en el mérito y el esfuerzo, siguiendo las pautas de la polémica ley de Pilar del Castillo quien, por cierto, colabora en los trabajos preparatorios del programa electoral.

Dentro de otros apartados, la propuesta del PP contempla políticas de igualdad, como las ayudas a las mujeres emprendedoras o el aumento del número de guarderías; la consecución de un mercado laboral flexible; e incluso la creación de nuevas secretarías de Estado, como una específica dedicada al Desarrollo Rural. Respecto al ámbito local, Costa ha anunciado, entre otras medidas, aumentar la capacidad de interlocución de la FEMP en el Consejo de Política Fiscal y Financiera o primar la financiación de ayuntamientos que con su política del suelo mejoren el acceso a la vivienda.

Lideresa nacional. Eso dice Esperanza Aguirre que la llaman en su partido. Fue la pasada semana tras presidir el Comité Ejecutivo regional del PP de Madrid. Preguntada por la colaboración de su formación en la campaña de las generales, dijo que está “volcada” en ella y, como “parece” que en su partido la consideran “lideresa nacional”, tomará parte activa en ella para que Rajoy gane las elecciones. Aseguró que sus colaboradores están haciendo “encaje de bolillos” para tratar de “cuadrar” su “durísima” agenda como presidenta de la Comunidad de Madrid con los actos de partido que se celebren por toda España. Y por ser la anfitriona, está preparando el acto de tres días en el pabellón de la Casa de Campo.

Allí quedará de manifiesto con qué no cuenta Rajoy en su estrategia electoral. El atentado del 11-M y la teoría de la conspiración, que tantas páginas y páginas de declaraciones de líderes populares han llenado en tres años, no tendrá cabida. El tribunal ha dictado sentencia dos semanas antes de la convención, tiempo suficiente para hacer las valoraciones de rigor y dar carpetazo a una estrategia equivocada. Eduardo Zaplana, portavoz parlamentario, ha salvado el expediente diciendo que, como él decía, los magistrados no identifican a los “autores intelectuales”. El presidente del PP se ha expresado en semejantes términos, librándose de tener que desacreditar a su número tres y del escarnio de El Mundo y la COPE. Pero nadie está dispuesto a seguir dando pábulo a un desafortunado debate político. Las elecciones están a la vuelta de la esquina y Rajoy no está dispuesto a arriesgar.

EL DECÁLOGO DE RAJOY

1.- España, lo primero.

2.- Se acabaron las reformas estatutarias.

3.- Que gobierne el más votado.

4.- ANV y PCTV, fuera de la ley.

5.- Menos impuestos.

6.- Abaratar la cesta de la compra.

7.- Gestión privada de los servicios públicos.

8.- Fuera Educación para la Ciudadanía.

9.- Vivienda a precio limitado.

10.- Pasar página al 11-M.

La teoría del 11-M no interesa

Borrón y cuenta nueva. Sin que nadie haya salido entonando el mea culpa, sin que ninguno de los líderes del partido haya hablado de la necesidad de pasar página porque eso sería reconocer que dieron crédito a la teoría de la conspiración y ya se apresuró a decir Ángel Acebes, el día antes de que se diera lectura de la sentencia del 11-M, que el PP jamás ha sido responsable de ella ni la ha mantenido.

El líder del principal partido de la oposición, que a pesar de ello trató de mantener el tipo tras conocerse el fallo del tribunal diciendo que “seguiremos apoyando cualquier otra” investigación porque los “autores intelectuales no han sido condenados como tales”, en realidad no tiene intención de resucitar el tema, por mucho que en El Mundo y la COPE, los ya conocidos como conspiranoicos, se esfuercen en construir una nueva versión de su famosa teoría sobre los inductores de la masacre.

José María Aznar, el que más tenía que perder tras la sentencia debido a la que él ha definido como “falsa ecuación” –”Iraq, intervención, atentado, gobierno es culpable, Aznar es culpable”–, no ha respetado sin embargo los deseos de Mariano Rajoy de dejar las cosas como están, y llevado por el orgullo más que por el ánimo de desobedecer a su sucesor, ha vuelto a insinuar, sin mencionarla, la posible relación de ETA.

