El muro de Berlín parece desaparecer tras el Tratado de Lisboa que deberá ser firmado por los líderes políticos de la Unión el próximo 13 de diciembre y ratificado a partir  del 1 de enero del 2008 por los 27 estados miembros, con el fin de que entre en vigor el 1 de enero del 2009, año de las elecciones al Parlamento Europeo. También desaparece el debate sobre los símbolos, al menos en el espacio público de la política, y la Carta de Derechos Fundamentales, un día parte integral de la Constitución Europea, es en el nuevo texto un apéndice con carácter jurídicamente vinculante. Sin embargo, la cuestión religiosa e intercultural, talón de Aquiles de la UE del siglo XXI, adquiere tanta relevancia como pocas soluciones. ¿Quién gana con el nuevo Tratado? ¿Gana la UE? Las voces más críticas de este dossier dicen que no. Los más optimistas, entre ellos el presidente del Gobierno español, subrayan la creación de una UE más fuerte para situarse en la arena global. Pero en el horizonte del 2008 surgen nuevas dificultades. Por ejemplo, la posibilidad de convocar referendos en distintos países de la UE, para ratificar el Tratado. El Siglo profundiza en estos problemas y muestra la esencia del nuevo Tratado.

Por Juana Vera (Berlín)

El pasado 18 de octubre se presentó el Tratado de Lisboa, un documento que introduce enmiendas en los dos tratados aún en vigor: El Tratado de la Unión Europea y el Tratado sobre el funcionamiento de la UE”. Atrás queda la palabra: Constitución. Una palabra, símbolo de lo que pudo ser y no fue. Sinónimo, para muchos, de la palabra fracaso pues esta Carta Magna naufragó en el año 2005 cuando Francia y los Países Bajos se negaron a ratificarla. Sin embargo, dieciocho países de la Unión le dieron su sí. ¿Es mejor el nuevo Tratado? No hay unanimidad para responder a esta pregunta. Sí la hay para afirmar que el proceso que es la Unión Europea ha logrado seguir adelante gracias al nuevo tratado, a través del cual, según manifiestan algunos de sus redactores, la Unión tendrá una mayor capacidad de actuación al reforzar su papel internacional, ampliar los derechos de los ciudadanos y otorgar nuevos poderes a la Eurocámara, en la que España gana, con el nuevo Tratado, cuatro eurodiputados e Italia uno, igualando su representación a la del Reino Unido. También Polonia consigue mejorar su situación, al conseguir un abogado general ante el Tribunal de las Comunidades Europeas de Luxemburgo, igualándose con ello a Alemania, Francia, Reino Unido, Italia y España; y al lograr un protocolo que le garantiza el compromiso de que no se eliminará su petición de aumentar la capacidad de bloqueo de acuerdos.

Otro asunto que cambia el Tratado de Lisboa es el del máximo responsable de política exterior de la UE, quien será Alto Representante de la Unión Europea, secretario del Consejo de Europa y vicepresidente de la Comisión Europea. “La Unión Europea tiene ya un escenario de serenidad y de fortaleza, y un nuevo marco institucional para funcionar conforme a las necesidades de sus 27 países, en un mundo globalizado”, comentó el presidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero respecto al nuevo Tratado.

Los principales elementos del Tratado, además de las enmiendas a los dos únicos tratados que conservará la Unión, el Tratado de la Unión Europea y  el Tratado sobre el funcionamiento de la UE, son la creación de la figura  de un presidente estable, elegido por un periodo de dos años y medio, y renovable una vez; el nuevo cargo de alto representantes de la Unión para Asuntos Exteirores, antes mencionado; la instauración de un nuevo sistema de cálculo de la mayoría cualificada en la toma de decisiones, aplazando el sistema de la “doble mayoría” hasta el 1 de noviembre de 2014 para satisfacer a Polonia, país que obtiene otras garantías, también antes mencionadas; la desaparición del veto en 40 ámbitos de acción suplementarios, incluidos el asilo, la inmigración y cooperación policial y judicial; la mejora del papel de los Parlamentos nacionales y de la iniciativa popular, la de esta última a través de la posibilidad de que un millón de ciudadanos puedan pedir a la Comisión que proponga una medida legislativa; el aumento de poder de codecisión y colegislación del Parlamento Europeo; la reducción del tamaño de la Comisión a partir del año 2014; la creación de un mecanismo automático de colaboración reforzada en los ámbitos judicial y policial y la adquisición, por parte de la Unión, de personalidad jurídica única. Otro aspecto destacable del nuevo Tratado es que concede a los Estados miembros la posibilidad de abandonar la Unión.

