F abián
Hemeroteca Esta semana
Nº 762

12/11/2007

El gran fraude de la Ley de la Memoria Histórica

Por Joan Tardà i Coma*

Durante años se hicieron oídos sordos ante las demandas de reparación de las víctimas de la Dictadura. Algunas voces, muy pocas, como la de Jorge Semprún, se hicieron sentir no hace demasiados años reconociendo el haber confundido amnistía con amnesia. De hecho, los hijos y las hijas de los miles de fusilados llevan más treinta años intentando conseguir la anulación de la causa judicial que llevó a sus padres ante un pelotón de ejecución. Durante años casi nadie les hizo el menor caso. Y estamos convencidos de que todo seguiría igual si en el año 2004 no hubiesen coincidido dos variables: la una, la llegada de un grupo parlamentario republicano al Congreso de los Diputados. La otra, la minoría relativa de Rodríguez Zapatero.

Al final, el Gobierno, después de meses y meses de espera y titubeos, presentó la ley. Se debatió y hace pocos días fue aprobada en la Cámara Baja. Desgraciadamente, se ha perdido una gran oportunidad para poner el Estado español en la misma órbita que el resto de sociedades que padecieron regímenes totalitarios. Todas, tarde o temprano, tuvieron que metabolizar sus pasados. La República Federal Alemana anuló las causas judiciales nazis en 1989 y anteriormente ya lo había legislado la República Italiana. Incluso los dirigentes alemanes fortalecieron sus democracias cuando pidieron perdón al pueblo de Euskal Herria por el bombardeo de Gernika o cuando se arrodillaron en Auschwitz.

Pero la ley española ni tan solo ha recibido el plácet de Amnistía Internacional, lo cual debería avergonzar a la izquierda española. ¿Cómo puede entenderse que en el siglo XXI, en el núcleo central del Primer Mundo, el Estado español democrático no sea capaz de declarar ilegal la Dictadura y actuar en consecuencia anulando las causas judiciales militares y de los tribunales excepcionales?

Sin duda sólo lo podemos interpretar como resultado de la banalización de los valores democráticos y de los Derechos Humanos acuñada ya en los años de la Transición. Las fuerzas políticas de la izquierda han consagrado un modelo de impunidad negando el reconocimiento jurídico de víctima a toda persona represaliada. He aquí la diferencia entre ellos y nosotros, los republicanos. A nuestro entender, corresponde al Estado este reconocimiento a fin y efecto de que el ciudadano, en uso de sus libertades, pueda actuar en consecuencia. Razón por la cual la ley debería haber incluido, además, la obligación de amparar a las personas si como víc- á timas pretendieran actuar en contra del mismo Estado.

La Ley de Memoria, sin embargo, obliga a los ciudadanos a vivir un nuevo vía crucis pleiteando contra el Estado en busca de las reparaciones, lo cual además de improductivo, debido al redactado de los artículos, es perverso puesto que los condena de nuevo. Y ello sin tener en cuenta algo fundamental que produce una gran indignación: ¿quién va a reparar a los ausentes? Alguno de los diputados y diputadas que aprobaron la ley puede poner consuelo al dolor de la pregunta.

Ley fraude, sin duda, e inconstitucional a todas luces. ¿Bajo qué criterio constitucional se puede clasificar a los ciudadanos antifranquistas entre aquellos caídos antes de 1968 y aquellos otros represaliados o muertos con posterioridad, a los cuales se les engloba como "personas fallecidas en defensa de la democracia"? Acaso Julián Grimau, por el hecho de haber sido asesinado en 1963, no murió por la democracia?

El Gobierno lo ha querido así. Y el resto de fuerzas políticas lo han aplaudido. Resultado: tristeza entre las víctimas, a pesar de la propaganda queriendo simular lo contrario. Pero a la vez fuente de coraje para afrontar los próximos tiempos. Ni tan sólo han sido capaces de reparar los expolios materiales. ¿Por qué razón los sindicatos, como UGT, han podido cobrar hace tan sólo unos meses 149 millones de euros como reparación de los bienes inmuebles incautados y los miles de ciudadanos que también fueron robados se deberán quedar a dos velas? Todos los argumentos aducidos por el ministro Caldera en defensa de la restitución de los bienes a las centrales sindicales son extensibles y aplicables al resto del universo represaliado. Sin lugar a dudas, una indignidad que pone en cuestión la salud de la democracia profunda de nuestra sociedad.

En Esquerra no damos el brazo a torcer. Si Rodríguez Zapatero tuviera necesidad republicana en un futuro ya conoce cuál es nuestro posicionamiento. Su actitud no ha estado, ni mucho menos, a la altura de lo que formuló en el Debate de Investidura respecto a la memoria histórica, máxime si tenemos en cuenta que fue él, y sólo él, quién sacó a colación la memoria de su familia.

Pero que no lo dude el presidente del Gobierno, la próxima estación serán los tribunales internacionales de Derechos Humanos.•

*Portavoz del Grupo Parlamentario Esquerra Republicana de Catalunya en el Congreso

Hemeroteca Esta semana