Durante la presentación la pasada semana de su libro  “Cartas a un joven español” (Planeta), habló de las similitudes entre el terrorismo islamista y el etarra, y en una posterior entrevista en Antena 3, dijo de nuevo aquello de que “los que idearon” los atentados terroristas del 11 de marzo “no están ni en desiertos remotos ni en montañas lejanas. Lo dije entonces y lo repito ahora, sean quienes sean". El ex presidente aseguró que no pensaba “en nadie en especial” cuando realiza esa afirmación, pero insistió en que el 11-M tenía “un objetivo muy especial”, el de “cambiar el curso histórico de España”. Preguntado por si considera que detrás de los atentados puede haber algo más que el terrorismo islamista, Aznar respondió que “sus conexiones tarde o temprano se sabrán, si es que las hay”.

El ex jefe del Ejecutivo no ha querido mover ni una coma de su comparecencia en la Comisión de Investigación del 11-M, pero a su partido no le ha gustado que vuelva a airearla a cuatro meses de las generales. Preguntado inmediatamente después de la entrevista por las palabras de Aznar, Juan Costa ha recordado que la única voz autorizada sobre el asunto es la de Rajoy.

A contracorriente

Hace algunos meses, Mariano Rajoy no negaba que pudiera ser una posible salida a los problemas que, dice, aquejan a España. Sin embargo, la elaboración del programa electoral ha destapado algunas evidencias. Por ejemplo, que plantear una reforma de la Constitución para blindar las competencias del Estado y frenar las opciones políticas de los partidos nacionalistas, ya sean de representación en el Congreso o de gobernabilidad en coalición con otras formaciones en Ayuntamientos y Comunidades Autónomas, no iba a reportarles más beneficios electorales que las pérdidas que sin duda iba a ocasionar.

El enconado panorama político que ha presidido toda la legislatura disgusta a los votantes de centro, y una maniobra de este tipo colgaría de nuevo al PP el sambenito de ser el culpable del clima de crispación. Así las cosas, y para demostrar que son las víctimas y no los verdugos de la en ocasiones asfixiante vida parlamentaria, han optado por tender la mano al PSOE para que se sume a su oferta de consenso.

Sin embargo, la estrategia pactista que se ha venido gestando en  Génova los últimos meses, no convence a algunos dirigentes populares, de peso relativo en la formación pero de currículos conocidos y fácil acceso a los medios.

En una entrevista en La Razón, el eurodiputado popular, Jaime Mayor Oreja, dice que “hay que hacer una reflexión profunda de qué tipo de reforma constitucional hay que hacer, y además hace falta que no sea de cara a la galería, sino una reforma que luego se lleve a la práctica. Hace falta ya dar por cerrado un modelo. Nuestra tragedia es que parece que nunca terminamos de cerrarlo. Ahora mismo no sabemos cómo va a terminar el dictamen del Tribunal Constitucional con respecto al Estatuto de Cataluña”.

También el catalán Alejo Vidal-Cuadras es de la misma teoría.  La plataforma de asociaciones cívicas Por la concordia nacional y la reforma constitucional, liderada por este eurodiputado del PP, presentó el pasado mes una propuesta de reforma de la Constitución para “garantizar la unidad nacional” y “neutralizar” a todos los nacionalistas, que califica como “fuerzas separatistas-secesionistas en rebelión subversiva contra el Estado”. “Ya no hay integración posible porque no quieren integrarse”, sino “destruir” la nación española y “liquidar” la Carta Magna, dijo. Su propuesta plantea modificar cerca de 40 artículos para, entre otras cosas, eliminar el término nacionalidades y regiones, delimitar de forma “inequívoca” las competencias del Estado y garantizar de forma “expresa” el uso del castellano en todo el territorio.

¡Menudo programa, Sr. Rajoy! por Enric Sopena