Entre estos elementos destacan aquellos que pretenden hacer una Unión más democrática y transparente, en concreto el aumento de la codecisión, que colocará al Parlamento Europeo casi en pie de igualdad con el Consejo para la mayor parte de la legislación de la UE. Respecto a los Parlamentos nacionales, con el nuevo Tratado éstos tendrán más ocasiones de participar en el trabajo de la UE. Esto incluye un procedimiento de dos fases para supervisar la subsidiariedad, que les permitirá exponer sus preocupaciones a la consideración de la Comisión. Es decir, si una mayoría comparte las mismas inquietudes sobre una propuesta concreta, la Comisión, además de la posibilidad de proponer o retirar, podrá mantener su propuesta y explicar su razonamiento antes de que el Parlamento Europeo y el Consejo de Ministros adopten la decisión definitiva.

Por otro lado, los ciudadanos y los Parlamentos nacionales podrán conocer directamente las decisiones adoptadas por sus Gobiernos gracias a la apertura al público de los debates legislativos en el seno del Consejo de Ministros. Además, la denominada Iniciativa Ciudadana creará la posibilidad de que un millón de ciudadanos de diferentes Estados miembros –en una Unión con casi 500 millones de habitantes– insten a la Comisión a presentar una nueva propuesta.

La reforma institucional que llega con este Tratado promueve la toma de decisiones en materias de seguridad y justicia. Como consecuencia, mejorará la capacidad de la Unión para combatir el terrorismo, hacer frente a la delincuencia, al tráfico de personas y a la gestión de los flujos migratorios. En el ámbito económico, el voto por mayoría cualificada en el Consejo de Ministros asegurará que las cuestiones comunes puedan tratarse mediante decisiones adoptadas en común, reflejando equitativamente los diferentes tamaños de los Estados miembros. La ampliación del voto por mayoría cualificada, a más de 40 nuevos casos, hará realidad la acción europea en estos ámbitos.

Así mismo, el número máximo de parlamentarios y la creación, en este sentido, de unos límites de máximos y mínimos para cualquier Estado miembro, estabilizarán la representación ciudadana en el Parlamento Europeo.

Por otro lado, cuando al menos nueve Estados miembros deseen actuar colecivamente dentro del marco de la Unión, podrán recurrir a procedimientos de cooperación reforzada. Esta cooperación será más fácil en los ámbitos de la cooperación judicial y policial. La cooperación reforzada puede ser una manera de tener en cuenta la diversidad de una Unión ampliada y al mismo tiempo funcionar dentro del marco común necesario para todos los Estados miembros.

Sobre la Carta de Derechos Fundamentales, que con este Tratado no tiene más que un carácter jurídicamente vinculante, queda por lo menos claro que se aplicará plenamente a los actos de ejecución del Derecho de la Unión, aunque no a todos los Estados miembros. La Unión, sin embargo,  podrá adherirse al sistema único de protección de los derechos humanos establecido por el Convenio Europeo de Derechos Humanos. Como compensación, la solidaridad queda protegida con una nueva cláusula que hará  ejecutiva la obligación de los Estados miembros de ayudarse mutuamente en caso de ataque terrorista, desastre natural  y desastre causado por el hombre. Por otro lado, la necesidad de solidaridad en materia de energía recibe un lugar destacado en el Tratado de Lisboa, en concreto en las competencias de la Unión para ayudarse cuando haya problema de suministro energético.

Por último, al obtener una personalidad jurídica única, la Unión fortalece su capacidad negociadora en la arena global. El nuevo Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad/Vicepresidente de la Comisión aumentará el impacto, coherencia y visibilidad de la acción exterior de la UE, y el Servicio Europeo de Acción Exterior constituirá una estructura de apoyo para todos los aspectos de las políticas exteriores de la Comisión, así como para las dimensiones exteriores de políticas internas, de una manera más eficaz y coherente.

¿Supone el nuevo tratado un instrumento de democratización de la UE? para los profesores Gerardo Pisarello y Jaume Asens, expertos en Política Europea, no. “A medio siglo del Tratado de Roma de 1957, los órganos que disponen de más poder en la UE siguen siendo los menos representativos y los que menos controles tienen, es decir, el Consejo de Europa, la Comisión Europea, el Tribunal de Justicia y el Banco Central Europeo. El único órgano representativo, el Parlamento Europeo, conserva una cierta capacidad de veto pero continúa sin ser un auténtico legislador y ocupando un papel subalterno en el conjunto del aparato institucional”, señalan.

Lo que se logra con el Tratado de Lisboa, según ambos profesores, es un presidente del Consejo de Europa con un mandato más largo, un mayor peso para los Parlamentos nacionales en el control de proyectos europeos, un jefe de diplomacia de bajo perfil y nuevos mecanismos de votacion, y nuevas mayorías para que los ejecutivos estatales puedan gestionar una UE con 27 estados miembros. Es decir, un legado reformista, bastante flojo en términos democráticos.

Respecto a la Europa social, exigida sobre todo por los franceses y holandeses, a través de su no a la Constitución Europea, el Tratado de Lisboa prefiere entregar el alma del proceso de integración a la “competencia libre y no falseada y a la circulación ilimitada de capitales y servicios, lo que es una apuesta inequívoca hacia las privatizaciones, la precarización del mercado laboral y hacia la reducción del gasto social en los 27 Estados miembros. Y la ilusión de tener un Ejército común se diluye con el Tratado de Lisboa, que apoya la mejora de las capacidades militares de cada país. También será difícil lograr armonizar, a través de este tratado, las políticas mediambientales y sociales, que seguirán sin contar con una fiscalidad progresiva que las financie.

Otras prioridades que quedan sin resolver son la mayor transparencia para los fondos de alto riesgo, es decir, la regulación de los mercados financieros y la cuestión religiosa e intercultural de la UE, cuestiones esenciales para el buen funcionamiento de la Unión Europea y para el mantenimiento de la paz, el gran objetivo de aquéllos que fundaron este proyecto hace ya cincuenta años.Tampoco se resuelve el asunto de los símbolos, entre ellos el himno y la bandera, con los que contamos sin embargo desde el año 1980.

¿Entrará en vigor el nuevo Tratado en la fecha prevista? Los más optimistas esperan que éste se ratifique, en cada país miembro, a través de la vía parlamentaria salvo en Irlanda, cuya legislación le obliga a convocar un referéndum. Los más escépticos ya han mencionado la posibilidad de convocar referendos en Gran Bretaña, Francia, Alemania, Italia y España. Opinion que avala el reciente estudio publicado por el Financial Times, en el que el 70 por ciento de la población de los cinco países mencionados manifiesta su apoyo a la convocatoria de un referéndum.

La historia de la UE es la historia de un proceso de ampliación que ha exigido la renovación del viejo Tratado de Roma y al mismo tiempo, ha provocado la de las sociedades de los países que se han sumado a este proceso. Ejemplos recientes de esta renovación son el Tratado de Niza y la Declaración de Berlín, en los que se manifiestó la voluntad de ampliación y de respeto a los derechos humanos, haciendo incapié la segunda en el respeto a la diginidad humana, la solidaridad y la tolerancia. Pero la Unión Europea del Tratado de Lisboa no es la misma que la del Tratado de Niza. La xenofobia ha aumentado en la Unión desde el año 2004, al igual que el número de inmigrantes legales e ilegales, al mismo tiempo ha aumentado el número de votos a partidos de extrema derecha e izquierda, he ahí las recientes elecciones en Suiza, país que forma parte del continente llamado Europa aunque no del proyecto denominado Unión Europea, y que ejerce una gran influencia en el seno de esta gran casa en la que viven 500 millones de personas.

La región balcánica, con una gran parte de población musulmana, Turquía, y los millones de musulmanes que son ciudadanos europeos, forman parte del viaje del continente, en donde se halla la Unión Europea. La contemple el Tratado de Lisboa de modo claro o no, esta realidad ha cambiado a Europa y la cambiará en un futuro próximo. El 15,8 por ciento de la población de la UE está formado por emigrantes, es decir, en la UE viven 56 millones de personas que no han nacido en ninguno de sus 27 Estados miembros. Como consecuencia, el número de personas que practican otras religiones ha aumentado en la UE, en especial el de aquellos que practican la religión musulmana. ¿Son estas personas musulmanes de la UE o personas musulmanas en la UE?

El Tratado de Lisboa no aclara esta pregunta. Recientemente, en declaraciones a El Siglo, el presidente del Consejo Central Musulmán de Alemania, el doctor Ayyub Axel Köhler señaló que en Europa “necesitamos una nueva paz religiosa”. Por su parte, la canciller Angela Merkel, también en las páginas de El Siglo, afirmó que “Europa no es ningún club cristiano”. ¿Facilitará el camino hacia la  paz religiosa el Tratado de Lisboa? ¿Nos ayudará a caminar en la senda del respeto hacia la otredad o en la del populismo xenófobo? Por el momento, se reafirma el camino hacia las privatizaciones, la flexiseguridad en el trabajo como nueva religión de la política laboral y el recorte de los derechos sociales en todos los países de la UE.

¿Qué sucederá en el año 2008? Según las voces más críticas, habrá que plantearse de una vez por todas la refundación democrática de un proyecto de integración que ha dejado se ser para muchos sinónimo de progreso de civilizaciones o posible eslabón para la construcción de un internacionalismo solidario. Eso, o ceder la iniciativa a otras propuestas xenófobas, populistas y de repliegue estatalista, que no dejarán pasar su oportunidad.

Gran Bretaña: un Tratado a la carta

El Gobierno de Londres ha conseguido que no se aplique en su país la Carta de Derechos Fundamentales y ha logrado una serie de excepciones que le permitirán participar a la carta en políticas de justicia e interior. De hecho, el nuevo Tratado es totalmente diferente para Gran Bretaña, quien ha logrado una moratoria de cinco años durante los cuales el Tribunal de Justicia de la UE no tendrá jurisdición sobre la legislación en materia de justicia e interior. Vencido este plazo, Londres tendrá la posibilidad de excluirse de esta legislación si no desea someterse al Tribunal. También ha logrado garantizar un opt-out para quedar fuera de las decisiones sobre control de fronteras del área Schengen pero al mismo tiempo poder participar cuando deseen en la cooperación policial, en la que intervienen desde el año 2000. Por ejemplo, si los británicos no quieren adoptar una medida derivada de cooperación policial deberá notificarlo al Consejo. Ello podría provocar que Londres quedara fuera por completo en estas materias. La decisión la tomarán los 27 pero Reino Unido tendrá poder de veto. Si no se llega a un acuerdo, serán los jefes de Estado y de Gobierno los que aborden la cuestión. Si tampoco en esta instancia se decide, la última palabra la tendrá el Ejecutivo comunitario. Un mecanismo también complejo está previsto para el resto de la legislación de justicia e interior fuera de Schengen. En este caso, Reino Unido tiene un opt-in que le permite entrar en todo momento en la toma de decisiones. Si quiere salir de alguna ley derivada, el Consejo decidirá si los británicos están obligados igualmente a abandonar el resto de medidas en el mismo campo y cuáles serán las condiciones financieras si las hay. En este caso, Londres no podrá vetar la decisión.

Así mismo, Londres ha conseguido estar dentro de la UE para las cuestiones financieras y comerciales que le interesan y evitar la dictadura áctica judicial y policial de Alemania y Francia, a través de la Comisión Europea.

España gana eurodiputados pero irá perdiendo fondos

El nuevo tratado de la Unión Europea deja a España con cierta holgura al elevar el número de eurodiputados de 50 a 54, recuperando, según el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, cuatro de los 14 escaños perdidos en el Tratado de Niza, durante el Gobierno de José María Aznar. El Ejecutivo español ha mostrado satisfacción por el logro obtenido con la firma del convenio, y ha recalcado que “en Niza fuimos el país que más perdimos, y en Lisboa somos el país que más gana”.

Por su parte, el portavoz adjunto del Partido Popular (PP) en el Parlamento Europeo, Gerardo Galeote, ha asegurado que el acuerdo alcanzado confirma que “desde que gobierna Zapatero, España es irrelevante en la Unión Europea”. Para el portavoz España “ha perdido peso en Europa” debido a que Zapatero “no nos defiende”. Para Galeote es difícil de entender que si en julio de este año el Ministerio español de Asuntos Exteriores consideraba que correspondía entre 55 y 57 escaños en el Parlamento Europeo por población, Zapatero considere que 54 escaños es un éxito.

A pesar de las críticas del Partido Popular, el presidente español asegura que “Europa tiene ya un escenario de serenidad y de fortaleza y un nuevo marco institucional para funcionar conforme a las necesidades de una unión de veintisiete países en un mundo globalizado”.

Sin embargo, el nuevo convenio hará que España pierda los fondos de cohesión que ha percibido por una suma de más de 11.000 millones de euros entre 2000 y 2006. Estos fondos tienen como objetivo subvencionar el 85 por ciento de los proyectos sobre medio ambiente e infraestructuras. El requisito para obtenerlos es que el PIB per cápita de cada Estado miembro no supere el 90 por ciento de la media europea, un nivel que España ha ido superando en distintas regiones desde 2003, por lo que los fondos serán destinados prioritariamente a los diez países que ingresaron en la Unión Europea en enero de 2007. Aunque la Comisión Europea de Política Regional reconoce el grave obstáculo político y económico que el cambio de situación supone para España, asegura que el Gobierno podrá afrontar la pérdida de los fondos puesto que es el desarrollo continuado del país el que hace que el respaldo económico de la Unión llegue a ser innecesario algún día.

Polonia: sí, pero con condiciones

El Gobierno de  los hermanos Kaczynski  fue uno de los principales opositores al Tratado de Lisboa, y el que más obstáculos ha puesto en el camino hacia su aprobación final.

Después de muchas negociaciones, Varsovia cedió en sus pretensiones de impedir la implantación del sistema de votación por doble mayoría para conformarse con un protocolo adjunto al texto final donde se garantiza que no se eliminará el llamado compromiso de Ioannina. Así, se le otorga a Polonia un derecho a veto que permite, en circunstancias excepcionales, bloquear una decisión de la Unión aunque no se obtenga la minoría requerida (en este momento es de 26 votos).

De este modo, Polonia consigue aplazar hasta 2017 la entrada en vigor del reparto de poder que se  asienta en un sistema de votación de doble mayoría (ha de contar con un 55 por ciento de los Estados a favor que supongan el 65 por ciento de la población de la Unión). Aunque en 2014 este sistema entrará en vigor, el Ejecutivo de Varsovia puede acudir al Tratado de Niza para lograr una minoría de bloqueo.

Sin embargo, aunque sus aspiraciones con respecto al procedimiento de votación se han visto sometidas, han obtenido un beneficio en dos asuntos fundamentales:

Por un lado, y al igual que en Londres, el Gobierno polaco ha conseguido que no se aplique en su país la Carta de Derechos Fundamentales que en el Tratado de Lisboa adquiere un carácter jurídicamente vinculante para los demás Estados miembros.

Por otro lado, uno de los logros obtenidos por los gemelos Kacinsky es el derecho a elegir uno de los ocho abogados generales del Tribunal de Justicia Comunitario, como así pueden hacer los otros cinco grandes países (Alemania, Francia, Reino Unido, Italia y España).

Tras las elecciones generales celebradas en Polonia el pasado 21 de octubre, la oposición liberal se ha impuesto al partido de Kacinsky. El nuevo primer ministro, miembro del Partido Plataforma Ciudadana (PO), Donald Tusk, obtuvo la victoria con un  43,7 por ciento de los votos. Sin embargo, el presidente Lech Kascinsky seguirá en su cargo ya que su renovación no tendrá lugar hasta dentro de dos años.

Los obstáculos que los gemelos han puesto a las negociaciones para la firma del nuevo tratado de la UE han agotado la paciencia no sólo de varios líderes europeos, sino también de los polacos que temen por las consecuencias que puedan traer sus maniobras en Bruselas.